Sentencia de noviembre 28 de 1990

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CONDENA EN COSTAS

PRINCIPIOS QUE LA RIGEN

EXTRACTOS: «La atención de un proceso civil, ya como demandante para obtener el reconocimiento de su derecho, ora como demandado para defenderse, ordinariamente implica gastos para las partes, tales como honorarios de abogados y auxiliares de la justicia, publicaciones, copias, notificaciones personales, etc. Ante esta realidad, tiempo ha que se suscitó el problema de saber a cuál de ellas corresponde, en definitiva, el pago de las costas judiciales, entendidas éstas como los gastos útiles y razonables hechos por los litigantes para el logro de sus particulares propósitos.

Según la doctrina de los procesalistas, dos son las soluciones que se han dado para resolver el planteamiento: la que considera que cada litigante debe correr con sus gastos, y la que estima que tales erogaciones deben hacerse por la parte vencida. Esta última ha sido la acogida por la generalidad de las legislaciones contemporáneas, pero en una de dos vertientes:

La tesis o teoría subjetiva, también llamada de la temeridad, según la cual debe condenarse en:

— Costas a la parte vencida que hubiera procedido con temeridad o con mala fe, o sea, cuando aparece manifiestamente infundada la pretensión o la defensa, esto es, cuando, a sabiendas de que carecía del derecho, el demandado sin embargo promovió el proceso, o cuando a sabiendas de que no tenía la razón, el demandado se opuso a la pretensión de aquél.

La teoría o tesis objetiva, conocida igualmente como “del simple vencimiento”, cuyos propugnadores sostienen que debe condenarse a la parte vencida, por el solo hecho del vencimiento, sin tener en cuenta la conducta de las partes.

Siguiendo la tendencia que campea en la generalidad de las legislaciones, la procesal colombiana, en punto de condena en costas a las partes, se acogió a esta última vertiente según consta en el artículo 392 del C. de P. C. Por otro lado, para establecer la responsabilidad patrimonial de las partes y de sus apoderados por razón de las actuaciones realizadas en el proceso, se atuvo a la subjetiva o de la temeridad, tal como se deduce de los artículos 72, 73 y 74, ibídem.

Ahora bien, el precitado artículo 392 establece en su numeral 1º que “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”, norma ésta que, como su propio tenor literal lo indica, resulta ser de una palpable generalidad. Tanto, que de ella sólo se pueden sustraer las excepciones que de modo expreso prevé el propio ordenamiento.

Incluso, cabría añadir que es tal el alcance de la regla legal que el artículo 393, numeral 2º, in fine, advierte que hay lugar a la fijación de agencias en derecho “aunque se litigue sin apoderado”, caso en que supuestamente no se causan erogaciones por honorarios de abogado.

En frente del anterior precepto, encuentra la Sala que la decisión del a quo, por lo que hace a la condena en costas impuesta a la demandada fue atinada, puesto que, el mero hecho de allanarse a la causa petendi y a las pretensiones de la demanda, no alcanza a justificar absolución en costas para el demandado. Cuando más, podrá influir en la fijación de agencias en derecho, al sopesarse por el juez o magistrado “la naturaleza calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales...”, a que se refiere el numeral 3º del artículo 393, ejusdem».

(Sentencia de noviembre 28 de 1990, proceso de separación de cuerpos. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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