Sentencia 296 de septiembre 17 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE APELACIÓN

NO SE EXIGE LA SUSTENTACIÓN

EXTRACTOS: «Si bien el Código de Procedimiento Civil de 1970, al regular el recurso de apelación, no le impuso al apelante, para la concesión y admisibilidad del mismo, la carga de sustentarlo, puesto que a la sazón sólo le exigía que se encontrase legitimado procesalmente para recurrir, que la resolución le ocasionase agravio, que la providencia fuese susceptible de ser atacada por ese medio de impugnación, y que el recurso se formulase en la oportunidad procesal establecida por la ley (arts. 350, 351 y 352 del CPC), a partir del 17 de enero de 1984, fecha en que entró en vigencia la Ley 2 a de ese año, a más de los anteriores requisitos, se le impuso al recurrente el deber o carga de sustentarlo ante el juez a quo, dentro del término previsto por dicha ley, so pena de que el juzgador lo declarase desierto (art. 57 L. 2ª/84). De suerte que lo que hizo la mencionada ley fue agregarle a las exigencias legales para la concesión del recurso de apelación por el a quo y su admisión por el ad quem, el de motivar o sustentar tal medio de impugnación, y en esa forma quedó complementado el artículo original (352 del CPC) del Código de Procedimiento Civil.

5. Posteriormente, autorizado el Presidente de la República por la Ley 30 de 1987 para “simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática y las técnicas modernas”, se expidió el Decreto 2282 de 1989, que entró a regir el 1º de junio de 1990, por el cual se le introdujeron numerosas modificaciones al Código de Procedimiento Civil, puesto que lo reformó en casi la mitad de su articulado, entre ellas, y concretamente con el recurso de apelación, lo atinente a la procedencia del mencionado recurso (art. 351), a la oportunidad y procedencia del mismo (art. 352), a la apelación adhesiva (art. 353), a los efectos en que debe concederse (art. 354), a la apelación de los autos que niegan pruebas (art. 355), al envío del expediente o sus copias al superior (art. 356), a la competencia del superior (art. 357), al examen preliminar por el ad quem (art. 358), a la apelación de autos (art. 359), a la apelación de sentencias (art. 360), al cumplimiento de la decisión del superior (art. 362).

6. Lo que se acaba de reseñar, pone de presente, por una parte, que si el criterio del legislador de 1989, según la ley de autorizaciones (Ley 30 de 1987), fue simplificar los “trámites judiciales”, y de otro lado, se ocupó de regular todo lo atinente al recurso de apelación, y específicamente la procedencia, oportunidad y requisitos del mencionado recurso, es de concluir que se reglamentó toda la materia en dicho punto, y por ende, quedó eliminada del mismo, como exigencia para su concesión por el a quo y admisión por el ad quem que el recurrente deba sustentar el referido medio de impugnación.

7. Por tanto, inadmitirle el ad quem a una parte el recurso de apelación por ella propuesto bajo la vigencia del Decreto 2282 de 1989, sobre el aserto de que no fue sustentado oportunamente, cuando la legislación procedimental actual no exige tal presupuesto o requisito, fácilmente se advierte que, con tal decisión, se le quebrantó al recurrente, aquí actor de la tutela, el derecho constitucional fundamental del debido proceso y, concretamente, el de defensa (C. N., art. 29 )».

(Sentencia de septiembre 17 de 1992. Expediente 296. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina Botero).

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