Sentencia 29581 de diciembre 9 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso Nº 29581

Aprobado Acta Nº 382

Bogotá, D.C., diciembre nueve de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Se considera

Como bien puede verse, el planteamiento del Ministerio Público para invocar la nulidad del auto mediante el cual la Corte avocó competencia para conocer de la causa se fundamenta, esencialmente, en las mismas razones aducidas por los magistrados disidentes de la posición mayoritaria, tras lo cual subyace, necesariamente, la pretensión por reabrir un debate que en esos precisos términos ya fue abordado y resuelto por la Sala.

En ese orden de ideas, no tiene mucho sentido que los argumentos esgrimidos por la Procuraduría para tratar de echar por tierra la decisión judicial atacada sean justamente aquellos que no obtuvieron el favor de la mayoría cuando la Sala se ocupó de zanjar la controversia.

Por tanto, para responder al grueso de los particulares cuestionamientos formulados por la Procuraduría, prácticamente basta con remitirse a las razones con que la mayoría de los integrantes de la Sala decidió avocar el conocimiento del proceso, las cuales condensan las tesis que propugnaron por esa alternativa y que finalmente se impusieron sobre la posición contraria.

Sin embargo, ello no obsta para que la Sala pueda ocuparse de algunos aspectos cuya precisión contribuye a esclarecer gran parte de los reclamos elevados por la agencia fiscal.

La fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la resolución de acusación consideró que se estructuraba el delito de constreñimiento al sufragante, el que se deduce de la forma como se concretó el apoyo de las autodefensas al mando de Salvatore Mancuso al candidato Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, durante las elecciones parlamentarias de 2002 en las regiones del departamento de Córdoba sometidas al control armado de esa organización: mediante la intimidación que el grupo armado ilegal ejerció sobre líderes políticos y sobre la comunidad de dichas zonas, para influir en su voluntad e impedir que optaran por una alternativa distinta del candidato al Senado que habría de defender los intereses de la organización.

También se afirmó en la citada providencia que del acuerdo ilícito entre Miguel Alfonso de la Espriella Burgos y Salvatore Mancuso surgieron compromisos en los que ambos resultaron favorecidos; el primero, al lograr ser elegido para ocupar una curul en el Senado de la República a través del poder intimidante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y, el segundo, al lograr un interlocutor de la organización armada ilegal e impulsor de su proyecto político.

De acuerdo con la acusación formulada, la condición de miembro del ala política de las autodefensas, del doctor De la Espriella Burgos, determinó presuntamente la obtención de su curul en el Congreso en las elecciones de 2002 como objetivo perseguido por la organización, sin importar que tal fin se lograse mediante la intimidación que ejercía sobre la comunidad que habitaba la región de su injerencia en el departamento de Córdoba gracias al control militar y político que el grupo armado ilegal tenía en dicha zona.

Cuando la Corte asumió el estudio de la conducta lo hizo de acuerdo con la acusación formulada de manera integral, tomando en cuenta sus manifestaciones externas reflejadas en las reuniones donde se consolidaron las supuestas alianzas, como también los propósitos que inspiraron esos encuentros, los cuales, según lo proclaman las decisiones judiciales emitidas hasta el momento, se encaminaron a cerrar acuerdos de recíproco beneficio entre el doctor De la Espriella Burgos y las autodefensas para que este pudiera alcanzar una curul en el Congreso y los otros pudieran contar con un aliado en esa importante e influyente posición, comportamiento que dentro de la nueva hermenéutica, constituye un acto relacionado con el servicio cuyo principio de ejecución comenzó cuando se fraguó el pacto.

Ahora bien, en cuanto a la cuestionada eficacia de la decisión de la Corte aduciendo que se trata de una jurisprudencia y no de una ley procesal posterior bien vale reiterar que en ejercicio de su función como órgano encargado de la unificación de la jurisprudencia, la Corte optó por renovar la tradicional interpretación que se venía haciendo del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política para fijarle ahora unos nuevos alcances en materia de competencia sobre delitos cometidos por los funcionarios referidos por la norma y que se encuentran en relación con la función, quedando cobijados, en algunos casos, delitos denominados comunes.

En ese orden de ideas, la remozada lectura que la Corte hace del precepto, en consideración a la dinámica jurídica y a la respuesta que demanda un determinado contexto histórico social, de ninguna manera se encuentra degradada o infravalorada respecto del principio de autoridad que emana de la ratio decidendi del precedente judicial impuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por lo que no resulta de recibo el reparo formulado por el Ministerio Público, conforme al cual la variación de la interpretación tradicional de la norma la priva de eficacia, como si su eficacia estuviera supeditada a una sola manera de comprenderla. Lo que hizo la Corte, con motivo de la oportunidad brindada por el caso que en su momento debió resolver(1), es darle una renovada lectura al parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política y como consecuencia de esa comprensión ajustar sus consecuencias en procura de buscar una aplicación razonable de la misma.

Finalmente, en cuanto a la afectación de derechos y garantías procesales que se dice trae consigo esta reinterpretación de la norma constitucional en cuanto despoja a los procesados de las ventajas emanadas de instituciones como la separación entre acusación y juzgamiento, doble instancia para controvertir las decisiones de fondo y recurso extraordinario de casación, se impone señalar, que la radical descalificación que el Ministerio Público hace del procedimiento de única instancia establecido por la Constitución para tramitar determinados asuntos de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, entraña el grave defecto de desconocer de tajo las ventajas avizoradas en él cuando fue instituido precisamente como el procedimiento adecuado para investigar y juzgar a los más altos representantes del Estado, transmitiendo además la equívoca impresión que quien es sujeto procesal del mismo resulta menoscabado en sus derechos y garantías procesales, lo cual no es cierto.

En contravía de esas afirmaciones siempre se ha dicho que no hay mejor garantía para representantes del Estado con las más altas responsabilidades, como ocurre con los integrantes del órgano legislativo, que la de ser juzgado, así sea en única instancia, por una autoridad especializada, que a la vez es la mejor calificada y la de mayor jerarquía en la escala de la jurisdicción ordinaria. Por tanto, lo que se percibe como una desventaja en realidad constituye un privilegio.

En términos de la propia Corte Constitucional, las ventajas de esta actuación en única instancia ante la Corte Suprema son los siguientes:

“… la primera, la economía procesal; la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o tribunales inferiores. A las cuales se suma la posibilidad de ejercer la acción de revisión una vez ejecutoriada la sentencia.

“Tales garantías que revisten el procedimiento que adelante la Corte Suprema de Justicia frente a los altos aforados en modo alguno perjudica a sus beneficiarios, como reseñó esta corporación en la sentencia previamente referida, donde se consideró que ser juzgado por el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria es la mayor aspiración de todo sindicado”(2).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Denegar la solicitud de declaratoria de nulidad del auto mediante el cual se avocó el conocimiento del presente asunto.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 1º de septiembre de 2009, radicado 31.653.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-545 de 2008.