Sentencia 25000-23-26-000-2000-01230-01 (28.007) de marzo 2 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 25000-23-26-000-2000-01230-01 (28.007)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: María Agripina Velandia Martín y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil seis.

Decide la Sala sobre la conciliación judicial celebrada entre las partes el 1º de diciembre de 2005, ante esta corporación.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado (1) , sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

La Ley 446 de 1998 se limitó a señalar la oportunidad y los efectos de la conciliación administrativa cuando esta es promovida en segunda instancia (104 y 105); sin embargo, el juez para aprobar el acuerdo, debe revisar todos los aspectos que son comunes a la conciliación, sea esta prejudicial o judicial, y en este orden de ideas, llevada a cabo una conciliación ante el juez del proceso debe este verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (artículo 61 Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 81 Ley 446 de 1998).

La demanda fue presentada el 21 de junio de 2000, los hechos que la originaron ocurrieron el 20 de noviembre de 1998. Lo anterior significa que fue presentada en tiempo, pues tenía hasta el 21 de noviembre de 2000 para demandar, dado que de conformidad con el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contado a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (L. 23/91, art. 59 y L. 446/98, art. 70).

En el sub judice, se conoce de un conflicto de carácter particular y contenido económico cuya competencia es de esta jurisdicción a través de la acción de reparación directa (CCA, art. 86). En efecto, se reclama por parte de los demandantes, la indemnización de perjuicios a que creen tener derecho por acciones y omisiones que estos endilgan a la administración. Los derechos discutidos son meramente económicos y en consecuencia disponibles por las partes.

3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.

Los accionantes comparecieron al proceso a través de apoderado judicial, en virtud del poder conferido por cada uno de ellos, quienes expresamente lo facultaron para conciliar (fls. 1 a 5, c. 1).

La demandada por su parte compareció al proceso a través de apoderado judicial, en virtud del poder que expresamente lo faculta para conciliar (fls. 74, 78 del c. ppal.).

4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (L. 23/91, art. 65A y L. 446/98, art. 73).

Con el propósito de establecer si la conciliación lograda por las partes en la audiencia de 1º de diciembre de 2005 cumple con estos presupuestos, la Sala examinará las pruebas allegadas al expediente y los razonamientos del juez de primera instancia al decidir la responsabilidad de la administración.

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, los demandantes relacionados en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia la acreditaron al demostrar con el registro civil y la partida de matrimonio aportados al proceso, que son hijo y esposa del señor Antonio María Cortés, lo cual permite inferir, en aplicación de las reglas de la experiencia el dolor que la muerte de una persona produce a sus familiares más cercanos. La legitimación se encuentra acreditada en el expediente así:

— La señora María Agripina Velandia, quien demandó en calidad de esposa de la víctima, lo cual fue debidamente acreditado mediante la partida de matrimonio de Antonio María Cortés y María Agripina Velandia (fl . 6, c. 2).

— El señor Mario Antonio Cortés Velandia, demandó en calidad de hijo de la víctima, lo cual fue debidamente acreditado mediante su registro de nacimiento (fl. 11, c. 2).

Está demostrado en el proceso que el señor Antonio María Cortés falleció el 21 de noviembre de 1998 de acuerdo con el registro de defunción (fl. 1, c. 2), y que dicho fallecimiento se produjo como consecuencia de los disparos efectuados por un agente de policía, cuando se encontraba el señor Cortés en su casa en una disputa familiar. Afirmaciones que tienen su fundamento probatorio en las copias obrantes en el expediente, entre las cuales se encuentra la de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en contra del señor Eduardo Mazuera Bonilla (fl. 222 a 254, c. de pruebas), la de la inspección judicial al lugar de los hechos (fls. 379 a 390, c. de pruebas), la del informe de criminalística (fl. 539 a 545, c. de pruebas) y la del informe de balística (fls.113 a 121, c. de pruebas).

De igual forma está acreditado que este daño es imputable a la demandada, pues el señor Antonio María Cortés, murió como consecuencia de un disparo causado por un policía en ejercicio activo y quien utilizó un arma de dotación oficial, es decir que la demandada se excedió en su actuación, dado que la protección a los ciudadanos, como una de las funciones principales de los agentes de la policía no implica que puedan actuar de manera desproporcionada.

La Sala advierte que en la audiencia se contó con la asistencia e intervención del Ministerio Público, la cual es obligatoria, entratándose de la conciliación judicial (L. 446/98, art. 72, par. 2º).

El señor procurador delegado ante esta corporación manifestó, no tener ninguna objeción en relación con el acuerdo logrado.

En consecuencia, con el acuerdo logrado no se lesionan los intereses de la entidad demandada, pues existe prueba suficiente para llegar a las conclusiones que dedujo el a quo; que el acuerdo a que llegaron las partes guarda armonía con las directrices jurisprudenciales de la Sala sobre indemnización de perjuicios, es congruente con lo pedido en la demanda; y se realizó según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001.

Conforme al artículo 66 de la Ley 446 de 1998, el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Aprobar el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes en audiencia celebrada el 1º de diciembre de 2005, el cual hace tránsito a cosa juzgada.

2. Declarar terminado el presente proceso.

3. Ejecutoriado este auto, dese cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia del acta de conciliación y de esta decisión, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».

(1) Establece el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 640 de 2001 que “en materia de lo contencioso administrativo el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la solicitud deberá hacerse por medio de abogado titulado quien deberá concurrir, en todo caso, a las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación”.

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