SENTENCIA 2857 DE ABRIL 12 DE 1991

 

Sentencia 2857 de abril 12 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

LA PRUEBA

EN EL PROCESO GUBERNATIVO

EXTRACTOS: «La inveterada práctica de interpretar los códigos a base de locuciones o artículos inconexos, sin mirar el contexto o conjunto, conduce a conclusiones, cuando menos, ligeras o ineptas, pues, es principio elemental de derecho que las normas de cualquier estatuto legal deban armonizar entre sí, para conformar un todo orgánico.

En el caso particular del artículo 34 del Decreto 01 de 1984, que pertenece al título I, “las actuaciones administrativas”, cuando se autoriza, en el curso de éstas, a “pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales...”, evidentemente, la expresión acabada de resaltar, no se predica de prueba o “informaciones” que toquen con fiscalizaciones, requerimientos o liquidaciones objeto de recursos administrativos, pues, de otro modo, sobrarían los artículos 57, 58 y 60 ib., del título II, “la vía gubernativa”, que señalan, expresamente, los medios probatorios admisibles, los términos preclusivos para practicar éstos y el efecto suspensivo del término probatorio, en el evento del silencio negativo.

Estarían de más, igualmente, el 3º, que trata entre otros, de los principios de imparcialidad, publicación y contradicción de las decisiones; el 36, según el cual, la decisión discrecional se debe adecuar, “a los fines de la norma que la autoriza”; y el 76-10, que instituye, como causal de mala conducta del funcionario, el hecho de “no practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las solicitadas”, para no citar otros (subrayas fuera de texto).

Como no es concebible que el legislador se haya ocupado de dar tan extensa serie de reglas sin ninguna finalidad, ha de concluirse que la prueba, en el proceso gubernativo, debe observar ciertas formalidades y requisitos. Y no es cierto, pues, que, en cualquier caso, la administración disponga de facultad para sustentar su actos en “investigaciones informales”».

(Sentencia de abril 12 de 1991. Expediente 2857. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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