Sentencia 28725 de julio 19 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EXTRACTOS: «Se examina en sede de casación el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Ibagué, el 21 de junio de 2007, en el cual se revocó la decisión absolutoria de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad, el 12 de junio de 2002, y en su lugar condenó al procesado César Liz Lozano, por el delito de homicidio agravado en el cual emergió víctima Niyamirle Leonel Rada, a la pena principal de 26 años, 10 meses y 15 días de prisión. De igual manera, se impuso la sanción accesoria de interdicción en derechos y funciones públicas, por un término de 10 años, se negaron al procesado los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria, y se dispuso el pago de perjuicios materiales y morales.

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Consideraciones de la Corte

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Ahora bien, la concatenación de los indicios arriba descritos con lo arrojado por las experticias científicas, en las cuales se señala que la muerte pudo presentarse por intoxicación o sofocación mecánica —también, desde luego, por causas naturales—, permite a la Corte advertir inconcuso, dentro de los presupuestos de certeza que gobiernan la sentencia de condena, el actuar criminal del procesado, reflejado en la muerte de quien, como esposa, apenas representó un medio expedito de riqueza fácil.

Vale decir, cuando los dictámenes médicos referencian asaz extraña la muerte de la procesada, sin que lo verificado permita establecer una causa cierta, los indicios despejados en disfavor del acusado, dada su concordancia, pluralidad y gravedad, permiten completar esa parte de penumbra que los primeros contienen, advirtiendo incontrastable que la muerte operó consecuencia de la voluntad del procesado.

Al efecto, no puede soslayar la Corte cómo unívocamente esos hechos que representan el comportamiento inusual del acusado, necesariamente se explican por ocasión de la muerte provocada de la víctima.

Es que, la trama urdida se manifiesta ostensible a partir de entender la inusual forma de hacerse a la víctima, ofreciéndole un trabajo digno a quien la pobreza agobia y ya después, casi sin solución de continuidad, llevándola al altar con la promesa de una vida mejor, no sin antes, exacerbando una capacidad económica que no poseía, obtener una póliza de seguros que sólo beneficia al cónyuge, no empece contar la interfecta con dos pequeñas hijas, casi desamparadas, para después, sin que otra causa posible pueda siquiera imaginarse, tratar de intoxicarla con sustancia extraña, en tentativa frustrada, y finalmente, reiterada la pretensión, demorar al máximo el traslado para la indispensable atención médica.

Uno solo de esos comportamientos podría eventualmente justificarse, pero la suma de ellos construye un hilo conductor inexcusable en torno de la muerte y sus motivaciones.

Claro, siempre será posible, a través de la simple retórica, hallar argumentos sofísticos más o menos adecuados que puedan explicar, favorablemente al acusado, de manera independiente cada uno de los indicios en cita.

No obstante, esa tarea resulta inane cuando lo examinado es el conjunto indiciario, su concatenación lógica y la relación indubitable que ata cada hecho con el resultado luctuoso hoy lamentado.

Por ello, en un plano de simple racionalidad fáctica y jurídica, apenas puede concluirse que el entramado criminal comporta varias aristas, todas ellas concurrentes, que permiten reconstruir los hechos desde el mismo momento en el cual el procesado eligió a la víctima potencial, persona humilde y de bajo estatus social y cultural, contratada para supuestamente administrar un negocio de comidas rápidas.

Ya contando con ella, se le propone matrimonio de manera inusual a quien apenas se conoce, no obstante contar el contrayente con una relación sentimental estable, conviviendo bajo el mismo techo con otra mujer y la hija común.

En el lapso que va desde la petición de matrimonio hasta que este se realiza, el procesado, sin contar con la intervención material directa de la supuesta tomadora, hace todo lo posible, incluso mintiendo acerca de la real condición económica de Niyamirle Leonel Rada, para adquirir un seguro de vida en el cual solo él —quien directamente se encarga de la negociación y pago de la póliza—, aparece como beneficiario, pese a que la víctima cuenta con dos hijas menores de edad que poco poseen.

Poco tiempo después de celebradas las nupcias se intenta por primera vez causar la muerte de la interfecta, en tentativa frustrada que no amilana al ejecutor, pues, quince días después se repite, ahora sí consumando el querer del acusado, quien, no obsta resaltar, era la única persona que acompañaba a la víctima cuando se presentó el deceso.

En suma, el procesado no solo tuvo un motivo suficiente para generar el resultado, sino que prefabricó las circunstancias de uno y otro, contando también con la oportunidad y medios necesarios en ese cometido.

Y, precisamente, todas esas actividades o comportamientos del procesado se aprecian extraños porque el común de las personas, cuando sus motivos son nobles, o siquiera lícitos, así no actúa.

Se ha demostrado, entonces, que el resultado muerte vino consecuencia del querer y actividad del procesado.

En consecuencia, atendidos los presupuestos básicos consagrados en la normatividad penal vigente para el momento de los hechos, esto es, el principio de libertad probatoria y el necesario análisis conjunto de los elementos recaudados, a la luz de los criterios que rigen la sana crítica, la Sala apenas puede concluir que el procesado César Liz Lozano es responsable penalmente del homicidio de su esposa.

De esta forma, sigue vigente la sentencia de condena que en su contra profiriese el Tribunal de Ibagué, no obstante el evidente yerro en que incurrió al momento de evaluar la prueba pericial, habida cuenta que, huelga resaltar, ese yerro, o mejor, la adecuada comprensión de lo que los dictámenes científicos arrojan, no resulta suficientemente trascendente como para desvirtuar la amplia y coincidente prueba demostrativa de la participación directa del procesado en una muerte que, se reitera, obedeció a manos criminales.

Precisiones adicionales

La Corte ha de hacer algunas consideraciones en punto de este tipo de comportamientos y la solución pertinente a las pretensiones meramente civiles, cuando no sea posible condenar al procesado.

Ello, dentro del contexto moderno de interpretación judicial que con Ronald Dworkin a la cabeza, propugna por soluciones adecuadas o correctas que tomen en cuenta principios básicos de justicia y se valgan para el efecto de un examen integral del sistema jurídico y no apenas descontextualizado de las normas que directamente competen al asunto debatido, en los llamados “casos difíciles”.

Acerca de los casos difíciles o controversiales y la actitud que debe adoptar el juez, esto señala el tratadista citado (30) :

“En los casos difíciles, la argumentación jurídica gira en torno de conceptos controvertidos cuya naturaleza y función son muy semejantes al concepto del carácter de un juego. Entre ellos se incluyen varios conceptos sustantivos mediante los cuales se enuncia el derecho, tales como los conceptos de contrato y de propiedad. Pero se incluyen también dos conceptos de mucha mayor importancia para lo que en este momento discutimos. El primero es la idea de la “intención” o “propósito” de una determinada ley o cláusula. Este concepto sirve de puente entre la justificación política de la idea general de que las leyes crean derechos, y aquellos casos difíciles que plantean qué derechos ha creado una ley determinada. El segundo es el concepto de principios que están “en la base de” o “incorporados en” las normas jurídicas positivas. Este concepto sirve de puente entre la justificación política de la doctrina de que los casos semejantes deben ser decididos de manera semejante y aquellos casos difíciles en que no está claro qué exige esa doctrina general. Juntos, estos conceptos definen los derechos legales como función —aunque una función muy especial— de los derechos políticos. Si un juez acepta las prácticas establecidas de su sistema jurídico —es decir, si acepta la autonomía prevista por sus distintas normas constitutivas y regulativas—, entonces, de acuerdo con la doctrina de la responsabilidad política, debe aceptar alguna teoría política general que justifique dichas prácticas. Los conceptos de intención de la ley y los principios del derecho consuetudinario son recursos para la aplicación de esta teoría política general a problemas controvertibles sobre los derechos”.

A su turno, respecto de la integralidad normativa y su aplicación en la definición de casos difíciles, esto anota Dworkin (31) :

“El derecho como integridad es, por lo tanto, más inexorablemente interpretativo que el convencionalismo o el pragmatismo. Estas últimas teorías se ofrecen como interpretaciones. Son concepciones del derecho cuyo objetivo es mostrar nuestras prácticas legales desde su mejor perspectiva y recomiendan, en sus conclusiones posinterpretativas, estilos o programas bien definidos para la adjudicación. Pero los programas que recomiendan no son en sí programas de interpretación: no piden a los jueces que deben decidir casos difíciles que realicen un estudio esencialmente interpretativo de la doctrina legal. El convencionalismo exige que los jueces estudien los informes oficiales y los registros parlamentarios para descubrir qué decisiones han tomado las instituciones convencionalmente reconocidas con poder legislativo. No hay duda de que en dicho proceso surgirán cuestiones interpretativas: por ejemplo, puede ser necesario interpretar un texto para decidir qué estatutos construyen nuestras convenciones legales a partir de él. Pero una vez que el juez ha aceptado el convencionalismo como guía, no tiene más ocasiones de interpretar el registro legal en su totalidad, al decidir ciertos casos en particular. El pragmatismo requiere que los jueces piensen en forma instrumental acerca de las mejores reglas para el futuro. Ese ejercicio puede requerir la interpretación de algo que va más allá de lo material: un pragmático utilitarista puede necesitar preocuparse sobre la mejor manera de interpretar la idea de bienestar comunal, por ejemplo. Sin embargo, debo insistir en que una vez que un juez acepta el pragmatismo, ya no podrá interpretar la práctica legal como un todo.

El derecho como integridad es diferente: es a la vez el producto y la inspiración para la interpretación comprensiva de la práctica legal. El programa que ofrece a los jueces que deben decidir casos difíciles es esencialmente interpretativo: el derecho como integridad les pide que continúen interpretando el mismo material que reclama haber interpretado bien por sí mismo. Se ofrece como continuidad (la parte inicial) de las interpretaciones más detalladas que recomienda”.

En seguimiento de esas pautas, es necesario resaltar cómo el principio de justicia material se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la resolución de una determinada situación jurídica. Demanda, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y, especialmente, por la persona o personas que afecta, bajo el entendido que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales.

Por ello, es necesario que la Corte en su función hermenéutica y pedagógica, de cara a la protección de las víctimas (32) , haga una interpretación que, sin afectar el propósito plasmado por el Legislador en las normas que regulan el punto, minimice el impacto negativo que puede tener en sus derechos una sentencia absolutoria —desde luego, para los casos en los cuales ello se presente, ajenos al que se debate—, partiendo, de un lado, de que la condición de víctima se tiene, independientemente de que se condene al eventual autor del injusto (33) , y, de otro, del reconocimiento de que los fallos de la judicatura están inspirados en un principio de justicia, como lo ha dejado entrever la doctrina constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-366 de 2000, en la que se dijo:

“Una de las funciones del juez dentro del Estado de social de derecho, consiste en interpretar, dentro del marco de los principios que rigen este, los actos y conductas de los individuos a efectos de cumplir en forma cabal su función y dar prevalencia al principio de justicia, que no puede quedar desplazado por el culto a las formas, desconociendo los derechos y garantías reconocidas a las personas. El deber del juez, no puede ser entonces de simple confrontación. Su función ha de ser entendida hoy de forma diferente a como lo fue en vigencia del Estado clásico de derecho, pues es un juez que está obligado a interpretar, a deducir, con el objetivo de cumplir en forma adecuada y cabal su tarea, que no es otra que la realización de los derechos de los individuos”.

Dentro de este contexto, el preámbulo de la Carta Política, claramente postula como finalidad básica de las autoridades de la República, propender por el valor justicia.

Así mismo, uno de los fines básicos del Estado social de derecho, acorde con lo consignado en el artículo 2º del plexo constitucional, es la “vigencia de un orden justo”.

No se desconoce, de igual manera la esencia toral del principio del restablecimiento del derecho, que irradia la tramitación penal.

Y, por último, concepto arraigado de tópica jurídica ineludible asoma aquel referido a que nadie puede lucrarse del delito o, en otros términos, el fraude no puede ser fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, dentro del criterio de integralidad que se exige en el análisis de asuntos complejos o controversiales y acorde con la contextualización que exige el criterio de justicia arriba destacado, es necesario precisar cómo el artículo 1036 del Código de Comercio, define el contrato de seguros, de la siguiente manera: “El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva...” (34) .

Sin embargo, tales características de naturaleza meramente formal, no son las únicas que identifican el contrato de seguros. Teniendo en cuenta las normas especiales que lo regulan, surgen otras que resultan relevantes, en particular, que se edifica en razón a la persona; se entiende de adhesión; y en él predomina el principio de la buena fe (35) .

Y es a esta última característica a la cual la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta corporación le ha dada un significado especial, al reconocer que aunque la buena fe debe estar presente en todos los negocios jurídicos, la misma adquiere una mayor connotación en tratándose del contrato de seguros:

“... del contrato de seguro se predica, como atributo que le pertenece, la uberrimae bona fidei, no simplemente para significar que debe celebrarse de buena fe, desde luego que tal exigencia la reclaman específicos mandatos constitucionales (C.P., art. 83) y legales (C. Co., art. 863, C.C. art. 1603, entre otros), respecto de cualquier negocio jurídico, y en general, como regla de comportamiento a seguir en toda relación intersubjetiva con relevancia jurídica; sino para enfatizar que la misma —la buena fe— adquiere, dentro de la estructura de dicho contrato, una especial importancia, al paso que las repercusiones de la misma, examinadas siempre de manera rigurosa, se ofrecen en una muy variada gama de aplicaciones” (36) .

Puede suceder, acorde con lo dicho antes, que en algunos casos no sea posible condenar al procesado como autor de un delito de homicidio, dado que por su naturaleza, el proceso penal exige estándares probatorios máximos, precisamente fincados en el principio universal de la presunción de inocencia y su correlato de in dubio pro reo, consignado en el artículo 7º del Código Penal.

Pero, esos estándares no necesariamente tienen vigencia cuando lo examinado es el tópico de naturaleza civil, pertinente en los casos en los que se ha verificado la existencia de víctimas y también se cuenta con el trámite incidental propio a la constitución de parte civil efectuada por los legitimados para el efecto.

Bajo este panorama, tampoco se discute que en el ámbito meramente civil o comercial, la verificación de los hechos que sustentan las pretensiones, se hace con criterios autónomos, completamente ajenos al principio in dubio pro reo, dado que este, se repite, únicamente opera en punto de la responsabilidad penal.

Pues bien, aunque en algunos casos, diferentes del que se examina, la prueba recabada no resulte suficiente, dentro de los estrictos límites constitucionales y legales, para reconocer responsabilidad penal en cabeza del procesado, asunto distinto irradia lo referente al contrato de seguros y, particularmente, la obligación inherente al mismo de que los contratantes actúen de buena fe, en aras de impedir el pago del seguro.

Cuando se evidencia incontrastable la mala fe inserta en el actuar, se demanda de consecuente pronunciamiento que respete los derechos de las víctimas en un plano de justicia material.

Porque, precisamente en seguimiento de los principios constitucionales y consuetudinarios arriba resaltados, así como el principio de buena fe, la inversión de la carga de la prueba consagrada en el artículo 1077 del Código de Comercio (37) , impele a que se haga justicia cuando en lugar de facultar al beneficiario lucrarse con el hecho que compone el siniestro, se hace valer la mala fe como factor impeditivo de un pago que mejor se halla en manos de los herederos.

En este sentido, el artículo 1142 del Código de Comercio, estatuye:

“Cuando no se designe beneficiario, o la designación se haga ineficaz o quede sin efecto por cualquier causa, tendrán la calidad de tales el cónyuge del asegurado, en la mitad del seguro, y los herederos de este, en la otra mitad.

Igual regla se aplicará en el evento de que se designe genéricamente como beneficiarios a los herederos del asegurado”.

Ha de estimarse, bajo el imperio de la norma examinada y como criterio general, que esa mala fe torna imperativo dejar sin efecto la designación del procesado como beneficiario y por ende, obliga llamar como tales a los herederos de la persona fallecida.

A este efecto, conforme lo consagrado en el artículo 1045 del Código Civil colombiano, subrogado por el artículo 4º de la Ley 29 de 1982, la póliza ha de ser pagada a las menores hijas de la fallecida, por corresponder ellas al primer orden hereditario de manera excluyente. Dice la norma:

“Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal”.

Por lo demás, principios elementales de política criminal —que se concretan en las diferentes formas de evitación del delito, a partir del conocimiento de su génesis, la reiteración de la conducta y el modus operandi del delincuente—, a la cual desde luego contribuye la Corte en sus decisiones, demandan poner coto a un tipo de delincuencia que ha hecho carrera en el país, en aras de desestimularla dados sus perversos efectos.

Porque, cabe anotar, inserta en el cometido criminal una finalidad eminentemente crematística, la imposibilidad de acceder a los réditos buscados ha de servir de freno suficiente para que no se siga recurriendo a medios protervos que las más de las veces implican segar la vida de las personas.

Consecuencialmente, la Sala es del criterio de que en los casos en los cuales no sea posible condenar al procesado por evidenciarse necesario hacer valer en todos sus efectos el principio de presunción de inocencia, pero a la vez se advierte fraudulento su comportamiento encaminado a lucrarse del delito, la aplicación integral de las normas y principios que irradian el derecho obligan exigir que ese lucro no se haga efectivo.

Ahora, como es decisión de la Corte, en el caso concreto y por ocasión del contenido condenatorio del fallo, ordenar que la póliza no sea pagada al procesado, sino a los herederos de la fallecida, cabe precisar que no es posible alegar, para obviar cumplir con lo dispuesto, algún tipo de prescripción, acorde con lo establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, precisamente porque oportunamente el beneficiario original presentó la reclamación y pese al trámite adelantado por la compañía de seguros, no ha sido pagado precisamente a la espera del pronunciamiento definitivo de la justicia penal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 21 de junio de 2007.

2. ORDENAR que el seguro tomado por la fallecida en la Compañía Seguros Bolívar S.A., sea pagado a los herederos suyos, hijas menores de edad, y no al beneficiario.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen».

(Sentencia de casación, 19 de julio de 2009. Radicación 28725. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

(30) Los derechos en serio, Editorial Ariel S.A., Barcelona, septiembre de 1995, págs. 176 y 177.

(31) El imperio de la justicia, Gedisa Editorial, noviembre de 1992, págs. 164 y 165.

(32) El concepto de víctima que aquí se considera es el traído en el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor: “Se entiende por víctimas, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. “La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con este”.

(33) Ibídem.

(34) A su turno, la doctrina colombiana ha diseñado la siguiente noción para ese tipo de contrato “Es un contrato solemne, bilateral, oneroso y aleatorio (art. 1036), en que intervienen como partes el asegurador, persona jurídica que asume los riesgos (art. 1037, ord. 1º) y el tomador que, obrando por cuenta propia o por cuenta de tercero, traslada los riesgos (arts. 1037, ord. 2º y 1039), cuyos elementos esenciales son (art. 1045) el interés asegurable (arts. 1083 y 1137), el riesgo asegurable (art. 1054), la prima, cuyo pago impone a cargo del tomador (art. 1066) y la obligación condicional del asegurador que se transforma en real con el siniestro (art. 1072) y cuya solución debe aquel efectuar dentro del plazo legal (art. 1080) (...)” Ossa G., J. Efrén. Teoría general del seguro, El contrato. Editorial Temis, Bogotá, Colombia 1991, pág. 2.

(35) Sentencia de la Corte Constitucional T-152 de 2006.

(36) Corte Suprema de Justicia. Sentencia 231 de 2000, radicado 5473.

(37) “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuere el caso”.

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