Sentencia 2889 de septiembre 18 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES ELECTORALES DE CONGRESISTAS

APLICACIÓN DEL NUMERAL 5º DEL ARTÍCULO 179 DE LA CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «Se trata en el presente caso de determinar si el señor Marco Tulio Leguizamón Roa, quien fue elegido representante a la cámara por Boyacá, se encontraba en las causales de inhabilidad previstas en los numerales 5º y 8º del artículo 179 de la Constitución Política.

Dispone la norma citada:

“No podrán ser congresistas:

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

En el expediente obran las siguientes pruebas:

1. Los registros civiles de nacimiento de los señores José Hermes Leguizamón Roa y Marco Tulio Leguizamón Roa en los que consta que son hermanos (fls. 91 y 92).

2. El acta de posesión como alcalde de Garagoa (Boyacá) de 1º de enero de 2001 (fls. 83 a 85).

3. Constancia en el sentido que el señor José Hermes Leguizamón Roa presta sus servicios como alcalde municipal de Garagoa desde el primero de enero de 2001, expedida por la jefe administrativa y de control interno del municipio de Garagoa, el 2 de agosto de 2002 (fl. 87).

4. Constancias de 5 y 6 de agosto de 2002 de asistencia a sesiones como diputado a la asamblea de Boyacá del señor Marco Tulio Leguizamón Roa (fls. 94 y 95).

5. Decreto 953 de 1º de agosto de 2001 expedido por el gobernador de Boyacá por el cual se le acepta la renuncia al señor Marco Tulio Leguizamón Roa al cargo de diputado a la asamblea de Boyacá (fl. 97).

Para la Sala no se configuran las causales de inhabilidad previstas en las normas citadas por las siguientes razones:

Si bien es cierto en el expediente aparece probado que los señores José Hermes Leguizamón Roa y Marco Tulio Leguizamón Roa son hermanos, también lo es que para que se produzca la inhabilidad por parentesco, los cargos en los que se ejerza autoridad civil o política deben ser dentro de la misma circunscripción, y evidentemente ello no ocurre en este caso, por cuanto la que ejerce el alcalde de Garagoa es del orden municipal y la circunscripción electoral para la que fue elegido el representante a la cámara corresponde al departamento de Boyacá (1) .

(1) Cfr. Consejo de Estado. Sentencia de 11 de marzo de 1999. Consejero Ponente: Mario Alario Méndez. Expediente 1847. Sección Quinta. Sentencia de 14 de diciembre de 2002. Consejero Ponente: Darío Quiñónes Pinilla.

En efecto, como es bien sabido son diferentes las circunscripciones electorales de los órdenes nacional, departamental y municipal, razón por la cual dichas circunscripciones no coinciden para efectos electorales. Frente a esta realidad, el constituyente estableció una excepción exclusivamente “para los fines de este artículo” (C.P., art. 179) puntual al considerar que la circunscripción nacional coincidía con cada una de las territoriales, es decir, las departamentales y las municipales. No obstante, el mismo constituyente a renglón seguido excluyó de esta excepción la inhabilidad consignada en el numeral 5º de ese mismo artículo (C.P., art. 179), además, respecto de dicha inhabilidad, precisó que tenía que presentarse en la circunscripción donde se efectuara la elección; disposición que está redactada en los siguientes términos:

“Artículo 179 Constitución Política. No podrán ser congresistas: (...).

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política (...).

Las inhabilidades previstas en los numerales 2º, 3º, y 6º se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual debe efectuarse la respectiva elección (...).

Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5º”.

De lo anterior se infiere que: la regla general predica que las circunscripciones nacional, departamental y municipal son independientes entre sí, y por lo tanto para efectos de las inhabilidades no coinciden por ser diferentes cada una de ellas.

La excepción a esta regla se configura al haber restablecido el constituyente que la circunscripción nacional (por la cual se eligen los senadores), coincide con cada una de las circunscripciones territoriales (departamentales y municipales).

No obstante, esta excepción no cobija a la inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 199, es decir, que esta inhabilidad se rige por la regla general, según la cual la circunscripción nacional continúa siendo distinta de las demás; de tal manera que, un aspirante al Senado no está inhabilitado para el ejercicio de tal cargo, si tiene vínculos por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejercen autoridad civil o política, por ejemplo, si uno de sus familiares en tales grados de parentesco se desempeña como gobernador o alcalde.

Adicionalmente, el artículo es puntual respecto de esta causal, al señalar que la situación que constituye dicha inhabilidad tiene que producirse en la respectiva circunscripción en la cual debe efectuarse la correspondiente elección.

De otra parte, cabe destacar, que aunque la norma se refiere de manera amplia a los “congresistas”, las situaciones en comento solamente son predicables de aquellos congresistas elegidos por circunscripción nacional, esto es, de los senadores y no de los representantes a la cámara, puesto que ellos son elegidos por circunscripción departamental.

Dentro de este orden de ideas, se concluye que los senadores no están inhabilitados para ejercer tal cargo cuando su cónyuge o su compañero permanente, o uno de sus familiares en los grados señalados ejerza autoridad civil o política en una circunscripción departamental o municipal; con mayor razón, un representante a la cámara menos aún va a estar inhabilitado cuando su cónyuge o compañero permanente o uno de sus familiares en los grados de parentesco señalados ejerza autoridad política o civil en un municipio, así el municipio geográficamente esté ubicado en el mismo departamento por cuya circunscripción electoral fue elegido como representante.

Ciertamente, las circunscripciones electorales departamental y municipal son diferentes según la regla general, y además, como lo precisó el mandato constitucional, dicha inhabilidad debe tener “lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”, y la elección del representante se produce en toda la circunscripción departamental y no en la circunscripción municipal, como es bien sabido.

De otra parte, toda vez que las inhabilidades son prohibiciones que restringen el derecho político a ser elegido, tales inhabilidades deben estar taxativamente consagradas y no existe ninguna norma de rango legal ni constitucional que establezca esta inhabilidad para los representantes a la cámara, por lo tanto, en el presente caso, no es de recibo la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, a la cual nos hemos venido refiriendo.

Es así, como en esta sentencia se aplicará una vez más la tesis jurisprudencial de esta sección sobre el punto en comento.

En cuanto a la inhabilidad por la coincidencia de los períodos en el tiempo, tampoco se presenta, por cuanto está probado en el expediente que el señor Marco Tulio Leguizamón Roa presentó renuncia a su cargo de diputado a la asamblea de Boyacá la que le fue aceptada el 1º de agosto de 2001 por el gobernador de Boyacá, antes de inscribirse y resultar elegido como representante a la cámara.

La Corte Constitucional en la sentencia C-093 de 1994, al declarar la exequibilidad del numeral 8º, del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, señaló:

“De conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que la norma en referencia utiliza la expresión “nadie podrá”, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos.

Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale a entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como concejal o diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de senador o representante a esa corporación. En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el concejal o diputado o servidor público candidato a congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política (...).

Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8º, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal, de manera que este solamente rige hasta su culminación para la persona que lo haya reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender que se siga considerando al dimitente como servidor público que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos indicados, para ser elegido congresista.

Además, debe agregarse que, si los concejales y diputados cuyo período constitucional se encontraba vigente para la fecha de la inscripción de su candidatura al Congreso de la República, renunciaron expresamente a sus respectivos cargos y su dimisión fue aceptada formalmente, habiéndose configurado de esta manera, la falta absoluta para el resto del período, rige el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, la cual se presume en las gestiones que adelantaron ante las autoridades electorales...” (negrillas de la Sala).

Se cita también el pronunciamiento que hizo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (2) en relación con una consulta sobre el tema:

(2) Consejo de Estado. Concepto de 29 de marzo de 2001. Consejero Ponente: Luis Camilo Osorio Isaza. Radicación 1320.

“... El juez constitucional estima que la inhabilidad no tiene lugar cuando a pesar de haberse producido la elección, la persona no se posesiona o interrumpe sus funciones en virtud de renuncia aceptada al tiempo de la inscripción de la candidatura, por no configurarse el ejercicio del cargo o curul y generar la renuncia aceptada su vacancia absoluta. En consecuencia, en tales términos ha de entenderse regulada la causal de inelegibilidad prevista por la Constitución y la ley; conforme al artículo 45 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control, tienen efecto hacia el futuro” (negrillas de esta Sala).

A juicio de esta Sala no están demostrados los cargos que se formularon en la demanda contra el acto que declaró la elección como representante a la cámara del señor Marco Tulio Leguizamón Roa, por el departamento de Boyacá».

(Sentencia de septiembre 18 de 2003. Expedientes acumulados 2889 y 2907. Consejera Ponente: Dra. María Nohemí Hernández Pinzón).

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