SENTENCIA 2963 DE ABRIL 19 DE 1991

 

Sentencia 2963 de abril 19 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PRUEBAS

EN LA ETAPA JURISDICCIONAL

EXTRACTOS: «Cuestiona en esta oportunidad la Sala, como repetidamente lo ha hecho, el desconocimiento que hace la administración de la presunción de veracidad de los hechos informados en las declaraciones tributarias y en las respuestas a los requerimientos oficiales. Las amplias facultades de fiscalización y control con que está investida la administración, no puede dar lugar al desconocimiento de los derechos de los particulares y por ello sólo puede exigir comprobación especial, cuando como resultado de las investigaciones adelantadas, tenga al menos un indicio de que los hechos informados por el declarante no son exactos o cuando la ley específicamente exija una comprobación especial de los mismos. En consecuencia, no fue clara la actuación administrativa que exigió al declarante comprobar las deducciones debidamente relacionadas en su declaración de renta.

Tampoco se comparten los argumentos expuesto por el Tribunal, cuando se negó a valorar la prueba contable que ya había sido presentada ante la administración y considerada insuficiente por ésta, y que mejorada se aportó ante la jurisdicción. El aspecto relacionado con la exigencia de la discusión previa con la administración se contrae a los hechos objeto de debate, limitando la posibilidad de plantear ante la jurisdicción, sólo aquellos que ya habían sido propuestos, analizados y controvertidos por la administración.

Por el contrario, en materia probatoria, conforme a la regulación que sobre ésta trajo el Decreto 1 de 1984, concretamente en su artículo 168 que remitió al Código de Procedimiento Civil lo relacionado con la admisibilidad de las pruebas, forma de practicarlas y criterios de valoración, se amplió considerablemente la restricción que sobre ellas existió en vigencia de la Ley 167 de 1941, acogiendo la tendencia jurisprudencial planteada por el Consejo de Estado. Actualmente no sólo pueden los particulares mejorar y completar sus pruebas ante la jurisdicción, sino incluso presentar nuevas, con la única limitación de que deben referirse a los mismos hechos alegados en la vía gubernativa. Pueden incluso las pruebas decretarse de oficio por el ponente, en cualquiera de las instancias, cuando se consideren necesarias para esclarecer la verdad (art. 37 del D. 2304/89).

Con este régimen normativo, extraña la decisión del Tribunal, compartida por el señor Fiscal Tercero de esta corporación, de desconocer el valor probatorio de la prueba contable que, presentada en la vía gubernativa pero objetada por la administración, fue mejorada y ampliada al aportarse ante la jurisdicción. Si los particulares no pudieran mejorar sus argumentos jurídicos y ampliar y completar sus pruebas, sería nugatorio su derecho de acudir ante la jurisdicción».

(Sentencia de abril 19 de 1991. Expediente 2963. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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