Sentencia 2850 de enero 17 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 2850

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., diecisiete de enero de dos mil seis.

Decídese el recurso de casación interpuesto por Marina de Lourdes Jaramillo de Montoya contra la sentencia de 3 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de la recurrente contra José Mario Montoya Gómez y Comercializadora Montoya Acevedo y Cía. S. en C.

I. Antecedentes

El proceso abrió con demanda en que pidióse declarar simulado absolutamente el contrato de compraventa recogido en la escritura 1879 de 18 de junio de 1991, corrida en la Notaría 22 de Bogotá, por el cual el demandado transfirió los predios denominados Alejandría, Alabama, Bolivia y La Iberia a favor de la demandada; y, como consecuencia, ordenar la cancelación de dicho instrumento así como declarar que el primero de los nombrados bienes hace parte de la sociedad conyugal de la actora con Montoya Gómez, el que entonces ha de volver a dicho haber juntamente con sus frutos y sin gravámenes ni limitaciones, y que los otros siguen en cabeza de este.

En subsidio, que la venta es nula por carencia de insinuación en la donación, y disponer las mismas determinaciones consecuentes recabadas en las súplicas principales.

Como sustento fáctico de la demanda adujo lo que a renglón seguido se recapitula:

Los cónyuges José Mario y Marina de Lourdes, quienes convivieron hasta diciembre de 1977, liquidaron la sociedad conyugal el 19 de julio del año siguiente. Pero él, abogado y notario que es, bajo amenaza de insolventarse acabó, excluyendo de tal liquidación el predio La Alejandría, respecto del cual, meses antes, hizo esta operación: en marzo lo transfirió a Armando Dávila González y este tornó a vendérselo en junio.

José Mario formó nuevo hogar con Luz Marina Acevedo Pineda; y a la sociedad que esta formó luego con sus hijos (uno de los cuales hubo con aquel) transfirió de mala fe, y a precios catastrales, todos sus bienes.

Los demandados se opusieron alegando que tal exclusión fue acordada por los cónyuges, porque era lo más práctico y conveniente. José Mario alegó que la demandante carecía de interés para demandar.

El juzgado de conocimiento declaró absolutamente simulada solo la venta de la Alejandría, pero el tribunal ante apelación de las partes (la actora únicamente respecto de los frutos), revocó el fallo y desestimó las pretensiones, así la principal como la subsidiaria.

(...).

Consideraciones

La disputa que a casación trae el impugnante en los cargos en estudio, según se aludió, arropa en forma perfectamente diferenciable los dos más visibles argumentos que exhibió el tribunal al desestimar la simulación absoluta suplicada de manera principal en la demanda.

Arrostra, así, el punto de vista que expuso al concluir que no hay legitimación en la demandante para deprecar la simulación, refriega que endereza la censura por las vías directa e indirecta, hostigando al tribunal tanto en el análisis jurídico como probatorio que explanó en el punto, y arremete contra el examen probativo que a la par adelantó para rechazar la pretendida simulación absoluta, labor que afronta exclusivamente por la indirecta.

Y si bien hablar de ese modo, es decir, denunciando a un solo tiempo la infracción directa e indirecta de la ley es cosa que en principio, según jurisprudencia reiterada, conspira contra estrictos postulados de la técnica de casación, es notorio, sin embargo, que en este caso no ocurre algo semejante, pues deslindados a cabalidad por el casacionista los confines de cada argumentación al desenvolver cada porción del ataque, no cabe, entonces, en ese orden de ideas y de acuerdo con las precisiones que en el punto hizo la Corte en lo atinente a esa posibilidad, echar nada en cara al recurrente.

En efecto, conocidísimo es eso de que “el ultraje al derecho sustancial deviene por caminos paralelos y que, por lo mismo, al tiempo que preservan su distancia jamás se tocan”; de ahí, pues, “el perseverante criterio jurisprudencial que declara inadmisible, por contradictorio, el cargo en el que se amoneste al fallador de ambas cosas a un tiempo”. Pero definido también está por la Corte que dicha regla técnica no reviste carácter absoluto, como lo dijo en reciente oportunidad (Cas. Civ. Sent. de 20(sic) de 2000, exp. 5705), porque todo estará supeditado a la forma en que se haya expresado el tribunal en el correspondiente fallo.

Afirmóse en la sentencia citada cómo, “evidentemente, fácil es decir que ella cae con todo su peso cuando el sentenciador se ha recostado en consideraciones que todas hacen parte de una de aquellas dos fuentes. (...) Mas cuando sucede, cosa que no es infrecuente, que la decisión es cimentada en consideraciones amalgamadas, esto es, de una y otra índole, el cariz de la situación no es ya el mismo y la regla técnica que se analiza no podría aplicarse mecánicamente sin pasar por odiosa”. Ya que si se inclinara el litigante por refutar las consideraciones netamente jurídicas expuestas en el fallo, “el ataque propicio en casación sería la vía directa; si por cualquiera de las restantes, por involucrar enfrentamientos de tipo probatorio, la indirecta”. Mas, si optara por apoyarse en todas, es claro que “la mixtura de sus razonamientos (jurídicos y probatorios) haríale recordar al impugnador qué tesis constante ha sido la de que no puede juntar en un mismo cargo cuestiones irreconciliables (vías directa e indirecta), y que tampoco puede a su gusto dejar de lado ninguno porque es también reiterado aquello de que el ataque en casación debe ser completo, toda vez que la Corte considera que ‘no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido atacada en casación, ni por violación de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado’ (LXXI, pág. 740; LXXIII, pág. 45 y LXXV, pág. 52)”.

Advertido esto es que la Sala expresó “que nada obsta para que el ataque total pueda hacerse en el mismo cargo con la debida precisión. Conjuntar ordenadamente violaciones directas e indirectas, así como de varia tenga la argumentación del tribunal, guardándose, eso sí, la correspondencia necesaria (...) porque es refulgente que la pluricitada regla técnica tiene por fundamento el principio filosófico de contradicción. Si el tribunal se apoya no más que en una de las hipótesis que se dejaron referidas en el ejemplo, profanaríase tal postulado si llegara a decirse que la violación de las normas se presentó a la vez por las dos sendas, la vías directa e indirecta; mas no cuando se apoya en todas, porque las dos vías predicaríanse de cosas diferentes, y no respecto de la misma cosa que es el presupuesto lógico del principio”.

Pues bien, si en el caso el tribunal se expresó al tiempo jurídica y probatoriamente, pues dio en el fracaso de la simulación tras ver que la actora, según la teoría jurídica que adujo en su apoyo, carecía de interés para intentarla y porque, aun sin ser así, tampoco estaría demostrada la simulación, cuestiones ambas que no resultan del agrado del recurrente, más que autorizado estaba este para encauzar la impugnación en los términos en que la planteó; aquello por la vía directa, y esto por la indirecta.

Eso sí, es obvio, el éxito del recurso está supeditado al triunfo de ambos ataques, cosa que de antemano, debe advertirlo la Corte, no alcanza el recurrente, ya que si bien el ad quem no fue muy afortunado al estudiar el tema de la legitimación, cuestión sobre la cual hizo obrar normas que no hacen al caso, con total olvido de la regla que a estos efectos establece el Código Civil, sin parar mientes en que existen acá unas previsiones especiales [al punto que bien puede atribuirse algo semejante a que ni siquiera percató que estas existen —desde que no adelantó ninguna labor hermenéutica tomándolas en consideración—], no acontece lo propio en cuanto a la simulación.

A la verdad, evidente es el desapego del sentenciador al contenido de las reglas comentadas, porque si el título de adquisición fue anterior a la disolución, como efunde de cotejar la escritura en que se instrumentalizó la compra, corrida el 27 de junio de 1978 en la notaría 8 de esta ciudad, con la que contiene la liquidación, que data del 19 de julio siguiente, es indudable que la norma cuya aplicación debió tomar en cuenta a fin de establecer si realmente la demandante estaba habilitada para impugnar la venta, debió ser el artículo 1793 del Código Civil, según el cual se reputan “adquiridos durante la sociedad los bienes que durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y que de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la sociedad”, previsión que acompasa con lo expresado en el artículo 1792 del mismo ordenamiento, que prevé cómo no conforma ese haber la especie adquirida durante ella “a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición” la haya precedido.

Pues que, con prescindencia de la época de la inscripción del título en el registro inmobiliario, impertinente era analizar esa problemática al amparo de las normas que rigen esa materia, por supuesto que en medio de una polémica sobre el haber de la sociedad conyugal, imperativo resultaba para el ad quem estudiar el asunto con vista en la regulación especial que la gobierna, donde se hallan fijadas unas pautas para establecer cuándo un bien tiene el carácter social y cuándo debe excluirse.

Acaso es esta la razón por la que la Corte lo haya sostenido de ese modo (G.J. t. LXXIX, pág. 124) y que autorizados expositores afirmen, en ese mismo sentido, que “así como los bienes adquiridos durante la sociedad, por una causa o título anterior a ella, pertenecen al cónyuge adquirente, los que se adquieran después de su disolución, por una causa o título oneroso generado durante la vigencia, pertenecen a la sociedad. Para determinar el carácter de un bien no se atiende a la época de la adquisición del dominio sino a aquella en que se genera la causa o título que la produce (...) De ahí que los inmuebles adquiridos en virtud de un título oneroso generado durante la sociedad (...) pertenecen a ella, aunque la adquisición efectiva haya sido el motivo que la retardó: por no haberse tenido noticia de los bienes, por habérsela embarazado injustamente, por olvido, descuida o negligencia, falta de tiempo, caso fortuito, etc. (...) Se ha fallado, por eso, que es de la sociedad conyugal el inmueble comprado por el marido, durante su vigencia, aunque se inscriba después de la solución de la sociedad producida por el fallecimiento de la mujer” (Alessandri Rodríguez, Arturo, Tratado Práctico de las Capitulaciones Matrimoniales, de la Sociedad Conyugal y de los Bienes Reservados de la Mujer Casada, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1935, pág. 220).

Muy brevemente, haciendo parte del haber social el bien, el interés y de allí la legitimación para disputar la simulación de la venta, era cuestión que no podía descartarse a secas, cual acabó sucediendo. Lo cierto, empero, es que con abstracción de un desatino como el que se hace palpitante en este criterio sentencioso, ya en lo que toca propiamente con la ausencia de prueba de la simulación, en cuya demostración explanó el tribunal su punto de vista probatorio, no existen, sin embargo, los desvaríos que le achaca la impugnación.

A comprobarlo está cómo, a medida que el litigio recorrió el trámite de las instancias, fue estrechándose cada vez más, de tal modo que hoy reducido quedó a una sola cosa de las tantas que al despegar lo caracterizaron. Ya que la simulación implorada en la demanda fue la absoluta, negocio que comprendió cuatro inmuebles, y en subsidio su anulación por dar cuenta de una donación efectuada sin el pleno de las formalidades requeridas para ello, el a quo apenas si dio abrigo a una exigua franja de ese petitum. Declaró, ciertamente, la simulación absoluta, pedida en forma principal, y solo en cuanto tuvo que ver esta con uno de los predios objeto de la enajenación, determinación sobre la cual no aparejó más pronunciamientos, en especial el reconocimiento de los frutos por los que también venía la demandante.

El fallo fue apelado por las partes, recurso cuyas fronteras fijó con precisión manifiesta Marina de Lourdes al sustentarlo; en efecto, sin prestar atención a lo que le resultó desfavorable en la primera instancia, a saber, que la simulación no dio cobijo a los otros bienes y el olvido del juzgado de pronunciarse sobre la nulidad, pidió con énfasis confirmar la simulación declarada, elevando su protesta, sí, en lo alusivo estrictamente a los frutos. La decisión así adoptada, recuérdase, fue revocada por el tribunal, que además rehusó también la nulidad que en subsidio alegóse en la demanda y sobre la cual, advertido del olvido que en ese aspecto cayó el a quo, nada se había decidido.

Ahora, ya en casación viene la actora mostrando su pendencia no más que en lo atinente a la simulación absoluta, la que había declarado el juzgado; de donde, hay que reconocerlo, por fuera de la zona del recurso está por fuerza de lo anterior todo aquello que desborde ese apretado margen, desde luego, entonces, la situación de los otros bienes y, en especial, la nulidad, razón por la cual el estudio al que ha de aplicarse la Corte no puede ir más allá de ese aspecto resolutorio de la sentencia objeto de impugnación.

Lo propio, en orden a adelantar ese examen, es fijar la vista en las razones que blandiéronse en la sentencia a efectos de descartar la simulación, esto es, la existencia de contraindicios que restaban todo el vigor de los indicios que, por el contrario, apuntaban a ella; estos, repítese, el pago del precio, la tardanza de Marina de Lourdes en formular el reclamo y, por último, el ejercicio de la posesión sobre el bien por parte de la sociedad, contraindicios que, como atrás se dejó resumido, a juicio de la acusación, pesan mucho menos que los indicios que por todos los costados afloran en procura de soportar la pretendida simulación.

Pues bien. Cuanto al fenómeno simulatorio bien cabe hacer los siguientes apuntamientos generales.

El ordenamiento jurídico, es lo cierto, establece las condiciones en virtud de las cuales los individuos amoldan su voluntad; por modo que cuando estos, en pos de satisfacer sus intereses, deciden intervenir en el ámbito negocial y se allanan cabalmente a los requisitos que la ley impone, hácense acreedores a la recompensa que a guisa de sanción legal prevé el artículo 6º del Código Civil; el acto o contrato queda pues revestido de validez y firmeza, proyectando todo su vigor como ley que es para las partes (pacta sum servanda).

A buen seguro, pues, que los intereses que impulsaron su voluntad, los móviles del acto, se verán de ese modo satisfechos; allí, en el convenio, en la expresión de la voluntad, se encontrará el preciso vínculo que ha sido creado, con sus límites y alcances.

Mas, así como en las mayorías de las veces la voluntad expresada comporta una respuesta efectiva al deseo de los contratantes, es común, también, por muy infortunado que parezca, que por diversas circunstancias esta no es siempre totalmente fiel a sus designios; ocasiones hay en que la voluntad querida discrepa de la que resultó declarada, desacople que así como puede estar en uno solo de los contratantes de igual modo es factible que concurra en ambos.

Lo que cabe rescatar de esto, es que cuando tal desarmonía es consciente y querida por todos los que protagonizan el contrato, quienes, sabedores de que lo expresado disiente de lo que por sí y ante sí se guardan, que han lanzado unas palabras falaces, las mismas que están destinadas a llegar al conocimiento de los terceros, se revela con marcada nitidez el fenómeno simulatorio, algo que en esencia no constituye más que fingir una cosa; jurídicamente, fingida mediante el concierto de las partes. Así, lo evidente será entonces que el negocio explicitado no sea ley para las partes, aun reuniendo las condiciones externas de validez; la farsa no será, pues, lo que los liga; la verdadera voluntad ha de ser la interna, la llamada a regular sus relaciones. Se ha tomado partido, así, a favor de la voluntad interna.

Es claro, desde otro ángulo, que involucrando dicho estudio la prueba indiciaria, a la que comúnmente se acude como única vía para satisfacer la carga probatoria que de cualquier manera recae en quien ejercita la acción de prevalencia, la libertad que de ordinario tiene el juzgador en su análisis adquiere una connotación mayor, puesto que su labor dialéctica se concentra en un juicio de valor “lógico-crítico, en el que partiendo de lo conocido, arriba el hombre a lo desconocido, resultando así que la apreciación del tallador se encuentra determinada por tal juicio y no por la objetividad de los hechos” (G.J. t. LI, pág. 21, Sent. abr. 24/41).

Lo cual indica que la Corte, en esa labor valuativa como tribunal de casación, no puede, por regla general, quebrar los fallos de segunda instancia, “salvo los casos de excepción, como son el de que se afirme estar probado un hecho, sin estarlo, y de ahí se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual si lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se deducen consecuencias que lógicamente no cabe deducir, por faltar entre estos y aquellos el obligado vínculo de causalidad” (G.J. t. LVI, pág. 252).

Y colócase especial acento en lo anterior, porque si bien los escasos argumentos probatorios de la sentencia no descubren con la exactitud deseada la razón de ser de la decisión, pues por averiguar está porqué pesaron más en el ánimo del ad quem los contraindicios que los indicios que, hay que admitirlo, sin mucho esfuerzo se palpan al otro orillo de la contienda, la verdad es que, conjuntado todo —en particular eso del tiempo que transcurrió desde que se verificó la liquidación en 1978 hasta la presentación de la demanda, que vino a suceder en 1994— con otra serie de circunstancias que halla la Corte en el análisis de ese elenco indiciario, no acaba por refulgir, con los visos que le son propios, el carácter absoluto de la simulación, que, se itera, es la especie simulatoria por la que acabó abogando la recurrente en casación, definida como aquella que “se realiza siempre que las partes, a tiempo que logran conseguir el propósito fundamental buscado por ellas de crear frente a terceros la apariencia de cierto acto jurídico y los efectos propios del mismo, obran bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el acto que aparecen celebrando, ni desde luego sus efectos, dándolo por inexistente. La declaración oculta tiene aquí, pues, el cometido de contradecir frontalmente y de manera total la pública, y a eso se reducen su contenido y su función” (Cas. Civ. Sent. mayo 21/69). Algo como eso, es evidente, rechaza entonces la idea de que el ad quem haya incurrido en un yerro estruendoso al abordar ese pedazo de la controversia en la perspectiva probatoria.

El caso, a decir verdad, no muestra que, de haber existido simulación, esta hubiere sido en la categoría de absoluta. Todo lo más porque no se barrunta ni siquiera cuál pudo ser el móvil que llevase hasta ese término el grado simulatorio. En cualquier caso, no está demostrado el que específicamente señala la demandante, esto es, que José Mario habría experimentado necesidad de eludir la persecución de su ex cónyuge. Este hecho está desprovisto de un grado de verosimilitud tal que denote sin más la contraevidencia de un fallo desestimatorio como lo fue el del tribunal. Para el recurrente hay circunstancias que denotan la simulación; por no referirlas todas, trae a cuento que la venta en bloque de una proporción importante de los bienes que integran el patrimonio del demandado, la curiosa forma en que se estipuló el pago del precio, exiguo, así se niegue esa circunstancia, los términos en que fue finalmente cancelado, cosa que sin duda resta toda verosimilitud a la negociación, la estrecha relación afectiva de Montoya con los miembros de la sociedad, la cercanía entre la constitución de esta y la venta, las características de la misma, lo poco creíble que resulta el argumento de que fue motivada por los embates de la violencia en la región y sin embargo se transfiera el bien a los integrantes de su grupo familiar. Naturalmente que su punto de vista no es descartable; pero, itérase, no es suficiente apuntar y hasta llegar a demostrar que faltó sinceridad en el negocio, habida consideración que, más allá de ese simple quehacer, es de necesidad absoluta comprobar la clase de simulación por la que se ocurre a la jurisdicción. Y ya está visto, y hasta reiterado también, que todo cuestionamiento distinto a la simulación absoluta ha quedado atrás.

A ese propósito conviene subrayar que los contratantes no siempre disimulan del mismo modo. Casos hay en que del negocio aparente no desean absolutamente nada, y otros en que algo quieran de él. En el primer evento, cuando la negociación toda es fingida, esto es, en que nada de ella concuerda con la realidad, dícese que la simulación es absoluta; a la verdad, corrido el velo que disfraza el negocio, no se ve más que la nada, porque precisamente las partes no quisieron ni el negocio declarado ni otro ninguno.

En el segundo, en cambio, de la voluntad que declararon algo es verdad, y de ahí que descubierto el engaño, se halla que si bien las partes no quisieron el convenio aparente en la forma en’ que aparece, sí son reales algunos de sus efectos, como cuando, verbigracia, se simula la persona del contratante. o sobre las modalidades ciertas del negocio, o —evento que les viene al caso—, lo que en cambio es la naturaleza de la negociación (queriéndose donar se finge vender, por ejemplo). Lo importante de destacar hoy es que las consecuencias de uno y otro caso difieren.

En efecto, mientras que en la simulación absoluta el infundio todo debe caer, en la relativa cae apenas lo fingido y enhiesto queda lo real y verdadero; si, por caso, de todos modos hubo intención de transferir el dominio, pero se fingió la vía por la que quiso alcanzarse el fin, la transferencia misma, por ser real, posee toda eficacia, a menos que concurra alguna circunstancia legal que por otros motivos le resta fuerza jurídica.

Al compás de todo ello, así mismo será la carga probatoria de quien acusa la simulación, según sea de una u otra especie la que es suplicada. En la absoluta, demostrando que tras el biombo no hay nada; y en la relativa, develar el verdadero negocio oculto. No basta, pues, demostrar que disimulo hubo, habida cuenta que es determinante saber en qué medida fue lo que hubo.

Y el motivo, la “causa simulandi”, el móvil psicológico concreto, racional y económico que impulsa el artilugio de los simuladores [que en opinión de buena parte de la doctrina especializada constituye, claro, con otro tipo de indicios de igual calado, una categoría superior en materia indiciaria, pues su presencia en las distintas formas de simulación es siempre visible], resultará siendo en tal averiguación un medio invaluable para establecer la especie simulatoria que subyace en el negocio. Pues, es evidentísimo, no es posible pensar que se halla en iguales condiciones quien oculta sus bienes para evadir la acción de sus acreedores —que lo hace por instinto de conservación—, de quien simula para beneficiar a un hijo en perjuicio de otros hijos movido por fuertes corrientes afectivas.

Así que, es apodíctico, si de las pruebas no se advierte, con la contundencia que reclama el recurso extraordinario, que al compravender los demandados tuvieron en mente el propósito de sustraer del patrimonio de Montoya esa proporción importante de su patrimonio para eludir las eventuales acciones de María de Lourdes para reintegrar el haber social y así hacer valer los derechos sobre el bien, la casación no puede abrirse paso.

La colindancia del predio con otro que en la liquidación fue adjudicado a Montoya y el afecto que este guardaba por el bien, cosas que sumadas a la difícil situación económica que la agobió en los primeros meses de 1991 y la creación de la sociedad, resultaron determinantes para que este se desprendiera de su patrimonio radicándolo en cabeza de la sociedad y así conjurar toda amenaza sobre el bien, no dicen que, decididamente, el móvil de la enajenación en bloque haya sido evadir las posibles acciones que ella pudiera intentar sobre el bien; y la razón está en que eso, en sí mismo, no es cosa que resulte verosímil a la hora de medir qué tanto peso en el ánimo de Montoya pudo tener la situación económica de Marina de Lourdes, como para que optara por una salida de la drasticidad que se aprecia en la venta.

En otros términos, por cuenta del potencial reclamo de la actora esa causa simulandi es altamente deleznable, toda vez que lo de la colindancia y la aprehensión por la finca no son cosas que por sí o conjuntadas con lo otro digan en forma inequívoca que eso pudo llevar a la simulación; y más todavía cuando las épocas en que una y otra cosa sucedieron no coinciden con la exactitud que el caso, dadas sus características, impone; la creación de la sociedad, cual se advierte de su certificado de constitución y gerencia, data de octubre de 1990, y la venta de junio del año siguiente, lo que indica claramente cómo los preparativos para la celebración del negocio simulado comenzaron desde unos meses antes de que las dificultades económicas de Marina de Lourdes se dieran. Según lo relató en el interrogatorio que absolvió, estas iniciaron en 1991, pero solo en mayo fue cuando pidió apoyo a José Mario; luego no resulta explicable que el concierto simulatorio haya tenido como detonante esas amenazas, si hasta ese instante, cuando empezó a fraguarse el fingimiento del acto no existía todavía una remota causa para ello.

Es palmar, por lo demás, que si es la misma Marina de Lourdes Jaramillo quien asegura que su situación económica cambió para mal en esa época, a ello ha de estarse la Corte para examinar el punto; claro está, quien más que ella para saber con esa precisión cuándo fue que esas circunstancias se presentaron. Es de sindéresis pensar acá, como en otras materias lo ha dado en considerar la jurisprudencia, que por sobre todo está la revelación de la conducta misma de quien refiere esos hechos personales, cual ocurre con el sedicente poseedor (Cas. Civ. Sent. jun. 11/2001, exp. 6351).

Por si fuera poco, nótase cómo transcurrida más de una década después de la liquidación de la sociedad sin que jamás durante esos largos años [más de doce] viniera un reclamo sobre la propiedad del bien, no es comprensible que, sin motivo visible, sin enfrentamientos siquiera personales, cosa que relata sin turbación la demandante, como en efecto ha quedado a descubierto, ya que todavía no existían los apremios económicos de ella, decidiera Montoya alterar ese estado de cosas, que bien puede afirmarse, lo beneficiaba, para pasar a uno donde la simulación es notoria sobremanera, con el propósito de desterrar para siempre ese reclamo latente.

Antes por el contrario, de haber sido ese el objetivo perseguido por Montoya, muy mal habla del mismo que tantos rastros de simulación hubiera dejado en el camino, cosa que en últimas no encuentra justificación de ninguna clase tratándose de una persona con sus calidades profesionales y fuera de ello notario público, del que supuestamente, claro, en lo común, se esperaría un celo mayúsculo si es que su intención era ocultar la verdadera naturaleza de la negociación frente a Marina de Lourdes. Para mejor decirlo, de haber sido ese el móvil, cosa que no se afirma, su efecto sería muy otro, pues al romper la simulación, terminaría alertando a su excónyuge sobre el supuesto fin de la venta.

El naufragio de la censura, así, es asunto que entonces adviene ineluctable; adrede se puso de presente en líneas anteriores que el litigio vino estrechándose en la medida en que las instancias se surtieron, al punto que ahora, hallándose el asunto en casación, la disputa tuvo unos confines bien precisos; la discusión estuvo solo en cuanto refiere la simulación absoluta del contrato, riña en la que no encontró éxito la impugnación.

Por todo lo dicho, los cargos en estudio no florecen.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Costas del recurso a cargo de la recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

_______________________________________