Sentencia 27941 de abril 21 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 27941

Acta 25

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veintiuno de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables.

Frente al presente caso cabe señalar, que el fallo impugnado debe revocarse para en su lugar denegar el amparo deprecado por el ciudadano José Hilbeldargo Castillo Beltrán, pues en últimas lo que pretende el accionante al hacer uso de esta acción, es que se imparta a la accionada, una orden tendiente a que se le obligue a proceder al pago de la indemnización que reclama en su condición de victima de la violencia, ello no es de la órbita de acción del juez de tutela, por cuanto imponer una orden de tal índole, sería desconocer el principio de la legalidad del gasto público, pues, de todas maneras, la financiación que ello implica se obtiene con recursos de naturaleza pública, que deben ser destinados por las autoridades que tengan la competencia legal para ello, asunto que desborda en todo caso, la órbita de acción del juez de tutela.

Además, en cuanto a la afirmación del tutelante “la Ley 975 de 2005 dispone un proceso para que se indemnicen los perjuicios cuando los afectados están interesados en identificar a los autores, que no estoy obligado a participar en esto según el Artículo 45 de esta normatividad y el artículo 11 del Decreto 4760 de 2005(...)”, observa la Sala que el antecitado artículo 45 establece que se puede obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito, en relación con los hechos que sean de su conocimiento, sin embargo, en la documentación que reposa en el expediente, no aparece que se hubiese hecho uso de este medio de defensa judicial.

Igualmente, en lo concerniente al artículo 11 del Decreto 4760 de 2005, encuentra esta Sala que su numeral 7º contempla “las víctimas tendrán derecho a la reparación de los daños sufridos por las conductas punibles. Para tal efecto podrán participar en el incidente de reparación integral de que trata el artículo 23 de la misma, el cual se surtirá a petición de la víctima sea directamente o por conducto de la Procuraduría judicial, o a solicitud del Fiscal del caso y en él tendrán derecho a presentar sus pretensiones (...)”, trámite que debe adelantarse ante la autoridad judicial competente, que según el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, es el Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Precisa la Sala, que no resulta acorde con la naturaleza de esta acción constitucional, residual y subsidiaria en todo caso, declarar en cabeza de los ciudadanos derechos que sólo se logran con pronunciamientos emitidos por la autoridad administrativa o judicial competente.

Tales pronunciamientos deben perseguirse por el interesado, haciendo uso de las herramientas judiciales que el legislador ha diseñado como las idóneas para tales fines.

En ese orden de ideas, al tenor de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta improcedente acudir a la acción de tutela cuando el interesado cuenta con la posibilidad de acudir a otros mecanismos de defensa judicial.

Así lo ha señalado esta corporación en innumerables fallos en los que se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Conforme a los parámetros previstos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos casos en que los afectados dispongan de otro medio de defensa judicial, excepto cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable...”.

“Por ello, se ha estimado que no es viable su ejercicio cuando pretermitan las acciones judiciales ordinarias o especiales que las leyes han consagrado como los mecanismos más idóneos para que las personas puedan lograr el reconocimiento de sus derechos cuando consideren que los mismos han sido vulnerados, pues es de su naturaleza el carácter subsidiario o supletorio” (rad. 1093 de sept. 7/94).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas.

2.NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.

3. Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».