Sentencia 2952 de agosto 22 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

AGOTAMIENTO PREVIO DE LA VÍA GUBERNATIVA

EXTRACTOS: «En la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena mediante sentencia de 21 de febrero de 1997 (fls. 422 a 439), ese alto tribunal se pronunció, entre otros aspectos, respecto de solicitud del apoderado de la Sociedad Pepsico Inc., formulada en la contestación de la demanda, en el sentido de que esta corporación “... se declare inhibida para conocer del caso por consideraciones de derecho interno dirigidas a demostrar que la vía gubernativa no fue agotada antes de acudir a la jurisdicción contenciosa”, en los términos que se transcriben a continuación.

“h) Agotamiento de la vía gubernativa

Esta figura clásica del derecho administrativo cuya determinación corresponde al derecho interno, no es materia de interpretación debido a la limitación que a este Tribunal le impone el artículo 30 del tratado de creación.

El artículo 113 de la Decisión 344 que sería el aplicable a la nulidad del registro, además de las normas de legislación interna, prescribe que las acciones de nulidad derivadas del régimen común de protección a la propiedad industrial, podrán solicitarse en cualquier momento. Cualquier otra consideración procedimental al respecto correspondería hacerla al juez nacional”.

Del análisis de los aspectos que atrás se consignaron, para la Sala es claro que si bien el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, invocado en sustento de la acción ejercida por la demandante, prescribe que la nulidad respecto de los actos que conceden el registro de una marca puede solicitarse en cualquier momento por la parte interesada, ello es independiente de que para poder impetrar la nulidad de dichos acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y para que esta pueda pronunciar sentencia de fondo, la parte interesada que intervino en la actuación administrativa deba cumplir con él o los requisitos establecidos en la legislación nacional para tal efecto, como lo es, en el presente caso, con el previo agotamiento de la vía gubernativa respecto del acto acusado, de carácter particular y concreto, que puso fin a la actuación administrativa.

En otros términos, la Sala considera que el hecho de que el ordenamiento comunitario andino consagre la procedencia de la acción de nulidad contra los mencionados actos, no implica en manera alguna que, en el caso colombiano, los interesados en su declaratoria de nulidad, que intervinieron en la actuación administrativa, como en el caso sub examine lo hizo la sociedad actora, puedan sustraerse del cumplimiento del requisito del previo agotamiento de la vía gubernativa, como condición indispensable para poder controvertir su legalidad ante esa jurisdicción contencioso administrativa.

Las anteriores conclusiones se fundamentan, además, en que los actos que conceden registros marcarios son de eminente contenido particular y concreto, que ponen término a una actuación administrativa, contra los cuales “por regla general”, como lo prescribe el artículo 50 del CCA, proceden los recursos de reposición y de apelación, como se indicó expresamente en el acto acusado, de los cuales necesariamente debió haberse interpuesto por la sociedad actora, por lo menos, el de apelación, de conformidad con el artículo 51 del CCA, por haber intervenido en la etapa administrativa, como requisito sine qua non para agotar la vía gubernativa y, de esta manera, poder demandar válidamente su nulidad.

Además de lo anterior, la Sala hace notar que a pesar de que mediante providencia de 1º de febrero de 1995, proferida en este proceso, la Sala de Decisión revocó el auto de fecha 30 de septiembre de 1994, que dispuso la inadmisión de la demanda con fundamento en similares argumentos a lo anteriormente expuestos, posteriormente, en sentencia de 5 de junio de 1997, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 2745, de la cual fue ponente el señor consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola, esta sección adoptó tales argumentos, en los términos que se transcriben a continuación.

“En tratándose del ejercicio de la acción prevista en el artículo 596 del Código de Comercio, reiteradamente la jurisprudencia de esta corporación había sostenido que la titularidad de la misma se encontraba radicada en cabeza cualquier persona, incluida la afectada con decisión administrativa, hubiera intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa por ser sui generis el acto concede el registro de una marca. Bajo las nuevas circunstancias jurídicas, para el ejercicio de la acción en cuestión, como la depreca la nulidad del registro de la marca Edwin, tampoco se requiere el agotamiento de la vía gubernativa, si el interesado no intervino en la etapa administrativa, como en el caso sub examine”.

De consiguiente, la Sala considera que la excepción objeto de estudio (falta de agotamiento de la vía gubernativa) ha quedado plenamente probada, como se declarará en la parte dispositiva de esta providencia, que impone como consecuencia de ello, la declaratoria de inhibición para pronunciarse sobre el fondo del asunto».

(Sentencia de agosto 22 de 1997. Expediente 2952. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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