Sentencia de casación de junio 28 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CONTRATO DE SEGURO

FALTA DE OBJECIÓN EXTRAJUDICIAL A LA RECLAMACIÓN

EXTRACTOS: «1. Establece el artículo 1077 del C. de Co., que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, cuando fuere el caso, y establece el artículo 1080 ibídem que el asegurador está obligado a efectuar el pago del siniestro dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador. A su vez el artículo 1053 ibídem, Nº 3, dispone que a partir del vencimiento de dicho plazo, y si no se objeta la reclamación, la póliza presta mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, sin perjuicio de las previsiones especiales de los numerales 1 y 2 para los seguros dotales y respecto de los valores de cesión o rescate en los seguros de vida.

2. Fundamento común de las disposiciones legales anteriores es la ocurrencia del siniestro amparado, cuya prueba corresponde al asegurado, y sin el cual no surge la obligación del asegurador. Si el siniestro no tiene ocurrencia, ningún derecho puede reclamar el asegurado o beneficiario, que sea reconocible por la vía del proceso ejecutivo o por la ordinaria.

3. Si el beneficiario reclama pago ante el asegurador, con base en un riesgo no amparado, ya sea porque el siniestro ocurrido es totalmente ajeno al contratado ora porque la especie reclamada está excluida contractualmente del género constitutivo del siniestro, ningún derecho puede surgir para el primero de la simple circunstancia de que su reclamación no sea objetada por el segundo en el plazo legal, porque esa omisión no es en el derecho colombiano fuente de obligaciones. Por lo mismo el juzgador, frente a la inexistencia de contrato que recaiga sobre el riesgo específico en que se apoye la demanda, ninguna obligación puede deducir a cargo de la compañía aseguradora, ni siquiera pretextando que ésta se abstuvo de objetar extrajudicialmente la reclamación. No tiene aquí otro camino el fallador que admitir la defensa correspondiente, pues la ausencia de objeción no es óbice para reconocer los hechos exceptivos relacionados con la obligación demandada, o sea, aquellos que tiendan a establecer que el derecho del asegurado no existe por no haber nacido a la vida jurídica o por haberse extinguido una vez nacido o por haber sufrido modificaciones, o por inexigibilidad actual del mismo. Así, por ejemplo, un seguro que ya fue totalmente pagado no revive por la sola circunstancia de que frente a una segunda reclamación el asegurador por negligencia u olvido guarde silencio dentro del plazo legal. Ese silencio no da lugar al nacimiento de obligaciones. En realidad, la objeción oportuna y seria al reclamo impide considerar la obligación del asegurador como ejecutable, al tenor del artículo 1053 Nº 3 del Código de Comercio, por estimarse el derecho del beneficiario como discutido y, al contrario, la falta de objeción permite la ejecución de la obligación, por aparecer el derecho del beneficiario en principio como indiscutido, lo cual sin embargo no lo coloca en la categoría de indiscutible. Ningún derecho puesto a consideración de los jueces puede estimarse incontrovertible por la vía de las excepciones, salvo, como se había mencionado, limitación expresa y clara de la ley.

Así, pues, el silencio del asegurador no modifica los términos del contrato, por lo cual si un riesgo en general o una especie dentro del riesgo general, no fue amparado por la póliza, mal puede prosperar la demanda del presunto beneficiario y así puede y debe declararlo el juez por vía exceptiva.

4. Afirma el tratadista J. Efrén Ossa, en relación con el tema de la ausencia de objeciones por el asegurador que:

“Se ha sostenido que sólo está habilitado para proponer las mismas excepciones que hubiera invocado como sustento de la objeción, si la hubo. De donde habría que deducir que, en defecto de objeción, no podría proponer ninguna. O cuando más, en una u otra hipótesis las que impliquen extinción de la obligación (C. C., libro 4, título 14). Nada más contrario a la ley, que tiene consagrada la procedencia exclusiva de esa clase de excepciones solamente “cuando el título ejecutivo consista en una sentencia de condena o en otra providencia que conlleve ejecución” (id. art. 509, inc. 2º). Pues bien: la póliza de seguro, ni aun la llamada a prestar mérito ejecutivo “por sí sola”, puede asimilarse, en ningún caso, a esta clase de documentos. Y el asegurador puede, por tanto, como dice textualmente la ley, oponer “todas las excepciones que tuviere” y no sólo las de “pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción” (id.). Otra interpretación esconde violencia al texto de la ley y es, por tanto, inadmisible.

Puede, pues, probar el asegurador los hechos conducentes a demostrar que el seguro es nulo, o que había terminado o expirado con antelación al siniestro, o que había sido revocado o que no encaja dentro de los límites positivos o negativos del riesgo asegurado...”. (Teoría General del Seguro, pág. 282).

5. En las condiciones dichas no se configuran los yerros de hecho que se le atribuyen al Tribunal, en el sentido de que no se hubiera percatado de la existencia de las pruebas demostrativas del debido reclamo por parte de los beneficiarios de la póliza y de la ausencia de objeción al mismo, en el plazo legal, por parte de la compañía aseguradora. No se desprenden esos yerros de la simple circunstancia de que el Tribunal no hiciera referencia expresa a tales eventos, pero aún suponiéndolo así, los errores serían intrascendentes, pues como se dijo, el silencio de la aseguradora en el plazo legal para objetar no impedía al Tribunal entrar al estudio de la causal de exclusión y declararla si la estimaba probada».

(Sentencia de casación, junio 28 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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