Sentencia 2901 de junio 6 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DOCUMENTOS MICROFILMADOS

VALOR PROBATORIO

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Lafont Pianetta

Expediente 2901

Bogotá, D.E., seis de junio de mil novecientos noventa y uno.

Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casación, interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 11 de mayo de 1989, en el proceso ordinario iniciado por Industrias El Gamo Ltda., contra Grancolombiana corporación Financiera, S.A.

I.Antecedentes

1. Mediante demanda que por reparto correspondió al Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, Industrias El Gamo Ltda. convocó a Grancolombiana corporación Financiera S.A. (fls. 13 a 20, cdno. 1), a un proceso ordinario de mayor cuantía, para que surtida su tramitación, se proveyese sobre las pretensiones que se sintetizan así:

1.1. Que se declare que la sociedad Industrias El Gamo Limitada, en virtud de exportaciones realizadas a Venezuela durante los años de 1980, 1981 y 1982, conforme aparece en los “registros de exportación” que se relacionan en la demanda, tiene derecho a percibir la suma de $ 5.032.501.90, valor de los certificados de abono tributario correspondientes, los cuales fueron recibidos del Banco de la República por Grancolombiana corporación Financiera S.A., entidad que tiene la obligación de entregar a la demandante tales certificados de abono tributario, o en su defecto, la suma de dinero ya expresada, valor de los mismos.

1.2. Que, en consecuencia, se condene a la demandada a entregar a la actora los certificados de abono tributario —CATS—, a que se hizo referencia, o, en subsidio, a pagarle la suma de $ 5.032.501.90, valor de los mismos, en el término que se señale en la sentencia.

1.3. Que se condene a la sociedad demandada al pago de los perjuicios causados a la parte demandante, “que aparecieren cuantificados en el curso del proceso”, así como las costas de éste.

2. Fundó sus pretensiones la sociedad Industrias El Gamo Ltda. en los hechos que se resumen a continuación:

2.1. Con la intermediación de Grancolombiana corporación Financiera S.A., la sociedad Industrias El Gamo Ltda., exportó a Venezuela productos elaborados en cuero, en los años de 1980, 1981 y 1982, según registros de exportación que se singularizan en la demanda, todos bajo la posición arancelaria número 42.03.89.99, exportaciones que generaron a su favor certificados de abono tributario por un valor total de $ 5.032.501.90 que fueron entregados por el Banco de la República a Grancolombiana corporación Financiera S.A., entidad que no los ha entregado a la sociedad demandante, que es su propietaria.

2.2. Que los certificados de abono tributario referidos fueron negociados en la Bolsa de Bogotá S.A., sin entregar su valor en dinero a la parte demandante, lo que ha producido serios perjuicios de carácter económico, “hasta el punto de no haber podido cumplir con sus obligaciones contractuales y encontrarse en la fecha paralizada en todas su labores por embargo y secuestro de sus bienes por parte de la Caja Agraria en proceso ejecutivo prendario que cursa en el Juzgado 22 Civil del Circuito de esta ciudad” (fl. 16, cdno. 1).

3. Admitida la demanda, de ésta y sus anexos se corrió traslado a Armando Carbonell Ospino, como representante legal de Grancolombiana corporación Financiera S.A. (fl. 24, cdno. 1), sin que le dieran contestación, según constancia secretarial que aparece a folio 24 vuelto, del cuaderno citado.

4. Agotado el trámite propio de la instancia, el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 18 de marzo de 1988 (fl. 116 a 120, cdno. 1), despachó favorablemente las súplicas de la demanda, fijó el término de ocho (8) días a partir de la ejecutoria del fallo para cumplir la condena impuesta a Grancolombiana corporación Financiera S.A., para entregar a la actora el valor de los CATS a que se refiere la demanda o la suma de $ 5.032.501.90, valor en dinero de aquéllos, “de acuerdo con el costo de vida” (fl. 120) y dispuso, además que la parte vencida pague a la demandante los perjuicios que ocasionó a ésta y las costas del proceso, previa determinación del valor de los perjuicios con sujeción al trámite establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

5. Apelada la sentencia de primer grado por la parte demandada, la actora interpuso ante el tribunal apelación adhesiva, recursos que el ad quem, desató mediante sentencia pronunciada el 11 de mayo de 1989 (fls. 25 a 32, cdno. 3), en la cual decidió:

“Confirmar en todas sus partes la sentencia materia del recurso, adicionándola en el sentido de que, cuando en el parágrafo del numeral 2º de la parte resolutiva dice que el pago se hará “de acuerdo con el costo de vida”, debe entenderse que es cubriendo la suma de $ 5.032.501.90, con su corrección monetaria correspondiente a la fecha en que el pago se cumplió”.

6. Inconforme la demandada con el fallo de segundo grado, interpuso entonces el recurso de casación, de cuya decisión se ocupa ahora la Corte.

II. Fundamentos del fallo del Tribunal

1. El Tribunal, luego de hacer una síntesis del litigio y de la actuación cumplida en la primera instancia, afirma que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales y que no existe causa de invalidez de lo actuado.

2. A continuación, expresa el sentenciador que, en este proceso, “de lo que se trata realmente, es de establecer conforme a las pretensiones de la demanda, si hay lugar a declarar que la entidad demandada sí retiene los títulos relacionados y no los ha pagado a la sociedad beneficiaria, y, si por consiguiente el fallo recurrido se acomoda a la realidad” (fl. 28, cdno. 3).

3. En ese orden de ideas, el Tribunal advierte que, de la prueba documental que obra en el expediente, se concluye que efectivamente se realizaron las exportaciones de que hace mención la demandante, así como de la “expedición de los CATS por parte del Banco de la República a su favor, por intermedio de Grancolombiana corporación Financiera S.A. —Granfinanciera—, como se deduce de las relaciones que obran en los folios 1 a 3 del cuaderno primero” (cdno. 3, fl. 28), los cuales, según la propia entidad demandada, fueron recibidos por ella y expedidos “a favor de Industrias El Gamo Ltda. (fls. 4 a 6, cdno. 1)” (fl. 28, cdno. 3).

4. Así mismo —dice el sentenciador—, que la afirmación de la parte actora en el sentido de no haber recibido los certificados de abono tributario aludidos, ni su valor en dinero, es indefinida y, por tanto, exenta de prueba. Agrega que, sin embargo, la parte demandada podría haber aportado la prueba pertinente para demostrar lo contrario, cosa que no hizo, pues, aunque en diligencia para reconocer documentos el representante legal de Granfinanciera, S.A., presentó fotocopias de nueve cheques con los cuales pretendió “demostrar el pago de los títulos que se reclaman en este proceso” (fl. 30, cdno. 3), tales documentos, “carentes de autenticidad no aparecen cobrados ni consignados en la cuenta de la sociedad demandante; por el contrario, uno de ellos resulta consignado en la propia cuenta de la demandada, lo cual resulta de lo ocurrido con el cheque Nº 450806 del Banco de Colombia, Oficina Centro Internacional, por valor de $ 87.919.56 (fl. 9, cdno. 2)” y, de los demás, “ninguno aparece pagado a favor de Industrias El Gamo” (fl. 30, cdno. 3), ni se estableció tampoco que esos cheques hubiesen sido endosados “por la demandante mediante el funcionario legalmente autorizado para efectuar tales endosos” (fl. 30, cdno. 3). Es decir —concluye el Tribunal en este aspecto—, esos documentos “no se ajustan a las exigencias del artículo 268-3 del Código de Procedimiento Civil”, y a que “por no ser originales no copias ni fotocopias autenticadas pudieron tacharse de falsas (sic); si “simplemente, no prueban nada” (fl. 31, cdno. 3).

5. De otro lado, manifiesta el Tribunal que siendo la depreciación de la moneda y su devaluación hechos notorios y de público conocimiento, “para establecer el equilibrio debe tenerse en cuenta, aun sin petición de parte la corrección monetaria, en las obligaciones de pagar perjuicios o de hacer reintegros monetarios, para lo cual habrá de computarse la desvalorización tomando en cuenta la fecha en que debió cumplirse el pago y aquélla en que éste se cumple” (fl. 32, cdno. 3), razones éstas por las cuales —dice el Tribunal— habrá de adicionarse la sentencia para que el pago de $ 5.032.501.90, valor de dinero de los CATS, se realice por la demandada a la parte actora con la corrección monetaria respectiva, a la fecha en que el pago se efectúe.

III. La demanda de casación

Tres cargos formula el recurrente a la sentencia impugnada, los cuales serán despachados en orden lógico de las causales alegadas para el efecto, conforme lo ordena el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, esto es, primero los de alcance total (primero y tercero), y luego los de ámbito parcial (segundo).

Cargo primero

Con apoyo en la causal primera de las establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusa el recurrente la sentencia impugnada, de haber infringido en forma indirecta y “aplicando indebidamente los artículos 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1617 y 1649 del Código Civil, 822, 883 y 884 del Código de Comercio y 8 de la Ley 153 de 1887”, así como por “haber dejado de aplicar los artículos 1625, 1626, 1627 y 1634 del Código Civil, 882 del Código de Comercio y 306 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de los yerros de derecho y de hecho en que incurrió el sentenciador en la actividad probatoria...” (fl. 8).

En la sustentación del cargo propuesto, expresa el censor que el Tribunal incurrió en error de derecho “consistente en no considerar como medios probatorios eficaces los cheques microfilmados que aparecen en autos (fls. 2 y ss., cdno. 2), por no haber sido acreditada la autenticidad de los mismos en la forma prevista en el numeral 3º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil”, con lo cual el sentenciador desconoció por completo las normas de disciplina probatoria, de que tratan “el artículo único del Decreto 3354 de 1954; los artículos 5º y 6º del Decreto 2527 de 1950, los artículos 252 (último inciso), 279, 289, 176 y 187 del Código de Procedimiento Civil; y el inciso 2º del artículo 625 del Código de Comercio” (fl. 9). Para demostrar las aseveraciones anteriores el recurrente manifiesta que “mediante el artículo único del Decreto 3354 de 1954, que derogó el artículo 2º del Decreto 2527 de 1950, se le impuso a las instituciones de crédito y a las demás sometidas a la supervigilancia del Estado, la utilización del procedimiento de microfilmación” (fl. 10); y agrega que, conforme al artículo 5º del citado Decreto 2527/50, las copias microfilmadas tienen “el mismo valor probatorio que la ley otorga al original así copiado”, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 6º del mismo decreto, los cuales se cumplieron respecto de las copias de los cheques aludidos, “pero no se aceptaron a la postre” por el Tribunal (fl. 10).

Tal yerro de derecho por parte del juzgador, lo condujo, según el recurrente, a desconocer la presunción de autenticidad que respecto de los instrumentos negociables (entre ellos el cheque) consagra el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, por consiguiente, a transgredir también los artículos 176, 187, 279, 289 y 268 del mismo código.

De igual manera —prosigue el censor—, “el desconocimiento de mérito a los cheques implicó, además, que no obrara la presunción que prevé el último inciso del artículo 625 del Código de Comercio, sobre la entrega del título-valor, por hallarse en poder de persona diferente al suscriptor” (fl. 11).

De esta suerte, en opinión del recurrente, el error de derecho en la apreciación probatoria de las copias de los cheques microfilmados, llevó al Tribunal a conclusiones equivocadas de manera que, de no haber existido, “la sentencia hubiese tenido un sentido absolutamente diferente, habida cuenta que demuestran el pago” (fl. 11).

Pasando a otro aspecto, dice el censor que “igualmente, incurrió el Tribunal en el error de hecho por preterición de los documentos visibles a los folios 8º y ss. cuaderno 1 (el certificado de constitución y gerencia de la sociedad demandada) y el del folio 12, cuaderno 2 (informe previsto en el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil, sobre el descargo de los cheques en la contabilidad de Granfinanciera). Del primero se hubiera percatado que la demandada es una institución de crédito y del segundo, que efectivamente esos nueve cheques girados a la sociedad Industrias El Gamo y endosados por ésta, “fueron debidamente descargados de su contabilidad por pago” (fl. 11), yerros estos que son evidentes y cuya “trascendencia en la decisión recurrida está por fuera de toda discusión, pues que también se dirigen a la demostración del pago, obviamente en asocio de los documentos del acápite anterior” (fl. 11).

De otro lado, dice el censor que la sentencia del Tribunal incurrió también en error de hecho “al apreciar el documento del folio 84 del cuaderno principal, pues que se habla de que el cheque 450806 por ochenta y siete mil novecientos diecinueve pesos con cincuenta y seis centavos ($ 87.919.56 mcte.) resulta consignado en la propia cuenta de la demandada...”, pero sin indicar que en ese mismo documento se agrega que: “...figura un endoso de Industrias El Gamo Ltda. ...” (fl. 12), lo que implica que el Tribunal incurrió en “ostensible deformación objetiva del tenor escritural, consecuencias inmediatas en el destino del medio (sic)” (fl. 12), ya que no tuvo en cuenta que ese título-valor fue endosado por el beneficiario al girador y por ello consignado en la cuenta de éste.

Igualmente el Tribunal erró de hecho en la apreciación probatoria, en cuanto “supuso el ad quem la existencia de informes del Banco de Colombia —sucursales del Centro Internacional y Puente Aranda— acerca de la inexistencia de la cuenta corriente de la actora Industrias El Gamo Ltda. en esa institución, ya que asevera que “...de autos aparece establecido que la demandante Industrias El Gamo Ltda., no tiene ni ha tenido cuenta...”, cuando solo existe la simple afirmación del gerente de la sociedad (fl. 113 y ss., cdno. 1), sin ningún respaldo procesal...” (fl. 12).

Para rematar el cargo, concluye el impugnador que “a consecuencia de esos protuberantes yerros en la consideración del acervo probatorio, se suscitaron las transgresiones de los preceptos sustanciales enunciados” (fl. 14), por lo que la sentencia acusada ha de ser casada y la Corte, en sede de instancia, proceda a revocar el fallo de primer grado, para reconocer la excepción de pago.

Tercer cargo

Aduce el impugnador, de entrada, que formula esta censura “acorde con el principio de la autonomía de los cargos en casación” y “con base en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil”, por haber incurrido en violación indirecta, por falta de aplicación, de “los artículos 882 del Código de Comercio, los artículos 1625, 1626 y 1634 del Código Civil y el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil”, así como por aplicación indebida de “los artículos 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1617 y 1649 del Código Civil, 883 y 884 del Código de Comercio y 8º de la Ley 153 de 1887, a causa de errores fácticos y jurídicos en la estimación probatoria” (fl. 18).

Tras la transcripción de algunos apartes de las consideraciones de la sentencia que combate, expresa el recurrente que el fallador de segundo grado incurrió en ostensible error de derecho al “haberles negado todo mérito probatorio a las nueve copias microfilmadas de los cheques (fls. 2 y ss., C. 2) pretextando que carecen de autenticidad conforme a lo establecido en el artículo 268 numeral 3º del Código Procedimiento Civil, pues con tal argumentación, “el ad quem desconoció todo el sistema de la microfilmación y, por ende, con esta contemplación jurídica transgredió el artículo único del Decreto 3354 de 1954; los artículos 5º y 6º del Decreto 2527 de 1950; los artículos 252 (último inciso), 279, 289, 176 y 187 del Código de Procedimiento Civil y, finalmente, el inciso 2º del artículo 625 del Código de Comercio (fl. 19), ya que, conforme a los decretos primeramente citados, las copias de tales cheques microfilmados tienen el mismo valor probatorio que los originales si se cumplen, como aquí se cumplieron —según el recurrente—, los requisitos exigidos para su expedición (art. 6º D. 2527/50)”.

Añade el censor que, igualmente el Tribunal incurrió en error de derecho en la apreciación de los cheques aludidos, pues estos documentos se presumen auténticos conforme al art. 252 del Código de Procedimiento Civil, lo que no tuvo en cuenta el fallador y, por tal motivo incurrió en “transgresiones tales como la del artículo 176, sobre la procedencia de las presunciones; el 279 relativo al alcance de los documentos privados; la viabilidad de las tachas que prevé el 289; y el propio numeral 3º del artículo 268, que no es aplicable a este caso, pero que el Tribunal lo exigió en la sentencia en forma caprichosa” (folios 20 y 21) y aparejó, también, el quebranto del artículo 625 del Código de Comercio.

Previa aclaración de que no pretende atacar simultáneamente las mismas pruebas por error de hecho y de derecho, asevera el recurrente que el Tribunal “no sólo le negó el mérito probatorio a las copias microfilmadas por carecer de autenticidad, sino que también esbozó consideraciones deformantes de su objetividad, que integran el desacierto fáctico” (fl. 22). Tal yerro, lo hace consistir el impugnador, en que el fallador no tuvo en cuenta que los cheques están destinados a circular como títulos-valores y, por ello, afirmó que “no hay pago porque ...no aparecen cobrados ni consignados en la cuenta de la sociedad demandante y de los demás, ninguno aparece pagado en favor de Industrias El Gamo” (fl. 23), afirmación que se hace pese a que el cheque Nº 450806 se consignó en la cuenta del girador, pero luego de endosado por el beneficiario, lo que incide en la sentencia, pues con tal deformación de su contenido literal “envuelve una modificación grave de la fidelidad objetiva del documento, habida cuenta que presenta un estado fáctico diferente de aquel que precisamente plantea la información bancaria” (fl. 24).

Por otra parte —prosigue la censura—, se incurrió en error de hecho por suposición de la prueba de que la parte actora no ha tenido ni tiene cuenta corriente bancaria en las sucursales del Banco de Colombia del Centro Internacional y Puente Aranda, pues se afirmó sin respaldo procesal esa circunstancia diciendo que “de autos aparece” establecida.

Finalmente —dice el impugnador—, se incurrió también en yerro de hecho en la apreciación probatoria, en cuanto se ignoró por el Tribunal el certificado de constitución y gerencia de la sociedad demandada (folios 8 y ss., C. 1) y el informe de esta “sobre el descargo de los cheques de autos de la contabilidad de Granfinanciera y por operaciones comprendidas en el giro ordinario de las actividades de la misma, que aparece a folio 12, cuaderno 2” (fl. 24).

De tales errores de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, devino el Tribunal en la infracción de las normas sustanciales denunciadas como quebrantadas, “especialmente porque no se reconoció la excepción de pago, no obstante estar demostrada” (fl. 26), por lo que, en el sentir del recurrente, la sentencia que combate debe ser casada y, al proferir la de reemplazo, reconocerse el pago por la demandada a la parte actora.

Consideraciones

1. Ante todo, precisa la Corte que de la lectura atenta de los cargos que aquí se analizan, se observa que en ellos se ataca la sentencia impugnada, por presunto quebranto de normas de derecho sustancial, a consecuencia de errores de derecho y de hecho en los cuales al decir del recurrente incurrió el sentenciador. Tan solo difieren los cargos aludidos, en dos aspectos: el uno, en que al paso que en el primero se denuncia como infringido por aplicación indebida del artículo 822 del Código de Comercio. (fl. 8), en el tercero esa norma legal se acusa por falta de aplicación (fl. 18); y el otro, en que mientras para formular el primer cargo se invoca expresamente la causal primera de casación, para el tercero se invoca la segunda de las causales consagradas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

2. En el caso sub lite, encuentra la Corte que ninguno de los dos cargos aludidos se halla destinado a prosperar, por las razones que a continuación se indican:

2.1. En cuanto hace relación al tercer cargo, de atenerse al texto literal de la demanda de casación, habría que descontar de plano su estudio de fondo porque riñe frontalmente con la segunda causal de casación la censura de la sentencia por infracción indirecta de normas sustanciales, ya que si se acusa el fallo por incongruencia, tiene por sentado la legislación anterior y la jurisprudencia, bajo la cual se emitió, que “para saber si hay incongruencia, y en consecuencia, hallar asidero a la causal segunda de casación, sólo debe tenerse en cuenta la parte resolutiva del fallo, según doctrina constante de la Corte, quien además añade que la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo” (Cas. Civ. G. J. T. LXXVIII, pág. 882; G. J. Tomo LXXV, pág. 623); salvo —se agrega— que se trate de la nueva modalidad legal de inconsonancia con los hechos, establecida por el Decreto-Ley 2282 de 1989 (CPC, art. 368, num. 2), que para este caso resulta impertinente. De tal suerte que, conforme a lo primeramente expuesto, todo aquello que no se enmarque en forma clara y precisa en la desarmonía o falta de consonancia entre lo pedido por las partes en las pretensiones de la demanda o las excepciones propuestas que hubieren sido alegadas cuando la ley así lo exige (CPC, arts. 305 y 306), queda por fuera del ámbito de la segunda de las causales establecidas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil que es tan autónoma como las demás y sólo autoriza, si se invoca, aducir la incongruencia y nada más como motivo para formular un cargo en casación con fundamento en ella.

2.2. Ahora bien: si el demandante al combatir la sentencia impugnada incurrió en un “lapsus calami” al proponer el tercer cargo con apoyo en la segunda causal de casación, que sin embargo aparece en su planteamiento y desarrollo como si hubiese invocado la primera de las causales del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, este cargo, al igual que el primero, está destinado al fracaso, ya que la infracción indirecta de las normas que se denuncian como quebrantadas no se encuentra demostrada conforme a las exigencias legales.

2.2.1. En efecto. En ambos cargos asevera el censor que el sentenciador incurrió en error de derecho al negarle valor probatorio a las copias de los cheques microfilmados que aparecen a folios 2 y ss., del cuaderno 2, por desconocer lo prescrito en materia probatoria para esa clase de documentos en los decretos 2527 de 1950 (arts. 5º y 6º) y 3354 de 1954 (art. único).

Tales decretos fueron dictados por el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, por su propia naturaleza, nacieron a la vida jurídica con vocación de transitoriedad. Por ello, restablecido el orden institucional de la República, y para facilitar el levantamiento del estado de sitio, el Congreso Nacional decidió prolongar la vigencia de la profusa legislación dictada al amparo del estado de anormalidad desde el 9 de noviembre de 1949 hasta el 20 de julio de 1958, a través de las leyes 2ª de 1968, 105 de 1959, 79 de 1960 y 141 de 1961, la última de las cuales expresamente dispuso la adopción “como leyes” de tales decretos “en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores”. Es decir, que para impedir el caos jurídico a que se vería sometido el país con el levantamiento del estado de sitio, a tales decretos se les dio fuerza legal permanente, despojándolos de su transitoriedad, lo que significa que las normas contenidas en ellos no derivan su fuerza obligatoria para los asociados de ellas mismas, sino de la ley que las incorporó de manera definitiva a la legislación nacional.

Así las cosas, surge con claridad absoluta que, a pesar de tal omisión, el recurrente no cumplió a cabalidad con la carga procesal de señalar suficientemente las normas probatorias infringidas por el sentenciador, para el estudio del yerro correspondiente.

2.2.2. Sin embargo, dejando de lado el ataque a la sentencia por supuesto error de derecho en la apreciación de las fotocopias de los cheques microfilmados de que se hace mención en la demanda, la Sala encuentra su absoluta intrascendencia, ya que, debido a su carencia de valor probatorio, no tendría la influencia para modificar el fallo impugnado, el cual quedaría incólume.

En efecto, en primer término se observa que, además de no sujetarse dichas copias al artículo 268-3 del Código de Procedimiento Civil —como lo expresa el ad quem—, tampoco aparece demostrado que tales fotocopias se hayan expedido “por el empleado que ejerza las funciones de jefe del respectivo archivo, o por quien tenga autorización para ello, con la indicación de la disposición legal o reglamentaria que le haya concedido esa autorización”, como lo exige el artículo 6º del Decreto 2527 de 1950, alegado por el censor, pues en el expediente no existe prueba alguna de que quien firma esas fotocopias tenga las calidades exigidas en la norma referida, ni tampoco la autorización que para expedirlas se le hubiere conferido; por lo que, entonces, carecería de fuerza probatoria y el yerro sería inane.

Así mismo, observa la corporación que mientras exista la obligación legal de conservar por el comerciante los libros y demás documentos que dan cuenta de sus actividades mercantiles, son ellos los que sirven como prueba en virtud del principio de la originalidad de la misma, sin que durante ese lapso de por lo menos 10 años a que obliga el legislador al comerciante a conservarlos (C. Co., art. 60), puedan ser sustituidos esos documentos por fotocopias de microfilmes de ellos, por lo que la aducción de éstas sería ineficaz en este caso, tal como lo expresó el Consejo de Estado, en concepto de su Sala de Consulta y Servicio Civil, de agosto 19 de 1981, en el que a propósito se dijo:

“El artículo 48 del Código de Comercio reitera para los comerciantes la posibilidad de usar el sistema de microfilmación con el fin de facilitar la guarda de su archivo y correspondencia. De otra parte, el artículo 60 del mismo código obliga al comerciante a conservar los libros y papeles de contabilidad durante un término no inferior a diez años, y vencido dicho lapso le permite proceder a su destrucción “siempre que por cualquier medio técnico o adecuado garantice su reproducción exacta...”. En otras palabras, el comerciante una vez transcurrido el término señalado en la norma puede acudir, entre otros medios técnicos, al de microfilmación, para garantizar la reproducción exacta de los libros que va a destruir. Debe entonces diferenciarse dos cuestiones distintas: una es la utilización del sistema de microfilmación y, otra bien distinta, es la obligación de mantener durante un lapso determinado los libros y papeles de comerciante, lo cual dicho sea de paso, se hace con el fin de dar una mayor seguridad a las transacciones mercantiles, cuestión fundamental en el mercado de comercio por cuanto los libros del comerciante dan fe y son plena prueba entre comerciantes de sus operaciones o principio de prueba a su favor en cuestiones mercantiles frente a uno no comerciante (C. Co., título IV, capítulo III). Entonces la conservación de los libros durante el lapso exigido por el código evita que se destruyan medios de prueba que pueden ser utilizados en el futuro, mas no impide que se puedan mantener microfilmados por cuanto el código no establece ninguna prohibición, ya que incluso el sistema de microfilmación puede constituir elemento importante para efectos de la reconstrucción de libros y papeles, ante una eventual pérdida de los mismos.

Ahora bien, todo lo anterior está indicando que los libros y papeles del comerciante pueden ser microfilmados, pero que durante el término en que deben conservarse son los únicos medios de prueba sobre las operaciones y movimientos mercantiles que consten en ellos...”.

2.3. De la improsperidad del cargo por violación indirecta de las normas sustanciales que se denuncian como infringidas a consecuencia del error de derecho a que se alude anteriormente, síguese como corolario que tampoco prospera el cargo en cuanto hace relación al supuesto yerro de hecho en la apreciación del certificado de constitución y gerencia de Granfinanciera S.A. y del informe de ésta que obra a folio 12 del cuaderno Nº 2, sobre el descargo de los cheques allí enumerados de la contabilidad de la sociedad demandada, pues, como bien lo dice el censor, esos documentos se dirigen a la demostración del pago, obviamente del acápite anterior” (fl. 11), es decir, de las fotocopias de los cheques microfilmados. De tal manera que, si la censura no sale avante en su empeño de que se les dé a estas fotocopias mérito probatorio, es evidente que no pueden ser apreciados “en asocio” de las demás piezas procesales de cuya preterición se duele el impugnador.

2.4. Finalmente, observa la Corte que tampoco incurrió el sentenciador en suposición de prueba en relación con informes sobre la existencia o inexistencia de cuentas corrientes de Industrias El Gamo Ltda. en las sucursales del Banco de Colombia en el Centro Internacional y Puente Aranda, pues en manera alguna a tales informes se alude en la sentencia impugnada, lo que de por sí le quita al cargo, por ese aspecto, cualquier asomo de eficacia, ya que en tales condiciones no puede siquiera ser sometido al menor análisis por la Corporación.

Por lo dicho, los cargos primero y tercero no prosperan.

Segundo cargo

Con invocación expresa del artículo 368, causal segunda, del Código de Procedimiento Civil, acusa el recurrente la sentencia de segunda instancia en este proceso, por incongruencia en cuanto reconoció la corrección monetaria “sin haberse deprecado este aditamento en la demanda” (fl. 14).

En el desarrollo del cargo, afirma el recurrente que, ni en las pretensiones de la demanda ni en la causa petendi de las mismas se alude a la corrección monetaria, no obstante lo cual “en la sentencia de primer grado se dijo en la motivación que era dable el reconocimiento de la corrección monetaria en forma oficiosa; pero en la parte resolutiva se omitió el pronunciamiento de rigor, circunstancia que obligó a la actora a adherirse a la alzada de Granfinanciera, para que el Tribunal subsanara la omisión” (fl. 15). Es decir —continúa el recurrente—, que los juzgadores de instancia, “fueron conscientes de que la parte actora no impetró la mentada corrección monetaria”, pero consideraron, sin ser ello así, que “estaban autorizados para hacer ese pronunciamiento en forma oficiosa y, por lo mismo, sin sujeción a la preceptiva del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 15).

Se extiende luego el impugnador en consideraciones sobre la restricción que para fallar tienen los jueces en materia civil (CPC, arts. 2º y 305), sin exceder lo pedido por las partes, salvo autorización legal y afirma que “en casos como el presente, regidos por la máxima dispositiva, la actividad del juzgador está limitada por los hechos y las peticiones de las partes, ya que de lo contrario los citados artículos 2º y 305 serían letra muerta; no podría hablarse de los derechos disponibles; el sistema sería inquisitivo; y el juez estaría dotado de especialísimos poderes, como la absorbente dirección material del proceso” (fl. 16).

Agrega a continuación el recurrente que conforme a reciente doctrina de la Corte no siempre puede decretarse la corrección monetaria, sino que ésta sólo puede ser reconocida atendidas las circunstancias específicas en casos concretos y concluye el cargo con la solicitud de casar la sentencia y “prescindir del apéndice de la corrección monetaria en la sentencia sustitutiva” (fls. 17 y 18).

Consideraciones

1. Primeramente estima la Sala pertinente señalar que el fenómeno de la consonancia en materia de corrección monetaria, se ha sujetado al alcance general de aquélla, y las particularidades de esta última.

1.1. Sobre lo primero, es bien sabido que uno de los principios cardinales en nuestra legislación procesal civil, es el de que la actividad de la jurisdicción del Estado al ponerle fin a un proceso para decidir un litigio mediante la sentencia, se encuentra delimitada por el thema decidendum trazado por las partes al formular las pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas por el demandado, de tal suerte que el fallo sea “una respuesta acompasada” con cada una de aquéllas y éstas y con sus fundamentos de hecho, como lo dijo la Corte en sentencia Nº 325 del 29 de agosto de 1988 (Ordinario de José Marcelo Suárez contra la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A.), sentencia en la cual esta corporación reiteró que:

“...El fallador pues, no puede, sin desbordar los límites de su potestad, resolver temas que no hayan sido propuestos oportunamente por las partes, y tampoco puede, desde luego que si reclama su intervención para desatar el litigio, dejar sin decisión materias de las que fueron sometidas a su composición. Por ello, de manera terminante ordena el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, que la parte resolutiva de la sentencia deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las excepciones, y el artículo 305 siguiente puntualiza que el fallo deberá ser consonante con esas pretensiones y con las excepciones dichas”.

Con todo, esta corporación tiene por sentado, que en aquellos casos en que el fallador toma decisiones sobre asuntos no pedidos expresamente en la demanda pero que resultan implícitos o consecuenciales de las pretensiones de aquélla, por constituir un complemento obligado y necesario de estas últimas, como fruto de una facultad de oficio, no existe incongruencia; como tampoco ésta se presenta cuando el juez reconoce en el fallo la existencia de excepciones de mérito que, pese a no haber sido alegadas resultan sin embargo probadas, pues deben ser declaradas en tal caso por el juez por mandato del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil. Tal es el criterio de la Corte, como puede verse, entre otras, en sentencia publicada en la Gaceta Judicial, Tomo LXXIX, página 46, así como en la de 8 de septiembre de 1975, proferida en el ordinario de Teodoro Restrepo contra Flor María López, no publicada y en las de 4 de septiembre de 1986 y 1º de abril de 1987 (G. J. CLXXXVIII, número 2427, primer semestre, página 132).

1.2. Siguiendo esta concepción, esta corporación ha venido estructurando la consonancia de las decisiones sobre corrección monetaria, de acuerdo con el caso concreto y las circunstancias particulares que rodean la relación obligacional.

1.2.1. En este sentido, en materia contractual ciertamente la Corte ha admitido, excepcionalmente, que guiado por el principio general de la equidad (respaldado en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887) y para lograr restablecer el equilibrio de las prestaciones mutuas que sigue al aniquilamiento de un negocio (por resolución o nulidad), cuando uno de los contratantes debe devolver una suma de dinero (que ha perdido su poder adquisitivo, por el hecho notorio de la desvalorización de la moneda) y el otro un bien distinto, es preciso, salvo regulación especial diferente (como existe en la lesión enorme), entender al juez implícitamente facultado para establecer o disponer ex officio, sin petición de parte, el reajuste o corrección monetaria pertinente (cas. del 7 de diciembre de 1982, G. J. T. CLXV, pág. 340; sent. 297 del 12.08.88 y Nº 317 del 25 de agosto de 1988, por publicar), que, por lo demás, garantiza, dentro de lo equitativo, que el pago sea completo (art. 1646 del C. C.) para este evento (sent. del 30 de marzo de 1984 G. J. T. CLXXVI, pág. 137), y no como regla que deba generalizarse (sent. del 19 de marzo de 1986, G. J. T. CLXXXIV, pág. 26), pues en lo demás el “proceder ex officio, atribuible al fallador es excepcional y que, por lo consiguiente, la misma ha de estar asentada en una concreta disposición legal” (sent. del 12 de agosto de 1988, aún sin publicar).

Luego, no habiendo facultad implícita o explícita del juez para ordenar de oficio la revalorización de la suma adeudada “se debe contar con una petición de parte” (sent. de ago. 12/88, sin publicar), expresa o tácita en la demanda (y no en los alegatos), para efecto del thema decidendum susceptible de contradicción, pues con base en la estimación de la corrección monetaria como daño emergente (esto es, como factor estructural de disminución o deterioro de los valores económicos que integran el patrimonio) de la prestación (sent. del 9 de julio de 1979), también pueda considerarse que “al pedir el demandante el pago de perjuicios ocasionados por la sociedad demandada, por la no cancelación oportuna de las obligaciones a su cargo, tal pretensión comprende la corrección monetaria” (sent. del 30 de marzo de 1984 G. J. T. CLXXVI, pág. 137).

1.2.2. Ahora bien, concordante con lo expuesto y en virtud del régimen especial pertinente, la Sala concluye que no hay lugar, de oficio o a solicitud de parte, a la revalorización judicial cuando se trata de la restitución de unos certificados de abono tributario CATS (hoy sustituidos, en virtud de la Ley 48 de 1983 y D.R. 636 de 1984, por los certificados de reembolso tributario CERTS), que una entidad financiera, como intermediaria de un exportador, ha recibido del Banco de la República, cuando no devolvió dichos certificados, ni su valor a su beneficiario.

Ello se debe, en primer lugar a que como dichos CATS, establecidos entonces (en desarrollo de la Ley 6ªde 1967, Decreto-Ley 444 de 1967, artículos 165 y ss.) como estímulo y en favor del exportador “por reintegros originados en exportaciones legalizadas y efectivamente realizadas” (art. 2º, D. 2311/80), eran títulos negociables que se liquidaban “en moneda nacional, en el momento del reintegro, con base en el reintegro del valor FOB de las mercancías exportadas, aplicando la tasa de cambio que se emplea para liquidar los gravámenes...” (art. 5º, ibídem) con dicha regulación de orden público económico, al fundarse en el peso colombiano determinado por el cambio al momento del reintegro y no al momento del pago (cuando ya se ha desvalorizado la moneda), se consagró entonces, en forma especial, estricta e imperativa la valoración nominal de dichos certificados a cargo del Banco de la República y en favor de su beneficiario, el exportador, sea que éste lo reclame directamente o por conducto de una entidad financiera, por lo que no hay lugar aquí a reajuste monetario.

En segundo lugar, porque la obligación que asume la entidad financiera intermediaria que ha recibido certificados de abono tributario por encargo del exportador de “entregarle (al mandante) todo lo que haya recibido por causa del mandato, dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación del mismo” (C. Co., art. 1268), no es de aquéllas que deba satisfacerse con reajuste monetario, a solicitud de parte o de oficio, porque, de un lado, este aspecto no aparece expresa ni implícitamente de dicho precepto, pues, en estricta lógica y en armonía con lo anterior, sería la restitución de todo lo que se haya recibido con la valoración nominal que se haya dicho. Y porque, del otro, con relación al perjuicio posterior que pueda causarse, la misma disposición regula su reparación de manera especial mediante el establecimiento de la mora al vencimiento del breve plazo legal de tres días y la obligación del “mandatario de pagar al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle en caso de mora” (inc. 2º, ibíd.), que, siendo del doble del interés bancario (C. Co., art. 884), se estima, en este caso, suficiente y equitativa para satisfacer tanto la desvalorización como el verdadero lucro cesante, quedando eliminado de esta manera la posibilidad de reajuste o corrección monetaria que por lo demás, tampoco se enmarca dentro del equitativo equilibrio de las prestaciones mutuas a que ha aludido esta corporación en otras ocasiones.

2. Pasa ahora la Corte al estudio del cargo sub examine en que se acusa la sentencia de incongruente al adicionar en la condena de primera instancia de $ 5.032.501.90, que ello se hiciera con la corrección monetaria a la fecha del pago, pues al decir del recurrente no fue pedido, ni poder decretarse de oficio.

2.1. En primer término, le asiste razón al censor al decir que no hubo petición expresa de corrección monetaria, que el a quo la reconoce “aunque no fue demandada”, pero que, según el actor, olvidó en la parte resolutiva (C. 1, fls. 119 vto. y 120); y que también la admite el ad quem cuando más acoge la del juzgado y afirma que “debe tenerse en cuenta, aun sin petición de parte la corrección monetaria” (C. 3, fl. 32). Porque tal aspecto no se encuentra expresamente manifestado en la petición tercera donde se reclama principalmente de la demandada la entrega de “los certificados de abono tributario (CATS) que recibió del Banco de la República”; ni tampoco en la petición cuarta, donde subsidiariamente se solicita la condena al pago de “la suma de cinco millones treinta y dos mil quinientos un pesos con noventa centavos ($ 5.032.501.90) valor de los certificados de abono tributario (CATS)” (C. 1, fol. 13). Ni de tales manifestaciones pueden desprenderse peticiones implícitas sobre el reajuste monetario, porque el carácter nominal y limitado de dichos certificados y la determinación de cuantificación nominal de valor de aquéllos, excluye por completo aquella posibilidad.

De otra parte, de la petición quinta de condenar a la demandada por “los perjuicios que aparecieren cuantificados en el transcurso del proceso” y que la demandante “ha sufrido... hasta el punto de no haber podido cumplir con sus obligaciones contractuales y... paralizadas... sus labores por embargo y secuestro...” (hecho 8º C. 1, fols. 14 y 16), tampoco permite inferir que en ella se halle comprendida la petición de corrección monetaria, porque, a diferencia de la regulación general indemnizatoria que permite incluir, cuando ello es posible, aquella corrección como un factor del daño emergente, en este caso, por su normación especial y autolimitación expresa, no permite darle tal alcance. Y así lo entendió derechamente el ad quem cuando confirma la decisión del a quo sobre la condena en abstracto de perjuicios pedida y en ella no incluye la corrección monetaria, lo que resuelve separadamente, no por haberse pedido, sino por estimarla de oficio de manera general, lo que en forma expresa también admitió el demandante en su apelación adhesiva (fls. 19 y 23, C. 3).

2.2. De otro lado, el Tribunal obra de oficio cuando después de citar el fallo apelado, que indica la idoneidad del “pago sobre depreciación monetaria, aunque no fue demandado” (C. 3, folio 31), acoge dicha argumentación al expresar que “tenía razón el a quo cuando hizo en la sentencia el comentario que se deja transcrito” (C. 3, folio 32). Y tal proceder queda concretado en el siguiente pasaje:

“Por lo tanto, para establecer el equilibrio debe tenerse en cuenta, aun sin petición de parte la corrección monetaria, en las obligaciones de pagar perjuicios o de hacer reintegros monetarios, para lo cual habrá de computarse la desvalorización tomando en cuenta la fecha en que debió cumplirse el pago y aquélla en que éste se cumple” (C. 3, folio 32) (resalta la Sala).

Luego, si como quedó expuesto arriba, en este evento no hay lugar a condena por corrección monetaria por el valor de los certificados de abono tributario a cargo del Banco de la República y en favor del exportador por conducto del intermediario financiero demandado, ni por el valor nominal recibido por éste que debe restituir a aquél, sino que la ley prevé una regulación diferente, con mayor razón tampoco puede decirse que el fallador tenga atribuida facultad para imponerla de oficio.

2.3. Siendo así las cosas, esto es, que si no habiendo sido demandada la corrección monetaria, ni esta es procedente legalmente, ni mucho menos viable su declaración de oficio, la sentencia, por el contrario, la adoptó expresamente, no puede menos que concluirse que esta providencia resulta inconsonante con las pretensiones de libelo, por lo que el cargo estará llamado a prosperar.

Sentencia sustitutiva

1. Hallados los presupuestos del proceso y no habiendo causa de nulidad procesal alguna, la Sala precisa previamente que el alcance de la prosperidad del segundo cargo formulado por la causal segunda de casación, se limita a revisar en segunda instancia el defecto correspondiente (en este caso extrapetita) sobre la condena adicional de corrección monetaria, que, a la vez, entendió la que hiciera el a quo sobre el costo de vida, cuyos fundamentos se expusieron en el desarrollo del cargo y que ahora se dan por reproducidos.

2. Ahora bien, el fallo de primera instancia, apelado por ambas partes en forma total (por el demandado) o parcial —corrección monetaria— (por el actor), se mantiene en cuanto acoge la pretensión del libelo tal como fue entendido en el despacho del segundo cargo, que, por lo demás, encuentra suficiente respaldo en el acervo probatorio y las disposiciones legales también allí citadas, incluyendo la condena en abstracto, que al quedar incólume continúa vigente el régimen procesal precedente. En cambio, por las mismas razones expuestas para la inconducencia de la corrección monetaria, también ha de concluirse en la carencia de respaldo legal la determinación de la condena “de acuerdo al costo de vida” dispuesta por el a quo, que habrá de revocarse.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 11 de mayo de 1989, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario iniciado por Industrias El Gamo Ltda. contra Gran Colombiana corporación Financiera S.A., y, en sede de instancia,

RESUELVE:

1. Confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia que en el citado proceso, profirió el 18 de marzo de 1988 el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, con excepción de la frase final “de acuerdo al costo de vida” del parágrafo del numeral 2º de la parte resolutiva, la cual se revoca, por lo expuesto en la parte motiva.

2. Condenar al demandante, vencido en su alzada, al pago de las costas de segunda instancia.

Sin costas en casación por haber prosperado el recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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