Sentencia 28770 de abril 18 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

Comprende también los puntos denunciados por el empleador que no se discutieron en la etapa de arreglo directo.

EXTRACTOS: «En lo que concierne con aparente decisión equivocada del tribunal al integrar al conflicto colectivo de trabajo la denuncia empresarial, cuando en sentir del sindicato la resolución administrativa que ordenó la constitución de aquella corporación delimitó su competencia a la solución del conflicto que se originó con la presentación del pliego de peticiones por parte del sindicato, importa registrar que el sindicato en sentido estricto no cuestiona el contenido de la decisión adoptada sino el hecho mismo de entender involucrada en el conflicto la dicha denuncia empresarial.

Delimitado así el alcance del recurso, es oportuno recordar que esta Sala de la Corte ha explicado que en los términos del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo “los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo en la etapa de arreglo directo”, expresión legal de la cual se desprende que la competencia de los tribunales de arbitramento se entiende delimitada por las aspiraciones expresadas por los trabajadores en su pliego de peticiones y por los planteamientos expuestos oportunamente por el empleador en la denuncia que haga de la convención colectiva de trabajo vigente, pero también por aquellos temas conflictivos que de común acuerdo hayan sido materia de discusión por los involucrados en el diferendo colectivo de intereses, en la fase de arreglo directo prevista por la ley.

Al precisar los alcances del citado artículo, ha manifestado esta Sala de la Corte:

“De tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala ha explicado que la denuncia de la convención colectiva de trabajo presentada por el empleador produce efectos jurídicos concretos, por entender que corresponde al ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva, particularmente en lo que atañe a la determinación, a través de la contratación, de las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante la vigencia del acuerdo celebrado entre las partes, ya sea por medio de una convención colectiva o de un pacto colectivo de trabajo.

En efecto, se ha dicho que “Aunque el empleador con su denuncia de la convención o pacto no genera el inicio del conflicto colectivo, le asiste derecho a vincular sus inquietudes al desarrollo del mismo y a que sean atendidas por su interlocutor razonablemente sus aspiraciones y argumentaciones para que esa relación dialogal alcance la dimensión bilateral, o plurilateral en ocasiones, que es propia de una relación contractual en la que los intervinientes tienen claramente la condición jurídica de sujetos para la misma” (Sent. mar. 4/97. Rad. 9687).

Ha entendido también esta Sala de la Corte que cuando cumple los requisitos legales, y de concreción pertinente y sustentación oportuna, la denuncia de la convención colectiva efectuada por el empleador debe ser estudiada por el tribunal de arbitramento convocado para solucionar un conflicto colectivo de trabajo económico o de intereses y por ello se ha precisado que para que esa denuncia de la convención colectiva de trabajo produzca la plenitud de sus efectos jurídicos debe presentarse oportunamente a la otra parte”.

Pero también ha precisado que la denuncia que de la convención colectiva haga el empleador debe estar acompañada por la sensatez y motivada en la responsabilidad social y laboral que corresponde a las partes involucradas en un diferendo laboral. Por esa razón, ha considerado:

“También es verdad que la denuncia empresarial, si bien admisible, no debe ser temeraria, sino inspirada en la mayor responsabilidad social cuando existan poderosas y especiales razones para ello. Por eso igualmente ha señalado esta corporación: “Debe resaltarse que la negociación colectiva realiza la función de regular las relaciones laborales y el derrotero de lograr los deberes de paz en la solución de los conflictos colectivos de trabajo que la normatividad vigente le han asignado, si se desarrolla de manera fluida y móvil en perfecta armonía con los derechos y obligaciones que la ley le concede a las partes para efectos de garantizar la igualdad de los antagonistas frente al conflicto. De lo contrario, el pretender sacar ventajas, pretextando derechos que la ley no les reconoce, comporta retrotraer el conflicto a su estado natural, creando una polarización indeseable en que las partes de manera radical se repliegan en términos de la confrontación a una auténtica guerra de posiciones, en la que los contendientes no concurren a escuchar sus propuestas sino a defender de antemano lo que tienen preconcebido. De esa manera se desvirtúa el importante instituto de la negociación colectiva cargando todo el peso de la solución del conflicto a la etapa de heterocomposición, en la que los árbitros ordinariamente actúan de manera limitada frente al mismo, dado que por mandato legal su decisión está limitada a aquellos puntos que no fueron materia de acuerdo en las etapas anteriores y, además, porque no pueden disponer de derechos de las partes consagrados en la Constitución Nacional, la ley o las convenciones colectivas de trabajo, como sí podrían hacerlo directamente las partes mediante la autocomposición” (Sentencia de homologación del 17 de octubre de 1991)” (Fallo proferido el 8 de febrero de 1999. Rad. 11672).

Para la Corte resulta claro, siguiendo los anteriores discernimientos doctrinales, que si en el acto administrativo que ordena la constitución de un tribunal de arbitramento únicamente se hace referencia a la falta de arreglo total o parcial del pliego de peticiones presentado por el sindicato durante la etapa de arreglo directo, omitiendo mencionar lo propio respecto de los puntos denunciados por el empleador, como en efecto sucedió en el presente caso, ello no impide al tribunal de arbitramento aprehender el conocimiento de los últimos, pues como atrás se dijo, la competencia de los árbitros está señalada en la ley y no en el acto de convocatoria del tribunal de arbitramento.

Por manera que si la denuncia de la convención colectiva por parte del empleador fue presentada oportunamente y en consecuencia las organizaciones sindicales conocieron de su existencia y dispusieron de la oportunidad de estudiarla y deliberar en torno a ella en la fase de conversaciones directas con la empresa —no apenas formalmente o en apariencia sino en realidad—, las circunstancias de que no se hubiesen presentado discusiones entre las partes y que de esa denuncia no se hiciera mención en la resolución administrativa que ordenó su convocatoria, no restó competencia al tribunal de arbitramento para abordar el estudio de los puntos denunciados por la empresa, desde luego que dentro de las limitaciones que el artículo antes mencionado señala, por razón de que tal y como lo tiene decantado la jurisprudencia de la Corte de los último tiempos y se puntualizó arriba, los árbitros están facultados para conocer, y en la medida de su competencia, también para decidir los puntos que hagan parte de la denuncia que correctamente formulada y en las oportunidades previstas por la ley sea presentada y sustentada por el empleador.

Y ello es así porque lo que interesa para esos efectos es que los trabajadores cuenten con la oportunidad de discutir la denuncia empresarial, independientemente de que en realidad lo hagan, pues, también como lo ha precisado la Corte y se reseñó con antelación, la denuncia empresarial produce plenamente efectos jurídicos, pues tiene el empleador derecho a que sus inquietudes en relación con la convención colectiva de trabajo sean vinculadas al desarrollo del proceso de negociación colectiva y que sus propuestas y aspiraciones sean estudiadas por su interlocutor en dicho proceso. Y la circunstancia de que la denuncia no sea materia de análisis y discusión en la fase de arreglo directo no puede ser entendida como un desistimiento tácito de los temas en ella contenidos, pues forman parte de los que integran el conflicto colectivo y para que ellos se puedan excluir debe ser manifiesta la falta de interés del empleador en que no sean abordados en las conversaciones con los trabajadores o por los arbitradores, sin que sea posible presumir ese desinterés.

Sobre el tema, ha explicado la Sala:

“De allí que el tribunal, según lo ha adoctrinado la Sala, y aún en el evento, de que el asunto en controversia haya sido denunciado por el empleador, mas no discutido en la etapa de arreglo directo, por renuencia de los representantes sindicales, como acaece en el sub lite, adquiera competencia, por cuanto esa etapa del conflicto colectivo de trabajo, que comprende la autocomposición de este, supone un juego bilateral de posiciones, argumentaciones, estudio y decisión de los aspectos que son objeto de controversia, y, no resulta lógico, que la Ley admita la denuncia de la convención colectiva de trabajo por el empresario, y la omisión del sindicato haga nugatorio ese derecho que, en la lógica que gobierna el modelo económico globalizado, impone la renegociación de las nuevas condiciones de trabajo, para que las empresas sean viables económicamente, y de paso, se proteja el empleo”. (Sent. abr. 10/2003. Rad. 20837).

Como corolario de lo anteriormente explicado los fundamentos del sindicato recurrente no son de recibo por esta Sala».

(Sentencia de anulación, 18 de abril de 2006. Radicación 28770. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza).

ACLARACIÓN DE VOTO

Aun cuando comparto la parte resolutiva de la sentencia, debo sin embargo manifestar mi discrepancia con la parte motiva, en cuanto se dijo, en términos absolutos que la sola denuncia de la convención colectiva de trabajo por parte del empleador habilita al tribunal de arbitramento para asumir su conocimiento.

Estimo que si bien dicha denuncia puede ser abordada en un momento determinado por el organismo arbitral, considero igualmente que también debe mirarse la conducta de las partes durante el trámite del conflicto, a efecto de estar a tono con el contenido de los artículos 29 y 55 de la C.N. y 458 del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto, en el asunto bajo examen, la empleadora denunció la convención colectiva de trabajo. Empero, durante la etapa de arreglo directo limitó su discusión a partes de la denuncia y en ese orden, la competencia del tribunal, quedó restringida a los puntos que las partes discutieron en la etapa mencionada, acorde con las preceptivas de la citada disposición laboral.

Si la empleadora quería que todos los temas objeto de su denuncia fueran conocidos por el tribunal, debió plantearlos como aspectos de la discusión, pues al girar la controversia sobre alguno de ellos, bien podía entenderse que respecto de los demás no tenía interés, a pesar de haberlos denunciado.

Desde luego, en aquellas situaciones en las cuales el sindicato se niega sin razón alguna a discutir la denuncia patronal, los árbitros pueden ocuparse de la misma durante la actuación del organismo arbitral.

Las anteriores apreciaciones son las que me llevan a expresar mi discrepancia con algunas de las motivaciones de la sentencia.

Respetuosamente,

Luis Javier Osorio López. 

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