Sentencia 28188 de octubre 14 de 2009

 

Sentencia 28188 de octubre 14 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 28188

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta 324

Bogotá D.C., catorce de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Sin desconocer que le asiste razón al delegado de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la falta de rigor lógico argumental que atribuye al demandante en la presentación de los cargos, también es cierto que despojadas las censuras de las confusas afirmaciones acerca de los falsos juicios de raciocinio que denuncia, lo que queda claro es su inconformidad con las normas seleccionadas a efectos de adecuar los comportamientos típicos atribuidos a la procesada.

En efecto, en los cargos uno y dos la crítica fundamentalmente radica en que, según el actor, los documentos en relación con los cuales se predica la falsedad no reúnen la condición de públicos, sino de privados, y en el tercer reproche el libelista, sin entrar a discutir los hechos que se declararon probados respecto del punible de estafa, sostiene que los mismos no abastecen los presupuestos estructurales de ese injusto, aspectos que ubican la discusión en un ámbito eminentemente jurídico, y no probatorio, con arraigo en la causal primera de casación, cuerpo primero, resultando entonces superables los desaguisados de técnica para dar respuesta de fondo al problema advertido, como igual lo hizo el delegado, sólo que con un criterio que la Corte no comparte.

2. Develado en los anteriores términos el real alcance de las censuras, la oportunidad se ofrece propicia para recordar que la violación directa de la ley sustancial, naturaleza del ataque esbozado por el actor, impone como carga insoslayable no discutir la situación fáctica ni la valoración probatoria declarada en la sentencia de segunda instancia, debiendo entrar en una dialéctica de estricto orden jurídico para demostrar que respecto de una determinada norma de contenido sustancial el operador jurídico incurre en alguno de estos desatinos:

Falta de aplicación o exclusión evidente, lo cual suele presentarse, por regla general, cuando el funcionario yerra acerca de la existencia de la norma y por eso no la considera en el caso específico que la reclama; ignora o desconoce la ley que regula la materia y por eso no la tiene en cuenta, debido a que comete un error acerca de su existencia o validez en el tiempo o el espacio. Aplicación indebida, vicio que consiste en la errada selección del precepto debido a una la falsa adecuación de los hechos probados a los supuestos que contempla el precepto, ya que los sucesos reconocidos no coinciden con las hipótesis condicionantes de aquél. O, por último, interpretación errónea, caso en el cual el juez selecciona bien y adecuadamente la norma que corresponde al suceso en cuestión, y efectivamente la aplica, pero al interpretarla le atribuye un sentido jurídico que no tiene, asignándole efectos distintos o contrarios a los que le corresponden, o que no causa.

La diferencia de las dos primeras especies de error directo, con el último, estriba en que mientras en la falta de aplicación y la aplicación indebida subyace un error en la selección del precepto, en la interpretación errónea el yerro es de estricta hermenéutica, pues en rigor lógico hay que aceptar que la norma aplicada es la correcta, sólo que con un entendimiento que no le corresponde jurídicamente, en razón del cual se le hace producir por exceso o defecto consecuencias equivocadas.

No sobra precisar que la indebida o la falta de aplicación de un precepto puede ocurrir con ocasión de la errónea interpretación del mismo, toda vez que esa es una operación mental del juzgador que en la construcción de la sentencia precede a la de su activación, pero en esos eventos el error se materializa cuando la norma queda excluida de manera evidente, o es seleccionada y aplicada la que no corresponde a la situación fáctica.

En otras palabras, si un determinado precepto de contenido sustancial ha sido dejado de aplicar o aplicado sin corresponder al asunto, y ese error es fruto del equivocado discernimiento acerca de su alcance, habrá aplicación indebida o falta de aplicación, pero no errónea interpretación del mismo, puesto que para la estructuración de este último sentido de la violación se requiere que la norma haya sido y deba ser aplicada.

Siempre, entonces, el concepto de interpretación errónea supone, necesariamente, que la norma de contenido sustancial cuya vulneración se alega por obra del sentenciador, fue correctamente seleccionada y aplicada, ya que el dislate consiste en que al determinar sus alcances en el caso concreto se restringe o exacerban sus efectos, sin que pueda confundirse ese fenómeno con el errado entendimiento otorgado por el juez y que lo determina a no aplicarla, o a activar una que no corresponde.

3. En el presente asunto se afirma por el actor en los cargos uno y dos que como los documentos respecto de los cuales se predica la calidad de espurios no son de naturaleza pública, los juzgadores erraron al adecuar la conducta en el delito de falsedad en documento público, agravada por el uso (L. 599/2000, arts. 287 y 290) e imponer la respectiva pena, ya que en rigor y estricto derecho correspondía la de falsedad en documento privado (art. 289 íd.), porque aquellos no fueron elaborados o expedidos por funcionario alguno de la secretaría de tránsito y transporte, o con su intervención.

3.1. De acuerdo con las fotocopias remitidas al proceso, a solicitud de la Fiscalía, por la empresa “Servicios Especializados de Tránsito y Transporte” (SETT), contratista de las funciones asignadas a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá en materia de registro distrital automotor, registro distrital de conductores y registro distrital de tarjetas de operación(1), los documentos sobre los que se materializó la acción falsaria son:

Formulario Único Nacional Nº 829659-01-11001, mediante el cual Central Leasing S.A., promueve la cancelación de la matrícula de la buseta de servicio público distinguida con las placas SCB 665, de su propiedad, documento firmado por “María de Lourdes Firpi Samper”, y con imposición de sellos en los que se lee el nombre de la citada empresa, ostentando en el reverso diligencia de presentación personal y reconocimiento de firmas ante la Notaría Sesenta y Cinco del circulo de Bogotá. No aparecen las improntas del respectivo rodante(2).

Formulario Único Nacional Nº 983810-02-11001, con el que la misma titular del citado vehículo solicita cancelar la respectiva tarjeta de operación, documento suscrito por “María de Lourdes Firpi Samper”, bajo cuya firma hay impuesto un sello con el nombre de la mencionada empresa. No figuran improntas del automotor ni diligencia de presentación personal(3).

Formulario Único Nacional Nº 983811-02-11001, con el que la titular de la buseta de placas SCB 665 pide levantar la pignoración con la que se encuentra gravado el automotor, documento suscrito por “María de Lourdes Firpi Samper”, bajo cuya firma aparece un sello con el nombre de la sociedad propietaria del rodante. No figuran improntas del automotor ni diligencia de presentación personal(4).

Escrito sin fecha, en el que “María de Lourdes Firpi Samper” asegura ser la propietaria del vehículo de placas SCB 665 y que es su deseo realizar los trámites de cancelación de matrícula y tarjeta de operación del mismo; al reverso ostenta una diligencia de presentación personal y reconocimiento de firmas ante el Notario Doce del Circulo de Bogotá(5).

Certificado expedido por “Chatarrería El Terminal Ltda.”, suscrito por María Flor Gómez, en la que se hace constar que en junio de 2000, esa empresa le compró a Central Leasing S.A., la buseta de placas SCB 665, “en calidad de chatarra… quedando destruido totalmente siendo irrecuperable... quedando desintegrado físicamente por chatarra”(6).

Escrito sin fecha, titulado “reconocimiento notarial” en el que Central Leasing S.A., en calidad de propietaria del automotor de placas SCB 665 afirma que “este fue desintegrado totalmente mediante chatarrizadora y que no ha sido utilizado objeto (sic) de reposición en ningún momento y a su vez la matrícula no ha sido utilizada en otro proceso de reposición. Igualmente manifestó que este vehículo no se encuentra afectado por ningún proceso judicial, administrativo o policivo, por lo tanto no se halla fuera del comercio”; tal documento no se realizó o protocolizó ante notario y únicamente ostenta la firma e impresión dactilar de “María de Lourdes Firpi Samper”, así como un sello con el nombre de la aludida compañía(7).

Declaración juramentada ante la Notaría Sesenta y Cinco del Circulo de Bogotá, de 2 de octubre de 2001, rendida por Central Leasing S.A., afirmando que “…la buseta de Placa SCB 665, marca Chevrolet, afiliada a Cootranspensilvania, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la Secretaría de Tránsito, no ha sido objeto de reposición. No cursa en su contra ningún tipo de proceso policivo o judicial. La buseta fue chatarrizada y destruida en su totalidad. Tuvo tarjeta de operación hasta el año 1995”. Esta diligencia figura suscrita por “María de Lourdes Firpi Samper” en calidad de declarante, así como por la titular del despacho notarial(8).

Finalmente, obran dos escritos dirigidos a la entidad “Servicios Especializados de Tránsito y Transporte” en los que “María de Lourdes Firpi Samper”, aduciendo ser propietaria del rodante tantas veces citado, solicita dar curso a la cancelación de la matrícula y tarjeta de operación del mismo, así como al levantamiento de la prenda, afirma que el automotor se encuentra a paz y salvo por todo concepto, y que la información contenida en los documento anexos es veraz y auténtica, asumiendo la responsabilidad por cualquier irregularidad que los mismos puedan contener. Además autoriza a un tercero (Wilson Vargas) para que entregue la solicitud y retire el respectivo trámite(9).

3.2. Pues bien, de acuerdo con su definición legal, documento público “es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”; en cambio documento privado es “el que no reúne los requisitos para ser documento público”(10).

Siendo ello así, por sustracción de materia, los escritos relacionados en los literales a), b), c), d) e), f), y h), son documentos privados dado que los mismos no fueron otorgados, expedidos o elaborados por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención, se trata, simple y llanamente de manifestaciones de voluntad particular, y la calidad o condición de falsos deriva del hecho que la persona natural que supuestamente los suscribió no es en realidad representante de Central Leasing S.A.

Aun cuando éste último aspecto no es cuestionado, importa precisar que el mismo está acreditado, de una parte, con la información suministrada por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, en el sentido de que en proceso adelantado ante ese despacho, el 21 de julio de 1992 la sociedad Central Leasing S.A., fue declarada en estado de quiebra, ordenándose, entre otras medidas, su disolución, la suspensión de sus administradores en el ejercicio de sus cargos, el embargo y secuestro de sus bienes, y la cancelación de la respectiva matricula mercantil, situación igualmente corroborada por la Cámara de Comercio de esta ciudad(11).

Y de otra, con la declaración que en la audiencia pública de juzgamiento rindió el 5 de abril de 2005 la señora María de Lourdes Firpi Samper, quien negó ser la autora de las firmas y contenido expresado en los aludidos documentos, así como haber tenido vínculo alguno con Central Leasing S.A., aclarando que aproximadamente cinco años atrás su cédula de ciudadanía le había sido hurtada junto con otras pertenencias(12).

Ahora bien, es necesario aclarar, por otra parte, que las constancias de presentación personal y reconocimiento de firmas que ostentan al respaldo los escritos aludidos en los literales a) y d) del punto 3.1., realizadas en las notarías Sesenta y Cinco y Doce del Círculo de Bogotá, respectivamente, son documentos autónomos e independientes de naturaleza pública, pues actos de la señalada especie, en cuanto emanados de un servidor público que en ejercicio de sus funciones otorga fe pública, constituyen documentos públicos, claro está independientes de la privada declaración de voluntades contenida en la minuta particular.

En relación con lo anterior viene bien reiterar lo expuesto, de tiempo atrás por la Sala en cuanto a que: “cuando el notario manifiesta en el escrito que las firmas que allí aparecen junto con las huellas digitales corresponden a las identidades que los mismos manifiestan, no está avalando o modificando el documento del cual hacen parte. Simplemente le está otorgando credibilidad a sus firmas, con independencia del contenido del escrito. Por ello, este texto notarial conserva su total autonomía y por ser suscrito por un funcionario público, adquiere tal carácter pues lo está haciendo en ejercicio de su cargo”(13).

Respecto de la condición apócrifa de las citadas constancias, aun cuando no se practicó prueba para establecer la autenticidad de los sellos notariales y de las rúbricas de los correspondientes funcionarios, tal como lo indicó el tribunal, aun aceptando que aquellos efectos eran genuinos, el principio de libertad probatoria consagrado en el ordenamiento procesal penal, permite afirmar su falsedad por instrumentalización de los notarios ya que quien compareció a los respectivos actos de presentación personal y reconocimiento de firmas, no era ni podía ser representante de legal de Central Leasing S.A., ni se trataba de la señora María de Lourdes Firpi Samper, según los medios de prueba referidos en párrafos atrás.

Situación semejante cabe afirmar respecto del documento aludido en el literal g) del punto 3.1., es decir, la declaración juramentada rendida ante el ante la Notario Sesenta y Cinco del Círculo de Bogotá, ya que aun cuando no obran elementos de juicio demostrativos de que el respectivo formato, los sellos notariales y la firma del funcionario no son genuinos, por su contenido en cuanto a la persona que interviene como declarante, el acto notarial es falso, toda vez que quien compareció no era ni podía ser representante legal de Central Leasing S.A., ni se trataba de la señora María de Lourdes Firpi Samper, de acuerdo con lo acreditado en la actuación.

3.3. Hechas las anteriores precisiones, obligado es señalar que unos comportamientos falsarios son típicos de falsedad en documento privado, como lo reclama el actor, empero, por el contrario, otros, los referidos a las constancias notariales de presentación personal y reconocimiento de firmas, y la declaración jurada ante notario, aun cuando no se acomodan en estricto rigor a la descripción típica del delito de falsedad material en documento público previsto en el artículo 287 del Código Penal (L. 599/2000), su ubicación corresponde a la hipótesis penal subsiguiente, esto es, la del artículo 288, de acuerdo con el cual:

“El que para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años”.

El referido precepto del ordenamiento penal sustantivo en cuya vigencia ocurrieron los hechos aquí debatidos, zanjó, tal y como ya lo ha advertido de vieja data la jurisprudencia(14), la discusión suscitada en el derogado Código Penal (D.L. 100/1980), acerca de cuál era el tipo penal aplicable al caso del particular que induce a engaño a un servidor público para que este, en ejercicio de sus funciones, elabore un documento público, legislación en cuyo vigor el debate giró siempre alrededor de si se trababa de una falsedad material de particular en documento público o, una falsedad ideológica cometida también por particular al utilizarse como autor mediato al servidor público.

Según las explicaciones dadas por el ponente de la iniciativa legislativa ante el Senado de la República, con la introducción de esa hipótesis delictiva:

“Se sanciona a la persona que induce en error a un servidor público para la obtención de un documento público; de esta forma se pone fin a la discusión de si se trata de una falsedad material cometida por un particular sobre documento público, o de una falsedad ideológica cometida también por particular al utilizarse como autor mediato al servidor público”(15).

En síntesis, el legislador simplemente erigió como comportamiento típico autónomo, una conducta que a luz de las normas generales se habría podido calificar como falsedad material en documento público, bajo una de las formas de autoría mediata por la vía de generar y/o aprovechar el error del funcionario público que ejecuta o plasma el acto intrínsecamente espurio.

Desde tal perspectiva, forzoso es concluir que el reproche carece de trascendencia, dado que la pena prevista para el delito descrito en el artículo 287, inciso primero, como la señalada para el consagrado en el 288 de la Ley 599 de 2000, es la misma: prisión de tres (3) a seis (6) años —atendiendo la fecha de los hechos (oct./2002)—, y trátese de uno o de otro comportamiento, es igualmente predicable la circunstancia específica de agravación del artículo 290 ídem, ya que los documentos públicos falsos fueron utilizados por la acusada para promover los trámites de cancelación de matrícula y tarjeta de operación de la buseta de placas SCB 665, así como el levantamiento de la prenda que afectaba a ese rodante, luego la condena por cualquiera de esos delitos implicaría la imposición de la misma sanción.

Consecuente con lo anterior, el cargo no prospera.

4. En relación con el tercer reproche, el argumento jurídico central del cuestionamiento radica en que según el censor, como entre la aquí procesada y el denunciante no hubo una relación contractual que permitiera la obtención de ventajas ilegales, no se estructura el delito de estafa.

Dicho en otras palabras, el libelista entiende que como el quejoso no fue quien sufrió error alguno como consecuencia de artificios urdidos por la enjuiciada —a ello alude la relación contractual directa que echa de menos el censor—, no puede configurarse el delito contra el patrimonio económico.

Al margen de las deficiencias de naturaleza técnica que con acierto destaca el agente del Ministerio Público, y que de suyo serían suficientes para desestimar la censura, dígase, en orden a clarificar el punto relacionado con la pretendida atipicidad de la conducta, planteada de manera difusa por el recurrente sobre la base de que Ramiro Reyes Silva, el denunciante, no fue sujeto pasivo del engaño, preciso es reiterar que de acuerdo con inveterado criterio jurisprudencial(16), no siempre quien sufre el perjuicio económico y es víctima del hecho punible, debe ser la persona sobre la cual recae el ardid o maniobra artificiosa.

En efecto, la conducta punible de estafa bien puede estructurarse sin que el timador llegue a tener contacto directo con la víctima, como ocurre cuando el engaño se proyecta sobre persona distinta de quien recibe el perjuicio, tesis que es la prohijada lacónicamente en la sentencia atacada, al advertir que las maniobras engañosas desplegadas por la acusada, consistentes en la obtención del levantamiento del gravamen de la buseta de placas SCB 665, así como la cancelación de la matrícula y tarjeta de operación de la misma, por la supuesta destrucción del citado rodante, indujeron en error a las autoridades de tránsito, accediendo a emitir tales actos, permitiendo el consecuente ingreso de otro vehículo de similares características en el “cupo” de aquel, vendido artificiosamente a Bárbara León de Tolosa.

De esa manera el rodante frente al cual ostentaba derecho de propiedad Reyes Silva, a pesar de existir físicamente, jurídicamente quedó inhabilitado para operar prestando el servicio público de transporte de pasajeros, con el consecuente perjuicio económico, siendo restablecido su derecho en la providencia que calificó el mérito del sumario, en la que se ordenó la cancelación de los trámites fraudulentamente adelantados por la enjuiciada, decisión confirmada por la segunda instancia del instructor.

Como bien lo destaca el actor, el delito de estafa exige para su configuración la presencia de los siguientes elementos: (i) que el sujeto agente utilice artificios o engaños sobre una persona determinada, (ii) que estas maniobras artificiosas o engañosas generen un error sobre esa persona, (iii) que debido a esta falsa representación de la realidad el sujeto agente obtenga un provecho económico ilícito para sí o para un tercero, y (iv) que este desplazamiento patrimonial cause un perjuicio ajeno correlativo.

Tales presupuestos encuentran cabal correspondencia en orden lógico consecuente, en la situación fáctica aquí debatida: la acusada presentó documentos falsos (privados y públicos) ante funcionarios de la entidad servicios especializados de tránsito y transporte —maniobra artificiosa—; tal maquinación fue efectiva para engañar a las autoridades de tránsito pues ilegítimamente se ordenó la cancelación de la matrícula y de la tarjeta de operación de la buseta de placas SCB 665; con base en lo anterior, por reposición ingresó otro automotor de las mismas características, al que por venta le asignó el cupo que le correspondía al otro vehículo, desplazamiento patrimonial con el que alcanzó un provecho económico ilícito con el perjuicio correlativo del legítimo titular de la buseta supuestamente chatarrizada.

En conclusión, se colman las exigencias típicas del delito de estafa atribuido en el pliego de cargos a la enjuiciada, motivo por el que el cargo analizado tampoco prospera.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo de segunda instancia emitido dentro de este asunto el 25 de agosto de 2005 por el Tribunal Superior de Riohacha (La Guajira), en razón de la improsperidad de los cargos formulados por el defensor de Ana María Palma Ospina.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen».

(1) Acuerdo 36 de 25 de enero de 1999, artículo 3º, Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.

(2) Cuaderno original 1, folio 52.

(3) Ídem, folio 54.

(4) Ídem, folio 55.

(5) Ídem, folio 56.

(6) Ídem, folio 57.

(7) Ídem, folio 58.

(8) Ídem, folio 59.

(9) Ídem, folio 60 y 61.

(10) Código de Procedimiento Civil, artículo 251.

(11) Cuaderno Original 1, folios 149-151 y 300.

(12) Cuaderno original 4, folios 19 y 20.

(13) Cfr. Sentencia de 4 de septiembre de 2003, radicación 20943.

(14) Cfr. Sentencia de 16 de octubre de 2002, y auto de única instancia de 22 de junio de 2005, radicaciones 16247 y 22452, respectivamente.

(15) Gaceta del Congreso 280, página 48.

(16) Cfr. Sentencia de 30 de abril de 1996, radicación 8959.