Sentencia 2888 de agosto 28 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 25000231500020020288801

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Recurso de apelación contra la sentencia de 12 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Claudia Patricia Arenas Mejía.

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil tres.

EXTRACTOS: «V.Consideraciones de la Sala

Competencia.

Sea lo primero advertir que esta sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, de una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

En el caso sub examine la calidad de concejal que en forma temporal tuvo el demandado puede tenerse como demostrada con la certificación de la secretaría general del Concejo de Bogotá, obrante a folio 10, aportada con la demanda, que da cuenta de que el doctor Luis Fernando Angulo Bonilla, fungió como concejal de Bogotá en reemplazo de Jairo Enrique Calderón Carrero, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 del Acuerdo 1 de 2000 y la Resolución 8 de 21 de junio de 2001, expedida por la presidenta del concejo, a través de la cual concedió la licencia sin remuneración por tres meses (fls. 7 a 9).

Ahora, debe la Sala establecer si el demandado incurrió o no en la causal de inhabilidad alegada como pérdida de investidura y si en este caso debió aplicarse o no el principio de favorabilidad, como lo hizo el a quo.

Al efecto es preciso señalar que las investiduras adquiridas en las alecciones realizadas con posterioridad al 9 de octubre de 2000, esto es, a partir de la vigencia de la Ley 617, incluidas naturalmente las efectuadas el 29 de octubre de dicho año para el actual período constitucional que va del 1º de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2003, se rigen en principio por el artículo 48 de la Ley 617, solo si no guardan relación con la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues si esto último ocurre, como sucede en el caso sub examine, lo aplicable es, en lo pertinente, el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, norma esta que rige para los concejales de Bogotá, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1421 de 1993, dado que este no regula tal aspecto.

Como fundamento de la consideración según la cual la Ley 617 de 2000 no rige en materia de inhabilidades e incompatibilidades para las elecciones correspondientes al período 2001-2003, basta remitirse a lo señalado por el artículo 86 de esta misma ley en el cual se dispuso: “El régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los cuales se refiere la presente ley regirá para las elecciones que se realicen a partir del año 2001”. De manera que para las elecciones realizadas antes, como las que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2000, se aplica el régimen de inhabilidades e incompatibilidades recogido en normas anteriores a la Ley 617 de 2000.

La violación al régimen de inhabilidades es causal de pérdida de investidura a la luz de la Ley 136 de 1994 (art. 55, num. 2º).

El artículo 55 de la Ley 136 de 1994, es del siguiente tenor:

“Los concejales perderán su investidura.

... 2 Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses”.

A su vez, el artículo 28 del Decreto 1421 de 1993 consagra como inhabilidad en su ordinal 1º, haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

Debe la Sala, igualmente, hacer énfasis en que según el artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 1993, las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Nacional y las leyes, se extenderán en igual forma a quienes asumen las funciones en virtud de faltas temporales, durante el tiempo de su asistencia.

Está demostrado en el proceso, mediante copia de la sentencia respectiva, que el demandado fue condenado el 29 de noviembre de 1995, por el Juzgado 59 Penal del Circuito de Bogotá, a pena privativa de la libertad de dos años de prisión, por violación del artículo 51, numeral 4º, de la Ley 44 de 1993, esto es, reproducción, sin autorización, de fonogramas de diferentes autores e intérpretes agremiados (fls. 18 a 27).

Ahora, no comparte la Sala el criterio del a quo ni de la agencia del Ministerio Público en cuanto a que en este caso debe aplicarse, en desarrollo del principio de favorabilidad, el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, que consagra como inhabilidad haber sido condenado dentro de los 10 años anteriores, a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años, por lo siguiente:

El proceso de pérdida de investidura es ante todo de naturaleza jurisdiccional y como tal se rige por las normas especiales que consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto es ello que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la pérdida de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible, la Ley 200 de 1995 en su artículo 29, numeral 9º, lo que pone de manifiesto que dicho proceso, por no ser del conocimiento de las autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la connotación de meramente disciplinario y, por ende, no constituye sanción dentro de éste.

Las normas previstas en la Ley 734 de 2002 están dirigidas al proceso disciplinario que, por su naturaleza, difiere del de carácter jurisdiccional. De ahí que no pueda firmarse que deban tener aplicación preferente, en virtud de la favorabilidad, las disposiciones de aquélla, pues no se está en presencia de dos actuaciones de la misma naturaleza.

De otra parte, es preciso señalar que el régimen político, fiscal y administrativo del Distrito Capital de Bogotá, por mandato del artículo 322 de la Carta Política, es el que determinen en primer término la Constitución y en segundo lugar sus normas especiales.

La Carta Política no se ocupó del tema frente al Distrito Capital de Bogotá, empero el Decreto 1421 de 1993, que constituye norma especial, en su artículo 28, ordinal 1º, dispuso que no podrán ser elegidos concejales “Quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.

Así pues, estima la Sala que al estar demostrado que con anterioridad a la inscripción de la lista al Concejo de Bogotá para las elecciones del 29 de octubre de 2000 el demandado estaba incurso en la inhabilidad consagrada en el artículo 28, ordinal 1º del Decreto 1421 de 1993, debe revocarse la sentencia apelada para disponer, en su lugar, la declaratoria de la pérdida de su investidura solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DECRÉTASE la pérdida de la investidura de concejal del señor Luis Fernando Angulo Bonilla.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2003».

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