Sentencia 29323 de febrero 11 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

NULIDAD POR AUSENCIA TOTAL DE MOTIVACIÓN

Se debe remitir el proceso a la instancia inferior para que emita pronunciamiento motivado.

EXTRACTOS: «Sea lo primero señalar que asiste razón al defensor común de los procesados Juan Pablo Bernal Restrepo y María de los Ángeles Martínez cuando indica que de acuerdo con la tesis vigente de la Sala, en aquellos eventos en los cuales una decisión carece absolutamente de motivación no le es dable al superior proceder a la enmienda del yerro complementando la argumentación sino que, a fin de evitar la pretermisión de la instancia y vulnerar con ello el principio de la doble instancia, debe proceder a declarar la nulidad y disponer el reenvío del expediente para que se produzca un pronunciamiento efectivo, abriéndose paso a la interposición de los medios de impugnación legalmente admitidos.

El tema ha desatado controversia, en especial cuando el vicio se advierte en sede de casación, cuya solución hasta antes de la providencia citada por el libelista de fecha 27 de julio de 2006 (rad. 22329) (2) , apuntaba en otro sentido. Así se plasmó, por ejemplo, en la decisión del 22 de mayo de 2003 (rad. 20756), en donde se sostuvo:

“No puede dejarse de lado que el instituto de la casación es la última vía de impugnación consagrada en la ley como culminación de un trámite de dos instancias, cuya decisión fue radicada por la Carta Política (arts. 234 y 235) en la Corte Suprema de Justicia como autoridad de máxima jerarquía de la justicia ordinaria y tribunal de casación, al cual tienen acceso los sujetos procesales bajo las condiciones de legitimidad previstas en la ley; por tanto, el fallo de casación, cualquiera que sea su sentido, no sorprende a nadie, es el resultado propio y esperado de la vía impugnaticia incoada.

Por lo demás, la preceptiva del numeral 1º (del art. 229 del CPP de 1991, reproducido en igual numeral del art. 217 del estatuto procesal del 2000, refiere) consulta el principio de economía procesal, porque después de casado el fallo por concurrir una causal de nulidad, lo único que queda pendiente es dictar nuevamente la sentencia de segundo grado, cuyos parámetros deben ser aquellos trazados por la Corte en la sentencia de casación.

Ello significa que la sentencia que se dicta para sustituir la quebrada por concurrir en ella la causal tercera de casación, no puede ser proferida libremente por el respectivo Tribunal Superior, pues la ley ordena que se dicte “de acuerdo con lo resuelto por la Corte” y en esas condiciones, los sujetos procesales ya no cuentan con la posibilidad de obtener el reconocimiento de pretensiones de ninguna índole, pues las alegadas ya habrían sido consideradas por el tribunal de casación, bien al momento de ejercer el control sobre la demanda en punto de los requisitos formales, ora al adoptar decisión de mérito, y las que no, no pueden ser objeto de pronunciamiento por el ad quem, porque en esa ocasión su facultad de fallar se encuentra delimitada por la decisión casacional.

Es de entender que esas son las razones por las cuales el legislador decidió que en la situación descrita en el numeral 1º del precepto citado, el fallo de sustitución lo debe dictar la Corte, por ser la máxima autoridad en la rama penal y las decisiones que emite como juez de casación carecen de más recursos”.

Sin embargo, el criterio actual de la Sala se proyecta en otro sentido, pues, ante tal eventualidad, aún en sede de casación, se debe remitir el proceso para que el inferior que haya incurrido en el yerro de absoluta falta de motivación exponga las razones que sustentan su determinación, con lo cual, como ya se dijo, se precave la posibilidad de omitir esa instancia de decisión, postura que ha sido ratificada a través de providencias posteriores, como las del 13 de septiembre de 2006, radicación 20611 y 3 de agosto de 2006, radicación 22485. En la primera de ellas, se señaló lo siguiente:

“4. Admitida así la nulidad como causal de casación diríase que por virtud del criterio expuesto por la Sala en sus decisiones de mayo 22 de 2003, septiembre 8 de 2004 y mayo 10 de 2006 (rads. 20.756, 20602 y 22.082 respectivamente), concerniría a la Corte por orden del numeral 1º del artículo 229 del Código de Procedimiento Penal de 1991, reproducido en igual numeral del artículo 217 del estatuto procesal del 2000, dictar el fallo de reemplazo y no disponer el anunciado reenvío del asunto al tribunal para que este profiera la sentencia de segunda instancia; sin embargo, como tal criterio previó la posibilidad de que existan excepciones a dicha solución pues “Una reconsideración del tema conduce a precisar que una determinación tal —el reenvío del expediente al tribunal para que profiera fallo— puede tener justificación bajo circunstancias excepcionales”, es precisamente este uno de los eventos en que —como se reconoció en providencia del pasado 27 de julio del año en curso (rad. 22.329)— la Sala no puede entrar a dictar fallo de sustitución, sino que ha de remitirse el proceso al tribunal para que sea él el que emita el de segunda instancia, más aún cuando como en este caso se desconoce la motivación del ad quem que debería sustentar su sentencia en las pruebas acopiadas hasta el momento en que dictó su auto de febrero 14 de 2001 declarando la nulidad.

Es que —dijo la Sala en el reseñado precedente— la solución de dictarse fallo de sustitución cuando se invalida el impugnado por carencia de motivación no es viable porque: se estaría pretermitiendo la instancia, en tanto no hubo un pronunciamiento —expreso ni tácito— acerca de la confirmación, revocatoria o modificación del fallo del a quo o porque entrar la Corte a corregir directamente el vicio, dictando el fallo, significaría romper la estructura del proceso penal que impone que cada instancia culmine con la adopción de una sentencia, a menos que ocurran fenómenos de extinción de la acción penal.

De la misma manera que sería inaceptable que la Corte, en un proceso en el que materialmente no haya fallo de segundo grado, suplantara al ad quem para expedirlo por economía procesal, no puede admitirse que en eventos de absoluta falta de motivación lo haga.

Por eso, frente a situaciones de falta de sentencia, la decisión de la Corte no puede ser otra que constatar el vicio y ordenar que este sea subsanado por el funcionario de segunda instancia, sin que le sea posible en consecuencia a la Sala trazar directrices sobre el contenido o el sentido de una decisión inexistente, de ahí que ‘la preocupación expresada por la Sala en la providencia del 22 de mayo del 2003, podría resultar válida en los demás casos de vicios relacionados con la motivación de la sentencia, es decir, cuando es incompleta o deficiente; cuando es equívoca, ambigua, dialógica o ambivalente; y cuando es sofística, aparente o falsa, porque en esos eventos es claro que la intervención de la Corte para señalar la deficiencia, la ambigüedad o la apariencia implicaría dar pautas de valoración o análisis que, ahí sí, conduciría a que la sentencia no pueda ser proferida libremente por el respectivo tribunal superior, como se afirmó en el fallo que se comenta”.

Se sigue sin dificultad de lo expuesto que la opción de reenvío a la instancia inferior de la actuación, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Sala, opera única y exclusivamente para los casos de ausencia total de motivación de la decisión revisada y ni siquiera, como se explica claramente en la decisión que se viene de transcribir en lo pertinente, para los casos en que está incursa en otros defectos de motivación».

(Sentencia de casación, 11 de febrero de 2009. Radicación 29232. Magistrada Ponente: Dra. María del Rosario González de Lemos).

(2) Criterio igualmente consignado, entre otras, en las decisiones del 25 de marzo de 1999, radicación 11279; 28 de septiembre de 2001, radicación 15997; 17 de marzo de 2004, radicación 18743; septiembre 8 del mismo año, radicación 20756 y 10 de mayo de 2006, radicación 22082.

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