Sentencia 29267 de septiembre 16 de 2009

 

Sentencia 29267 de septiembre 16 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 29267

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Acta de Sala 295

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235-3 y parágrafo de la Constitución Política, la Sala es competente para adoptar la presente decisión, así Rubén Darío Salazar Orozco no ostente en la actualidad la calidad de representante a la Cámara, en tanto la conducta investigada está vinculada con el ejercicio de las funciones desempeñadas.

2. Valga destacar que el sustento legal de esta providencia lo constituye el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, según el cual el juez dictará la correspondiente sentencia cuando el implicado por iniciativa propia acepte en audiencia de formulación de cargos el delito o los delitos imputados, circunstancia que le permite al Estado terminar de manera anticipada el proceso penal.

En efecto, como lo acotó la Corte Constitucional en la Sentencia SU 1300 del 6 de diciembre de 2001, la institución de la sentencia anticipada implica renuncias comunes: para el Estado, a seguir ejerciendo sus poderes de investigación, y para el imputado, a agotar los trámites normales del proceso, a la controversia de la acusación y de las pruebas en que se funda. Con ella se reconoce que los elementos de juicio aportados hasta ese momento son suficientes para respaldar un fallo condenatorio que parte de la certidumbre del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, certeza corroborada a través de la aceptación integral de los hechos por parte del imputado, entendida como confesión simple.

3. Siguiendo esos derroteros, en la audiencia correspondiente la Sala ilustró ampliamente al ex representante Rubén Darío Salazar Orozco sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de la figura de sentencia anticipada, esto es, que en virtud de ella renunciaba a los derechos de no autoincriminarse, a ser oído y vencido en juicio, a controvertir la prueba recaudada en su contra, a la presunción de inocencia y a continuar las fases normales del proceso, tema frente al cual expresó su voluntad de acogerse al mecanismo de terminación extraordinaria y, consecuente con ello, aceptó conforme a la imputación fáctica y jurídica efectuada el delito de concusión.

4. Ahora, como el pronunciamiento anticipado de fallo condenatorio exige además de la aceptación voluntaria y formal del procesado de los hechos imputados, la verificación de la existencia de pruebas indicativas de la comisión del ilícito por parte del acusado, se procede, entonces, a efectuar el correspondiente análisis a efecto de establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta admitida por Rubén Darío Salazar Orozco como presupuestos de su responsabilidad penal.

4.1. En cuanto al delito de concusión corresponde indicar que el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 sanciona al servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones, constriñe o induce a alguien a dar o prometer a él o a un tercero dinero u otra utilidad indebida, o los solicita.

Conforme a la aludida descripción, se abusa del cargo o de la función pública cuando el servidor, apartando su comportamiento de las normas constituciones y legales que regulan de manera general y concreta su actividad en la administración pública, constriñe, induce o solicita a alguien dar o prometer dinero o cualquier otra actualizad para sí o para un tercero.

Son entonces, tres las conductas alternativas establecidas en el ilícito en mención: “constreñir”, “inducir” y “solicitar”. Consultando el diccionario de la Lengua Española se tiene que constreñir significa obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo; inducir es instigar, persuadir, mover a alguien; y solicitar consiste en pretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado.

El alcance y significación de los verbos rectores permite concluir, como lo ha sostenido la Sala en múltiples oportunidades(16), que este delito se consuma simplemente con la exteriorización de cualquiera de las referidas hipótesis, con independencia de que el dinero o la utilidad hayan penetrado en el ámbito de disponibilidad del actor.

Atendido este marco conceptual, para la Sala es claro que el comportamiento atribuido al ex congresista concreta el tipo penal descrito, conforme se analiza a continuación:

4.1.1. Rubén Darío Salazar Orozco fue elegido por la circunscripción electoral de Bogotá, para el período constitucional 2006 - 2010, tomando posesión del cargo el 20 de julio de 2006(17).

4.1.2. Obedeciendo la competencia que le asigna a los congresistas el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo 1º de la Ley 186 de 1995, la dirección administrativa de la Cámara de Representantes nombró el 1º de febrero de 2007 en la unidad de trabajo legislativo del representante Rubén Darío Salazar Orozco a John Jairo Sánchez Garzón en el cargo de asistente I, función que desempeñó hasta el 31 de enero de 2008, cuando fue declarado insubsistente mediante Resolución 0067 del 30 de enero del citado año(18).

Tal actividad administrativa pone en evidencia sin discusión alguna, que el procesado tenía la calidad de servidor público, y que hacía parte de sus funciones participar en la designación de sus subalternos, quienes por fuerza de ese hecho estaban sometidos para su permanencia o remoción al libre juicio de aquel.

4.1.3. Bajo estas condiciones, relató Jhon Jairo Sánchez Garzón que durante el tiempo de su vinculación con el Congreso, el representante exigió a algunos de sus servidores la entrega de una parte de sus salarios, según el monto de cada remuneración. En relación con su caso manifestó que antes de ingresar a laborar en la unidad de trabajo legislativo como conductor escolta del representante Salazar Orozco, este lo instruyó sobre la obligación de entregar unos meses $ 500.000 y otros $ 400.000, para pagar los empleados de la oficina en la calle 34 y su próxima campaña al Senado de la República.

Con este compromiso, afirmó, ingresó a laborar en el Congreso en el mes de febrero de 2007, y a partir de ese momento empezó a entregar cada mes a Rubén Darío Salazar Orozco la suma acordada hasta la fecha de su desvinculación, en diciembre del año citado(19).

Esta conducta del ex representante Rubén Darío Salazar, consistente, entonces, en exigir a Jhon Jairo Sánchez el pago de una suma periódica de su salario como requisito para vincularse y mantenerse en el cargo de asistente I en la UTL de la Cámara, edifica perfectamente la descripción típica indicada, pues no cabe duda que tal comportamiento constituye un claro abuso de la función pública por parte del servidor, quien no tenía motivo legal alguno para hacer tal reclamación.

4.1.4. A la concurrencia de ese hecho penalmente relevante, se suman las siguientes conversaciones telefónicas aportadas en medio magnético por la víctima de la infracción:

— Entre Jhon Jairo Sánchez y Juan David Osorio Arteaga(20).

En el primer fragmento de este diálogo, Jhon Jairo Sánchez se compromete a cancelar sus deudas con el propósito de no perjudicar a su compañero de trabajo Juan David Osorio; luego, le expresa a su interlocutor la molestia por la actitud asumida por el ex representante, en los siguientes términos:

“Jhon Jairo: Uste’ sabe que a mí lo que me da piedra con el representante Rubén Darío, es que él sabe hermano que a conciencia, por eso quien no tiene rabo de paja no se arrime a la candela hermano, pero a mí me duele hermano lo que hizo conmigo, en dos partecitas, me cerró las puertas hermano, uste’ sabe que yo soy una persona que como a uste’ le puede pasar lo mismo, si me entiende?

Juan David: Claro

Jhon Jairo: Uste’ le puede pasar la misma maricada, pero a mí lo que me duele es que el man le cierra a uno las puertas.

Juan David. Claro yo entiendo

Jhon Jairo: Y yo no salí de ladrón yo nunca salí de ladrón

Juan David. No por nada es que eso (TI) por eso

Y acto seguido Jhon Jairo Sánchez Garzón le dice:

(...).

Si me entiende papa, por eso él, si él, si a conciencia como a uste’ o a Pacheco nos ha quitado de nuestro sueldo, legalmente nos ha quita’o plata hermano, a mi me duele lo que el man hace con uste’ y conmigo y con todos guevon, con todos los empleados, o uste’ me va a decir a mí qué qué?

Y Juan David Osorio le responde:

Juancho pero entramos con esas condiciones y usted sabía eso antes de entrar(21)

(...).

Como puede observarse, la parte final de este charla deja en claro la existencia de la condición impuesta por el representante a Jhon Jairo Sánchez Garzón para ingresar a ocupar su cargo de asistente I, como los medios coercitivos utilizados, en tanto en un vínculo de subordinación se doblegó la voluntad del receptor de la indebida exigencia, quien ante la amenaza directa de perder la posibilidad de alcanzar un empleo y conservarlo, se vio obligado a cumplir lo pedido.

— La misma conclusión emerge de la conversación sostenida entre Jhon Jairo Sánchez Garzón y Juan Carlos González Leal.

En el desarrollo de la misma, Juan Carlos González Leal le informa a Jhon Jairo que escuchó sobre la denuncia presentada en contra del “padre” por “quitarle plata a los empleados”(22), a lo que el segundo responde: “Y uste’ sabe que eso es así, si o no doctor, uste’ sabe que eso conciencia es así”(23), contestando González: “si”.

La plática la continúa Sánchez Garzón diciendo: “A todos nos ha pedido eso, y él que lo hizo, él sabrá quién, quién fue o a quién se la habrá hecho”, respondiendo González Leal “Claro”.

Más adelante, mencionan a las personas a quien el representante les ‘quitaba’ plata, así:

Sánchez Garzón: al doctor pacheco sí

González Leal: Pacheco sí

Sánchez Garzón: Ah Juan David

González Leal: Juan David

Del contexto de esta interlocución, aflora que Juan Carlos González Leal, como ex trabajador de la UTL, conoció también de las exigencias dinerarias efectuadas por su ex jefe a algunos de sus compañeros, entre ellos, John Jairo Sánchez Garzón.

En el mismo sentido, la señora Gloria Cristina Ospina de Motta declaró en presencia del procesado, que durante el tiempo que le prestó su colaboración en la UTL de la Cámara, escuchó decir a su conductor y a Juan David Osorio “que tocaba dar una cuota, hablaban entre ellos ahí, pues cuando llegaba la mensualidad” agregando más adelante que lo “decían con queja”(24).

(...).

Y si a estos elementos de convicción se agregan los recibos de teléfono y la certificación expedida por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, demostrativos de que la línea telefónica utilizada por el representante en su residencia figuraba a cargo de su empleado Jhon Jairo Sánchez Garzón a quien le había solicitado adquirirla, cuatro meses después de ingresar a laborar, refulgen evidentes las exigencias indebidas por parte del congresista a aquel.

En suma, las pruebas recaudadas ponen al descubierto la realización de la conducta prohibida, en tanto se verificó un verdadero acto de constreñimiento de parte del representante respecto de su subordinado, expresado en las exigencias de contenido económico para acceder y mantenerse en el cargo.

Ahora, que Salazar Orozco obró con el conocimiento suficiente de la ilicitud de su conducta y con la voluntad plena de marginarse de la ley, lo pone de presente su historia laboral en tanto ha ocupado los cargos de concejal, asistente en el Senado, en la Cámara de Representantes y finalmente la dignidad que desempeñaba, actividades demostrativas de su preparación y experiencia.

Incluso, su condición de miembro de la comunidad de Jesús de la Buena Esperanza no fue óbice para ejecutar este tipo de acciones que ponen de manifiesto su falta de nobleza y de sentido de justicia frente a las personas que se encuentran, en razón de sus circunstancias, en un estado social, cultural, económico y laboral inferior al suyo.

Resta observar que el comprobado abuso funcional vulneró el bien jurídico de la administración pública por quebrantar la confianza que los particulares deben a los servidores del Estado, a quienes este ha investido de su representación, dirección, manejo y colaboración para el cumplimiento de sus altos fines.

Como efecto de las precedentes consideraciones resulta procedente dictar sentencia condenatoria en contra de Rubén Darío Salazar Orozco, pues es clara la comisión de la conducta y su antijuricidad como presupuesto de la aceptación de su responsabilidad, efectuada de manera conciente, voluntaria e incondicional, tal como se constató por la propia Sala de Casación en la audiencia de aceptación de cargos.

1. Determinación de la pena.

Previo a la determinación de la pena, debe reiterarse que como la conducta endilgada al procesado se desarrolló en Bogotá durante el año 2007, cuando ya estaba rigiendo en este distrito judicial la Ley 890 de 2004 que modificó y adicionó la Ley 599 de 2000, entre otros aspectos, en lo relativo al aumento de las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, en una tercera hasta la mitad(25), resulta ineludible aplicar esa disposición.

Así, de acuerdo con el artículo 404 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 13 de la Ley 890 de 2004, la pena para el ilícito de concusión se extiende de ocho (8) a quince (15) años de prisión, multa de 66.6 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis años y ocho meses a doce (12) años.

El ámbito punitivo de movilidad para este delito está conformado por un primer cuarto comprendido entre 96 y 117 meses de prisión y multa de 66.6 a 87.45 salarios mínimos mensuales legales; dos cuartos medios que van de 117 meses a 159 meses de prisión y multa de 87.45 hasta 129.15 salarios mínimos legales mensuales; y un cuarto máximo hasta 180 meses de prisión y multa de 150 salarios mínimos legales mensuales.

En lo atinente a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, se tiene que el primer cuarto está entre 80 y 96 meses, los cuartos medios, entre 96 y 128 y una última fracción que culmina en 144 meses.

Conforme al artículo 61 de la Ley 599 de 2000, el espacio de movilidad para fijación de la pena es el comprendido en el cuarto mínimo, esto es, entre 96 y 117 meses de prisión; multa de 66.6 a 87.45 salarios mínimos mensuales legales, e inhabilitación de derechos y funciones públicas entre 80 y 96 meses, pues en la audiencia de formulación y aceptación de cargos solo se dedujo la circunstancia de atenuación de carencia de antecedentes.

Atendiendo el texto del inciso 3º del artículo 61 del estatuto punitivo resulta incontrovertible la gravedad de la conducta agotada por el procesado, no solamente por advertirse su ocurrencia en el más alto nivel de la administración, lo que implica una mayor alarma social, sino además porque lesionó la confianza depositada en él por sus electores, quienes esperaban el ejercicio de la función con honestidad y lealtad, pero no como medio para obtener provechos económicos ilegales.

El daño ocasionado es significativo en la medida en que este tipo de conductas —sin duda— enloda la función administrativa cumplida por el Congreso de la República y contribuye a la pérdida de credibilidad y confianza de los asociados en las instituciones creadas para velar por la efectiva realización de los fines del Estado.

Con estos fundamentos, entonces, se impone una pena de prisión de 108 meses —9 años—; multa de 80 salarios mínimos legales mensuales, que corresponden, según el salario mínimo vigente para el año 2007 —$ 433.700—, a $ 34’696.000 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 88 meses.

Ahora, como el procesado se acogió a la figura de sentencia anticipada, procede la reducción de la pena en una proporción comprendida entre una tercera parte y un día y la mitad, en virtud de la aplicación del principio de favorabilidad, esto es, del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, según posición mayoritaria de la Sala(26).

En efecto, para que pueda aplicarse el principio de favorabilidad frente a la coexistencia de sistemas procesales se requiere —además de que las figuras jurídicas estén reguladas en las dos legislaciones y que al aplicarse no se resquebraje el sistema dentro del cual se le da cabida— que de ellas se prediquen similares condiciones fácticas y procesales, exigencia esta que se materializa al comparar la esencia de los dos institutos tanto en sus fines como en su trámite, sus consecuencias, sus condicionamientos, etc.

Los anteriores presupuestos se cumplen cuando se comparan las dos figuras, por cuanto la sentencia anticipada se ofrece esencialmente igual al allanamiento a los cargos, no solo porque ambos son especies de derecho premial, sino también porque persiguen idénticos fines como la economía procesal, la realización de la justicia material, el efectivo castigo al delincuente y la descongestión judicial.

Así las cosas, resulta procedente la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, toda vez que se trata de una ley procesal de efectos sustanciales, cuyo reconocimiento resulta más favorable a los intereses del procesado, habida cuenta que posibilita una rebaja de pena hasta de la mitad.

Sin embargo, para efecto de establecer el porcentaje de la rebaja, corresponde analizar las circunstancias en las cuales se produjo la aceptación de los cargos. En ese orden la Sala no puede desconocer que el procesado aceptó su responsabilidad penal antes de cobrar firmeza el auto de cierre de la investigación, esto es, cuando ya se había recaudado la prueba necesaria para calificar su mérito.

Agréguese que en el trámite de la actuación el denunciante dio cuenta de las actividades ejercidas por el procesado: por una parte, refirió que lo intimidó antes de rendir su testimonio, razón por la cual inicialmente guardó silencio; y por otra, adujo que le hizo ofrecimientos de diversa índole para hacerlo desistir de su acusación.

Estos motivos son suficientes para no conceder el máximo de reducción permitido por la ley, sino un cuarenta por ciento (40%), en la medida en que si bien la Corte valora la aceptación de los cargos como medio para dar por terminado de manera anticipada el proceso, tal contribución surgió con posterioridad a las situaciones descritas.

De esta forma, efectuadas las correspondientes operaciones aritméticas se tiene que la pena de prisión a imponer es de sesenta y cuatro (64) meses y veinticuatro (24) días(27) cinco (5) años, cuatro (4) meses veinticuatro (24) días; la multa se fija en $ 20’817.600(28), y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de cincuenta y dos (52) meses y veinticuatro (24) días(29) —cuatro (4) años cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días—.

2. Determinación de los perjuicios causados.

El artículo 56 de la Ley 600 de 2000 prescribe que en todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes de la conducta investigada, el funcionario condenará al responsable al pago de los daños ocasionados con el delito.

En el caso en estudio la víctima manifestó que desde su ingreso a la UTL de la Cámara de Representantes, Rubén Darío Salazar Orozco le exigió parte su salario, así el primer mes me quitó quinientos que fue febrero, después ya en marzo fueron cuatrocientos, el siguiente mes quinientos y así sucesivamente lo mismo”(30).

Este testimonio y la aceptación de los cargos por parte del procesado demuestran que el denunciante fue injustamente privado de una parte importante de sus ingresos laborales por causa de las presiones ejercidas por el procesado.

Luego, puede colegirse sin esfuerzo, de acuerdo con los datos atrás relacionados, que Jhon Jairo Sánchez Garzón entregó en promedio la suma de $ 450.000 durante un lapso de 10 meses comprendidos entre febrero y noviembre de 2007, pues en relación con el mes de diciembre, afirmó que no había efectuado entrega alguna.

Realizada las operaciones aritméticas, esa suma equivale a $ 4’500.000, que en el salario mínimo legal mensual vigente en el año 2007 —$ 433.700— es igual a 10.37 salarios mínimos.

Por tal motivo, se condenará a Rubén Darío Salazar Orozco a pagar a Jhon Jairo Sánchez Garzón por concepto de perjuicios materiales, la suma correspondiente a 10.37 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su cancelación.

Ahora, a tenor de los artículos 94 y 96 de la Ley 599 de 2000, la conducta punible también origina en el responsable penalmente, el deber de reparar los daños morales causados a la víctima, debiendo el juez señalar el monto del mismo en salarios mínimos legales mensuales.

En este sentido, los daños causados a Jhon Jairo Sánchez se reflejan en el temor y la aflicción causados por la reclamación injusta demostrada, lo mismo que en la constante zozobra surgida del riesgo a perder su empleo cuya preservación estaba condicionada a la arbitraria exigencia económica.

En efecto el constreñimiento produjo un estado anímico en la víctima que perduró al punto de impulsarla a cumplir con la ilegal exigencia por casi un año, de manera que no cabe duda que el estado creado por el concusionario se prolongó en el tiempo, hasta el momento en que se produjo la desvinculación.

Estos supuestos permiten asumir a la Sala como retribución justa, una imposición adicional de cinco (5) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de su pago, a favor del ofendido.

Las anteriores cantidades debe consignarlas el procesado en un título de depósito judicial a órdenes de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

3. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.

En cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Dado que la pena principal impuesta supera los tres (3) años de prisión, el sentenciado no tiene derecho a ella, circunstancia que hace innecesario analizar el aspecto subjetivo (L. 599/00, art. 63).

En torno a la procedencia del sustituto de la prisión domiciliaria, de conformidad con el artículo 38 del Código Penal, esta se otorga cuando concurren los siguientes presupuestos: que la sentencia se imponga por delitos cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos y, siempre que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado, permita el pronóstico serio, fundado y motivado, en el sentido de ausencia de peligro para la comunidad y de garantía de cumplimiento de la pena.

En el presente caso, por el factor objetivo no hay lugar a sustituir la prisión intramural por domiciliaria, habida cuenta que el delito de concusión tiene una pena de ocho (8) años de prisión, razón por la cual resulta estéril realizar algún análisis en torno a la petición elevada por la defensa en el sentido de conceder la prisión domiciliaria a su prohijado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar penalmente responsable a Rubén Darío Salazar Orozco como autor de la conducta de concusión descrita en el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, vigente para el momento de los hechos y realizada cuando se desempeñó como representante a la Cámara, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.

2. Condenar a Rubén Darío Salazar Orozco, en consecuencia, a las penas principales de prisión de sesenta y cuatro (64) meses y veinticuatro (24) días; multa de $ 20’817.600, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cincuenta y dos (52) meses y veinticuatro (24) días.

3. Condenar a Rubén Darío Salazar Orozco a pagar a Jhon Jairo Sánchez Garzón, por concepto de indemnización de perjuicios materiales y morales unas sumas equivalentes a 10.37 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su pago, respectivamente, cantidades que debe consignar en título de depósito judicial a órdenes de la secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

4. Declarar que Rubén Darío Salazar Orozco no se hace acreedor al sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni al de prisión domiciliaria, pero sí a que se le tenga como parte de la pena cumplida el tiempo que ha permanecido en detención intramural por razón de este proceso.

En consecuencia, se ORDENA que cumpla la pena impuesta en el lugar de reclusión que determine el director del INPEC.

5. Librar por la secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472 Ley 600 de 2000.

6. Comunicar esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efecto del recaudo de la multa impuesta.

7. En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.

Contra este fallo no procede recurso alguno

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) Cfr. Entre otras, radicados 15910 y 24237 del 19 de diciembre de 2001 y 26 de enero de 2006, respectivamente.

(17) Fl. 12 del cuaderno original 1.

(18) Fl. 47 del cuaderno original 1.

(19) Fl. 98 y ss. del cuaderno original 1.

(20) Quien laboraba en la UTL del representante como asistente V.

(21) Folio 255 del cuaderno original 1.

(22) Minuto cuarenta y ocho -1:48 de la grabación titulada “Dr. González” que obra a folio 90 del cuaderno original y folio 244 de la transcripción.

(23) Segundo minuto quince —2:15— idem.

(24) Fl. 288 del cuaderno original 3.

(25) Artículo 14.

(26) Cfr. Sentencia 25306 de abril 8 de 2008 y 25304 de abril 16 del mismo año.

(27) La disminución del 40% se encuentra representado en cuarenta y tres 43 meses y seis días —3 años, 7 meses y 6 días—.

(28) El 40% del descuento se concretó en 32 salarios, es decir, $ 13’878.400.

(29) La rebaja aplicada en este caso fue de 35 meses y 6 días —2 años, 11 meses y 6 días—.

(30) Fl. 102 del cuaderno original 1.