Sentencia 27918 de febrero 21 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 55

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil once.

Finalizada la audiencia pública, la Sala de Casación Penal dicta sentencia dentro del juicio contra el doctor Mario de Jesús Uribe Escobar, acusado de ser autor del delito de concierto para delinquir agravado.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala precisará: (i) la competencia (ii) el injusto de concierto para delinquir agravado y (iii) la situación jurídica del doctor Mario Uribe Escobar, frente a las exigencias del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal.

Primero. La competencia.

En decisión del 30 de septiembre del año pasado, al asumir la competencia para continuar la investigación contra el doctor Mario Uribe Escobar, la Sala, mayoritariamente, expresó sobre el tema lo siguiente:

“De la lectura de la última decisión proferida por el señor Vicefiscal General de la Nación, en donde se precisó la conducta por la cual se investiga al doctor Uribe Escobar, se pone de manifiesto que la imputación jurídica contra el entonces Senador parte del supuesto fáctico de que probablemente se reunió con mandos de las autodefensas que operaban en el departamento de Córdoba con el fin de acordar ayudas mutuas, cuando fungía como congresista, en perspectiva de obtener apoyo en las elecciones para el período constitucional siguiente.

A partir de esa reflexión y de la nueva lectura del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, que le autoriza a la Corte a conservar la competencia frente a “delitos que tienen relación con la función”, cuando el Senador o representante ha hecho dejación del cargo por la causa o razón que fuera, concluyó en la decisión indicada, que:

“Desde ese punto de vista, con base en los hechos jurídicamente relevantes que emergen de las piezas procesales que se ocupan de precisar el supuesto fáctico, le asiste competencia a esta corporación para concluir la presente investigación por tratarse de una conducta realizada “por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo”.

Esa decisión fue reafirmada por la Corte en varias oportunidades, pero en particular selló la discusión sobre ese tema al resolver en audiencia preparatoria la petición de nulidad propuesta por la defensa, y luego el correspondiente recurso de reposición(29).

En síntesis, se reafirmó la noción de que el fuero no depende de la comisión de un delito “propio”, sino de la necesaria perturbación de la función institucional, tal como en otros procesos se ha considerado esa relación en los siguientes términos:

“A su vez, el papel de un congresista en las citadas organizaciones armadas al margen de la ley, cuyo objetivo era el de acceder al poder por medios no ortodoxos e ilegales ajenos a los canales democráticos, no podía ser diverso al de poner al servicio del grupo ilegal el andamiaje de sus funciones como senador de la República; entonces, ingenuo resulta pensar solamente en asistencias aleatorias a las reuniones, o en calidad de simple y llano espectador o bien porque los delincuentes lo consideraba(sic) ‘importante’ para la sociedad” (resaltado fuera de texto)(30).

Nada se debe agregar al punto. La Corte es, por lo tanto, competente para proferir el fallo de fondo.

Segundo. La Sala analizará el injusto de concierto para delinquir y sus exigencias dogmáticas para definir si la conducta que se atribuye al ex senador Mario Uribe Escobar es compatible con la descripción típica del artículo 340 del Código Penal (L. 599/2000).

Al respecto, en la resolución de acusación se indicó que el sistema penal se ocupa de delitos, con la idea de mostrar que los tipos penales no se refieren a estados o cosas, sino a conductas que en la medida que afectan o ponen en riesgo un bien jurídico se constituyen en un injusto.

Esta última precisión es esencial, pues con ella se reconoce que el contenido del injusto no reside en una postura moral o en el desacato a la norma —quedando a salvo la preocupación del señor procurador— sino en la puesta en riesgo o en la afectación de un bien jurídico, como la Sala ha tenido ocasión de señalarlo en los siguientes términos:

“Alrededor de esa discusión existe algún grado de consenso en que por el grado de desarrollo de una cultura en torno al respeto a los derechos humanos, la idea de protección de bienes jurídicos que subyace a la idea de intervención penal es la que mejor se aviene con una teoría liberal de la cuestión penal, sobre todo si se asume, como lo señala Roxin, que “la penalización de una conducta tiene que poseer una legitimación distinta de la que le otorga la mera voluntad del legislador.” Por eso, el referente material de las prohibiciones serán “realidades o fines que son necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y fundamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la conservación de tal fin”(31).

O con otras palabras, también de la Sala:

“… el bien jurídico constituye la única instancia legitimante del poder punitivo en el Estado social de derecho, en el cual, además, la jurisdicción penal tiene como función esencial la protección de tales intereses, de manera que el legislador no puede establecer como delitos conductas que no los afecten y, por su parte, los jueces tampoco están facultados para imponer sanciones si no se presentan como presupuestos legitimantes de la concreta actuación del poder punitivo estatal, el bien jurídico y la ofensa que en un evento determinado lo lesione o ponga en peligro”(32).

Desde esa perspectiva, distanciándose de cualquier consideración ética, la Sala ha explicado cómo debe entenderse, en la hora actual, el bien jurídico de la seguridad pública, de manera que lo menos que se puede decir en ese giro conceptual, es que la seguridad pública no responde a políticas públicas de mera conservación del statuo quo, como se estilaba en el Estado demoliberal, pues,

“El problema que toda cultura, sociedad o Estado debe resolver es trazar los límites, dentro de los cuáles el ser humano puede ejercer esa libertad. Esta delimitación de los márgenes, dentro de los cuales se permite el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la libertad por parte de los individuos, se llama ‘seguridad’. Esta no es más que la expectativa que podemos razonablemente tener de que no vamos a ser expuestos a peligros o ataques en nuestros bienes jurídicos por parte de otras personas’(33).

Esa comprensión del concepto de seguridad como bien jurídico, la relación con la libertad y la ponderación entre esos principios,(34) permite una aproximación distinta al tipo penal en orden a determinar dentro de la imprescindible armonía entre conducta y tipicidad estricta, el actual sentido del aparte segundo del artículo 340 del Código Penal.

Pues bien:

En ese sentido, recuérdese que la fórmula acuñada para enfrentar organizaciones ilegales mediante la descripción del delito de concierto para delinquir agravado como un “acuerdo” para cometer delitos, fue superada por nuevas, violentas y dinámicas acciones delictivas que rebasaron la capacidad de respuesta del Estado, y que llevaron a confrontar nuevos tipos de asociación ilícita mediante fórmulas acuñadas con fundamento en las siempre discutibles facultades propias del ordenamiento constitucional anterior(35).

Pero lo que interesa resaltar de esa legislación es que se constituye en uno de los primeros antecedentes normativos con los cuales se intentó enfrentar organizaciones no convencionales, no sólo para sancionar a quienes la conformaban, sino a los que “promueven” semejantes organizaciones al margen de la ley, en lo que se constituye en el principal antecedente de lo que es hoy el artículo 340 del Código Penal, norma con la cual se calificó el concierto para delinquir para responder a las alianzas ilícitas entre actores del más diverso orden, sin la cual se podía dejar la sensación de que la respuesta punitiva no se compadecía con la magnitud del riesgo que generan los aparatos organizados de poder, lo cual resultaba muy cuestionable desde el punto de vista del principio de proporcionalidad y de la llamada prohibición por defecto.

Por todas estas razones se diseñaron en el Código Penal de 2000 tres propuestas dogmáticas para enfrentar distintos tipos de riesgo para el bien jurídico: en la primera se mantuvo la fórmula tradicional para el concierto simple, o para cometer delitos indeterminados, con la que se enfrenta la llamada delincuencia común o convencional. En la segunda se delineó el concierto para delinquir agravado, diseñado estratégicamente para sancionar, entre otras conductas, el acuerdo para promover, financiar, armar u organizar grupos armados al margen de la ley, y en la tercera un tipo especial que si bien no conserva la misma técnica penal, se refiere a la efectiva materialización del acuerdo(36).

De ese modo se confirma la idea de que las fórmulas típicas deben corresponder a la manera como se manifiestan relaciones delincuenciales esencialmente dinámicas, las cuales dentro de una nueva elaboración del sentido del bien jurídico, permiten incluir novedosos comportamientos compatibles con la idea de promover grupos armados al margen de la ley, como corresponde al sentido y teleología contemporáneas del tipo penal(37).

Por esa razón, estas nuevas modalidades de ilegalidad que colocan en riesgo la seguridad pública, le han permitido a la Sala en la hora actual, al interpretar el concierto entre grupos armados y representantes de la institucionalidad, sostener lo siguiente:

“Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder —todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta—, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales —que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto—, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar la acción del grupo ilegal, como puede ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se crean condiciones materiales mediante inversión estatal en lugares donde la acción del paramilitarismo es evidente”.

A partir de esas premisas se puede sostener con total claridad que a salvo está la posibilidad de que la Sala defienda una concepción meramente ética frente a acuerdos para delinquir entre grupos armados al margen de la ley y representantes de la institucionalidad, y menos, como con preocupación, pero sin la más mínima razón lo sostuvo el Ministerio Público, que la Sala pueda caer en la tentación de tratar el delito de concierto para delinquir como un delito de omisión de imposible configuración(38).

Para quedar a salvo de nocivas interpretaciones, la Sala en relación con situaciones en donde la carga ética era aún mayor sostuvo en la sentencia de única instancia del 25 de noviembre de 2008, radicado 26.942, que:

“… la consecuencia más importante de definir el contenido de los tipos penales a partir de un concepto vital de bien jurídico, es la de permitir diferenciar un delito de lo que no lo es, como corresponde al principio de fragmentariedad del derecho penal”.

Y segundo,

“… los contenidos materiales que fundamentan los tipos penales a partir del bien jurídico, permiten diferenciar los juicios jurídicos de los de opinión y de los meramente políticos, los cuales si bien pueden coincidir, presentan serias diferencias desde la epistemología en que se fundan”.

Por todo ello, en relación con los acuerdos ilegales, se dijo lo siguiente:

“… no se trata de una imputación ética, para lo cual bastaría decir con Kant que “a la auténtica política le es imposible dar un solo paso sin antes haber rendido homenaje a la moral”(39), sino de una imputación jurídica que se construye como todo proceso de alteridad, sobre la base del riesgo que generan las acciones de los grupos armados al margen de la ley contra el bien de la seguridad pública, entendido, según ya se indicó, como el conjunto de condiciones materiales mínimas para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales”.

Aclarado que el delito de concierto para delinquir se vincula con el bien jurídico de la seguridad pública, y precisada la idea de que es el “concierto ilegal” que se traduce en el “acuerdo para promover un grupo ilegal” lo que le confiere sentido a la conducta, queda a salvo la tentación de magnificar los resultados electorales y de considerar ese dato fuera de contexto como si se tratara de un delito contra los “mecanismos de participación democrática”, con contenidos y consecuencias bien diferentes.

Lo que ocurre, en la situación que se juzga, es que un dato relevante para probar el concierto ilegal es el tema electoral, pero en el sentido expuesto en la acusación, es decir, sin referencias explícitas a que mediante medios violentos o sinuosos se hubiese comprometido la voluntad popular; cuestión que no significa que el paramilitarismo no hubiese incidido en el debate del año 2002, pues ya para esa época había creado movimientos aparentemente legales de los cuales disponía a su antojo, como el movimiento “Clamor Campesino Caribe”, a través del cual o de otros aparatos, o de otros aliados, podía influir en decisiones electorales para garantizar el acuerdo ilícito, sin necesidad de actos violentos o de copar un determinado espacio territorial.

Desde ese punto de vista se puede afirmar que la asociación entre violencia y resultados electorales no es un presupuesto de la tipicidad del concierto, ni se requiere la intervención armada para que se estructure el acuerdo ilegal, como lo ha dado a entender la defensa cuando presupone que en el municipio de Montelíbano no se probó dominio paramilitar alguno. Cuestión distinta es que en otras regiones el concierto se haya manifestado mediante el uso de la acción armada, según determinadas condiciones históricas, sin que de allí se pueda elaborar una regla general para asumir que sólo en donde hubo un dominio total del aparato paramilitar puede configurarse un convenio ilegal con fuerzas ilícitas.

Tercero. Al Ministerio Público le parece que por lo probado en el juicio se debe absolver al doctor Uribe Escobar del cargo que le fue imputado en la acusación; conclusión de la que por supuesto participa la defensa.

Esencialmente se sostiene que una sentencia condenatoria no puede tener como fundamento la declaración de Salvatore Mancuso, testigo sospechoso e interesado en crear un caos institucional para su propio beneficio; confeso criminal y delirante individuo que ha variado el núcleo de sus imputaciones al vaivén de las cambiantes circunstancias del proceso de desmovilización e incluso de su sitio de encierro: algo va del Mancuso recluido en Ralito, luego en La Ceja y posteriormente en Itagüí, sentenció el doctor Uribe Escobar en su intervención.

También se afirma que así como la declaración de Salvatore Mancuso no es fiable, tampoco lo son los resultados electorales en algunos municipios del departamento de Córdoba y en especial en Montelíbano, sitio en donde se presume se habría hecho evidente la alianza entre el doctor Mario Uribe Escobar y la organización ilegal comandada por Salvatore Mancuso, grupo armado con fuerte presencia militar pero en otros territorios de la misma zona geográfica.

Ese resultado, dicen, lo que demuestra es que en el año 2002 la votación creció significativamente como consecuencia del apoyo de paisanos residentes en la zona del San Jorge cordobés, el “viento de cola” de la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, las alianzas legales con el señor Mariano Cura Demoya, electo por esos mismos tiempos con la mayor votación que se haya registrado a favor de alcalde alguno en Montelíbano, y por el liderazgo de Otto Bula.

Pues bien:

Los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de la configuración típica de la conducta “deben ser apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica,”(40) ya que de no hacerlo se puede incurrir en el desatino de considerar segmentos de la realidad como si se tratara de hechos aislados sin ninguna vinculación con el universo del que forman parte. En ese sentido, los resultados electorales por fuera del ambiente histórico en donde se manifiestan pueden conducir al equívoco de sostener que son datos acríticos sin mayor importancia o repercusión, pues solamente explicarían la dinámica de procesos electorales con fuerte acento clientelista.

En el propósito de minimizar cualquier inferencia que pudiese surgir de los resultados electorales de los municipios del departamento de Córdoba en las elecciones desde 1998 al 2006, la defensa —entendida como el conjunto de argumentos del procesado y su defensor—, asume que desde el plano estadístico no pueden realizarse juicios de comparación entre los guarismos de las elecciones de 1998 con las de 2002 ni entre éstos y los de 2006(41), pues cambiantes circunstancias como la dispersión de las fuerzas políticas, la volatilidad o trashumancia muy propias de los procesos electorales, explicarían el apoyo en unos tiempos y el no respaldo en otros.

Vistas así las cosas y contando con que en las elecciones del año 2002 en otras ciudades del país la votación fue desbordante a favor del doctor Uribe Escobar, se sostiene que así como en algunos municipios del país la votación aumentó geométricamente en ese año, también en el 2006 disminuyó considerablemente, sin que se pueda afirmar que ese giro tan radical haya obedecido a la influencia de fuerzas ilegales, pues con ese fin se requeriría haber probado que el doctor Uribe Escobar incrementó su votación considerablemente en ciertas zonas en donde se registraba la presencia de grupos armados ilegales, con cuyos cabecillas habría realizado acuerdos electorales(42).

La demostración del concierto para delinquir como acuerdo para promover a un grupo ilegal, no se puede reducir al análisis aislado de cifras electorales o conformarse con datos de esos guarismos, que solo conglobados con otros medios de prueba adquieren su mayor rendimiento para probar consensos ilícitos que colocan en riesgo la seguridad pública. De allí que la importancia del resultado de un proceso electoral no radica tanto en el quantum de los votos, sino en su capacidad demostrativa para probar el acuerdo ilegal, como ocurre en casos como el que se juzga en donde las cifras electorales permiten inferir que los testimonios que se refieren al acuerdo son compatibles con datos objetivos que le dan sentido y coherencia a las declaraciones de Salvatore Mancuso y Eleonora Pineda, tildadas de contradictorias.

La regla de la experiencia enseña que por lo general no existe un testimonio sin contradicciones y que una declaración lineal puede corresponder a una versión amañada acerca de hechos o acontecimientos. Por lo tanto, las contradicciones que se suelen observar en un testimonio no necesariamente suponen que la declaración carezca de valor persuasivo, pues su mérito debe decantarse mediante una visión sistemática y no mediante un análisis aislado del medio probatorio. En ese sentido, la Sala, ha expresado:

“En términos generales, el testimonio judicial puede definirse como el relato que hace un tercero al juez de ciertos hechos; y desde su eficacia, como la narración de un tercero acerca de hechos que percibió y que está en capacidad de contar cómo sucedieron y en qué circunstancias ocurrieron(43).

“A partir de los criterios de percepción y evocación que sustentan en buena parte la eficacia del testimonio, se puede explicar porque no todos quienes perciben un mismo hecho están en capacidad de recrear lo que vivieron con igual fidelidad y detalle, y porque la total o parcial coincidencia en el relato no determina necesariamente la veracidad del testimonio. De allí que la crítica a la declaración de un testigo sobre la base de cualquier contradicción no puede ser el único elemento de apreciación de la prueba testimonial, pero asimismo la concordancia acerca de lugares y personajes tampoco puede ser el único fundamento de su credibilidad.

“Como no existen pautas inexorables para establecer cuando un testigo dice la verdad, son las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia las que permiten establecer el valor más o menos relativo de un testimonio, para lo cual además de la personalidad del testigo, la forma como percibió, la manera cómo declaró y las singularidades que se observan en su declaración, se debe apreciar la prueba en conjunto con el fin de exponer razonadamente el mérito que se le asigna y poder determinar si las contradicciones del testigo o de los testigos entre sí, avalan o demeritan su dicho…(44).

La Sala entiende que las declaraciones de Salvatore Mancuso y Eleonora Pineda no son homogéneas e incluso que Mancuso delega en Eleonora Pineda la responsabilidad de precisar datos y circunstancias. Pero este acontecimiento que la defensa considera un defecto de la mayor gravedad, en verdad corresponde a la dinámica inherente a un aparto organizado de poder y bien puede afirmarse que a un testimonio colectivo en donde cada actor recuerda partes o segmentos de la historia que otros están en posibilidad de complementar, como más adelante se verá.

Para comenzar —y sin necesidad de recurrir al testimonio de personajes como Jairo Castillo Peralta para referirse a las manifestaciones violentas de los grupos ilegales—, es evidente que en el año 2002 buena parte del departamento de Córdoba fue copado por grupos organizados de “autodefensa” que ejercieron una especie de “soberanía maldita” en municipios como Valencia y Tierralta, imponiendo un “nuevo orden”, de igual manera como en otros, entre ellos Montelíbano, disputaron corredores estratégicos para el negocio del narcotráfico con otras organizaciones armadas, hasta el punto que:

“… Entre 1999 y 2002 hubo diez enfrentamientos entre las AUC y las FARC en los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador… En estos municipios no se consolidó el control por parte de estos grupos como se pretendía... Lo que se disputaba eran zonas donde había cultivos de coca en el área rural... Ello no quiere decir que haya control sobre las actividades que se desarrollaban en el área urbana de estos municipios... La afirmación de un control total sobre estos municipios es una afirmación jactanciosa...”(45).

Ningún argumento se tiene para desvirtuar las afirmaciones del doctor Franco Echavarría, quien además de ser un profundo conocedor del conflicto es un experto de las más altas calidades en materia de derechos humanos. Por eso tiene la autoridad para sostener que el control paramilitar no tuvo la misma intensidad en Montelíbano, en donde el tejido social y la estructura económica impedían que las autodefensas ejercieran el mismo dominio que tuvieron en otras zonas mucho más vulnerables del departamento.

Pero eso no quiere decir que por esa razón no se hicieran pactos con la clase política o con sectores institucionales, porque así como el grupo armado no tuvo el mismo control de facto en Montelíbano, también lo es que nadie se ha referido a que en Montelíbano fuera necesario el empleo de acciones armadas para cumplir el pacto, o que fuese indispensable tener el control total de la zona para realizar acuerdos ilícitos, o que el concierto ilegal sólo puede surgir allí en donde existe un dominio paramilitar casi absoluto de la región.

Considerado en ese contexto, el testimonio de Eleonora Pineda adquiere la mayor importancia, pues según Salvatore Mancuso, jefe del Bloque norte de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y miembro del denominado Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, ella fue esencial en la estrategia no de enfrentar a partidos y políticos tradicionales, sino de aliarse con ellos: “una cosa es que hagan parte de nosotros, como Eleonora y Miguel, lo otro son alianzas estratégicas”, indicó el jefe paramilitar en su declaración del 29 de octubre de 2007(46).

Según eso, no era necesario ni indispensable que el aparato organizado de poder ejerciera el dominio absoluto de un específico municipio para influir en él a favor de sus “aliados estratégicos” o de los miembros de la llamada “ala política” de la organización, pues se reitera, de asumir esa alternativa sería tanto como suponer que los acuerdos ilícitos sólo podían convenirse allí en donde la autodefensa tenía el control total de una población, lo cual es inaceptable.

En ese sentido —aun cuando en otros escenarios la violencia fue el principal medio para crear falsas cohesiones sociales—, la autodefensa no requería del dominio absoluto en lo militar ni en lo social para propiciar el respaldo a la causa de sus aliados, pues entre otros métodos podía hacerlo mediante movimientos en apariencia legales como el “Clamor campesino Caribe”, con el cual lograron infiltrar importantes capas sociales(47), o incluso a través de “agentes” como Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, para ese momento decididos miembros de las autodefensas. De modo que en ciertos espacios geográficos sin “recurrir a la violencia” se podía garantizar acuerdos o pactos en los que la autodefensa estaba interesada, porque como se expresó en la resolución de acusación,

“No puede ser un argumento válido para descartar la notoria intervención de la autodefensas que no se haya demostrado la coacción sobre los electores, pues el movimiento de las autodefensas, dada su ascendencia, por temor o por convicción, sobre diferentes movimientos y líderes políticos, no necesitaba de la violencia para alcanzar el nivel de influencia que tuvo en la “actividad democrática”(48).

Eso, además, permite explicar por qué varios dirigentes políticos locales no supieron de presiones para votar por uno u otro candidato, pero sí de los vínculos de Eleonora Pineda con los grupos armados de autodefensa. En ese sentido, Orlando de Jesús Seiza Pastrana, importante político de Montelíbano, concejal y diputado, y Mariano Cura Demoya, alcalde que apoyó el proyecto a la cámara, explicaron que ya para esa época se hablaba de los nexos entre la ex congresista y las autodefensas en el municipio de Tierralta(49). Por esas razones, Mariano Cura Demoya al ser interrogado si sabía de los vínculos entre Eleonora Pineda y las autodefensas, señalo: “Bueno, sí, se decía que ella era apoyada por las autodefensas”(50).

De manera que así no se pueda hablar de un dominio militar de las autodefensas, sí se puede sostener con igual certeza que ese grupo incursionó en la actividad política de Montelíbano, como lo hizo con una de sus más importantes figuras, obteniendo a pesar de los conocidos rumores acerca de sus vínculos ilegales, el respaldo del alcalde municipal Cura Demoya, quien también apoyó al doctor Uribe Escobar al Senado durante el mismo debate electoral. Aún cuando de allí no se pueda inferir categóricamente que ese apoyo hacia los dos candidatos sea una prueba del acuerdo ilegal, sí permite vislumbrar que el candidato que tan buen respaldo obtuvo en las elecciones de 2002 no se haya enterado en ese periodo de nada, ni conozca a nadie, ni siquiera a la fórmula que apoyaba su mayor elector, algo ciertamente inusual e increíble de un político de la trayectoria del acusado.

En ese entorno, la declaración de Eleonora Pineda Arcia acerca de cómo enteró a Salvatore Mancuso de los acuerdos con el doctor Uribe Escobar recobra su extraordinario valor probatorio, no siempre bien admitido desde un análisis insular del medio de prueba. Si se analiza la declaración de Eleonora Pineda y en particular la del 18 de septiembre de 2007, se puede concluir que informó a Salvatore Mancuso de los acuerdos realizados con Mario Uribe y que esa fue la razón para que el jefe paramilitar le impartiera instrucciones para llevarlo ante él.

Refiriéndose a la manera como enteró a Salvatore Mancuso de los acuerdos con Mario Uribe Escobar, ella explicó:

“Yo ya le había comentado antes, pero Mario no sabía. Yo le había dicho, yo en tales y tales municipios soy amiga de Mario Uribe, pero yo sacándole bastante pecho, por eso es que yo te digo que aquí hay unas cositas que a veces por mostrar él, si me entiende, yo estaba como moviéndome en el cuento, le dije al Mono que yo me había conocido con Mario y que efectivamente habíamos coincidido en unos municipios y que yo iba a invitarle a Mario para que Mario fuera allá donde él”.

Por la división de tareas en las organizaciones ilegales y sobre todo en esa delincuencia sui generis que lideraba Mancuso —como por lo demás ocurre en todas las actividades de la vida social—, no es exótico que Eleonora Pineda “rindiera” cuentas a su jefe. Sin embargo, en audiencia del 15 de septiembre de 2010, trató de restarle importancia a ese hecho y asumió que la pretensión de vincular a Mario Uribe fue idea de Mancuso y no de ella.

Magistrado: “Aquí se ha hablado de la reunión entre Miguel de la Espriella, Mancuso y usted. Independientemente de su criterio sobre el iPod, yo no le voy a preguntar sobre el iPod, le voy a preguntar por la reunión. La reunión es un hecho que está relacionado en el proceso. ¿En esa reunión qué se dijo del eventual apoyo de Mancuso al doctor Mario Uribe Escobar?”

Contestó: “Si, Mancuso quería básicamente relacionar los votos míos con Mario… Eso era lo que él quería con respecto a Mario”(51).

Por consiguiente en el análisis de esas declaraciones y por el momento histórico en que se dicen, se puede comprender que la versión inicial de Salvatore Mancuso ante los fiscales de la unidad de justicia y paz en el mes de mayo de 2007, cuando ofreció los primeros detalles de acuerdos entre la autodefensa y la clase política correspondían a lo que había hablado con la testigo, una de las personas de su vanguardia electoral, que reconoció que efectivamente en presencia de Mario Uribe le comentó a Salvatore Mancuso de los acuerdos que había realizado, precisamente antes de que él ofreciera su primera versión ante la unidad de justicia y paz de la fiscalía.

Es más, el 23 de agosto de 2007, Salvatore Mancuso hizo alusión a los detalles que señaló Eleonora Pineda en su primera declaración y que corresponden a la reconstrucción histórica que se habían empeñado en contarle al país como actores de primer orden de la alianza siniestra entre actores armados y segmentos de la clase política del país.

Preguntado: “Cómo transcurre la reunión?

Contestó: “Yo había hablado con Eleonora anteriormente, de todas las cosas que me comentaba, me dice, hice un pacto político con el senador Mario Uribe, yo le voy a ayudar en unos municipios y yo le voy a ayudar a él en algunas zonas del departamento, donde él tiene un caudal electoral disponible, cautivo de él…”

“Le dije muy bueno Eleonora, porque no me haces un favor, preséntame al doctor Mario Uribe. Yo quiero hablar con él; quiero que él entienda el proceso que estamos haciendo, de contactos políticos, buscando abrir caminos, que entienda que estamos en un proceso, me dijo cuando tenga la oportunidad le digo”(52).

Salvatore Mancuso no dijo en esencia nada distinto a lo que Eleonora le expresó: que se hicieron pactos, que ella se encargaría de llevar a Mario Uribe ante él; que había respaldos mutuos. No es que Mancuso quería relacionar los votos de ella con los de Mario Uribe Escobar, sino que en palabras de la primera, existían pactos en ese sentido.

De manera que —¡he ahí la importancia de la regla de la experiencia!—, si Eleonora no tenía mayor reconocimiento político,(53) como no sea haber sido concejal de Tierralta, su importancia política tenía que radicar en el grupo armado que la apoyaba y por eso no resulta extraño, ni está por fuera de la lógica, que quien refrendara los acuerdos fuera el jefe del bloque norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, por lo cual pactos, acuerdos y convenios se realizaron antes y no después de elecciones, tal como Eleonora Pineda lo hizo conocer en sus primeras declaraciones.

De otro modo, qué sentido tendría que Eleonora Pineda le informara a Salvatore Mancuso que hizo éste o tal acuerdo —como lo dijo—, si no fuera porque requería del beneplácito del jefe paramilitar, algo indispensable tratándose de una candidata sin mayor figuración, que no obstante y sin mayores pergaminos obtuvo el respaldo de un número considerable de fuerzas políticas, incluidas las de Mariano Cura Demoya, en una fórmula que vinculaba al doctor Uribe Escobar con su candidatura, sin que como se ha dicho, él lo supiera o lo preocupara, pues según su decir lo que allí pudiera suceder no era responsabilidad de él, sino de Otto Bula, jefe de su movimiento con plenos poderes en Córdoba(54).

No resulta admisible esa afirmación que pretende empequeñecer cualquier posible contacto con los jefes “políticos” o “militares” de la autodefensa, escudándose en la delegación de plenos poderes a Otto Bula, pues esa justificación podría aceptarse si la trayectoria de Otto Bula hubiese tenido la tradición histórica para justificar que no se requería de la presencia de Mario Uribe Escobar —por la razón que fuera, incluida su enfermedad— para llevarlo a ser una de las principales fuerzas políticas de Montelíbano, municipio en donde siendo la fórmula del doctor Uribe Escobar, apenas logró 8 votos en el año 1998, una votación insignificante comparada con la de 2002(55).

Entonces, en ese imaginario social y político debe apreciarse lo dicho por Salvatore Mancuso, Eleonora Pineda Arcia y Miguel de la Espriella, y en particular el reconocimiento de que antes de la versión del mes de mayo, Salvatore Mancuso los convocó para reconstruir la historia de las relaciones de la autodefensa y representantes de la institucionalidad del país, información con la que luego aseveró ante fiscales de la unidad de justicia y paz que Mario Uribe tuvo acuerdos con la base o con los jefes de las autodefensas.

En todo eso, no escapa a la Corte la distorsión que Eleonora Pineda pretende hacer de los hechos, pero si se recuerda cómo se ha interpretado el testimonio de quien incurre en contradicciones o se retracta de sus afirmaciones iniciales, se puede sostener que generalmente es la primera exposición en la cual suelen encontrarse mejores elementos de juicio para aproximarse racionalmente a la verdad(56). Y si esa regla se conjuga con los restantes medios de prueba, entonces existen mejores argumentos para concluir que los pactos o acuerdos no son una invención de última hora, sino la consecuencia de condiciones históricas que tuvieron a Eleonora Pineda, Salvatore Mancuso y Mario Uribe como protagonistas.

Como se ha dicho, Salvatore Mancuso fue consecuente con la información que le proporcionó Eleonora Pineda antes de concurrir a su versión libre, hecho que se desprende también del testimonio de Miguel de la Espriella,(57) quien con todo y que señaló que la preocupación de Mancuso era la de vincular a Mario Uribe Escobar, ha sido consecuente en sostener que hubo alguna imprecisión en cuanto a la fecha de una reunión que hasta ese día desconocía(58). Desde ese punto de vista con mayor fundamento se puede afirmar que la reunión fue antes del proceso electoral, porque se reitera, de no haber sido así para qué necesitaba Eleonora Pineda hacer gala de acuerdos políticos, incluso delante de Mario Uribe Escobar, como en efecto lo admitió.

Es más, en apoyo de esta conclusión puede decirse que si en esa oportunidad se hubiese conversado únicamente de asuntos filantrópicos, como un eventual proceso de paz, por qué Miguel de la Espriella ignoraba ese encuentro y vino a enterarse de ese importante suceso solo en la Cárcel de Itagüí, siendo como era el principal alfil de lo que él ha denominado el “ala política” de las autodefensas, y a quien por lo tanto no había razón de ocultarle ese encuentro; la única explicación posible es que no lo supo porque ese no fue el tema central, y por eso el señor de la Espriella al referirse a lo sucedido en Itagüí, explicó que Salvatore Mancuso le solicitó a Eleonora Pineda que le recordara los pactos que había hecho con él y cuándo se llevó a cabo la reunión en que se trató el asunto, fecha sobre la cual no hubo acuerdo, pero que ahora el mismo Miguel de la Espriella infiere(59), sin contar con todos los elementos de juicio aquí indicados, que bien pudo ser después de elecciones(60).

De manera que las alusiones de Eleonora Pineda Arcia a los acuerdos o pactos políticos, mucho más puntuales en sus primeras declaraciones que en las últimas, se corroboran por otras vías, que dan certeza que la reunión de Salvatore Mancuso y Mario Uribe en la Hacienda La Capilla no fue después de elecciones, sino antes y que por eso era necesario referirse a acuerdos políticos, tema que por supuesto no tendría razón de ser si se hubiera realizado la reunión con posterioridad a elecciones de congresistas.

De otra parte, esas notas que caracterizan la intimidad de la reunión y los temas sólo los podían conocer los contertulios y por eso es más seguro inferir de su contenido y consecuencias que es mucho más probable que todo haya sucedido antes de elecciones y no después, como lo sugiere Antonio Sánchez, un espectador más de la presencia de Eleonora Pineda y Mario Uribe en la finca La Capilla, pero quien no tiene conocimiento alguno de las razones que explican la presencia de Mario Uribe en ese lugar.

La defensa, tanto técnica como material, sin embargo, trata de minimizar la importancia del testimonio de Salvatore Mancuso con dos razones. Primero, porque el 1º de mayo de 2009 no mencionó los detalles, pactos y acuerdos a los cuales aludió en sus primeras declaraciones, lo que demostraría insuperables contradicciones internas. Sin embargo, esa reflexión que tiene apoyo en el principio de identidad muy propio de la lógica formal pretende encontrar razones para desestimar el testimonio del testigo en el hecho de que resalta detalles a los cuales otras veces alude, olvidando que el testimonio de Mancuso corresponde a tiempos y trazos históricos definidos, que recrean no sólo su propio conocimiento, sino al de quienes lo acompañaron en su accionar ilegal.

En segundo lugar por rehusarse a contestar el interrogatorio de la defensa, lo cual a juicio del señor defensor y del procesado, afecta la declaración como unidad. Sin embargo, esa circunstancia fue común a todos los sujetos procesales, incluido el juez. Pero aún que se admitiese el argumento de la defensa, que incluso se ese hecho por sí solo no puede afectar la totalidad de la declaración de Salvatore Mancuso, pues en el curso del proceso ninguna circunstancia le impidió a la defensa interrogar al testigo y de ejercer a plenitud el derecho de defensa, como para que ahora se admita su exclusión.

Con todo, la Sala no ha hecho alusión a su contenido, ni al del iPod —como si lo hizo la defensa aún a pesar de luego alegar su ilicitud—, porque más allá de lo que con esos medios se pueda probar, la Corte estima que la legitimidad y acierto de su decisión no requiere de esos medios de suyo controversiales(61).

Cuarto. El análisis de los resultados electorales en el departamento de Córdoba confirma las conclusiones de la prueba testimonial.

En ese margen, la defensa ha querido desestimar la importancia de la votación obtenida en el año 2002 por el ex senador en el departamento de Córdoba y en particular en el municipio de Montelíbano, con el argumento de que en otras regiones del país e incluso en ciudades con fuertes sectores de opinión también los consiguió, lo que indica que, como lo expresó el doctor Giraldo García, distintas variables inciden en la formación de la voluntad, tales como la tradición política, el arraigo en la comunidad, o redes clientelistas e incluso el conflicto armado y la violencia política.

Las conclusiones del doctor Giraldo García, no excluyen ni la violencia política ni el conflicto armado, lo que bien sirve para decir que así como en otros sectores del país el doctor Uribe Escobar pudo obtener una considerable votación por su tradición política, también lo es que en el departamento de Córdoba, además de redes clientelistas, el resultado que obtuvo se puede explicar, entre otras razones, por la influencia de acuerdos con aparatos organizados de poder.

En esa medida, si se analiza el resultado electoral a la consecución de escaños en el senado obtenido en algunas ciudades por fuera de contexto, sí se puede caer en el riesgo de mal interpretar cifras objetivamente verificables. Pero cuando esos datos, que rompen con la “tradición histórica”, y con los “antecedentes electorales” del procesado, se dan en una zona en regiones donde hay evidencia que el paramilitarismo contaminó los procesos democráticos, ya lo electoral no se puede valorar únicamente mediante esquemas causal explicativos muy propios de algunas ciencias exactas, sino a través de métodos esencialmente valorativos(62).

En ese orden de ideas, obsérvese que se ha tratado de hacer comparaciones desde un plano aritmético para significar que en Bogotá, Cali, y otras ciudades o municipios del país, distintos al departamento de Córdoba, los resultados en el debate electoral del 2002 crecieron geométricamente y que al igual que sucedió en todo el país, disminuyeron en el 2006 como producto de la “volatilidad electoral” o porque el “viento de cola” que significó en su momento apoyar al doctor Álvaro Uribe Vélez no tuvo la trascendencia de otras épocas más afortunadas.

Por fuera de otras consideraciones y desde un plano meramente objetivo, es evidente que la votación del doctor Mario Uribe se incrementó en proporciones importantes en vastas regiones del país. Pero asimismo, en ninguna otra parte distinta a Córdoba, por lo menos según lo probado, se ha dicho que la votación del doctor Uribe Escobar fue consecuencia de acuerdos con líderes de grupos armados al margen de la ley. Por eso, la comparación a partir sólo de cifras no es suficiente para desechar o admitir la influencia del paramilitarismo en votaciones consideradas atípicas. O en otras palabras, el objeto de comparación si bien es idéntico, no es el mismo, por las concretas circunstancias históricas que rodean a específicos resultados electorales.

A todo esto, y para demostrar que los resultados del año 2002 en Montelíbano son incomparables con los de 1998 y 2006, se ha recurrido a la no muy admisible tesis de que el resultado de 2002 no es compatible con la idea de “atipicidad” de las votaciones, pues según la defensa, mientras el doctor Uribe Escobar obtuvo el 27.03 % de los votos en Montelíbano, el doctor Juan Manuel López logró el 20%, lo cual significaría que esa diferencia es explicable, pues según los expertos sólo se considera excepcional un margen de victoria del 70%.

Aparte de que esa cifra que permitiría considerar atípica una votación es de por sí discutible, lo que no es aceptable es el método para llegar a esa conclusión, pues se reduce el objeto de análisis a escrutar la diferencia entre dos o más candidatos en el mismo período electoral, pero olvida que el doctor Uribe Escobar consiguió 8 votos en el año 1998, con todo y lo que se dice significaba tener entre sus huestes a Otto Bula, 4.087 votos en el 2002, y desplomándose nuevamente en el 2006, logrando únicamente 13 votos.

Pues bien:

La exclusiva referencia a un dato aritmético o estadístico, sea que corresponda a un solo proceso electoral o a secuencias históricas, no es en sí mismo una afirmación suficiente o auto constatable, pues no se olvide que los resultados electorales son por antonomasia multicausales o no dependen de una sola causa, según lo expresó incluso el doctor Fernando Zea Castro. Por eso, es posible que en Bogotá o en otras ciudades, o incluso en pequeños pueblos de otros municipios, el resultado obtenido se explique por razones distintas a la intervención de fuerzas ilegales, lo que no significa que ese mismo razonamiento sea predicable del departamento de Córdoba y concretamente de la votación obtenida en esa región por el doctor Uribe Escobar.

De otra parte, porque el objeto de estudio es distinto, se puede magnificar conclusiones respecto a ciertos hechos. En ese sentido, no se olvide que las ciencias normativas buscan enlazar hechos y consecuencias jurídicas mediante juicios de imputación, y no interpretar la razón de ser de algunos resultados electorales considerados aisladamente, o de establecer la verdad a partir de constataciones estadísticas(63). Por lo tanto, esas cifras tienen importancia en la medida que desde el plano dogmático demuestran que los testigos mencionados, en definitiva, dijeron la verdad en cuanto que hubo un acuerdo con un grupo ilegal que incrementó el riesgo contra la seguridad pública.

Quinto. Como se ha venido explicando, el injusto de concierto para delinquir está descrito como una fórmula que “anticipa la barrera de protección” de los bienes jurídicos al sancionar el acuerdo de voluntades, sea para cometer delitos, cualquiera que ellos sean, o para cometer otras conductas delictivas específicas, o para promover, organizar, etc., a un grupo ilegal. Desde ese plano dogmático la prueba tiene que ser apreciada conforme a lo que prohíbe el tipo penal, pues de no hacerlo se puede caer en el “riesgo” de confundir el sentido del tipo penal al magnificar los resultados electorales, como si se tratara de un delito electoral y no de un injusto contra la seguridad pública.

Desde este punto de vista se ofrece admisible que el estadístico Fernando Zea Castro sostenga que los resultados son multicausales, pues la dinámica electoral y social impide atribuir a una sola causa el incremento desbordado de una votación en un determinado periodo a favor de un concreto candidato. En el lenguaje tan propio de las ciencias causales podría con la teoría de la equivalencia de las condiciones, afirmarse que cualquier causa contribuye a la producción del resultado. Pero eso no es necesario, pues lo que ahora se afirma es que el resultado electoral, cualquiera que él sea —aún cuando en Montelíbano adquiere matices relevantes para la comprobación de la hipótesis—, reafirma lo expresado por Salvatore Mancuso, en cuanto que hubo acuerdos en ese sentido entre el doctor Mario Uribe y las autodefensas.

La única manera de poder afirmar que una única causa puede explicar el resultado electoral sólo sería admisible aislando la conducta del entorno social. Sin embargo, está acreditado que factores de diverso orden pudieron incidir en la producción del resultado, como incluso los tratos clientelistas con Mariano Cura Demoya, pero lo que no se puede aceptar es que esa alianza haya sido la única causa del excelente desempeño electoral y que se excluya que las autodefensas colaboraron, en la cuantía que sea, con ese guarismo.

Por eso, la importancia de los resultados electorales se debe apreciar no tanto en el quantum, sino en el desvalor que expresan en las concretas circunstancias que se juzgan y que conglobados con el muy importante testimonio del jefe paramilitar que dijo desde la primera sesión del mes de mayo de 2007, como postulado en el proceso de justicia y paz, que contribuyó a la causa política del doctor Uribe Escobar, como lo hizo con otros, en una época signada por la irrupción de una fuerza ilegal que pretendió impulsar el mayor número de acuerdos para infiltrar la institucionalidad, al que no escapó, como quedó demostrado en otro proceso penal, el también elegido como senador, Juan Manuel López Cabrales, a quien superó en votación, según se ha dicho, Mario Uribe Escobar(64).

De modo que con la relatividad en la aproximación racional a la verdad que caracteriza al proceso penal, el acuerdo entre el doctor Uribe Escobar y las autodefensas no se puede considerar como una invención del jefe paramilitar, o como la expresión irreal de sus desviaciones mentales o de venganza, como lo afirma la defensa, con apoyo en el testimonio del doctor Luis Carlos Restrepo —que si bien calificado por la especialidad que ejerce como profesional de la medicina, es patente la tendencia a favorecer al procesado—, sino como la afirmación de una reconstrucción histórica para la cual contó con el apoyo de Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, dos de sus aliados de primer orden en el propósito de llegar a acuerdos entre la ilegalidad y la institucionalidad.

Claro que se ha pretendido desacreditar las alusiones de Salvatore Mancuso a Mario Uribe Escobar con el argumento de que no es buen testigo, porque entre otras razones, trata de delegar en Eleonora Pineda la responsabilidad de referirse a circunstancias que a él le correspondía contar.

La tradición pretende encontrar en la coherencia de un testigo, o en sus inconsistencias, la mejor explicación de su mérito suasorio, regla por lo general que suele emplearse tratándose de hechos de la denominada delincuencia convencional. Sin embargo, así como delincuencia se expresa de acuerdo a nuevos métodos en realidades sociales distintas, también el derecho debe apreciar las pruebas de acuerdo a la estructura del aparato organizado de poder teniendo en cuenta su dinámica ilegal(65).

En ese marco, Salvatore Mancuso, y lo aceptan quienes han declarado en este proceso al respecto —como Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda o Antonio Sánchez para citar algunos—, fue el jefe del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y por lo tanto el mando de un aparato ilegal de poder que en un momento histórico de su vigencia requería de aliados que llevaran a cabo actividades de la organización que él no podía realizar al encontrarse en la clandestinidad. Luego, a quienes eran parte del “ala política” de las autodefensas, como Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, les correspondía ejecutar acciones de otro orden siguiendo pautas del “hombre de atrás”.

Por eso es perfectamente entendible que Salvatore Mancuso dijera que de algunos temas mejor recuerdo tendría Eleonora Pineda, lo cual justifica que la aproximación a la verdad dependa del testimonio de un colectivo criminal y no únicamente del jefe del grupo armado, pues en este caso se trata de acercarse a las acciones de ese colectivo ilegal a través de la suma de verdades de sus miembros.

Sexto. Por lo expuesto, La Sala tiene la certeza de que el doctor Mario Uribe Escobar se concertó con un grupo armado al margen de la ley y que no recibió apoyos sin contraprestación, como lo sostiene el señor procurador para eliminar el desvalor de la incidencia, cualquiera que ella sea, sin importar el número, en un entorno electoral.

También asume la Corte que lo electoral como dato traduce un desvalor que prueba el acuerdo, con mayor razón cuando las explicaciones vertidas por el procesado no resultan satisfactorias, ni compatibles con el sentido común, como se ha indicado con la prueba apreciada, y asimismo que el concierto como delito de mera conducta y de peligro que es, surge del acuerdo y no de acciones concretas, por lo que basta ese mínimo desvalor de peligro contra la seguridad pública que nace de la potencialidad de promover al grupo ilegal.

Bajo tales reflexiones, el análisis conjunto de la prueba permite concluir que las declaraciones de Salvatore Mancuso y de Eleonora Pineda, apreciadas históricamente, permiten asumir que Mario Uribe Escobar sí hizo pactos con la organización armada al margen de la ley.

En conclusión, la prueba que obra en el expediente, permite demostrar la comisión del delito de concierto para delinquir por parte del implicado con la certeza que exige el artículo 232 de la Ley 600 de 2000.

La Corte, entonces, condenará al doctor Uribe Escobar como autor responsable por el cargo que le fue imputado en la resolución de acusación.

V. Dosificación punitiva

Según el artículo 61 del Código Penal, naturaleza y gravedad de la conducta son categorías que expresan la antijuridicidad del comportamiento y la dimensión del injusto, indispensables en orden a brindar una respuesta proporcional a la agresión causada.

Si bien no se dedujeron agravantes de ninguna especie, la pena a imponer será de 90 meses de prisión, correspondiente al máximo parámetro del primer cuarto; quantum que constituye una respuesta punitiva simétrica a la gravedad de la conducta en concreto, debido al incremento del riesgo contra la seguridad pública, y por la intensidad del dolo que se refleja en el hecho de pactar voluntariamente la promoción de grupos armados por fuera de la institucionalidad.

Siendo consecuente con esa definición, la pena de multa será de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por último, de conformidad con el artículo 52 del Código Penal, la Sala condenará al doctor Uribe Escobar a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal.

Es igualmente claro que de acuerdo con el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al no haberse probado que se hubiesen causado perjuicios materiales y morales, no procede la condena por ese aspecto.

Por último, se advierte que no hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a su sustitución por la prisión domiciliaria. En ambos casos, por impedirlo un requisito objetivo. En el primero, porque la ley sólo autoriza el subrogado frente a penas de prisión impuestas no superiores a 3 años y en el segundo, porque sólo es viable la consideración de esa sustitución cuando la pena mínima prevista en la ley para el delito objeto de condena sea de 5 años o menos, según los términos de los artículos 38 y 63-1 del Código Penal.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Condenar a Mario de Jesús Uribe Escobar, de notas civiles y personales conocidas, a la pena principal de noventa meses de prisión y multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley de que trata el artículo 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000.

2. Declarar que no hay lugar a condena por el pago de daños y perjuicios y que no son procedentes la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria.

3. Líbrense las comunicaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(29) Auto del 28 de abril de 2010.

(30) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia citada.

(31) Roxín Claus y otros, La Teoría del Bien Jurídico. Marcial Pons, Barcelona, 2007, pág. 449.

(32) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de noviembre de 2008.

(33) Muñoz Conde, Francisco. El nuevo derecho penal autoritario. En el derecho penal ante la globalización y el terrorismo. Tirant lo blanch, pág. 164.

(34) En este punto, para establecer la necesidad de intervención y la prohibición de exceso se debe considerar que: “La libertad fue una conquista de las revoluciones políticas liberales, mientras la seguridad lo fue de las revoluciones sociales. Ambas se han convertido en derechos fundamentales y ambas han exigido la prestación de las necesarias garantías para afianzarlas”. Bergalli Roberto, Libertad y Seguridad, un equilibrio extraviado. En el derecho ante la globalización y el terrorismo. Valencia, 2004.

(35) En el artículo 7º del Decreto 180 de 1988, conocido como “Estatuto para la defensa de la Democracia”, se delineó la siguiente fórmula: “Concierto para delinquir. El que forme parte de un grupo de sicarios o de una organización terrorista incurrirá por este solo hecho en prisión de diez (10) quince (15) años.

“La pena se aumentará en una tercera parte para quienes promuevan, encabecen o dirijan a los integrantes de estos grupos u organizaciones”.

(36) Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 26.942, auto del 14 de mayo de 2007, reiterada en la sentencia del 25 de noviembre de 2008, en la cual se indicó:

“El artículo 340 del Código Penal define diversas formas de ataque al bien jurídico que denotan la manera progresiva como se atenta contra la seguridad pública. Así, en el inciso segundo, es el acuerdo de voluntades para promocionar, organizar, financiar o armar grupos armados al margen de la ley lo que le da sentido al injusto, en el contexto de una modalidad muy propia de los tipos de peligro; y en el tercero, desde la óptica de la efectiva lesión, se sanciona la conducta de armar, financiar o promocionar a tales grupos. Eso implica que se describen conductas secuenciales en escala de menor a mayor gravedad cuya lesividad se refleja precisamente en el tratamiento punitivo, como corresponde al principio de proporcionalidad”.

De igual manera, señaló:

“En la escala progresiva de protección de bienes jurídicos, el acuerdo que da origen al concierto para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley, se diferencia de la efectiva organización, fomento, promoción, dirección y financiación del concierto, moldeando diferentes penas según la ponderación del aporte que se traduce en un mayor desvalor de la conducta y en un juicio de exigibilidad personal y social mucho más drástico para quien efectivamente organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien sólo lo acuerda”(36).

(37) “Desde la perspectiva positivista, toda norma es un momento con vocación de eternidad o una eternidad provisional… Entre la promulgación y la derogación de la ley no sucede nada. No hay tiempo… Pero el tiempo hecho cultura impregna la aplicación del derecho y lo va transformando tanto desde fuera como desde dentro”. Post modernidad y derecho, De Trazegnies Granda. Ed. Temis. 1993.

(38) Recuérdese que Welzel consideraba que las estructuras lógico objetivas constituían un límite al poder de configuración de legislador. En consecuencia, el legislador no crea las conductas sino que las extrae de la vida social. Por lo tanto, desde ese mismo punto de vista, el juez no puede desconocer el sentido ni el contenido de las conductas.

(39) Kant, Emmanuel, La Paz Perpetua.

(40) Artículo 238 de la Ley 600 de 2000.

(41) “Según los conceptos del doctor Giraldo García entregado en audiencia pública, son frecuentes y en Colombia se dan por cientos los casos de candidatos con resultados más atípicos que el de Mario Uribe Escobar en Montelíbano donde pasó de 8 votos a cuatro mil y pico del 98 al 2002. Esa votación corresponde a un mínimo aleatorio base cero, equivalente al que puede obtener cualquier candidato en alguno de los mil ciento veintinueve municipios del país. Por lo mismo, según el experto, la teoría político-electoral no permite comparar ambos resultados. Los 4.087 votos deben considerarse como el punto de partida para cualquier análisis sin que arbitrariamente y sin fundamento puedan calificarse como atípicos”.

(42) En el caso de la elección del senador Mario Uribe Escobar en el año 2002, para que una hipótesis sobre la relación entre la acción de grupos paramilitares y la votación obtenida por aquel tenga siquiera mínima plausibilidad, se requiere: (i) Que en el año 2002 en ciertas zonas se dio un incremento considerable de votación en comparación con votaciones anteriores o posteriores en ciertas zonas o municipios ("votación atípica"). (ii) Que en tales zonas se registra la presencia de grupos irregulares armados con dominio sobre la población de grupos paramilitares con capacidad para influir en la voluntad de los electores y condicionar el sentido del voto, sea mediante amenazas o mediante invitaciones, y (iii) Que el grupo paramilitar formuló pública o privadamente invitación a votar por el senador Mario Uribe o que éste llevó a cabo acuerdos de apoyo electoral con jefes o cabecillas de tales grupos irregulares. Cfr., Estudio del profesor Tulio Elí Chinchilla.

(43) Para Parra Quijano, Jairo, la percepción y la evocación son temas relativos a la eficacia del testimonio. En idéntico sentido, Devis Echandía señala que para que el testimonio sea eficaz “debe tener por objeto hechos conocidos por el testigo en virtud de percepciones sensoriales”. Teoría general de la Prueba Judicial, tomo segundo, Quinta edición, Editorial Temis, año 2002, pág. 22.

(44) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de única instancia del 1º de diciembre de 2010, radicado 32.776.

(45) Cfr., testimonio de Carlos Horacio Franco Echavarría, sesión de audiencia pública del 12 de julio de 2010.

(46) Cfr., minuto 41:18.

(47) Preguntado: “Qué es el movimiento Clamor Campesino Caribe?” Contestó: “Un movimiento creado por la clase agropecuaria de Córdoba, pero debo decir que siempre se dijo que detrás de ese movimiento pudo estar la mano de las autodefensas. El origen de ese movimiento es de antes del año 2000. Hizo actos como paro de productos agrícolas”. Declaración de Miguel de la Espriella, 15 de septiembre de 2010, minuto 2:24:30.

(48) Cfr., providencia del 11 de febrero de 2010.

(49) En declaración en audiencia el 14 de septiembre de 2010, Seiza Pastrana señaló: Preguntado: “Supo de nexos de Eleonora con autodefensas”. Contestó: “Propiamente en Montelíbano no. Uno por los rumores oía que en Tierralta, hasta ahí conocí” minuto 1:20:38.

(50) Cfr., declaración del día 14 de septiembre de 2010, minuto 45:27.

(51) Declaración en audiencia del 15 de septiembre de 2010.

(52) Minuto 8:23

(53) Según Édgar Sarmiento, quien fue Alcalde de Chinú, conoció a Eleonora Pineda por los medios de comunicación, pero no haciendo política en Chinú. Moisés Ramón Náder, tres veces alcalde de Montelíbano, al ser interrogado si conocía a Eleonora Pineda, manifestó: “No señor, a ella no la conozco, sé que fue aspirante a la Cámara” Emilio Mendoza Jerez, concejal de Montelíbano, dijo: “No, no la conocí como líder política, sé que fue candidata a la Cámara” (declaraciones en audiencia de sep. 14/2010)

(54) Otto Bula, explicó en declaración del 13 de septiembre de 2010:

“Vea doctor no es Montelíbano, es Córdoba. Es que le repito, Mario Uribe no era mi jefe político, Mario Uribe era cabeza de lista a nivel nacional, pero el jefe político en Córdoba era yo (minuto 2:04:10). Y ya en el 2002 se acabaron las elecciones y yo ya estaba viviendo en Medellín, yo me desvinculé totalmente de la política local, departamental y nacional” (minuto 2:05:04).

(55) Recuérdese que en 1998 la votación obtenida en Montelíbano por Mario Uribe, en cuya lista figuraba formal y materialmente Otto Bula, fue de 8 votos y en el 2002, en donde formalmente Otto Bula no hacía parte del movimiento, de 4.087. En el 2006, nuevamente 13.

(56) La variación del contenido de la declaración de Eleonora Pineda en relación con su testimonio inicial constituye en esencia una retractación. En ese sentido, “la retractación, ha sido dicho por la Corte, no destruye per se lo afirmado por el testigo arrepentido en sus declaraciones precedentes, ni torna verdad apodíctica lo dicho en sus nuevas intervenciones. En esta materia, como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo analítico de comparación y nunca de eliminación, a fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas versiones, el testigo dijo la verdad. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, el cual podrá consistir ordinariamente en un reato de conciencia, que lo induce a relatar las cosas como sucedieron, o en un interés propio o ajeno que lo lleva a negar lo que sí percibió. De suerte que la retractación sólo podrá admitirse cuando obedece a un acto espontáneo y sincero de quien lo hace y siempre que lo expuesto a última hora por el sujeto sea verosímil y acorde con las demás comprobaciones del proceso" (Cfr. Casación, jun. 15/99, rad. 10.547).

(57) Preguntado: “Esa reunión (para hablar de los acuerdos políticos) fue antes de que Salvatore Mancuso declarara en el proceso de justicia y paz? Contestó: Creo, creo que fue antes, pues la primera declaración en justicia y paz fue el 16 o el 18 de mayo de 2007 y mi captura se produjo el 14 de mayo, creo que cuando él rindió su testimonio yo ya estaba en la cárcel de Bogotá” (Declaración de sep. 15/2010, minuto 1:47:24)

(58) Preguntado: “Quiere recordar lo que se dijo en esa reunión de Mario Uribe Escobar? Contestó: “Sí señor… él indagó a Eleonora Pineda que le recordara qué pactos había hecho Eleonora con él y cuál la fecha de la reunión que habían tenido ellos tres. Quiero explicar que fue en ese momento, solo en ese momento, cuando me enteré que había habido una reunión entre Eleonora Pineda, el senador Mario Uribe y Salvatore Mancuso” (resaltado de la declaración de sep. 15/2010, minuto 1:48:58).

(59) Acerca de ese tipo de inferencias, la Corte ha señalado lo siguiente: “Si desde Kant, tratándose de decisiones judiciales, ‘en materia de razonamiento práctico, parecería inadmisible atribuir verdad o corrección a los juicios valorativos’, con mayor veras será inaceptable que sea el testigo quien supla esos juicios que le corresponde asumir al juez o que la sana crítica como método de apreciación racional de las pruebas se confíe a la ciencia del testigo y no al administrador de justicia.

(60) Cfr., Declaración del 15 de septiembre de 2010.

(61) La Sala observa, solo como ilustración de la complejidad de la temática, que tampoco existe un criterio único sobre la admisión de la prueba ilícita. Así por ejemplo, Marcelo Sebastián Bidón, sostiene lo siguiente: “Señala Pellegrini Grinover que la teoría dominante de la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas por violación a derechos o garantías constitucionales, viene no obstante atenuada por otra tendencia que apunta a corregir las posibles distorsiones que podría conllevar la rigidez de la exclusión en casos de gravedad notable y excepcional. Se trata del denominado verhaltnismassigkeitzprincip o criterio de proporcionalidad, en cuyo caso los tribunales de Alemania, siempre con carácter excepcional y en casos extremadamente graves, admiten la prueba ilícita, buscándose un principio de equilibrio enfrentando valores fundamentales enfrentados o contrapuestos”. Cfr., Derecho probatorio, parte general. Marcelo Sebastián Midón, pág. 258 y ss.

(62) Muchas veces se piensa que la única explicación posible es la que relaciona una causa con el efecto de manera necesaria, casi a la manera de las ciencias exactas, con el argumento de que solo lo exacto es científico, según el pensamiento heredado de la tradición Aristotélica. Sin embargo, tratándose de relaciones de imputación, muy propias de las ciencias normativas, lo importante es la relación de imputación y no de causalidad.

(63) El proceso penal es fundamentalmente un proceso de aproximación racional a la verdad, pero no a una verdad objetiva, pues si así fuera, como lo enseña Ferrajoli, “… si se pensara que el juicio penal debe alcanzar la verdad “objetiva” y si se tomase al pie de la letra el principio de in dubio pro reo, los márgenes irreductibles que caracterizan a la verdad procesal deberían comportar la ilegitimidad de cualquier condena…”.

(64) En el 2002, en Montelíbano, Mario Uribe Escobar, obtuvo 4.087 votos, mientras que doctor Juan Manuel López Cabrales logró 3.023. En el 2006, en el mismo municipio, por Juan Manuel López votaron 4.016 personas y por Mario Uribe 13.

(65) “El derecho intenta aprisionar el tiempo, insertándolo dentro de un orden formal que establece los criterios de las periodicidades. Niega al tiempo su patrón de los ritmos y de las medidas y trata de obligarlo a regirse por las rutinas y secuencias del orden jurídico”. Cfr., Post modernidad y Derecho. De Trazegnies Granda. Ob. cit.