Sentencia 2819 de octubre 24 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ELECTORAL

EL TÉRMINO SE CUENTA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO

EXTRACTOS: «Los ciudadanos Alberto Rafael Garrido y Manuel Alberto Torres Ospina presentaron sendas demandas en solicitud de que fuera declarado nulo el acto por el cual el Concejo de Flandes eligió Personero de ese municipio al señor Henry Bernal Velásquez para el período de 2001 a 2004, acto incorporado al acta 3 correspondiente a la sesión de 9 de enero de 2001.

(...).

El demandado, señor Henry Bernal Velásquez, al contestar las demandas presentadas por los ciudadanos Alberto Rafael Garrido y Manuel Alberto Torres Ospina, propuso como excepción de fondo la de caducidad de la acción, alegando que esta se ejerció transcurrido el término establecido en el artículo 136, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo, según el cual la acción electoral caduca en 20 días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declare la elección o se expida el nombramiento de cuya nulidad se trate.

Para resolver el asunto vienen al propósito las reflexiones que siguen.

1. Dice el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en que se encuentra establecida la acción de nulidad, que toda persona puede solicitar se declare la nulidad de los actos administrativos; ahora que, cuando se trate de actos de elección o de nombramiento, se ejerce, específicamente, la acción de nulidad electoral, como resulta de lo establecido, principalmente, en los artículos 7º de la Ley 14 de 1988 y 128, numeral 4, 131, numeral 3, 132, numeral 4, del Código Contencioso Administrativo, según fueron modificados por los artículos 2º del Decreto 597 de 1988; o 128, numeral 3, 132, numeral 8, 134B, numeral 9, y 136, numeral 12, del mismo código, según fueron expedidos por los artículos 36, 40, 42 y 44 de la Ley 446 de 1998—; y 227, 228, 229, 231 —modificado por el artículo 6º de la Ley 14 de 1988- y 233, numeral 3 —modificado por el artículo 60 del Decreto 2304 de 1989—, también del Código Contencioso Administrativo.

2. Son actos de elección aquellos mediante los cuales se designa por votos a alguien para algún cargo; y las elecciones se hacen por voto ciudadano o por corporaciones públicas —Congreso, asambleas, concejos— o juntas, consejos o, en general, entidades colegiadas.

Se hacen por voto ciudadano las elecciones de Presidente y Vicepresidente, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de juntas administradoras locales, según lo dispuesto en los artículos 133, 190, 202, 260, 299, 303, 312, 314 y 323 de la Constitución. Esas elecciones se declaran mediante actos administrativos expedidos por la organización electoral, conforme a lo establecido en los artículos 265, numerales 3 y 7, de la Constitución; 12, numerales 7 y 8, 166 —según fue modificado por el artículo 12 de la Ley 62 de 1988— 180, 182, 184 —según fue modificado por el artículo 14 de la Ley 62 de 1988— y 187 del Código Electoral, y 6º, 7º y 8º de la Ley 163 de 1994, especialmente. Se trata, claro está, de actos puramente declarativos, que acreditan el hecho de la elección y la situación jurídica del elegido en cuanto tal, y a eso se limitan.

Y se hacen por corporaciones públicas o por juntas, consejos o entidades colegiadas, entre otras, las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Auditor de la Contraloría General de la República, los contralores departamentales, distritales y municipales y los personeros distritales y municipales, conforme a lo establecido en los artículos 141, 173, numerales 6 y 7, 178, numeral 1, 231, 239, 249, 254, 264, 266, 267, 272, 274, 276, 281 y 313, numeral 8, de la Constitución. Esas elecciones se hacen, entonces, por acto administrativo colegiado, expedido por la entidad nominadora plural. No se trata, como es obvio, de actos meramente declarativos de la elección, pues la entidad no declara simplemente la elección, sino que la hace, y son, por lo mismo, actos constitutivos de la elección, aun cuando esos actos concluyen con la declaración de haber sido hecha la elección, después de cumplidos la votación y el escrutinio correspondientes.

Por último, son actos de nombramiento aquellos mediante los cuales se designa a alguien para un cargo por un nominador simple, como el nombramiento de ministros y directores de departamentos administrativos, que compete al Presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 189 de la Constitución, entre otros. Y se trata, también en este caso, de actos constitutivos de situaciones jurídicas.

3. La caducidad es la extinción del derecho de acción que resulta, objetivamente, del sólo transcurso del término establecido para su ejercicio, esto es, que la acción caduca cuando dentro de ese término no se ejerce útilmente.

Ahora bien siendo que sólo el conocimiento de acto cuando sea ese el caso, permite el ejercicio del derecho de acción, el término establecido solo transcurre después de que ha sido dado a conocer, pues sólo así es posible el ejercicio de la acción (1) , o, mejor, sólo así pueden hacerse efectivos los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político mediante el ejercicio de acciones públicas y a acceder a la administración de justicia establecidos en los artículos 40, numeral 6, y 229 de la Constitución.

(1) El Consejo de Estado, en auto de 28 de febrero de 1985, explicó que “el término de caducidad no puede correr a espaldas de la persona afectada por una decisión administrativa, es decir, sin estar enterada siquiera de que se ha expedido un acto que le afecta y contra el cual la ley le otorga el derecho a reclamar, dentro de un lapso determinado, ante los jueces de la administración”. (Anales del Consejo de Estado, t. CVIII, núms. 485-486, pág. 1.009).

Según lo establecido en el artículo 136, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo, en lo que concierne a elecciones —que tal es el caso bajo examen—, la acción electoral caduca en 20 días contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declare la elección cuya anulación se solicite.

Se trata, según lo expuesto, de la notificación que se haga a todas las personas, que todas son titulares de la acción de nulidad electoral y están legitimadas para su ejercicio, y no de la notificación solo al elegido.

Conforme a los artículos 182 y 184 —modificado por el artículo 14 de la Ley 62 de 1988— del Código Electoral, los resultados de los escrutinios deben ser leídos en voz alta y hacerse la declaración de elección en la diligencia correspondiente; y según el artículo 6º de la Ley 163 de 1994, en audiencia pública se notifica la declaración de los resultados y proclama la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Entonces, los actos declaratorios de elecciones ciudadanas se profieren en audiencias públicas y en esas mismas audiencias se notifican. Y, siendo así, a partir de la fecha en que se hagan la declaración de la elección y su notificación corre el término de 20 días establecido para el ejercicio de la acción de nulidad electoral, conforme a lo establecido en el artículo 136, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo.

Ahora bien, cuando se trate no ya de elecciones ciudadanas sino de elecciones hechas por corporaciones públicas o por juntas, consejos o entidades colegiadas, si se hacen en sesiones públicas —como son de ordinario las que celebran el Congreso, según el artículo 144 de la Constitución, y las asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales—, sus actos han de entenderse notificados en la misma sesión en que se producen y declaran, y a partir de entonces, como acontece con los actos puramente declaratorios de elecciones que profiere la organización electoral, corre el término de 20 días establecido para el ejercicio de la acción de nulidad electoral.

4. El acto por el cual el Concejo de Flandes eligió al señor Henry Bernal Velásquez como Personero de ese municipio se produjo y fue declarada la elección en sesión de 9 de enero de 2001, según consta en el acta 3 correspondiente a la misma, y, como se infiere de esa acta, la sesión fue pública, como lo son de ordinario las de las corporaciones públicas, ya se dijo.

Entonces, el acto de elección ha de entenderse notificado a todos en esa misma sesión y el término para ejercer la acción electoral comenzó a correr al día siguiente hábil, esto es, el 11 de enero de 2001, y, descontados los días feriados y de vacancia judicial, venció el 7 de febrero de 2001. Y los señores Alberto Rafael Garrido Díaz y Manuel Alberto Torres Ospina presentaron sus demandas el 8 de febrero de 2001, fecha en la que se encontraba ya vencido el término referido.

Entonces, las demandas fueron presentadas cuando la acción se encontraba ya caducada, lo que indica que no puede decidirse de fondo».

(Sentencia de octubre 24 de 2002. Expediente 2819. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

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