Sentencia 2864 de noviembre 1º de 1994

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SOLICITUDES DE LICENCIAS Y PATENTES

NOTIFICACIÓN A LOS VECINOS

EXTRACTOS: «Solicita el actor la nulidad del inciso 8º del artículo 1º del Decreto número 1319 de 1993, que a la letra dice:

“Vecinos: Para todos los efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 9ª de 1989, se entiende por vecinos a los propietarios, a los poseedores, y a los tenedores de todos los predios colindantes sin distinción alguna”.

El Congreso de la República expidió el 11 de enero de 1989 la Ley 9ª o Ley de la Reforma Urbana, “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

La ley en mención modifica algunas disposiciones del Código de Régimen Municipal, traza pautas para la planificación del desarrollo municipal, para el uso del espacio público, para la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y por expropiación, para la protección de los moradores en los proyectos de renovación urbana, para la legalización de títulos de vivienda de interés social y se ocupa también, entre otros tópicos, de las licencias y de las sanciones urbanísticas, tema desarrollado en el capítulo VI de dicha normativa.

Así, en el artículo 65, el ordenamiento se refiere al trámite que debe seguirse para las solicitudes de licencias y de patentes poniendo especial énfasis en la comunicación, mediante la citación y notificación personal a los vecinos. El texto de la norma es el siguiente:

“ARTÍCULO 65. Las solicitudes de licencias y de patentes serán comunicadas a los vecinos a quienes se citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos, en los términos previstos por los artículos 14 y 35 del Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo).

Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes de licencias y de patentes serán notificados personalmente a los vecinos en la forma prevista por los artículos 44 y 45 del Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). La parte resolutiva de dichos actos también será publicada en un periódico de amplia circulación en el municipio donde se encuentren ubicados los inmuebles, o en cualquier otro medio de comunicación social, hablado o escrito, por cuenta del interesado. El término de ejecutoria para el interesado y para los terceros empezará a correr al día siguiente al de la publicación, y en el caso de los vecinos, a partir de su notificación.

Contra los actos que otorguen una licencia o patente cabrán los recursos de la vía gubernativa que señala el Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). Transcurrido el plazo de dos (2) meses, contado a partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado la decisión expresa de ellos, se entenderá que la decisión es negativa y quedará en firme el acto recurrido. Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto e incurrirá en causal de mala conducta el funcionario moroso”.

Como bien se puede observar, la Ley 9ª de 1989, habla de vecinos y de terceros. A los primeros, según lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 65 deben notificárseles personalmente los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes, y respecto de ellos el término de ejecutoria comienza a correr a partir de la notificación. En cuanto a los terceros dice la norma que el término de ejecutoria comienza a correr al día siguiente al de la publicación.

Por su parte, la norma acusada, esto es, el inciso 8º del artículo 1º del Decreto 1319 de 1993, define lo que debe entenderse por “vecinos” para los efectos de que trata la Ley 9ª de 1989. Dice así la disposición:

“Vecinos: Para todos los efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 9ª de 1989, se entiende por vecinos a los propietarios, a los poseedores y a los tenedores de todos los predios colindantes sin distinción alguna”.

Dada la circunstancia de que según la ley deben notificarse personalmente a los vecinos los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes de licencias y de patentes, y de que para ellos el término de ejecutoria comienza a correr a partir de la notificación, resulta lógica y justificada la limitación que del concepto “vecinos” trae la disposición acusada, pues tal circunstancia le da aplicación práctica a la norma reglamentada, uno de los objetivos de la potestad reglamentaria. De lo contrario, y si se obedece al concepto que de vecino trae la ley civil (todo el que habita en un determinado municipio con ánimo de permanecer en él), se haría inaplicable la norma le-gal, dada la dificultad de notificar personalmente a todos los habitantes del municipio correspondiente los actos que resuelvan todas las solicitudes de licencia de construcción y de patentes.

Ahora, para la Sala no resulta válido lo argumentado por el demandante, en el sentido de que en el mejor de los casos, los colindantes son tres, en los lotes esquineros dos, y en el caso de una construcción que ocupe toda una manzana, ninguno, dando a entender que las personas que vivan en frente o calle de por medio, se quedarían sin oportunidad de hacer valer sus derechos. No resulta válido tal argumento pues tales personas que viviendo cerca, no alcanzan el carácter de colindantes, pueden hacer valer sus intereses en calidad de terceros en la oportunidad que les da la misma Ley 9ª de 1989 cuando en su artículo 65, inciso 2º, dispone que “la parte resolutiva de dichos actos también será publicada en un periódico de amplia circulación en el municipio donde se encuentren ubicados los inmuebles, o en cualquier otro medio de comunicación social, hablado o escrito, por cuenta del interesado”, y que para ellos, el término de ejecutoria comenzará a correr al día siguiente de la publicación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniéganse las súplicas de la demanda».

(Sentencia de noviembre 1º de 1994. Expediente 2864. Consejero Ponente: Dr. Yesid Rojas Serrano).

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