Sentencia 2943 de febrero 10 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE

ES CAUSAL DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRACTOS: «La Sala ha venido sosteniendo reiteradamente que los actos administrativos solamente pueden ser enjuiciados frente a normas superiores de derecho vigentes y preexistentes al momento de su expedición. Igualmente, que la incompatibilidad sobre-viniente, esto es, la contrariedad que se presenta con posterioridad a la expedición del acto, entre éste y una norma constitucional o legal que nace a la vida jurídica después de él, da lugar a su derogatoria, fenómeno jurídico este para el cual esta jurisdicción no está facultada constitucional ni legalmente para hacer dicha declaratoria, pues sólo puede disponer la de nulidad.

No obstante lo anterior, considera que el artículo 4º de la Constitución Política es claro al señalar que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Con igual perspectiva jurídica la Ley 153 de 1887 prescribe que “la Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente” (art. 9º); y que se estima insubsistente una disposición legal “por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería” (art. 3º).

De las reglas de hermenéutica antes reseñadas fluye con meridiana claridad que la incompatibilidad entre la Constitución y cualquier norma jurídica produce como consecuencia la inaplicabilidad de esta última en un caso concreto.

Tratándose del análisis de inconstituciona-lidad con efectos erga omnes, como es el caso de la acción sub exámine, considera la Sala, y con ello rectifica su posición anterior, que en aras de preservar la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico y para dar cabal cumplimiento al principio fundamental estatuido en su artículo 4º se impone para el juzgador frente al fenómeno de la incons-titucionalidad sobreviniente disponer la declaratoria de nulidad del acto administrativo que se encuentra incurso en ella, a partir de la entrada en vigencia de la norma constitucional».

(...)

ASISTENCIA A HIJOS DE ASEGURADOS EN EL I.S.S.

SE ANULA UNA LIMITACIÓN

EXTRACTOS: «El señor Defensor del Pueblo, obrando en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la expresión “...y que exista desde el principio pronóstico favorable de curación”, contenida en el artículo 26 del Acuerdo Nº 536 de 20 de mayo de 1974 “por el cual se expide el reglamento general del seguro de enfermedad general y maternidad”, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales; y de la misma expresión contenida en el artículo 1º del Decreto Nº 770 de 30 de abril de 1975, aprobatorio del acuerdo antes citado, expedido por el Gobierno Nacional.

Sobre el fondo del asunto cabe precisar:

Dispone el artículo 26 del Acuerdo Nº 536 de 20 de mayo de 1974, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto Nº 770 de 30 de abril de 1975, expedido por el Gobierno Nacional, lo siguiente:

“Los hijos de los asegurados amparados por el seguro de enfermedad general y maternidad, tendrán derecho a la necesaria asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como a los correspondientes servicios paramédicos y medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, durante el primer año de vida.

Cuando se diagnostique enfermedad durante el primer año de edad, el hijo asegurado tendrá derecho, en cualquier tiempo, a todas las prestaciones asistenciales necesarias, cuando a juicio del servicio médico no sea procedente su tratamiento dentro del primer año de vida y que exista desde el principio pronóstico favorable de curación...” (las subrayas son de la Sala).

A la expresión antes subrayada se le endilga el cargo de transgredir principalmente los artículos 1º, 5º, 11, 13, 44, y 93 de la Constitución Política de 1991; 2º, 8º, 9º, 18, y 209 del Decreto Ley 2737 de 1989 (Código del Menor); 23, 24, 26 y 27 de la Convención sobre Derechos del Niño, incorporada a la legislación colombiana por la Ley 12 de 1991.

Para la Sala aparece evidente que las normas acusadas en cuanto supeditan la prestación de la asistencia médica por parte del Instituto de Seguros Sociales al menor cuando exista desde el principio pronóstico favorable de curación está estableciendo límites en la protección del derecho a la vida y a la dignidad humana, con claro quebranto de estos derechos que salvaguarda la Carta Política en sus artículos 1º y 11, pues ello equivale a afirmar en forma aberrante e inaudita, que no vacila esta corporación en calificar así, que el menor que no tiene posibilidad curación está irremediablemente condenado a padecer físicamente hasta que se produzca su deceso, ya que su vida carece de valor alguno para efectos asistenciales.

El quebranto anotado hace innecesario el estudio de la insubsistencia de la expresión acusada frente a las normas legales invocadas en la demanda.

Debe, en conclusión, declararse la nulidad de la expresión acusada por razón de la incons-titucionalidad sobreviniente de los actos administrativos que la contienen, con efectos erga omnes a partir del 7 de julio de 1991, fecha en que entró en vigencia la nueva Carta Fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Declárase no probada la excepción propuesta por la parte demandada.

2. Declárase la nulidad por inconstitucio-nalidad sobreviniente, de la expresión “... y que exista desde el principio pronóstico favorable de curación”, contenida en el artículo 26 del Acuerdo Nº 536 de 20 de mayo de 1974, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto Nº 770 de 30 de abril de 1975, expedido por el Gobierno Nacional.

3. Devuélvase la suma de dinero depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso, en caso de no haber sido utilizada.

Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase».

(Sentencia de febrero 10 de 1995. Expediente 2943. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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