Sentencia 27893 de julio 14 de 2009

 

Sentencia 27893 de julio 14 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EXTRACTOS: «Segundo cargo. Acusa la aplicación indebida de los artículos 8º del Decreto 1530 de 1996 y 5º del Decreto 1771 de 1994.

Dice que el artículo 8º del Decreto 1530 de 1996 establece dos requisitos para su correcta aplicación: que el trabajador se encuentre afiliado a una ARP y que la afiliación esté vigente al momento del diagnóstico de la enfermedad profesional u ocurrencia del accidente.

Recuerda que para el tribunal, el señor Germán Sánchez trabajó desde el 21 de diciembre de 1995 con la empresa Asocecol y fue afiliado desde el 30 del mismo mes a la ARP del Seguro Social. Pero observa que para la norma no basta haber sido simplemente afiliado, sino que tal circunstancia debe estar vigente al momento del diagnóstico de la enfermedad.

Anota, de otro lado, que el artículo 3º del Decreto 917 de 1999 señala que la fecha de estructuración es el momento en el cual se considera que el afiliado adquiere la condición de pérdida de capacidad laboral o que se le califique y que el artículo 4º fija como requisito para tal estructuración el diagnóstico clínico.

Figuran dentro del proceso las valoraciones de pérdida de la capacidad laboral realizadas por la Junta Nacional de Calificación a folios 105 y 139 donde señalan que la fecha de estructuración de la incapacidad permanente fue el 18 de diciembre de 1997 y de la invalidez el 24 de octubre de 2002, hechos debidamente probados y así reconocidos por el tribunal.

Y concluye anotando que para este caso es innegable que el señor Germán Sánchez fue calificado como disminuido físico en diciembre 18 de 1997 y posteriormente como inválido en octubre 24 de 2002, fechas en las cuales no se encontraba afiliado a la ARP del ISS, pues había sido desafiliado de la misma desde el 5 de septiembre de 1997, fecha en la cual se produjo su despido de la empresa aportante, por lo cual el tribunal aplicó en forma indebida la normatividad acusada imponiendo la obligación al ISS como aseguradora del riesgo profesional, cuando por disposición de dicha norma no se le podía imponer tal carga.

V. Consideraciones de la Corte

El artículo 8º del Decreto 1530 de 1996 (*) establece criterios de identificación de la administradora de riesgos profesionales que ha de asumir la responsabilidad de cubrir las prestaciones que ofrece el sistema para cuando acaece la contingencia de la enfermedad profesional o el accidente de trabajo.

La regla básica de la responsabilidad es aquella según la cual la administradora responde por sus afiliados, esto es, el criterio determinante de la responsabilidad es aquél según el cual la afiliación esté vigente para el momento de la ocurrencia de la contingencia.

Pero, como el momento de ocurrencia de la enfermedad es imprecisa y extensa, se prolonga en el tiempo, pues sus síntomas y secuelas así como las del accidente del accidente de trabajo tardan en aparecer, incluso usualmente luego del periodo de vigencia de la afiliación, se hacen indispensables las previsiones adicionales contenidas en el artículo 8º bajo examen.

Una de ellas es que la responsabilidad radicada así en cabeza de la administradora va más allá de la vigencia de la afiliación en los eventos determinados por la norma: traslado de administradora de riesgos, o por finalización del contrato de trabajo, o por mora o no pago de cotizaciones.

La otra previsión se encamina a hacer flexible el requerimiento del momento respecto al cual hay que examinar la vigencia de la afiliación, pues si inicialmente señala que es aquel en el que se efectúe el diagnóstico de la enfermedad, luego advierte que en nada se disminuye esa responsabilidad si el diagnóstico se formula luego de terminado el contrato de trabajo y por ende de la vinculación con la administradora de riesgos profesionales.

La enfermedad es un proceso cuyas manifestaciones no se exteriorizan desde un primer instante; sus secuelas o agravamientos pueden tardar en aparecer o merecer atención médica; esta realidad impone que no puede sujetarse la protección a una mera circunstancia: que se haya practicado un diagnóstico cuando el trabajador estaba desempeñando su oficio.

Ciertamente, lo determinante es que se haya configurado la relación de causalidad entre la actividad laboral y el mal fisiológico u orgánico, relación que se establece de manera suficiente cuando la enfermedad es calificada como de carácter profesional; y que esa actividad personal estaba bajo el amparo o aseguramiento de la administradora de riesgos; así por tanto la vigencia de la afiliación debe mirarse en relación con el tiempo en el que se desarrollaba el objeto del contrato, como aconteció en el sub lite, comprobación que hace infundado el cargo contra la providencia del ad quem.

Como la decisión del ad quem se ajusta al alcance así definido no se halla la errada interpretación invocada.

Por tanto el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, 14 de julio de 2009. Radicación 27893. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

(*) El artículo 8º del Decreto 1530 de 1996 dice: “ART. 8º—Prestaciones a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales. Será responsable del pago de las prestaciones de que trata el Decreto 1295 de 1994, la entidad administradora de riesgos profesionales a la cual se encuentre afiliado el trabajador al momento de ocurrir un accidente de trabajo o se diagnostique una enfermedad profesional.

La entidad administradora de riesgos profesionales que tenga a su cargo las prestaciones de que trata el inciso anterior, continuará con esta obligación aun en aquellos casos en que el empleador decida trasladarse de entidad administradora, se desafilie del sistema por mora en el pago de las cotizaciones, o se desvincule laboralmente el trabajador.

En caso de que la enfermedad profesional o el accidente de trabajo o sus secuelas, se diagnostiquen con posterioridad a la desvinculación laboral del trabajador, las prestaciones deberán ser pagadas por la última ARP que cubrió el riesgo ocasionante del daño ocupacional. La ARP que cubrió el riesgo, podrá acudir al procedimiento señalado en el artículo 5º del Decreto 1771 de 1994” (N. del D.).

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