Sentencia 200012331000200302415-01 (29108) de enero 24 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 200012331000200302415-01 (29108)

Consejero ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Jaime Gonzalo Araújo Noguera y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros

Asunto: interlocutorio

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil siete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ha interpuesto recurso de apelación contra el auto de 19 de agosto de 2004, a través del cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó la vinculación al presente juicio, en calidad de denunciados, respecto de la Procuraduría General de la Nación y de Omar Antonio Castrillón Duque, quien se dice es el cabecilla del frente 59 de las FARC, solicitud que fue negada debido a la carencia de prueba de su procedencia.

En ese entendido, antes de decidir si tal decisión se ajustó a derecho, la Sala advierte que el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 54 del Decreto 2304 de 1989, dispone que “En los procesos relativos a controversias con actuales y de reparación directa, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, (...) siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Teniendo en cuenta que esta figura de intervención de terceros no cuenta con reglas de trámite en el estatuto contencioso administrativo, en aplicación de la orden contenida en el artículo 267 ibídem, deben aplicarse a esta forma de vinculación procesal las directrices que para el efecto contempla el Código de Procedimiento Civil en el artículo 54 y ss.

Dicho artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, preceptúa:

“ART. 54.—Denuncia del pleito. Quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho a denunciar el pleito que promueva o que se le promueva, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro del término para contestarla, según fuere el caso.

Al escrito de denuncia se acompañará la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla y la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias.

El denunciado en un pleito tiene a su vez facultad para denunciarlo en la misma forma que el demandante o demandado”.

Examinado el contenido de las citadas normas, la Sala observa que de allí se desprenden algunos requisitos para la procedencia de dicha forma de vinculación, tales como el de legitimación, referido a que debe proponerla la parte demandada en los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa; de oportunidad, en tanto que esta debe formularse en el término de fijación en lista para contestar la demanda y, finalmente, un requisito de formalidad, atinente a que la solicitud debe presentarse por escrito, acompañada de prueba siquiera sumaria del derecho a formularla, requisitos que en este caso se cumplen integralmente, toda vez que, de una lado, esta fue formulada por persona habilitada para el efecto y, de otro, lo hizo dentro de una acción que lo admite y en el momento procesal correspondiente.

Hechas las anteriores precisiones, la discusión se reduce, de acuerdo con los argumentos de la providencia recurrida y del escrito de apelación, a determinar la viabilidad de la denuncia del pleito formulada, hecho que puede empezar a dilucidarse examinando, para el caso de la Procuraduría General de la Nación, que la solicitud se elevó en los siguientes términos:

“(...) La denuncia del pleito se orienta a que la sentencia definitiva declare a la Procuraduría General de la Nación, responsable de los daños y perjuicios deprecados por los demandantes en el libelo demandatorio, y consecuencialmente se le ordene el pago de la totalidad de los perjuicios ocasionados a los demandantes o proporcionalmente de acuerdo con la evidencia que se arrime a la foliatura por haberse incumplido en cabeza de los escoltas (Onésimo Quintero Salcedo - agente de seguridad grado 11 y otros) designados por esa procuraduría para la protección de la doctora Consuelo Araújo Noguera, faltando a la obligación de solicitar y coordinar e implementar las medidas de seguridad en la zona y durante los recorridos de la señora Araújo, para la fecha de los hechos.

Los supuestos fácticos de la denuncia del pleito se encuentran en los hechos de la demanda, su contestación y las pruebas animadas y solicitadas (...)” (fls. 126 a 128, cdno. 2)”.

En relación con el cabecilla del frente 59 del citado grupo insurgente, se indicó:

“(...) La denuncia del pleito se orienta a que la sentencia definitiva declare a Omar Antonio Castrillón Duque, alias Cesar, responsable de los daños y perjuicios deprecados por los demandantes en el libelo demandatorio, y consecuencialmente se le ordene el pago de la totalidad de los perjuicios ocasionados a los demandantes o proporcionalmente de acuerdo con la evidencia que se arrime a la foliatura.

Los supuestos fácticos de la denuncia del pleito se encuentran en los hechos de la demanda, su contestación y las pruebas arrimadas y solicitadas (...).

La Fiscalía General de la Nación delegada antes los jueces penales del Circuito de Valledupar, dio inicio al proceso en contra del denunciado, por el delito de secuestro y homicidio, investigación que se solicitó como prueba en la (sic) y se aportará en su oportunidad legal, se anexa copia de las denuncias presentadas en su contra por parte del comandante del Batallón de Artillería Nº 2 ‘La Popa’, de fecha 18 de octubre de 2001” (fls. 129 a 131).

Como queda descrito, la denuncia del pleito formulada contra la Procuraduría General de la Nación fue debidamente negada por el tribunal, no solo por las razones a que alude la providencia recurrida, sino también por la existencia de una circunstancia relevante, cual es que la demanda se ha formulado en contra de la persona jurídica Nación, cuya representación en este caso fue asumida por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, hecho que resulta suficiente para concluir que los intereses de aquella estarán debidamente representados en este juicio y, por tanto, se torna innecesario vincular a dicho organismo de control al presente juicio.

Es más, en este punto la Sala precisa la improcedencia de que una dependencia y órgano de una misma y única persona jurídica pueda denunciar el pleito en relación con otra dependencia u organismo de esa misma persona jurídica, puesto que la diferencia de personalidad jurídica, entre denunciante y denunciado, se erige en requisito indispensable para la aplicación de esa figura, en cuanto resulta inane y ontológicamente imposible disponer la vinculación, a un proceso judicial, de quien ya lo está, cuando hay plena identidad entre la peticionaria y la persona cuya integración a la litis se pretende.

Respecto de la denuncia del pleito formulada en contra de Omar Antonio Castrillón Duque o Luque, quien según el escrito de denuncia se le conoce con el alias de Cesar y es el cabecilla del frente 59 de las FARC, la Sala acoge igualmente el argumento del tribunal para denegar su vinculación a este juicio, toda vez que, en realidad, la información que se tiene de dicha persona y las razones en que se funda la solicitud de denuncia resultan precarias para decretarla, habida cuenta que el único referente que se tiene del mismo son las denuncias que en su contra se habrían formulado como presunto responsable de la muerte de la señora Consuelo Araújo Noguera, las cuales, por sí solas, no constituyen elemento de juicio suficiente para su procedencia.

Además de lo anterior, si la denuncia pretende fundarse en la existencia de una eventual responsabilidad solidaria entre denunciante y denunciado, en relación con el daño por el cual se demanda indemnización, la Sala reitera que tal figura no constituye fuente de llamamiento o denuncia, para lo cual se remite a lo expuesto en providencia de 25 de septiembre de 1997, en la que se indicó:

“Ante todo, la Sala sostiene que la solidaridad nace con la condena, antes no se ha declarado la existencia de la responsabilidad y por ende no está debidamente determinada la estructura de la obligación indemnizatoria, ni en cuanto a su objeto y contenido, mucho menos en cuanto a los sujetos del vínculo obligatorio. De otra parte, en tanto no se demande la declaración de responsabilidad frente a los varios coautores del daño, la solidaridad no podrá declararse, pues dicha calidad de las obligaciones supone pluralidad de sujetos bien por activa o por pasiva y para ellos es necesario que la víctima vincule a los varios autores del daño. Así las cosas, para que la solidaridad tenga ocurrencia y se obtenga su declaración en la providencia judicial, se reclama que los varios coautores del daño sean demandados simultáneamente, y a ese resultado se llega, exclusivamente, por la iniciativa del demandante, único titular de la acción en contra de los varios responsables.

En este orden de ideas, se tiene que en punto de los sujetos de la obligación solidaria cuya fuente es el daño antijurídico causado por varios coautores, lo serán, de un lado la víctima reclamante, acreedora de la obligación indemnizatoria y del otro, los varios coautores demandados, obligados solidariamente frente a aquella. El artículo 2.344 del C.C. no otorga entonces, derecho al “coautor” demandado de vincular a los terceros no demandados, por la vía del llamamiento, toda vez que la titularidad de la pretensión indemnizatoria, está radicada en la víctima” (1) .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto apelado, esto es, el proferido el 19 de agosto de 2004 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2. Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia 11.514 de 25 de septiembre de 1997. La posición adoptada en este sentido fue reiterada por la Sala en providencia de 30 de marzo de 2006, expediente 30980.

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