Sentencia 2806 de febrero 1º de 1989

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

Radicación 2806

Acta 2

Magistrado Ponente:

Dr. Jacobo Pérez Escobar

Bogotá, D.E., primero de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO contra la sentencia proferida el 30 de junio de 1988 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

I. Antecedentes

Por medio de la sentencia aquí acusada, el Tribunal resolvió la apelación de JOSÉ BELMORE LOZANO QUIROGA contra el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Trece Laboral de este Circuito el 25 de abril de este mismo año, y fue así como revocó la decisión de su inferior y condenó a quien recurre en casación a reintegrar al actor al cargo de Secretario de la Agencia de Lérida, Tolima, que ocupaba al ser despedido, y a pagarle “los salarios dejados de percibir en la cuantía mensual de $ 24.244.61, más los incrementos legales y convencionales, desde la fecha del despido —29 de octubre de 1981— y hasta cuando sea efectivamente reintegrado”; al mismo tiempo que autorizó a la demandada para descontar del monto de la condena por salario “el valor de lo cancelado al accionante JOSÉ BALMORE LOZANO QUIROGA, por liquidación final de prestaciones sociales (fl. 41)”, según lo textualmente dispuesto por el sentenciador (fl. 163). El ad quem declaró no probadas las excepciones propuestas y le impuso a la parte vencida las costas de la primera instancia, absteniéndose de fijarlas por la alzada.

El pleito que concluyó en la forma atrás dicha, lo promovió Lozano Quiroga en procura de lo que obtuvo precisamente o, para que en subsidio, le fuera concedida la indemnización establecida en el artículo 43 de la Convención Colectiva de 1980-1982, la certificación sobre examen médico de que trata el artículo 72, numeral 7º del Reglamento Interno de Trabajo, la pensión de jubilación proporcional, la indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones y las costas; pretensiones tanto principales como subsidiarias que fundó en el hecho de haberle prestado servicios a la enjuiciada desde el 12 de abril de 1966 hasta el 28 de octubre de 1981, cuando violando el procedimiento establecido se le canceló su contrato en forma injustificada; “pues la determinación se tomó por fuera de los términos convencionales”, según lo aseveró.

La Caja Agraria aceptó que el actor tuvo como último empleo el de Secretario de la Agencia de Lérida, en el Tolima, que por razón de la composición de su capital social tuvo el carácter de trabajador oficial y que le trabajó hasta el 28 de octubre de 1981; pero negó que la fecha de ingreso correspondiera a la indicada en la demanda. Los demás hechos afirmados los negó o dijo que se atendría a lo que se probara. Se opuso a las pretensiones y fundó su defensa en que el contrato de trabajo del demandante lo terminó por justa causa que oportunamente invocó, llenando además “las formalidades legales y convencionales vigentes a la fecha de la terminación”. Al contestar la demandada propuso las excepciones de cobro de lo no debido y prescripción, la que reiteró en la primera audiencia de trámite, oportunidad en la cual también alegó las de inexistencia de la obligación, inexistencia de causa y cobro de lo no debido.

II. El recurso de casación

Interpuesto, concedido y admitido, la Sala lo preparó en debida forma, hallándose por ello para resolver, a lo que se procederá, previo estudio de los dos cargos que con fundamento en la primera causal de casación laboral formula la recurrente en su demanda sustentatoria (fls. 5 a 24) y de lo replicado en el correspondiente escrito de oposición (fls. 29 a 31).

Conforme lo expresa al fijarle el alcance a su recurso extraordinario, la impugnante pretende que sea casada la sentencia acusada y que, en instancia, se confirme lo resuelto por el a quo, con la provisión de costas de rigor o, en subsidio, y para el caso de que no sean casadas las condenas por reintegro y salario, que la Corte case la sentencia en cuanto al valor mensual de tales salarios dejados de percibir y los determine apenas en la suma de $ 16.901 mensuales.

Los cargos se estudian en su orden.

Primer cargo

Dice así:

“La sentencia impugnada viola por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 1º y 11 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 19, 28 —ordinales 1º, 2º, 5º y 10, 29 —ordinal 3º—, 37, 40, 43, 47 literal g) y 48 —ordinales 2º, 3º, 5º y 8º— del Decreto 2127 de 1945; los artículos 3º, 4º, 414, 467, 468 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965 (adoptado como legislación permanente por la L. 48/68, art. 3º) y el artículo 12 del Decreto 1373 de 1976.

“A estas infracciones fue inducido el sentenciador por la errónea apreciación de la convención colectiva de trabajo suscrita el 12 de junio de 1980 (fls. 77 a 113), de la carta de terminación del contrato (fls. 7 y 8), de la liquidación de prestaciones sociales (fl. 41) y de los documentos visibles a folios 47 a 76 del cuaderno principal; y por la falta de apreciación de la diligencia de interrogatorio de parte absuelto por el demandante (fls. 35 y 36).

“La apreciación errónea y la falta de apreciación de las pruebas acabadas de relacionar llevaron al sentenciador a incurrir en los siguientes evidentes errores de hecho:

“1. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero estuviese obligada a NOTIFICAR al sindicato, en los casos de cancelación del contrato de trabajo por justa causa, la determinación tomada a partir del día siguiente al recibo de la vocería.

“2. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el parágrafo 2º del artículo 54 de la convención colectiva suscrita el 12 de junio de 1980, en cuanto al termino de notificación de 15 días se refiere a los casos de cancelación del contrato de trabajo por justa causa.

“3. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la falta de notificación al sindicato de la determinación tomada por la entidad, en los casos de la terminación del contrato por justas causas conlleva la ilegalidad del despido.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que los hechos invocados en la carta de terminación del contrato, y confesados por el demandante, están previstos en la ley como justas causas para la cancelación del mencionado contrato.

“5. No haber dado por demostrado, estándolo, que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, procedió de conformidad con las disposiciones legales y convencionales vigentes al cancelar el contrato de trabajo con el señor José Balmore Lozano Quiroga.

“6. No dar por demostrado, estándolo, que existían incompatibilidades que hacían desaconsejable el reintegro del actor a la entidad demandada.

“DEMOSTRACIÓN:

“Dice la sentencia acusada:

“a) REINTEGRO.

“Que la finalización del contrato de trabajo ficto existente entre las partes en el caso sub judice, se debió a decisión unilateral de la patronal, es cuestión que se halla acreditada con la fotocopia auténtica de la carta de despido visible de folios 7 y 8 del informativo.

“De otro lado, precisa observar que el reintegro invocado por el accionante, se halla consagrado en el artículo 42 —literal d)— de la Convención Colectiva obrante en folios 77 a 113, en fotocopia autenticada y con constancia de depósito oportuno y aplicable al actor en virtud de lo preceptuado por el artículo 1º de la misma.

“En el hecho cuarto de la demanda se argumenta que la demandada no cumplió el procedimiento convencional, previamente a la decisión de desvincular al extrabajador, establecido en el artículo 55 numeral 2º, ordinales C y D de la citada Convención Colectiva de Trabajo.

“El artículo 54 del Acuerdo Colectivo en referencia, aportado a los autos en legal forma, estatuye en el ordinal segundo el procedimiento para la cancelación del contrato de trabajo con justa causa, señalando en el literal d), que “... La Caja, dentro del término de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente al del recibo de la vocería, decidirá y comunicará tanto al Sindicato como al trabajador, lo resuelto sobre el particular”. Y el parágrafo 2º del mencionado artículo establece que, “... si la Ca(sic)

(sic) igualmente a la accionada al pago de los salarios en cuantía mensual de $ 24.244.61, más los incrementos legales y convencionales, desde la fecha del despido, esto es, 29 de octubre de 1981, y hasta cuando sea efectivamente reintegrado.

“Asimismo, se ha de autorizar a la demandada para descontar del monto de la condena impuesta por salarios, el valor de lo cancelado al actor por concepto de liquidación final de prestaciones sociales (fl. 41)”.

“En cuanto a los errores señalados como primero, segundo y tercero, se tiene lo siguiente:

“Es necesario, para la demostración de estos errores, reproducir el texto del artículo 54 de la convención colectiva suscrita el 12 de junio de 1980, entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y su sindicato de base, que obra a folios 77 a 113 del primer cuaderno del expediente.

“ART. 54.—Aplicación Reglamento Interno de Trabajo.

“Procedimiento para aplicar las sanciones disciplinarias.

“a) El trabajador dispondrá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de los cargos para presentar los descargos y nombrar por sí mismo o por intermedio del sindicato, hasta dos voceros de la Regional, Directiva Sindical del sindicato a que pertenezca o del Comité Ejecutivo Nacional.

*b) La Caja entregará al sindicato el expediente completo de la formulación de cargos dentro de un término máximo de noventa (90) días calendario, contador a partir del día siguiente en que el trabajador presente sus descargos, o del día siguiente del vencimiento de los diez (10) días que se le dan para hacerlo, en caso de que no los presentare.

“c) A partir del día siguiente de la entrega del expediente al sindicato los voceros contarán con veinte (20) días hábiles para rendir su concepto escrito sobre el caso, ante el superior que formula los cargos.

“d) La Caja, en el término de los veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la vocería, decidirá, por intermedio del inmediato superior del funcionario que formuló los cargos y comunicará tanto al sindicato como al trabajador, el resultado sobre los cargos que se le formularon.

“Segundo. Procedimiento para la cancelación del contrato de trabajo por justa causa, sin previo aviso y con previo aviso.

“a) El trabajador dispondrá de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de los cargos, para presentar sus descargos y nombrar por sí mismo o por intermedio del sindicato dos voceros que lo representen ante el Departamento de Relaciones Humanas.

“b) La Caja entregará al sindicato el expediente completo de la formulación de cargos dentro de un término máximo de noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador presentó sus descargos o del día siguiente al del vencimiento del término dado en el literal anterior, en caso de que no los presentare.

“c) A partir del día siguiente de la fecha de entrega del expediente al sindicato, los voceros contarán con veinte (20) días hábiles para rendir por escrito su concepto ante el Departamento de Relaciones Humanas.

“d) La Caja dentro del término de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente del recibo de la vocería, decidirá y comunicará tanto al sindicato como al trabajador, lo resuelto sobre el particular.

“PAR. 1º—En caso de que el sindicato a través de sus voceros no rinda la vocería, transcurrido el término fijado para ello, la Caja continuará el trámite sin este requisito.

“El término para adoptar la decisión será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha en que terminó el plazo para el rendimiento de la vocería.

“PAR. 2º—Si la Caja no entrega el expediente al sindicato dentro del término de los noventa (90) días calendario que se le señalan en los literales b) de los numerales 1º y 2º de este artículo, o si no toma determinación alguna, o si tomándola no la notifica dentro del término de quince (15) días hábiles, una vez rendida la vocería o transcurrido el plazo para hacerlo, no podrá imponer sanción alguna al trabajador; el expediente se archivará haciendo tránsito a cosa juzgada.

“PAR. 3º—Los procedimientos establecidos en este artículo y sus parágrafos entrarán a regir a partir del día 1º de junio de 1976, tanto para todos los casos pendientes como para los nuevos que se presenten mientras tanto sigue vigente lo pactado en la convención colectiva de 1974.

“PAR. 4º—Cuando se separe a un trabajador sin previa formulación de cargos, la Caja podrá mantenerlo separado de su cargo hasta por un término de 45 días calendario. Transcurrido este término sin que haya habido formulación de cargos el trabajador regresará a ejercer sus funciones no pudiendo ser nuevamente separado de su cargo por los mismos motivos sino mediante la correspondiente formulación de cargos.

“PAR. 5º—Cuando en el presente artículo se hayan fijado términos dentro de los cuales la Caja deba tomar una determinación con respecto al trabajador, se entenderá que ellos pueden ser suspendidos cuando sea necesario esperar una decisión que competa a una autoridad distinta a la Entidad, produciéndose su restablecimiento cuando esa decisión esté en firma y sea conocida por la Caja”.

“Lo primero que se observa en el artículo transcrito es el hecho de contemplar las normas convencionales, procedimientos diferentes tanto para aplicar las sanciones disciplinarias, como para la cancelación del contrato por justa causa.

“El H. Tribunal, en la sentencia que se acusa, al apreciar equivocadamente el texto del artículo 54, confunde las consecuencias de la pretermisión de formalidades, específicamente la falta de demostración por parte de la Caja de la circunstancia de haber notificado al sindicato la determinación de cancelar el contrato del señor José Balmore Lozano, y lo conduce a la equivocada conclusión que la falta de notificación al sindicato de esa determinación conlleva la ilegalidad del despido.

“En parte alguna del texto del artículo 54 se encuentra que la Caja esté obligada a NOTIFICAR al sindicato, la decisión que tome después del recibo de la vocería. El literal d) del ordinal segundo del artículo 54 expresa que “la Caja, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente al del recibo de la vocería, decidirá y comunicará tanto al sindicato como al trabajador, lo resuelto sobre el particular. Comunicará no notificará (el resaltado es del recurrente).

“Y el parágrafo 2º del mismo artículo 54, reproducido parcialmente por la sentencia acusada, dice que “si la Caja no entrega el expediente al Sindicato dentro del término de los noventa (90) días calendario que se le señalan en los literales b) de los numerales primero y segundo de este artículo, o si no toma determinación alguna, o si tomándola no la notifica dentro del término de quince (15) días hábiles, una vez rendida la vocería o transcurrido el plazo para hacerlo no podrá imponer sanción alguna al trabajador; el expediente se archivará, haciendo tránsito a cosa juzgada (el resaltado es del recurrente).

“Se ve, entonces, que la falta de notificación al sindicato, si se llegare a la conclusión que debe ser notificado y no simplemente comunicado, impide la imposición de sanciones pero en ninguna parte se dice que conlleve a la ilegalidad del despido, que como ya se había expresado, son dos situaciones claramente diferenciadas por el artículo 54 de la convención.

“Demostrada como está la evidencia de los errores distinguidos en la formulación del cargo como primero, segundo y tercero, es procedente analizar si los hechos invocados por la Caja se encuentran demostrados en el proceso (errores cuarto y quinto).

“A folio 7 y 8 del expediente figura la carta de terminación del contrato de trabajo existente con el demandante.

“En la mencionada comunicación se le invocan al trabajador los siguientes hechos, para terminar el contrato de trabajo con justa causa:

“Me permito comunicarle que la Institución ha resuelto dar por terminado su contrato de trabajo con justa causa y sin previo aviso a partir del 29 de octubre de 1981, por los siguientes hechos:

“Por haber realizado el 11 de marzo/81 el retiro Serie X Nº 437218 por $ 2.000 en forma irregular por cuanto llevó el formulario de retiro hasta la residencia del cliente para hacerlo firmar y después se lo hizo pagar sin la presencia del Titular de la Cuenta y sin la presentación de la Libreta de Ahorros, en igual forma tramitó el retiro Serie A Nº 1096524 el 14 de mayo/81 pero como la Cajera se abstuvo de pagárselo, se llevó el formulario de retiro y sólo lo volvió a traer a la Oficina el día 18 de mayo/81 con el escrito de anulado, sin embargo lo hizo figurar, en el comprobante P-109 y fue descargado del registro de la papelería de control del día 15 de mayo de los corrientes, a pesar de no encontrarse adjunto a los demás retiros y consignaciones, desconociendo con su actuación los artículos 2. 75, 3. 55 y 3. 61 del Reglamento de Ahorros y además ubica su conducta dentro de la reincidencia según al artículo 79, numeral 8º. literal p_ por cometer faltas que anteriormente fueron objeto de una formulación de cargos que concluyó con una suspensión del Contrato de Trabajo por treinta días consecutivos, como fue la deficiencia en el control y revisión a las facturas de venta del Almacén Agrícola infringiendo el artículo 7. 4 del Reglamento de Provisión Agrícola permitiendo con su conducta que el Vendedor actuar (sic) en contra de los intereses de la Entidad.

“Con la anterior conducta incurrió en las causales de Terminación del Contrato de Trabajo contempladas en el Artículo 69 Numerales 4º y 5º; artículo 73, numerales 1º y 5º en concordancia con el Numeral 8º del artículo 79 del Reglamento Interno de Trabajo.

“Constituyendo justa causa para dar por terminado su Contrato de Trabajo con fundamento en la Formulación de Cargos hecha mediante Confidencial 018 de junio 20/81 suscrita por el Director de Lérida (Tolima).

“(...).

“De lo expresado en los documentos que obran a folios 47 a 76 (formulación de cargos de fecha junio 20 de 1981, respuestas y aclaraciones de fecha 11 de julio de 1981 suscritas por José Balmore Lozano, conceptos sobre los descargos preentados (sic) por el demandante suscritos por el Director en comisión de la Sección de Relaciones Laborales del Departamento de Relaciones Humanas de la entidad demandada, Vocería presentada por el Sindicato el 6 de octubre de 1981 y Análisis Jurídico correspondiente a la formulación de cargos adelantada contra José Balmore Lozano) y de lo confesado por el demandante en el interrogatorio de parte que le fuera formulado por el apoderado de la Caja (fls. 35 y 36), no solo se demuestra el haber incurrido el actor en las circunstancias constitutivas de las causas invocadas para dar por terminado el contrato de trabajo, sino el cumplimiento por parte de la entidad del trámite correspondiente.

“Es así como se establece, por confesión, que el demandante efectuó el Retiro Serie 15 Nº 437218 para llevarlo a la residencia del cliente para su firma, que posteriormente hizo el pago del mencionado recibo sin la presencia del titular de la cuenta y sin la presentación de la libreta de ahorros.

“Se demuestra, igualmente, por su propia confesión, que el demandante tramitó el retiro Serie A Nº 1096524 el 14 de mayo de 1981 por $ 10.000 y que lo hizo figurar en el comprobante P 109, descargándolo del registro de la papelería de control del día 15 de mayo de 1981, a pesar de no encontrarse adjunto a los demás retiros y consignaciones.

“Es indudable, entonces, que la Caja procedió de conformidad con las disposiciones legales y convencionales vigentes al cancelar el contrato de trabajo existente con el actor, y que los hechos invocados en la carta de terminación del contrato están previstos en la ley como causas justificadas para la cancelación del contrato de trabajo, demostrándose así la comisión por parte del sentenciador de los errores cuarto y quinto, enunciados en el cargo.

“Ahora bien, si la H. Sala, en gracia de discusión, determinara en las consideraciones de instancia, que los motivos alegados por la entidad no configurasen las causas de despido, encontrará en todo caso que la conducta del demandante hace desaconsejable el reintegro al cargo que venía desempeñando” pues está demostrado que evidentemente incurrió en los hechos que dieron lugar a la formulación de cargos, y posteriormente a la terminación del contrato (independientemente de considerarse o no como justas causas de terminación del mismo).

“En este último evento, procedería el pago de la indemnización por despido bien fuere la legal o la convencional (si se acepta que el demandante se encontraba amparado por la convencional colectiva), pero, se repite, no el reintegro.

“Finalmente, debe considerarse, también en gracia de discusión, que la eventual condena de la Caja, por concepto de indemnización por des pido que pudiese imponer la H. Corte en sede de instancia, no genera ría ninguna sanción moratoria, pues la entidad procedió siempre de buena fe, tanto en el procedimiento previo al despido como en el transcurso de las instancias, exponiendo razones valederas y lógicas en respaldo de los motivos expresados para la cancelación del contrato de trabajo celebrado con el demandante.

“Esto se demuestra con el mismo texto de la carta de despido (fls. 7 y 8), y con los documentos que contienen el procedimiento seguido por la entidad, como son los antecedentes y pruebas que dieron lugar a la formulación de cargos, la misma formulación de cargos, los des cargos presentados por el trabajador, la vocería del sindicato y el análisis y concepto de la División de Administración Laboral (fls. 47 a 76).

“Sobre este particular la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 22 de noviembre de 1984 (exp. 10.856. Hernando López Mejía contra Banco Cafetero, M.P. Dr. Fernando Uribe Restrepo), expresó lo siguiente:

“Es cierto, como lo afirma el Tribunal, que la demandada no demostró las justas causas del despido, por lo cual no resulta evidente el primer error de hecho propuesto. Resulta evidente en cambio que la accionada expuso desde un principio razones lógicas y valederas, que la llevaron a considerar de buena fe que no debía la indemnización por despido, por lo cual resultan ciertos los demás errores de hecho propuestos por el censor, lo cual es suficiente para determinar la prosperidad del cargo.

“En efecto, basta leer la extensa y detallada carta de despido para comprobar que la terminación unilateral del contrato obedeció a la firme convicción de parte de la empresa, en el sentido de que el trabajador había incurrido en faltas graves, tanto a la luz de la convención colectiva —que no demostró—, como de acuerdo con la ley. Es así como en la citada misiva se afirma con razones “la ineptitud” del actor en el desempeño de su cargo de Gerente; “una carencia absoluta de controles mínimos que deben existir por parte de un Gerente como responsable de una Oficina”; “su irresponsabilidad tratando de atribuir a otros empleados funciones que le competen al Gerente”, y “el incumplimiento sistemático de las obligaciones que usted tenía como Gerente de la Oficina” (fl. 18). De todo lo cual, concluye empresa dirigiéndose al actor que “En todo lo anteriormente expuesto se desprende claramente que usted ha incumplido flagrantemente sus obligaciones como trabajador, poniendo en grave peligro los intereses del Banco y de su clientela” (fl. 19).

“De otra parte el procedimiento seguido por la empresa para investigar y sancionar las faltas del demandante, del que dan cuenta las Actas de la Comisión de Evaluación de Faltas (fls. 87 a 95), demuestran que su conducta fue consecuente y se debió sin duda a su creencia de estar procediendo de acuerdo con la ley. Posición que además se sostuvo con claridad en la contestación a la demanda (fl. 28 a 31).

“El hecho de que la demandada no hubiera logrado demostrar en el juicio las justas causas alegadas, ni la Convención y el Reglamento en los cuales se apoyó, no contradice la anterior evidencia, en el sentido de que obró de manera sensata, razonada y consecuente, por lo cual surgen de bulto los errores de hecho imputados, a los cuales se ha hecho referencia.

“En consecuencia, prospera el cargo.

“Para proveer en instancia tiene en cuenta la Sala los hechos antes descritos, y su jurisprudencia tradicional sobre la improcedencia de la sanción moratoria cuando el patrono deudor ha actuado de buena fe”.

Se demuestran de esta manera la evidencia del último de los errores de hecho que enuncia el cargo, y como consecuencia de haber incurrido el H. Tribunal en todos ellos, la violación de las normas sustanciales relacionadas en la formulación del mismo, pues siendo justificada la terminación del contrato no procedía la condena al reintegro”.

Se considera

1. Sin necesidad de hacer un análisis prolijo de las pruebas que, según la recurrente, permiten estructurar los seis yerros fácticos manifiestos que a la sentencia enjuiciada le enrostra, puede la Sala afirmar que los tres primeros en verdad no se dan, pues, conforme lo anota el replicante, ya tuvo en el pasado ocasión de examinar el texto del artículo 54 de la Convención Colectiva de Trabajo que obra en los autos, norma convencional esta que al igual que lo fundamental del fallo del Tribunal copia el cargo atrás transcrito en su integridad; habiéndose precisamente en la sentencia proferida en el ordinario de Gabriel Antonio Pérez Sajonero contra la misma demandada y hoy recurrente, radicación 0918 —a la cual alude el opositor—, explicado las razones por las cuales se estimó que, contrariamente a lo que sostiene quien acusa el fallo, lo previsto en el parágrafo segundo de dicha disposición acerca de la consecuencia de no comunicar o dejar de notificar —en verdad se trata de vocablos sinónimos y que expresan la misma idea— al Sindicato el despido del trabajador, lo convierte en ilegal por pretermisión del trámite convencionalmente pactado para la cancelación de los contratos de trabajo en la Caja Agraria, por justa causa, medie o no el preaviso, porque, conforme razonó la Sala en la oportunidad memorada:

“Del estudio del artículo 54 de la convención colectiva suscrita el 12 de junio de 1980 (fls. 46 a 82), y en particular del literal d) y el parágrafo 2º, que determinan el procedimiento para la cancelación de los contratos de trabajo con justa causa, se concluye que es obligación a cargo de la Caja comunicar al Sindicato, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de la vocería sindical, su decisión de terminar el contrato de trabajo al inculpado, y que el despido que se haga pretermitiendo la aludida comunicación deviene ilegal. Ello es así, pues la prohibición que consagra el mencionado parágrafo se aplica tanto para la imposición de suspensiones disciplinaria como para la terminación de los contratos en razón a que su texto regula ambos eventos, sin que sea admisible excluir de éste lo atinente al despido en tanto que la aludida norma convencional hace parte del capítulo IV de la misma que se refiere a la estabilidad de los trabajadores al servicio de la empresa” (Sent. mayo 4/87, M.P. Dr. Rafael Baquero Herrera) —resalta la Sala—. 

2. Síguese de lo anterior que denotando una misma cosa los vocables comunicar o notificar, puesto que tales voces según el Diccionario de la Lengua Española significan, entre otras acepciones que aquí no interesan “descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa” y “dar extrajudicialmente, con propósito cierto, noticia de una cosa”, respectivamente, se cae de su peso que no pudo incurrir en los tres primeros yerros fácticos el Tribunal al concluir, como lo hizo, que la falta de notificación o comunicación al Sindicato de la decisión de la Caja Agraria de terminar el contrato de trabajo de Lozano Quiroga devenía ilegal por pretermisión del procedimiento convencional.

3. En cuanto al cuarto y quinto de los errores denunciados, para nada realmente interesa establecer si en verdad ellos se hallan o no demostrados, puesto que manteniéndose incólume la conclusión del juez de alzada respecto a que la Inobservancia del procedimiento previsto en la Convención Colectiva de Trabajo tiene por efecto convertir en ilegal el despido, ninguna incidencia tendría el demostrar que “los hechos invocados en la carta de terminación del contrato, y confesados por el demandante, están previstos en la ley como justas causas para la cancelación del mencionado contrato”, que es en lo que textualmente se hace consistir el cuarto error de hecho, ya que no fue la existencia o no de la justa causa lo que llevó al Tribunal a fulminar las condenas de reintegro y pago de salarios, sino la transgresión del trámite para adoptar la decisión de terminar el contrato de trabajo.

Por lo demás, si la Caja Agraria estaba obligada a notificar o comunicar al Sindicato su determinación de finalizar el vínculo laboral con su trabajador y no lo hizo —supuesto que no se discute—, es obvio que no “procedió de conformidad con las disposiciones... convencionales vigentes al cancelar el contrato de trabajo con el señor José Balmore Lozano Quiroga”; y así las cosas, es elemental concluir que no pudo el fallador incurrir en el quinto de los yerros que se le atribuye.

4. Con relación al sexto y último de los errores que trae el cargo, por toda demostración la impugnante se limita a traer a colación párrafos de una sentencia proferida en un proceso en el cual ni siquiera ella era parte, no pudiendo por ello tenerse como demostración de que “existían incompatibilidades que hacían desaconsejable el reintegro del actor a la entidad demandada”, unas consideraciones que la Corte hiciera en un juicio diferente a este para asentar que, a pesar de no haberse probado la justa causa alegada por el patrono, ni tampoco la convención y el reglamento en los cuales se apoyó, su proceder no se mostraba exento de buena fe.

Ninguna relación encuentra la Sala entre el hecho de que existan o no incompatibilidades que desaconsejaran el reintegro que el promotor de la actual litis obtuvo y el haber estimado de buena fe en el pasado el proceder de un patrono diferente al aquí demandado; por lo que si bien es cierto que los artículos 42 y 50 de la Convención Colectiva de Trabajo traída a los autos estatuyen que el juez para decidir entre el reintegro o la indemnización “deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar en su lugar, el pago de la indemnización”, conforme literalmente reza el último de tales preceptos, sin que sea por ello procedente el actuar de un modo puramente mecánico como lo hizo el Tribunal fallador, sin ponderación alguna al respecto, no lo es menos que la Corte en su función de casación no puede suplir las eventuales fallas de que adolezca un cargo, bien lo sea en su enunciación ora lo sea en su demostración.

No demuestra entonces la recurrente ninguno de los errores de hecho que le Imputa a la sentencia y, en consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Se expresa diciendo:

“La sentencia impugnada viola por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida los artículos 34, 42 literal d), 45, 50 y 54 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 12 de junio de 1980, en relación todas estas normas convencionales con los artículos 1º y 11 de la Ley 6ª de 1945; con los artículos 1º, 13, 19, 37, 40, 43, 47 literal g), 48 (ord. 8º) y 51 del Decreto 2127 de 1945; y con los artículos 2º, 3º, 4º, 414, 467, 468, 491 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia del evidente error de hecho en que incurrió el sentenciador al dar por demostrado, sin estarlo, que el salario básico mensual que debe tomarse en cuenta para el reintegro es el de $ 24.244.61 y no el de $ 16.901, y que tal salario conlleva los incrementos legales y convencionales del mismo, error de hecho originado en la equivocada apreciación de la liquidación definitiva de prestaciones que obra a folio 41 del expediente.

“DEMOSTRACIÓN:

“Esa H. Corporación ha entendido que la convención colectiva es ley, al menos entre las partes, y es ley material cuando consagra derechos y obligaciones. Por esta razón de (sic) incluyen en la proposición jurídica las normas convencionales que consagran el reintegro de los trabajadores de la Caja Agraria.

“La técnica de casación y las convenciones colectivas

“1. La ley sustancial:

“No cabe duda de que es únicamente la violación de la ley sustancial la que da lugar al recurso extraordinario de casación bien sea que el ataque ante la Corte se presente por vía directa o por la indirecta. El concepto de ley sustancial se ha equiparado a ley en sentido material. No necesariamente en sentido completo, técnico o formal, y es así como se puede recurrir en casación por infracción, por ejemplo, de los llamados decretos leyes. A ley sustancial o material —que establece el derecho—, se opone la noción de ley procesal, también llamada instrumental, porque solo tiene valor de medio para el cumplimiento de la norma en sentido material. Pero se admite en casación el ataque por violación de estas normas-medio, siempre que haya dado como resultado la violación de una norma-norma.

“La convención colectiva es ley, al menos entre las partes, y es ley material cuando consagra derechos y obligaciones. También puede ser ley o norma instrumental cuando establece procedimientos convencionales. Dentro de la lógica jurídica nada se opone a que la norma convencional material sea acusada en casación por la vía directa, cuando haya sido violada en su valor normativo, como fuente que es de derechos sustanciales. Incluso podría considerarse que la infracción de la norma convencional sustantiva es violación-medio que lleva a desconocer el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965. Y que la violación de la norma convencional de naturaleza procesal o instrumental es también medio para la infracción de normas convencionales sustantivas, o en todo caso para la violación de las normas sustantivas de carácter nacional que se han citado.

“2. Necesidad de probar la norma.

“Es cierto que la convención colectiva, como las demás normas jurídicas de alcance no nacional y las leyes extranjeras, deben mostrarse en juicio (CPC, art. 188). Pero ello no quiere decir, necesariamente, ni mucho menos, que no sea susceptible de violación directa, de acuerdo con la más refinada técnica de casación.

(…).

(Sent. S. Plena, mayo 27/85, exp. 8.500, Hugo Ernesto Pinzón contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero).

“El evidente error de hecho que denuncia el cargo surge de la apreciación equivocada que hace el Tribunal, del documento visible a folio 41 del expediente y en el que figura la liquidación definitiva de prestaciones de José Balmore Lozano Quiroga.

“En efecto, basta observar que para llegar a un salario mensual básico, únicamente para la liquidación del auxilio de cesantía, la Caja debe considerar tanto el último sueldo mensual del trabajador como el sueldo anterior, y a estos sueldos mensuales adicionarles los valores devengados por concepto de primas de junio y diciembre, prima de vacaciones y prima escolar, como efectivamente lo hizo; la doceava parte de los conceptos distintos del último sueldo mensual arroja un total de $ 7.343.61, el cual sumado al mencionado último sueldo mensual de $ 16.901 da como resultado el valor de $ 24.244.61 que corresponde al salario mensual básico para la liquidación del auxilio de cesantía. Del mismo modo al sumar la doceava parte de los conceptos distintos del sueldo anterior arroja un total de $ 6.901.68, el cual sumado a la cantidad correspondiente al sueldo anterior que era de $ 16.767 da como resultado el valor de $ 23.668.68, salario mensual básico anterior para la liquidación del auxilio de cesantía.

“Entonces, si la H. Corte llegase a considerar que la condena al reintegro proferida por el ad quem no viola la ley, encontrará que el sentenciador liquidó el valor del salario mensual que debería la Caja Agraria al señor José Balmore Lozano Quiroga, a partir del día 29 de octubre de 1981, considerando el salario mensual básico para la liquidación del auxilio de cesantía (incluyendo primas de junio y diciembre, prima de vacaciones y prima escolar), y no el valor del último sueldo mensual devengado por el funcionarlo el cual, de conformidad con la norma convencional que consagra el reintegro del trabajador oficial vinculado a la Caja Agraria, es el que debe considerarse para determinar el monto de los salarios dejados de percibir y adeudados al trabajador cuyo reintegro se ordena.

“Esa H. Corporación ha expresado que en los casos en los que proceda el reintegro convencional de un trabajador oficial, los salarios dejados de percibir deberán liquidarse teniendo en cuenta el último sueldo mensual.

“Es así como en sentencia de noviembre 21 de 1984, dijo lo siguiente:

“Basta leer la cláusula transcrita en el cargo y que figura dentro de la convención colectiva de trabajo firmada por el Banco y su Sindicato el 25 de junio de 1972, cuya copia regular obra en autos (fls. 91 a 122, cdno. 1), para convencerse de que tiene razón el recurrente, pues en la cláusula 10ª de la convención (fls. 117 a 119 ibíd.) no se pactó que en caso de reintegro del trabajador impuesto judicialmente se le pagarán a éste emolumentos distintos del salario dejado de devengar durante el lapso que estuviera cesante (fl. 119, ibíd.).

“Entonces cuando el Tribunal mantuvo integralmente la condena sobre pago de valores distintos del salario a la trabajadora restituida a su empleo, que el Juez le impuso al Banco, cayó en el error flagrante que el cargo acusa.

“Debe pues prosperar el ataque con la consiguiente infirmación de la sentencia recurrida. Y, al reemplazar este aspecto en instancia, la Sala se funda en los argumentos expuestos en casación para modificar, en consonancia con ellos, el fallo del Juzgado en su numeral 2º. Tiénese además en cuenta que el último sueldo de la demandante fue de veintidós mil trescientos treinta pesos ($ 22.330), mensuales (fl. 150, cdno. 1).

“Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA el fallo recurrido en cuanto confirmó el numeral 2º del de la primera instancia y REFORMA el dicho numeral así:

“Condénase al Banco Cafetero a pagarle a la señora Luz Marina Ortiz de Reyes la suma de veintidós mil trescientos treinta pesos ($ 22.330), mensuales, o sea setecientos cuarenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos ($ 744.33) por día, desde el 26 de julio de 1982 y hasta la fecha en que la reintegre a su antiguo empleo”.

“Expediente 10.864. Luz Marina Ortiz de Reyes contra Banco Cafetero, M.P. Dr. Juan Hernández Sáenz).

“En consecuencia, al disponer el sentenciador que el reintegro ordenado conlleva el pago de los salarios dejados de percibir a razón de $ 24.244.61 mensuales, es decir tomando el promedio para liquidar el auxilio de cesantía, y no el último sueldo devengado por el actor, aplica indebidamente las normas legales y convencionales que se relacionan en la formulación del cargo.

“En los términos anteriores quedan demostrados los errores evidentes de hecho en que incurrió el sentenciador y la aplicación indebida de las normas relacionadas en el cargo”.

Se considera

1. No fundándose ni el reintegro al empleo ordenado en la sentencia combatida, ni tampoco el pago de los salarios en la forma en que se dispuso, en alguno de los preceptos propios del régimen legal que regula el contrato individual de trabajo en el sector oficial, sino en la normatividad especial y extralegal surgida en lo estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo que suscribieron la demandada recurrente y su Sindicato —convenio normativo de condiciones generales de trabajo cuyo ejemplar auténtico y con la constancia de su debido y oportuno deposito obra en el expediente (fls. 77 a 113, cdno. 1)—, estima la Sala que no es de recibo el reparo de orden técnico formulado por el opositor en relación con la forma en que debió integrarse la proposición jurídica del cargo; pues en las normas convencionales invocadas en la censura, y más específicamente en su artículo 50, se consagra para los trabajadores de la Caja Agraria beneficiarios de la mentada Convención Colectiva el derecho a que después de 10 años de labores pueda “... el juez del trabajo, ..., mediante demanda del trabajador ordenar su reintegro en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir o la indemnización en dinero prevista en la presente Convención...” (fl. 95, cdno. 1).

2. Desatendido por la razón dicha el reproche que trae la réplica, puede, sin más, decirse que ciertamente apreció en forma equivocada el Tribunal el documento del folio 41 del expediente y que, como consecuencia de ello, incurrió en el error de hecho que se le endilga a su sentencia, al dar por demostrado que el salario mensual dejado de percibir por quien retorna a su condición de trabajador de la entidad, en obedecimiento a lo mandado con el juez, corresponde al salario promedio tomado en cuenta para liquidarle su auxilio de cesantía, cuando ilegalmente quiso terminarse su contrato de trabajo, y el cual además de incluir factores que únicamente se tienen en consideración para el pago de dicha prestación social por disponerlo así la ameritada Convención Colectiva, conforme la Sección ha tenido ocasión de explicarlo antes, incluye otros que no corresponden a la remuneración mensual ordinaria que el trabajador por razón de su empleo devengaba, y que es la que deja de percibir y con la cual debe ser reintegrado, sino también sumas como los viáticos que sólo se pagan por la efectiva prestación del servicio en determinados eventos, y que por tal razón no deben pagarse cuando no existe realmente actividad laboral.

El salario en este caso no tiene por causa la verdadera y real prestación del servicio convenido, sino que únicamente es consecuencia de lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo para aquellos casos en que, por decisión del juez del trabajo se dispone el reintegro al servicio de la Caja Agraria del trabajador que ha sido despedido sin justa causa, o con pretermisión del trámite convencional para hacerlo —como aquí ocurrió—, luego de 10 años de labores.

Más evidente aún, si se quiere, resulta el yerro del fallador colegiado cuando, apartándose del tenor de la norma convencional, dispuso unos incrementos legales y convencionales de los cuales no habla el susodicho artículo 50 de la Convención en comento.

3. Comoquiera que basta la simple percepción del documento del folio 41, correspondiente al formato de “Liquidación de Prestaciones Sociales”, para convencerse del error en que por una deficiente apreciación incurrió el Tribunal, y desde luego que es obvia su incidencia en la resolución impugnada, debe tenerse por demostrado lo evidente del yerro fáctico demostrado, por lo que el cargo prospera y se casará la sentencia, para luego, en instancia, sin que sea menester consideración adicional alguna, determinar en $ 16.901 mensuales el salario que deberá la demandada pagar al actor desde su despido y hasta cuando lo reintegre al empleo de Secretario de la Agencia de Lérida, en el Departamento del Tolima, previa revocatoria, claro está, de la absolución que por este extremo de la litis dispuso el juez de la causa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, dictada el 30 de junio de 1988, en cuanto por el segundo de sus ordenamientos de la parte resolutiva condenó a la demandada a pagar al actor los salarios dejados de percibir en la cuantía mensual de $ 24.244.61 más los incrementos legales y convencionales, y convertida en sede de instancia, actuando como ad quem, REVOCA por este extremo la resolución absolutoria impartida por el Juzgado Trece Laboral de este mismo Circuito el 23 de abril del mismo año, para en su lugar condenar a la demandada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a pagarle al demandante José Balmore Lozano Quiroga los salarios dejados de percibir en la cuantía mensual de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($ 16.901). NO LA CASA en lo demás.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jacobo Pérez Escobar—Hernán Guillermo Aldana Duque—Rafael Baquero Herrera.

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.