Sentencia 29273 de mayo 16 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 050012331000199802290 01

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Nº interno: 29.273

Partes: Roberto Zuleta Arango y otros - Ministerio de Defensa (Ejército Nacional)

Actuación: Aprobación de acuerdo conciliatorio judicial

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil siete.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. El acuerdo conciliatorio.

En la audiencia de conciliación, las partes llegaron a la siguiente convención:

“1. Que el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional manifiesta que tiene ánimo conciliatorio respecto de las pretensiones de la demanda para lo cual hace el siguiente ofrecimiento: Proceso 1998-2290 occiso Fabio Antonio Zuleta, reconocerá por concepto de perjuicios morales: a su compañera permanente la cuantía de 100 salarios mínimos vigentes; para cada uno de sus tres hijos 100 salarios mínimos vigentes (para un total de 300 salarios mínimos), para cada uno de sus padres 100 salarios mínimos vigentes (total 200 salarios mínimos), para cada uno de sus seis hermanos 50 salarios mínimos vigentes (total 300 salarios mínimos vigentes). Es decir se hace un ofrecimiento total por perjuicios morales de 900 salarios mínimos.

“2. De igual forma manifiesta que reconoce como perjuicios materiales a la compañera permanente una indemnización vencida de $ 13.890.091 y una indemnización futura de $ 21.241.035, para su hijo JUAN FELIPE como indemnización vencida el monto de $ 4.630.030 y una futura de $ 4.208.290, para CARLOS ADRIÁN indemnización vencida de $ 4.630.030 y futura de $ 2.696.635, para YEISON ANDRÉS indemnización vencida de $ 4.630.030 y futura de $ 1.498.678, para un total de perjuicios materiales para este grupo familiar de $ 57.424.819.

“3. Proceso 1998-2290 occiso OMAR DE JESÚS ORTIZ CARMONA. Se hará un ofrecimiento por perjuicios morales para su compañera permanente de 100 smlv, para cada uno de sus cinco hijos un monto de 100 smlv (total 500 smlv) para la madre del fallecido el monto de 100 smlv, para cada uno de sus cuatro hermanos la cuantía de 50 smlv (total 200 smlv) es decir se hace un ofrecimiento por perjuicios morales para este grupo familiar de 900 smlv.

“4. Respecto de la forma de pago el MINISTERIO DE DEFENSA una vez presentada la documentación respectiva por parte del apoderado de los actores tramitará dicho pago con el fin de que sea más ágil dicho trámite.

“La anterior se trata de una conciliación integral de las pretensiones de la demanda que hace el MINISTERIO DE DEFENSA.

“El apoderado de la parte actora Dr. JHON ARTURO CÁRDENAS MESA manifiesta que acepto (sic) la propuesta del MINISTERIO DE DEFENSA, no sin antes dejar en claro que esta conciliación recae sobre el derecho a la vida y a en (sic) la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tramita el caso la Granja - El Aro, caso en el cual se solicita reparación por violación de otras normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional reconocerá los intereses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo a partir de la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación.

“(...)” (fls. 416 y 417 cdno. ppal. 2ª instancia - mayúsculas del texto original).

2. La demanda.

La presentaron el día 5 de agosto de 1998, en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Roberto Zuleta Arango, María Magdalena Zabala, Margarita, Rodrigo, Orlando, Aracelly, Joaquín y Guillermo Zuleta Sabala, Celia Monsalve, María Graciela Cossio Jaramillo, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Andrés, Carlos Adrián y Juan Felipe Cossio; María Oliva Calle Fernández en nombre propio y en representación de sus hijos menores Omar Albeiro, Juan Carlos, Deisy Tatiana, Cristian de Jesús y Johan Daniel Calle Fernández; María Livia Carmona, Gudiela del Carmen, Orlando de Jesús, Rosangela y Óscar Ortiz Carmona; y la dirigieron contra la Nación Colombiana - Ejército Nacional (fls. 35 a 43 cdno. ppal. 1).

(...).

II. Consideraciones

1. Precisiones generales sobre la conciliación en materia contencioso administrativo.

Decide la Sala la aprobación del acuerdo conciliatorio logrado entre las partes, en esta instancia, en proceso de reparación directa con sentencia denegatoria, teniendo en cuenta que es competente para conocer del asunto según lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 446 de 1998 y 43 de la Ley 640 de 2001.

Previamente al estudio del fondo del asunto sometido a consideración, se advierte que la conciliación tiene cabida, entre otros asuntos, en los de naturaleza cognoscitiva, cuyo objeto radica en terminar el proceso, total o parcialmente, antes de que se profiera sentencia, tal como lo dispuso el legislador en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, cuyo contenido es como sigue:

‘ART. 59.—Modificado Ley 446 de 1998, artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 A de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 73 de la Ley 446 de 1998 y, cuyo parágrafo fue derogado por el artículo 49 de la Ley 640 de 2001, para la aprobación del acuerdo conciliatorio se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a) Que no haya operado la caducidad de la acción.

b) Que las personas que concilian estén debidamente representadas.

c) Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar.

d) Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.

e) Que lo reconocido, patrimonialmente, esté debidamente respaldado en la actuación.

f) Que no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público.

Analizada la actuación, se tiene que en el expediente obra copia íntegra y auténtica de la sentencia proferida el 1º de julio de 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, providencia en la cual fue condenado el Estado colombiano a pagar, a favor de las víctimas de las violaciones de derechos humanos en los sectores denominados “La Granja”, “El Aro” e “Ituango”, una serie de indemnizaciones a título de perjuicios materiales e inmateriales a ellos causados.

2. Consideraciones generales sobre la aprobación de conciliaciones cuando existe intervención de un organismo de derecho internacional encargado de la protección de derechos humanos.

La Ley 288 de 1996 estableció los instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos.

En dicho estatuto legal, se estableció que para los señalados efectos, solamente se podrán celebrar conciliaciones o incidentes de liquidación de perjuicios, respecto de aquellos casos de violaciones de derechos humanos de los cuales se prediquen las siguientes características (art. 2º ibídem):

i) Que exista una decisión previa, escrita y expresa del comité de derechos humanos del Pacto internacional de derechos civiles y políticos o de la Comisión interamericana de derechos humanos, en la que se concluya respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios.

ii) Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos humanos proferido por un comité constituido por varios de los ministros del Gobierno Nacional.

Como se aprecia, el ámbito de aplicación de la mencionada ley se circunscribe a aquellos eventos que se logran enmarcar dentro de los supuestos antes mencionados —es decir que cumplen con ambas condiciones de procedibilidad—; cuando el asunto respectivo es conciliable, en términos de la Ley 288 de 1996 (art. 70), habrá que remitirse el acta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que el magistrado, mediante providencia de ponente, defina si la conciliación resulta lesiva a los intereses patrimoniales del Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad; lo anterior, para eventos en que la conciliación tenga el carácter de prejudicial o judicial.

2.1. Hipótesis en que existe sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora bien, comoquiera que el asunto de la referencia fue fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 1º de julio de 2006, providencia esta en la que se amparó el derecho a la vida de los señores Omar de Jesús Ortiz Carmona y Fabio Antonio Zuleta Zabala, según se desprende del texto del fallo (fls. 440 a 639 cdno. ppal. 2ª instancia), entonces los supuestos normativos de la ley 288 ibídem, en materia de conciliación en eventos de responsabilidad por violación de los derechos humanos, no son aplicables, en el presente caso. Corresponderá definir, en esta oportunidad, con precisa claridad, si es posible celebrar una conciliación judicial y, de paso, someter la misma a aprobación del respectivo Tribunal Administrativo o Consejo de Estado, cuando ya ha existido un pronunciamiento jurisdiccional del organismo internacional competente para definir la forma en que debe adelantarse la reparación integral del daño irrogado a causa de una violación de derechos humanos.

En estos eventos, la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio sometido a consideración, se hará por la respectiva Sala de Decisión, en tanto que, como se manifestó, los preceptos de la Ley 288 de 1996, no resultan aplicables a las conciliaciones prejudiciales o judiciales cuando ya existe de por medio una decisión ejecutoriada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por consiguiente, la aprobación del respectivo acuerdo se rige por las reglas generales de competencia en materia contencioso administrativa.

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible que en el derecho interno se hayan adelantado varios procesos tendientes a la indemnización del daño causado, eventos estos en los cuales, lo procedente será, bajo el supuesto de que se profiera sentencia por la Corte Interamericana, descontar los valores cancelados a nivel interno, comoquiera que según las reglas del derecho indemnizatorio, no es posible resarcir dos veces un mismo perjuicio o daño.

La anterior hipótesis, deja a salvo la competencia jurisdiccional internacional de la Corte, comoquiera que, independientemente de la existencia o no de procesos judiciales a nivel interno, el organismo internacional no pierde competencia para verificar si existió una vulneración o desconocimiento a los derechos amparados por la Convención interamericana de derechos humanos.

Diferente situación se presenta, cuando existe un fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, adicionalmente, las partes se encuentran adelantando procesos judiciales —con la posibilidad de celebrar conciliaciones judiciales—, o conciliaciones prejudiciales en el derecho interno. Corresponde por lo tanto, en esta oportunidad, definir cuál debe ser la solución que debe adoptarse en estos eventos en los cuales el juez competente a nivel interno observa que existió una condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1) .

Sobre el particular, podrían ser varias las soluciones posibles a saber, razón por la que se abordará el análisis específico de cada una de ellas, para determinar cuál de todas se acompasa mejor con los postulados constitucionales —incluido el bloque de constitucionalidad— y legales:

i) Una primera solución señalaría que es perfectamente posible adelantar simultáneamente procesos internos e internacionales para perseguir la indemnización del perjuicio, y que, por consiguiente, si bien puede existir una condena judicial internacional al Estado colombiano (2) por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel interno, podrán coexistir y, por lo tanto, fallarse los respectivos procesos judiciales iniciados.

ii) Una segunda posibilidad, reconoce que la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al definir el respectivo caso sometido a su consideración, mediante sentencia, agota cualquier posibilidad de someter el asunto a nivel interno, en la medida que la decisión internacional al establecer la reparación integral del daño —y por lo tanto, decretar las indemnizaciones a que haya lugar, ordenar iniciar los procesos penales y disciplinarios respectivos, entre otros—, está definiendo la controversia con efectos de cosa juzgada internacional y, por ende, cualquier manifestación adicional o contraria por parte de un órgano judicial a nivel interno devendría en ilegal, por cuanto estaría desconociendo la cosa juzgada (3) .

3. Caso concreto.

En el asunto sub examine, se aprecia, en efecto, que en el anexo número 1 de la mencionada sentencia proferida el 1º de julio de 2006, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparece la condena decretada a favor de los familiares de los señores Fabio Antonio Zuleta Zabala y Omar de Jesús Ortiz Carmona, por violación del derecho a la vida de estos últimos, razón por la cual se improbará el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en el proceso de la referencia, comoquiera que habrá lugar, en la sentencia que ponga fin a este proceso —nivel interno—, determinar los efectos sustanciales y procesales que produce el proveído condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la controversia que actualmente cursa en esta jurisdicción.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Impruébase el acuerdo conciliatorio total logrado entre los demandantes señalados en el encabezado de esta providencia y la Nación —Ministerio de Defensa— Ejército Nacional dentro del proceso de la referencia, en la audiencia que se realizó el 1º de junio de 2006.

2. Ejecutoriada esta providencia, regrese el expediente al despacho del magistrado conductor para continuar con el trámite respectivo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “(...) 251. Respecto de los procesos de reparación directa incoados por familiares de las personas desaparecidas y de las privadas de su vida que se encuentran pendientes ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana (supra párrs. 95.148 a 95.158), la Corte fija en esta sentencia las reparaciones pertinentes, independientemente de su estado actual. Al momento en que el Estado haga efectivo el pago de las mismas, deberá comunicarlo a los tribunales que estén conociendo dichos procesos para que resuelvan lo conducente (negrillas y subrayado de la Sala). Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso de la Masacre de Puerto Bello (vs) Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006.

“(...) 377. Respecto de procesos de reparación directa incoados por las víctimas del presente caso o sus familiares que se encontraran pendientes ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, la Corte fija en esta sentencia las reparaciones pertinentes, independientemente de su estado actual. Al momento en que, en su caso, el Estado haga efectivo el pago de las mismas, deberá comunicarlo a los tribunales que estén conociendo dichos procesos para que resuelvan lo conducente”. Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso de Ituango (vs) Colombia, sentencia de 1º de julio de 2006.

(2) Las personas que concurren con las características de la personalidad jurídica, en materia internacional, por regla general, son los Estados. Al respecto ver: Pastor Ridruejo, José A. “Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales”, Ed. Tecnos, pág. 277. “El Estado continúa ostentando una posición clave de protagonismo en las relaciones internacionales y sujeto por excelencia del derecho internacional”.

(3) Esta posición no niega la posibilidad de que se inicien los respectivos procesos judiciales a nivel interno, en contra de las autoridades públicas que se consideren responsables de indemnizar el perjuicio, solo que se advierte, adicionalmente, que si la persona acude ante el organismo internacional competente (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y este último judicializa al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta profiere sentencia, habrá lugar a declarar, a nivel interno, que existe cosa juzgada material y formal sobre la indemnización discutida a nivel interno, por cuanto la Corte dentro del ámbito de competencias —que son múltiples— determina, además, las indemnizaciones a que haya lugar a favor de las víctimas de las violaciones.

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