Sentencia 2925 de marzo 20 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 76001233100020014375-01

Radicación interna 2925

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Actor: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.Electoral.

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II.Consideraciones

Este proceso se encamina a obtener la nulidad de tres actos administrativos. El primero, la Resolución 959 del 25 de julio de 2001, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por medio de la cual formuló, ante el juez coordinador del Centro de Servicios de los juzgados de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la lista de elegibles para proveer el cargo de asistente social, grado 18. El segundo, la Resolución 17 del 10 de octubre de 2001 del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, por medio de la cual nombró al señor Argemiro Astudillo Herrera en el cargo para el que concursó. El tercero, el acta 5 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en la cual consta el acuerdo de nombramiento del señor Argemiro Astudillo Herrera en los centros de servicios administrativos de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. Finalmente, también se pretende la nulidad del acta de posesión del 31 de octubre de 2001, mediante la cual el señor Argemiro Astudillo Herrera tomó posesión del cargo.

El demandante sostiene que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura se equivocó al elaborar la lista de elegibles que envió al juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para proveer un cargo en esos juzgados, pues no la conformó con los mayores puntajes obtenidos por los candidatos, según el resultado obtenido en el registro de elegibles, pues aparece en el primer lugar una persona que realmente ocupó el 7° lugar.

Por ello, corresponde a la Sala averiguar si en las normas que se consideran vulneradas se establece el deber legal y constitucional de proveer cargos de carrera en la rama judicial en el estricto orden descendente de los puntajes que aparecen en el registro de elegibles.

Concurso de méritos en la carrera judicial y orden de puntajes en la lista de elegibles.

El artículo 125 de la Constitución Política prescribe que “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley ...”. De consiguiente, la regla general para la vinculación laboral al Estado es el sistema de carrera, pues la propia norma superior dispone que la vinculación de aquellos funcionarios cuyo sistema de nombramiento no ha sido determinado expresamente por la Constitución y la ley, deberá preceder de un concurso de méritos.

Específicamente en relación con la vinculación a la rama judicial, la Constitución se refirió a la “carrera judicial” como un sistema de vinculación que se maneja de manera autónoma, en tanto que le otorgó al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales, según el caso, la función de administrar la carrera judicial (art. 256). Por ello, es lógico inferir que la carrera judicial es también la regla general de acceso a los cargos de la rama judicial.

En desarrollo de lo previsto en las normas superiores, el artículo 158 de la Ley estatutaria de la administración de justicia dispuso que “son de carrera los cargos de magistrados de los tribunales y do las Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción”.

En efecto, los artículos 162 a 167 de la Ley 270 de 1996 regularon en forma precisa cuál es el procedimiento que debe adelantarse en el concurso de méritos de la rama judicial, para lo cual señalaron etapas consecutivas y obligatorias que, de un lado, buscan hacer más transparente y eficaz el acceso y permanencia en la función pública y, de otro, garantizan la igualdad de oportunidades para acceder a ella. Así, el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 dispuso que el sistema de ingreso para los empleados vinculados por el sistema de carrera judicial comprende cuatro etapas, a saber: conccurso de méritos, conformación del registro seccional de elegibles, remisión de lista de elegibles y nombramiento. Por lo tanto, aquellos nombramientos que no obedecen a una consecuencia directa del proceso de selección por los méritos de los candidatos, son irregulares y, por ende, pueden ser anulados por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Pues bien, el demandante considera que los actos administrativos impugnados vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Ley 270 de 1996. El primero de ellos señala:

“Registro de elegibles. La Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores [artículo 164 de esa normativa se refiere a etapas de selección y clasificación], el correspondiente registro de elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios.

La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.

La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar.

Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

PAR.—En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés”.

A su turno, el artículo 166 de la Ley 270 de 1996, dispone:

“Lista de candidatos. La provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura”.

En ejercicio del control automático de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria a que hace referencia el artículo 241, numeral 8°, de la Constitución, la Corte Constitucional, en Sentencia C-037 de 1996, se pronunció sobre el contenido material de esa disposición y resolvió declarar la exequibilidad “bajo las condiciones previstas en esta providencia”. En ese sentido, la Corte señaló:

“Para esta corporación es claro, que un verdadero concurso de méritos es aquél en el que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administraación pública dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público. En consecuencia, la administración habrá de señalar un valor determinado a cada uno de esos ítems (condiciones profesionales, morales y personales) y, por consiguiente, el aspirante que obtenga el máximo puntaje es quien tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el que concursó.

Es que cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos y una vez apreciados éstos quien ocupará el cargo, será quien haya obtenido la mayor puntuación.

Sin embargo, esta corporación ha venido conociendo de múltiples procesos de tutela en los que los accionantes se quejan de haber concursado para ingresar a un cargo de carrera administrativa y, a pesar de haber obtenido un puntaje superior al de quien en últimas se nombró, fueron excluidos con el argumento de la falta de idoneidad moral o social de los concursantes, exclusión que de no estar plenamente justificada se convierte en arbitraria.

En este orden de ideas, considera la Corte que una de las formas de acabar con esta práctica, es precisamente incluir dentro de los factores de calificación, la idoneidad moral, social y física del candidato, pues el hecho de que el análisis en ese campo pertenezca a la subjetividad del nominador, no significa arbitrariedad, pues tales aspectos también han de ser apreciados y calificados, para evitar abusos. De no ser así, se desnaturalizaría la carrera administrativa y, por ende, se infringiría el artículo 125 superior, que ordena que el ingreso a ella se efectúe “previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones q0ue fije la ley, para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”, y si ellos se desconocen, obviamente se infringe la Constitución.

(...).

De acuerdo con lo expuesto, debe señalarse que la norma bajo examen, por el simple hecho de establecer que la lista de elegibles estará conformada por cinco candidatos, no vulnera la Constitución Política, pues dentro de dicha lista naturalmente estará incluido quien haya obtenido el mejor puntaje y, consecuentemente, ocupe el primer lugar en la clasificación final ...”.

En estos términos, el artículo será declarado exequible” (negrillas de esta Sala).

Por su parte, el artículo 167 de la Ley 270 de 1996 preceptúa:

“Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.

Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes”.

Igualmente, en Sentencia C-37 de 1996, la Corte Constitucional (1) condicionó la exequibilidad de esa norma en los siguientes términos:

(1) De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, la parte resolutiva y la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y con afecto erga omnes.

“La constitucionalidad de esta norma se debe a que ella es corolario de las anteriores, pues se limita a regular aspectos procedimentales relacionados con el nombramiento de los funcionarios y empleados cada vez que resulte una vacante dentro de la rama judicial. Con todo, deberá advertirse, tal como se determinó en el artículo precedente, que el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que ha obtenido la mayor puntuación.

Bajo estos parámetros, la disposición se declarará exequible”.

De conformidad con lo anterior, queda claro que la inscripción y el orden en que se ubica una persona en el registro de elegibles son fundamentales para conformar la lista de candidatos, puesto que es anterior a ella y sirve para su formación. De consiguiente, esa lista debe traducir fielmente los resultados que constan en el primero, por lo que no puede introducir modificaciones sin el correspondiente respaldo de una decisión administrativa dirigida a corregirla. De otro lado, es claro que la lista de elegibles debe conformarse con un número mínimo de candidatos, la cual se integrará con quienes hayan alcanzado los mayores puntajes que aparecen en el registro de elegibles. De hecho, aunque el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, se refiere a la integración de la lista con “quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles”, es lógico sostener que cuando uno o más de ellos manifiestan no tener interés en el cargo, deberán reemplazarse con quienes siguen en estricto orden descendente.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala averiguar si, como lo sostiene el demandante, está probado en el expediente que de la lista de elegibles con base en la cual fue nombrado el señor Argemiro Astudillo Herrera como asistente social grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali, fueron excluidas unas personas que figuraban en el registro de elegibles con mejor porcentaje que el finalmente nombrado.

Prueba de los hechos planteados en la demanda

La situación táctica que origina el reproche de la demanda se encuentra demostrada en el expediente así:

- Mediante acuerdo 007 del 12 de marzo de 2001, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca acordó conformar el registro de elegibles para “cargos de carrera de empleados de los juzgados y centros de servicios de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de los Distritos Judiciales de Cali y Buga, con los cargos, despachos y para los aspirantes cuyo listado se adjunta (segundo grupo), y el cual hará parte integral del presente acuerdo”. En el anexo aparece un listado con 12 números de cédula de ciudadanía y los correspondientes puntajes para el cargo de asistente social de Juzgado de Ejecución de Penas, grado 18. Los ocho primeros puntajes, en orden descendente, aparecen así:

PuestoCédula de ciudadaníaPuntaje
121.233.896679.43
229.532.701613.33
331.953.869597.70
438.862.044576.84
554.250.546565.30
638.870.844538.42
716.642.967487.43
816.279.225446.78
916.770.075438.69 (fls. 1 y 2)

— Mediante Resolución 278 del 18 de abril de 2001, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca resolvió lo siguiente:

“Formular ante el juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad de Cali, la siguiente lista de elegibles, en orden descendente de puntaje total obtenido por quienes optaron para ese despacho, tomada del registro seccional de elegibles, integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos para cargos de empleados de carrera judicial, convocado mediante acuerdo 160 de 1994 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, destinada exclusivamente a proveer el cargo de asistente social, grado 18:

CédulaNombres y apellidosPuntaje
21.233.896Pulecio Aguilera Letty Yolanda679.43
29.532.701Gómez Ramírez Amanda613.33
31.953.069Ramírez Giraldo Mariluz597.70
38.862.044Escobar Montoya María Eugenia576.84
54.250.546Mosquera Cañizales Luz del Carmen565.30” (2) .
(2) Folio 5

— Mediante Resolución 959 del 25 de julio de 2001, el vicepresidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, resolvió lo siguiente:

“Formular ante el juez coordinador del Centro de Servicios de los juzgados de ejecución de Penas y Medias de Seguridad de Cali, la siguiente lista de elegibles, en orden descendente de puntaje total obtenido por quienes optaron para ese despacho, tomada del registro seccional de elegibles, integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos para cargos de empleados de carrera judicial, convocado mediante acuerdo 160 de 1994 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, destinada exclusivamente a proveer el cargo de asistente social, grado 18:

CédulaNombres y apellidosPuntaje
16.642.957Astudillo Herrera Argemiro487.43
16.279.225Esponda Villalobos Álvaro446.78
16.770.075Cifuentes Cevallos Jorge Hernán438.69
14.886.527Gómez Diego Germán430.15
31.281.861Navarro Garcés Beatriz408.89” (3)
(3) Folio 146

— En el acta 5 del 10 de octubre de 2001, consta que los jueces de ejecución de penas de Santiago de Cali y el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y con fundamento “en la lista 959 del 25-07-01 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura”, acordaron nombrar al señor Argemiro Astudillo Herrera en el cargo de asistente social grado 18, porque es el “1° en la lista” (fls. 147 y 148).

— Por medio del oficio CSJ-VC-SA-S-3587 del 26 de julio de 2001, la secretaría general del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca comunicó al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas que, “por instrucciones de la presidencia de esta Sala Administrativa, le remito la Resolución 959 del 25 de julio de 2001, contentiva de la lista de candidatos para proveer el cargo de asistente social grado 18 ...” (fl. 149).

— Mediante Resolución 17 del 10 de octubre de 2001, el juez de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santiago de Cali, resolvió, en lo pertinente, “nombrar en propiedad a Argemiro Astudillo Herrera en el cargo de asistente social grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali” (fls. 151 y 152).

— Consta que el 31 de octubre de 2001, el demandado se posesionó en el cargo de asistente social, grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali (fls. 153 y 154).

Finalmente, es importante resaltar que el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca informó que para proveer la primera vacante fue nombrada la señorita Mariluz Ramírez G., identificada con la cédula de ciudadanía 31.953.869 (fl. 25).

El análisis anterior muestra que, efectivamente, fue mal conformada la lista de elegibles que sirvió de fundamento para proferir el acto administrativo por medio del cual se nombró al señor Astudillo Herrera en el cargo de asistente social, grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali.

En efecto, tal y como consta en el registro de elegibles, el señor Argemiro Astudillo Herrera, identificado con la cédula de ciudadanía 16.642.967, obtuvo un puntaje de 487 y, en ese mismo concurso, otras personas alcanzaron los puntajes, en orden descendente, correspondientes a 679.43, 613.33, 597.70, 576.84, 565.30 y 538.42, los cuales preceden al puntaje obtenido por el demandado. Pese a ello, en la lista de elegibles que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca formuló y envió al juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali —Resolución 959 del 2001—, la cual sirvió de base para expedir el acto administrativo en donde consta la elección impugnada, aparece como mayor puntaje el obtenido por el señor Astudillo Herrera, lo cual no corresponde a la verdad, pues existían puntajes superiores al suyo.

Entonces, si se tiene en cuenta que para proveer la primera vacante fue nombrada la señorita Mariluz Ramírez G., identificada con la cédula de ciudadanía 31.953.869, quien obtuvo el tercer mejor puntaje en el registro de elegibles, es lógico deducir que la lista de elegibles debía ser encabezada por la señora María Eugenia Escobar Montoya, identificada con la cédula de ciudadanía 38.862.044, quien obtuvo 576.84 puntos, y así mismo, debían seguir los puntajes en estricto orden descendente.

En este orden de ideas, se concluye que la lista de elegibles que precedió el nombramiento impugnado fue indebidamente integrada en cuanto de la misma quedaron excluidos concursantes que obtuvieron un mayor puntaje que quien la encabezó y finalmente fue nombrado en el cargo de asistente social grado 18, lo cual, como es obvio, se reflejó en el correspondiente acto, en tanto que fue expedido con fundamento en otro irregular. El nombramiento recayó en la persona que ocupaba el primer lugar de la lista de elegibles, pero como ésta no reflejaba el orden de los concursantes en el registro de elegibles, necesariamente aquel resultó ilegal. Es decir que los actos administrativos acusados vulneraron los artículos 166 y 167 de la Ley 270 de 1996, por lo que deben anularse. Luego, prospera el cargo.

Finalmente, es necesario precisar que en la demanda se impugnó el acta de posesión del 31 de octubre de 2001, een la cual consta que el seño Argemiro Astudillo Herrera tomó posesión en el cargo de asistente social grado 18 para el Centro de Servicios Administrativos de Cali. Como lo ha advertido esta Sala (4) , la posesión en un cargo público no constituye una manifestación de voluntad de la administración dirigida a producir efectos jurídicos, por lo que el acta donde consta no es un acto administrativo cuya nulidad pueda pretenderse sino que es un documento que prueba la existencia de una diligencia en la cual el funcionario se comprometió a cumplir fielmente sus funciones. Por lo tanto, no hay lugar a decisión alguna sobre el particular.

(4) Sentencia del 9 de marzo de 2000, expediente 2312.

Por lo expuesto, de acuerdo con el señor procurador séptimo delegado ante esta corporación, esta Sala declarará la nulidad de la Resolución 959 del 25 de julio de 2001, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, de la Resolución 17 del 10 de octubre de 2001 del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali y del acta 5 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en cuanto en ella consta que se acordó nombrar al señor Astudillo Herrera en el mencionado cargo.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad de la Resolución 959 del 25 de julio de 2001, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por medio de la cual formuló, ante el juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la lista de elegibles para proveer el cargo de asistente social, grado 18.

2. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 17 del 10 de octubre de 2001 del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, por medio de la cual nombró al señor Argemiro Astudillo Herrera en el cargo de asistente social, grado 18 del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.

3. DECLÁRASE la nulidad del acta 5 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en la cual consta el acuerdo de nombramiento del señor Argemiro Astudillo Herrera en el mencionado cargo judicial.

4. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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