Sentencia 2824 de octubre 11 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REVISORES FISCALES DE COOPERATIVAS

INHABILIDADES

EXTRACTOS: «Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro de la acción de nulidad formulada por el actor de la referencia contra el numeral primero del capítulo de “in-habilidades e incompatibilidades de la reviso-ría fiscal”, contenido en la Circular Externa Nº 008 de 30 diciembre de 1993 dirigida por el director del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas a los revisores fiscales de las entidades vigiladas por dicho departamento.

Observa la Sala que la norma acusada establece una restricción, una limitante, o si se quiere, una inhabilidad en el ejercicio de las funciones para el revisor fiscal cuando dispone que “ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor fiscal en más de cinco entidades”.

Cuando se denegó la suspensión provisional de la disposición acusada, esta misma Sala consideró necesario determinar el alcance de las facultades de inspección y vigilancia que sobre las cooperativas ejerce el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas y verificar si la inhabilidad que se deduce de la norma impugnada se encuentra consagrada en ley o estatuto alguno, y si la prohibición para ejercer el cargo de revisor en más de cinco sociedades por acciones que contempla el artículo 215 del Código de Comercio es la misma o puede hacerse extensiva a la que establece la norma impugnada cuando prohíbe ejercer el cargo “en más de cinco entidades”.

La Ley 79 de 1988 “por la cual se actualiza la legislación cooperativa”, en su artículo 43 dispone que “las funciones de revisor fiscal serán señaladas en los estatutos y reglamentos de la cooperativa y se determinarán teniendo en cuenta las atribuciones asignadas a los contadores públicos en las normas que regulan el ejercicio de la profesión, así como en aquellas que exigen de manera especial la intervención, certificación o firma de dicho profesional”.

Los contadores públicos, según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 43 de 1990, por la cual se adicionó la Ley 145 de 1960, reglamentaria de dicha profesión, están facultados para realizar, entre otras, las actividades relacionadas con las ciencias contables, entre las cuales figura la revisoría fiscal según lo dispone el artículo 2º del mismo estatuto.

Significa lo anterior que las funciones de revisor fiscal en la legislación cooperativa son las mismas del contador público, hasta el punto de que la revisoría fiscal es una de las actividades relacionadas con las ciencias contables propias de dicho profesional.

Ahora bien, examinadas las Leyes 43 de 1990 reglamentaria de la profesión de contador público; 24 de 1981 sobre objetivos, estructura y funciones del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, y la 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa, en ninguna de ellas se establece la inhabilidad contemplada en la disposición acusada.

En el segundo inciso de artículo 1º de la Ley 43 de 1990 se dice que la relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su emplea-dor, sin embargo por virtud de la misma disposición, esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales ni a los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no estén obligadas, por ley o por estatutos, a tener revisor fiscal.

En el parágrafo 2º del artículo 2º de la precitada ley se prohíbe a los contadores públicos y a las sociedades de contadores públicos servir por sí mismas o por intermedio de sus empleados, de intermediarios en la selección y contratación de personal que se dedique a las actividades relacionadas con la ciencia contable en general en las empresas que utilizan sus servicios de revisoría fiscal o de auditoría externa.

Y en el artículo 43 de la ley que se ha venido citando se dispone que “ningún contador público podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en la cooperativa de la cual sea asociado”.

Si bien las cooperativas están sujetas a la inspección y vigilancia permanentes del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, no puede este organismo establecer inhabi-lidades no previstas dentro de sus funciones ni procedentes para los revisores fiscales en las normas legales de índole cooperativa que les son aplicables.

De otra parte, el artículo 215 del Decreto-Ley 410 de 1971, refiriéndose al revisor fiscal dice que deberá ser contador público y agrega: “Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de cinco sociedades por acciones”.

Empero, esta inhabilidad consagrada en el Código de Comercio no puede hacerse extensiva a las cooperativas, no solamente porque ha sido establecida para otra clase de sociedades dentro de un estatuto particular y específico diferente al consagrado para aquellas organizaciones, sino porque implica una excepción y como tal es de interpretación restrictiva.

Sobre este particular el Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil en pronunciamiento de 27 de junio de 1984, con ponencia del doctor Jaime Paredes Tamayo, con ocasión de la Consulta 2083 elevada por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, expresó:

“Reglamentar lo concerniente al ejercicio de la revisoría fiscal cuando se trata de sociedades de capitales fue materia propia de un código mercantil, ya que sin ella hubiera quedado incompleta la regulación sobre el funcionamiento de tales sociedades, y si por reglamentación de la contaduría pública cabe entender la limitación a cinco de las revisorías que puede desempeñar un contador público, es claro que tal limitación como materia propia de la ley, ya sea expedida directamente por el Congreso o mediante el sistema excepcional de las facultades extraordinarias, no podría extenderse por analogía, a otro tipo de sociedades como las cooperativas cuya naturaleza de asociación voluntaria de personas o entidades de utilidad pública y de interés social, determina un régimen propio, inasimilable al de sociedades de capitales, menos aún cuando implica, en particular, reglamentación excepcional del ejercicio de una profesión.

Se impone el principio de interpretación restrictiva de toda excepción, aunque su aplicación pueda resultar conveniente en sociedades cooperativas, como garantía de su seguridad y razonable sistema de trabajo de los revisores fiscales. Pero con este pretexto no pueden aplicarse reglas de estricta interpretación cuyo contenido y alcance no va más allá de los casos concretos inequívocamente regulados por ellas”.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del Ministerio Público,

FALLA:

1. Declárase no probada la excepción propuesta por la parte demandada.

2. Declárase la nulidad del numeral 1º del capítulo de Inhabilidades e incompatibilidades de la revisoría fiscal, de la Circular Externa Nº 008 del 30 de diciembre de 1993, expedida por el Director del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas Dancoop.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de octubre 11 de 1994. Expediente 2824. Consejero Ponente: Dr. Yesid Rojas Serrano).

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