Sentencia 28773 de mayo 25 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 28773

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Aprobado Acta 167

Bogotá, D.C., mayo veinticinco de dos mil diez.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

Como básicamente el recurrente funda su reparo en la ausencia de antijuridicidad material del comportamiento objeto de acusación y condena para su asistida en las instancias, pertinente resulta señalar que según ha tenido oportunidad de dilucidarlo la Sala(2), de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 599 de 2000 “para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”, texto del cual se desprende que el hecho humano (activo u omisivo) debe pasar por el tamiz de las tres referidas categorías dogmáticas para que pueda tener la condición de delictivo.

En virtud de la tipicidad, es necesario, de una parte, que la conducta se adecue a las exigencias materiales definidas en el respectivo precepto de la parte especial del estatuto penal (tipo objetivo), tales como el sujeto activo, la acción, el resultado, la causalidad, los medios y modalidades del comportamiento, y de otra, que cumpla con la especie de conducta (dolo, culpa o preterintención) establecida por el legislador en cada norma especial (tipo subjetivo), en el entendido que de conformidad con el artículo 21 del Código Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales.

De acuerdo con la categoría dogmática de la antijuridicidad, la conducta no solo debe contrariar el ordenamiento jurídico considerado en su integridad (antijuridicidad formal), sino que además, debe lesionar o poner efectivamente en peligro el bien jurídico protegido por la ley (antijuridicidad material), de manera que no todo daño o peligro comporta un delito, pero sí, todo delito supone necesariamente como condición insustituible la presencia de un daño real o por lo menos, de un peligro efectivo para el interés objeto de protección jurídica.

Ese bien jurídico tutelado se erige en un elemento de interpretación en punto de la órbita de protección de los preceptos que cobija, de modo que permita al intérprete desentrañar el ámbito protector de cada disposición, y a partir de ello constatar la antijuridicidad que pueda o no predicarse de la conducta analizada.

Para ello suele diferenciarse entre delitos de lesión y delitos de peligro. Los primeros son aquellos que comportan la destrucción o mengua del bien jurídico protegido, como ocurre por ejemplo, con los establecidos en los artículos 103 (homicidio - vida) o 239 (hurto - patrimonio económico) de la Ley 599 de 2000, respectivamente.

Por su parte, los delitos de peligro se caracterizan porque la conducta comporta la amenaza o puesta en riesgo del bien jurídico objeto de protección. Se dividen en delitos de peligro presunto y delitos de peligro concreto o demostrable.

En los delitos de peligro presunto (a diferencia de los segundos, en los cuales es menester acreditar la efectiva ocurrencia del riesgo para el bien jurídico protegido. V.gr. el incendio establecido en el artículo 350 de la Ley 599 de 2000, el cual requiere que la conducta de prender fuego en cosa mueble se produzca “con peligro común”) el legislador presume la posibilidad de daño para el bien jurídico tutelado, como ocurre, entre otros, con los establecidos en los artículos 471 (conspiración), 434 (asociación para la comisión de un delito contra la administración pública), y 365 (porte ilegal de armas) de la Ley 599 de 2000, así como con el delito por el que se procede aquí, esto es, el punible de falsedad en documento privado, dispuesto en el artículo 289 del mismo ordenamiento.

En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Fiscal General de la Nación al Congreso de la República que finalmente con las modificaciones que se impusieron como consecuencia del debate legislativo se convirtió en Ley 599 de 2000, en punto del término “efectivamente” que aparece en su artículo 11 se dijo:

“Se mantiene la norma sobre antijuridicidad, no obstante, se resalta la necesidad de abandonar la llamada presunción iuris et de iure de peligro consagrada en algunos tipos penales. Se clarifica que el interés jurídico, protegido, cuando toma relevancia penal, se designa como bien jurídico; con lo cual se establece que necesariamente sobre el mismo debe recaer la afectación”(3) (resaltados fuera de texto).

Posteriormente la Sala(4) ha expuesto respecto de los delitos de peligro abstracto o presunto, que no basta con realizar simple y llanamente el proceso de adecuación típica de la conducta para luego dar por presupuesta su antijuridicidad, pues siempre se impone verificar si en el caso concreto tal presunción legal es desvirtuada por alguna prueba en contrario, dado que de ser ello así, el comportamiento no deviene antijurídico y sin tal categoría dogmática, la conducta no configuraría delito.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones, con el propósito de dilucidar puntualmente la temática propuesta por el casacionista, pertinente resulta recordar(5) que en el delito de falsedad en documento privado, para superar el juicio de tipicidad objetiva, el instrumento debe tener aptitud para servir de prueba, es decir, que a partir de su utilización puedan producirse efectos jurídicos en el sentido de establecer o modificar una relación de derecho.

Tal requisito se sustenta en la necesidad social de tener fe y confianza en los instrumentos privados dentro del tráfico jurídico, entendido como la circulación de documentos dentro de una organización, en oposición a la falta de credibilidad que podría derivarse de su falseamiento en las relaciones sociales, pues se derrumbaría el principio de confianza y las expectativas de la sociedad tendrían que afianzarse sobre supuestos contrafácticos como la mala fe, en desmedro de la agilidad propia de los negocios y complejas operaciones contemporáneas.

El delito de falsedad en documento privado tiene dos connotaciones, una, producto de su alteración material, como puede ocurrir cuando alguien enmienda, tacha, borra, suprime o de cualquier manera altera su texto. La otra, la falsedad ideológica, tiene lugar cuando el particular consigna en el documento privado hechos o circunstancias ajenas a la realidad, es decir, cuando falta a su deber de verdad sobre un aspecto que comporta quebrantamiento de relaciones sociales con efectos jurídicos.

No sobra señalar que en sede de antijuridicidad es necesario que la alteración material del documento privado lesione o ponga en peligro del bien jurídico de la fe pública, pues recuérdese que desde la escuela clásica del derecho penal toda conducta para ser antijurídica supone la existencia de un daño, así todo daño no comporte un comportamiento delictivo.

Es claro que si el documento privado con aptitud probatoria en el cual se efectuaron enmendaduras, como ocurre en este asunto, no solo se introduce en el tráfico jurídico, sino que es efectivamente utilizado, por ejemplo para efectuar con base en lo que allí se acredita un nombramiento en la administración induciendo en error a un servidor público, se configura un nuevo delito, esto es, de fraude procesal, concursante con el mencionado punible contra la fe pública.

Al analizar el caso en concreto encuentra la Sala que el sugerido ascenso laboral de Astrid López o el aumento de su salario, con base en los cuales el defensor aduce la ausencia de antijuridicidad material, en verdad no se compadecen con la condición de delito de peligro abstracto o presunto dispuesto por el legislador para el punible de falsedad en documento privado.

En efecto, se equivoca el casacionista al postular la existencia de unos resultados específicos para acreditar la ilicitud real del comportamiento, cuando lo cierto es que en el ámbito de la categoría dogmática de la antijuridicidad material, el referido delito no precisa de un quebranto efectivo del bien jurídico objeto de protección, pues basta su peligro efectivo.

Por tanto, si decididamente Astrid Helena López el 31 de agosto de 2000 dispuso a través de un oficio la incorporación en su hoja de vida obrante en la Personería Distrital de Bogotá, de un diploma mediante el cual acreditaba falsamente que en tal momento tenía la condición de psicóloga graduada en la Universidad Católica de esta ciudad, no hay duda que puso en peligro cierto y real la confiabilidad que sobre los soportes documentales de las hojas de vida debe tenerse, con mayor razón si se trata de una entidad de derecho público.

Es decir, encuentra la Sala que el bien jurídico de la fe pública sí fue puesto en efectivo peligro, pues con la conducta de la acusada se alteró la credibilidad inherente a los documentos que sustentan las hojas de vida de los empleados en una entidad específica, en este caso, de la Personería Distrital de Bogotá.

Dicho de otra manera, aceptar que la conducta imputada a Astrid Helena López carece de antijuridicidad material, en cuanto no lesionó o puso en peligro el bien jurídico tutelado, sería equivalente a aceptar como regla general que probablemente los documentos que sirven de soporte y acreditan lo expuesto en las hojas de vida, pueden ser contrarios a la verdad, carecen de confiabilidad y, en suma, se debe dudar de cuanto informan, circunstancia que de por sí pone de presente la incorrección de un tal planteamiento, contrario a la confianza, solidez y certidumbre que deben esperar los asociados respecto de dichos instrumentos con aptitud probatoria, circunstancias estas que precisamente el legislador intenta evitar con la sanción del delito de falsedad en documento privado.

Las razones expuestas son suficientes para concluir que en el caso de la especie si se puso en peligro de manera jurídica el bien jurídico de la fe pública, es decir, sí fue antijurídico, motivo por el cual, acogiendo en ello los planteamientos del Ministerio Público, advierte la Sala que el cargo no está llamado a prosperar.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida, de acuerdo con las razones contenidas en la anterior motivación.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Cfr. Fallo de casación del 12 de octubre de 2006. Radicado 25465.

(3) Exposición de motivos del proyecto de Código Penal. En revista Derecho Penal y Criminología Nº 64. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998.

(4) Sentencia del 12 de octubre de 2006. Radicado 25465, ya citada.

(5) Cfr. Sentencia del 20 de mayo de 2008. Radicado 23159.