SENTENCIA 2948 DE MAYO 10 DE 1991

 

Sentencia 2948 de mayo 10 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

REDUCCIÓN DE LA RENTA PRESUNTIVA

IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Abella Zárate

Ref.: Expediente 2948

Bogotá, D. E., mayo diez de mil novecientos noventa y uno.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad Planta Terminal de Distribución de Petróleos S. A. contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha 30 de noviembre de 1989, que denegó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra los actos administrativos por medio de los cuales se negó la reducción de la renta presuntiva, solicitada por el ente social, para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1986.

Antecedentes

Por ser de competencia del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público en virtud del artículo 50 de la Ley 55 de 1985, en memorial dirigido ante el por el representante legal de la compañía se solicitó reducción proporcional de la renta presuntiva a que se refiere el artículo 15 de la Ley 9ª de 1983.

Fundamentó la petición en que como la actividad comercial de la sociedad es la de ventas de combustibles derivados del petróleo, tales como gasolina para motor, gasolina extra, A.C.P.M. y querosene, se encuentra afectada por disposiciones de control de precios, lo que influyó sensiblemente en la obtención de renta líquida inferior a la presuntiva, hecho que demuestra con documentos que allegó en oportunidad.

Por Resolución 03089 de agosto 27 de 1987, el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, negó la solicitud propuesta por el ente social. El control de precios dice, no afectó la rentabilidad de la sociedad por el año gravable de 1986.

Destaca como hechos fundamentales para negar el beneficio que invoca la sociedad, el que su utilidad operacional en el año 1986 sea representativa del 3 .8 % del total de los ingresos, que comparada con el 2 % de la renta presuntiva sobre ingresos netos, resulta superior, para concluir que como resultado global la compañía presenta una utilidad neta de $ 141.000.000 una vez deducido el rubro “otros ingresos” en cuantía de $ 108.000.000.

Esta decisión fue confirmada por Resolución 5417 de diciembre 7 de 1987 que desató el recurso de reposición interpuesto contra aquella.

Agotada la vía gubernativa, la actora solicita ante la jurisdicción la nulidad de los actos administrativos en cuestión y para “establecer el derecho lesionado” se determine que la sociedad tiene derecho a la reducción proporcional de su renta presuntiva, por el año gravable de 1986.

En síntesis estima el actor que la decisión oficial resulta violatoria de los arts. 15, inc. 4° y numeral 2° de la Ley 9ª de 1983 y 3° del Dcto. 353 de 1984 como quiera dice, que la primera, “parte del principio de que los hechos o situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, control de precios, deben afectar la parte de los ingresos netos de modo que conduzcan a determinar una “renta líquida” inferior a la renta presuntiva para que opere la reducción”, no que afecten la rentabilidad general que en la resolución se asimila a renta bruta.

Y la segunda que establece el procedimiento para determinar el ingreso presuntivo no contempla aspectos que se tuvieron en cuenta en la determinación oficial.

El Tribunal Administrativo denegó las súplicas de la demanda. Está de acuerdo con la decisión proferida en los actos administrativos porque “la rentabilidad de la sociedad no se afectó frente al mínimo presuntivo que acepta la ley”, y en tal caso la reducción solicitada sobre ésta resulta improcedente.

De la apelación

El apoderado judicial de la sociedad con argumentos similares a los consignados en la demanda insiste en sus pretensiones. El a quo, dice, también confunde el procedimiento previsto en el art. 6° del Dcto. 353 de 1974, porque compara lo que denomina “utilidad operacional” y que corresponde a un 3.8% de los ingresos de la compañía con el 2% de la renta presuntiva.

Basta, agrega, establecer que la actividad económica de la empresa se encuentra afectada con el control de precios para que proceda a reducir la renta presuntiva, “independientemente de si es mayor o menor que la renta líquida, pues la norma citada no se refiere a que se afecte la “rentabilidad” del contribuyente sino la “actividad económica” del mismo”.

Parte opositora

La representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opone a las pretensiones del actor y solicita se denieguen éstas.

El acto demandado afirma, es un acto de trámite no susceptible de demanda ante la jurisdicción. No se trata de un acto en donde se determine o fije definitivamente una obligación a cargo del contribuyente. Es una decisión que se reflejará en una liquidación de revisión y es con ocasión de la impugnación de ésta, que se debe discutir aquella.

En cuanto al pronunciamiento de fondo adhiere a lo expuesto en la sentencia apelada. La determinación de la renta presuntiva, dice, opera en defecto de la obtención de una líquida efectiva y es sólo en tal evento que procede la determinación del mínimo de rentabilidad.

Concepto fiscal

El Fiscal tercero de la corporación, Doctor Jaime Ossa Arbeláez, en su concepto de fondo solicita se confirme la sentencia recurrida. Está de acuerdo con las consideraciones en las que se fundamentó el señor Ministro para negar el beneficio que invoca la sociedad y a tal efecto transcribe los apartes más significativos de la resolución ministerial.

Consideraciones de la Sección

En el caso sometido a consideración de la Sala se ejerce la acción de restablecimiento del derecho y las pretensiones se concretan por la sociedad demandante a pedir que se declaren nulas las Resoluciones números 03089 y 5417 ambas proferidas en 1987 por el Ministro de Hacienda, que negaron la solicitud de reducción proporcional de renta presuntiva y que, para “establecer el derecho lesionado” por tales actos, se determine que la entidad demandante “tiene derecho a la reducción proporcional de su renta presuntiva, solicitada por el año gravable de 1986 y denegada ilegalmente por los anteriores actos administrativos” .

Esto es, demanda la sociedad un acto que si bien es fundamental o básico (como dice el Tribunal) en la determinación de la obligación tributaria del año de 1986, no implica ni explícita ni implícitamente operación alguna de liquidación del impuesto de renta y complementarios hasta el punto que se desconoce si ésta dejó de practicarse o si se hizo con o sin tener en cuenta lo resuelto por el Ministro sobre reducción de la renta presuntiva.

Esta presentación de la controversia concentrada únicamente en la resolución ministerial, independientemente de la liquidación que se haya producido o no, inclina a la Sala a hacer las siguientes precisiones:

1. Las dificultades procedimentales que este tema ha suscitado tanto a nivel gubernamental como jurisdiccional, tienen su origen en la imprevisión del legislador de 1985 que al trasladar al Ministro de Hacienda la competencia para definir la reducción proporcional de la renta presuntiva en las actividades sometidas a control de precios, no previó ningún mecanismo procedimental especial para discutir las resoluciones ministeriales, ni las liquidaciones de impuesto producidas con base en ellas.

2. Debido a tal vacío, las Oficinas de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos Nacionales, al conocer de los recursos contra las liquidaciones de revisión, no pueden modificar lo resuelto previamente por el Ministro de Hacienda en materia de renta presuntiva en razón de la jerarquía superior de este funcionario. Esto es, que la única oportunidad de discutir tal aspecto es ante el propio Ministro en recurso de reposición, puesto que no hay posibilidad de apelación.

3. De lo anterior se concluye, que si bien desde un punto de vista global del proceso administrativo de determinación del impuesto, el aspecto de la reducción de la renta presuntiva es previo e indiscutiblemente se decide mediante actos intermedios, la decisión del Ministro en los eventos atribuidos a su competencia por el artículo 50 de la Ley 55 de 1985, puede considerarse como un acto administrativo en sí mismo completo y definitivo en relación con su propio contenido, independientemente de la repercusión que puede tener en otro acto posterior, como es la liquidación del impuesto.

Como en el proceso que se resuelve en esta ocasión está circunscrita la pretensión únicamente a que la empresa actora considera tener derecho a que se reduzca su renta presuntiva, es pertinente entrar a analizar el fondo de la controversia. En esta forma no se acepta el planteamiento de la entidad opositora consistente en que se trata de un acto intermedio no susceptible de acción judicial como lo ha sostenido también en otros casos esta Sección.

Sobre este aspecto, la Sala acoge y destaca los siguientes apartes de la sentencia apelada:

“La Sala estima que el acto acusado no es de trámite por cuanto su objeto y efectos no tienden simplemente a impulsar el proceso; por el contrario, se trata de un acto en cuya realización influyó en modo directo la voluntad y la inteligencia y contiene una decisión destinada a producir efectos jurídicos; además una vez expedido por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, no puede ser revocado ni modificado por ningún otro funcionario de la Administración. Es un acto que define la situación jurídica del contribuyente, y, con fundamento en él, se han de aplicar los derechos y obligaciones que regula para producir la plenitud de sus efectos conforme a procedimientos prescritos en la legislación tributaria.

Esta situación es definitiva e inmodificable y constituye la base para una posterior actuación como es la determinación del gravamen; parte entonces de una situación preestablecida en la norma general, como es la renta presuntiva, y concluye que por las condiciones analizadas en la providencia, la empresa se ajusta a los parámetros allí definidos”. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia de noviembre 30 de 1989, Mag.: Dra. María Inés Ortiz Barbosa).

Decidido el aspecto procesal en la forma anteriormente expuesta, con relación al tema de fondo, se recuerda que el actor impugnó las resoluciones ministeriales por considerarlas violatorias del derecho a la reducción de la renta presuntiva por tratarse de actividad sometida a control oficial de precios, citando como normas violadas el cuarto inciso y el numeral 2° del artículo 15 de la Ley 9ª. de 1983 así como el artículo 3° del Decreto Reglamentario 353 de 1984 relativo al procedimiento para establecer la “renta presuntiva” .

Como es bien sabido el sistema de renta presuntiva es un medio para determinar la renta gravable. Su fundamento es una presunción legal consistente en que la “renta líquida del contribuyente” no puede ser inferior a un tanto por ciento de su patrimonio líquido del año inmediatamente anterior o a un tanto por ciento de los ingresos netos obtenidos en el respectivo ejercicio, si este valor fuere superior. Para el año gravable de 1986 los porcentajes fueron del 8% y del 2% respectivamente.

La ley misma ha establecido casos de exclusión y casos de disminución tratando de consultar las múltiples causales por las cuales no es posible obtener la rentabilidad fijada previamente y dentro de los casos que permite disminución proporcional es cuando el valor de los ingresos netos son realizados en actividades económicas afectadas por disposiciones legales o administrativas relativas al control de precios, caso en el cual la reducción proporcional “se efectuará por el Ministro de Hacienda y Crédito Público” (artículos 15 Ley 9ª/83 y 50 Ley 55/85). Y dentro de las actividades sujetas a control de precios, ciertamente han estado sometidas las distribuidoras de combustibles derivados del petróleo.

Corresponde al contribuyente que se considere colocado dentro de la hipótesis legal de reducción plantear y comprobar su caso particular ante el funcionario competente, en el ejemplo que se debate, ante el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Pero todo ese proceso no tiene otra finalidad que la de reducir la base de la renta presuntiva para cuando de acuerdo a la ley es preciso determinar el impuesto con base en la presuntiva y no en la liquidación ordinaria, o sea, cuando ésta es inferior a la presuntiva.

Se trata entonces de comprobar que la renta líquida no alcanzó los niveles de la presuntiva por alguna de las causales permitidas por la misma ley (por ejemplo, control de precios de sus productos) a fin de que no se liquide el impuesto de renta con base en la renta presuntiva general sino en un nivel más bajo que resulta de comprobar la influencia de la causal determinante.

En consecuencia carece de interés jurídico la solicitud de reducción proporcional por cualquier causal cuando la renta líquida del contribuyente “... no es inferior al 6% de su patrimonio...” etc., lo que significa que cuando es superior toda la problemática de la renta presuntiva no se aplica. De ahí que el artículo 6° del Decreto Reglamentario 353 de 1984 dispone que “para efectos de tomar la renta gravable se tomará como renta líquida la que resulte superior de comparar la renta líquida establecida de conformidad con el artículo 4° de este decreto. A dicha renta líquida se le restará la renta exenta”.

Estos conceptos elementales sobre un tema tan ampliamente difundido contradicen y desvirtúan la insistencia del señor apoderado en considerar que basta establecer que la actividad económica fue afectada por el control de precios para que proceda reducir la renta presuntiva “independientemente de si es menor o mayor que la renta líquida”.

La inutilidad de reducir el cálculo de la renta presuntiva en este proceso se advierte con la misma declaración de renta corregida el 15 de julio de 1987 en la que, frente a una renta líquida (determinada por el sistema ordinario de depuración) de X 145.088.607 estableció una renta presuntiva de $ 48.694.900 que fue la que solicitó al Ministro que se redujera. Ante tales datos resultaba manifiestamente improcedente la reducción de la presuntiva, cuando la líquida era tres veces mayor y ésta sería la que se tomaría como base para establecer la renta gravable.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,.

FALLA

CONFIRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Jaime Abella Zárate, Presidente—Guillermo Chahín Lizcano—Carmelo Martínez Conn.

Jorge Torrado Torrado, Secretario.

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