Sentencia 2965 de diciembre 13 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

BUENA CONDUCTA COMO REQUISITO DE LA PENSIÓN GRACIA

UNA FALTA AISLADA NO HACE PERDER EL DERECHO

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 22 de febrero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las súplicas de la demanda incoada por Amparo Perdomo de Rodríguez contra la Caja Nacional de Previsión Social.

(...).

Consideraciones

Se cuestiona en el sub lite, si la señora Amparo Perdomo de Rodríguez tiene derecho, de acuerdo con las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, al reconocimiento y pago de la pensión gracia, denegada por la entidad de previsión, con fundamento en el hecho de haber sido sancionada con suspensión por el término de 12 meses en el ejercicio del cargo por haber participado en los hechos de que da cuenta el Decreto 343 de 1976 (fls. 31-33).

Adujo la entidad demandada que la actora incurrió en causal de mala conducta que le impide obtener el beneficio de la pensión gracia, razón por la cual la misma le fue negada.

Sobre el tema de la pérdida del derecho al disfrute de la pensión gracia por causal de mala conducta ya la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en sentencia de 25 de septiembre de 1997, expediente 15734, actor: Gonzalo Hernández, Magistrada Ponente doctora Clara Forero de Castro, donde dijo:

“La mala conducta como causal para la pérdida de la pensión gracia, debe ser el resultado de un análisis que lleve a la convicción de que durante su vinculación el docente asumió un comportamiento recriminable; no se trata de una actuación considerarla de manera aislada.

De otra parte cabe anotar que al tenor del inciso último del artículo 28 de la C.N. no pueden existir sanciones imprescriptibles, lo cual confirma que no se trata de que una sanción pueda generar la pérdida del derecho pensional sino de evaluar si a través de la prestación de sus servicios como educador el actor ha observado una conducta que ha impactado negativamente en el medio escolar.

No sobra advertir que para adquirir el derecho a cualquier prestación es necesario cumplir todos los requisitos, exigencia que debe estar acorde con el ordenamiento superior...”.

Posteriormente, la subsección A de la corporación, con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, ratificó el criterio anterior, en sentencia de 2 de diciembre de 1999. Actor: Rafael Enrique Ávila Rivera, expediente Nº 1321. Sobre el punto sostuvo:

“...El actor laboró por más de 20 años al servicio del magisterio del Distrito y si bien es cierto que fue suspendido durante 8 meses como consecuencia de su participación en una huelga, este solo hecho no implica que hubiera observado mala conducta, pues se trata de una circunstancia aislada. La mala conducta a que se refiere la norma es aquella que reviste cierta permanencia a lo largo de la carrera docente, de tal manera que permita concluir que su comportamiento fue persistentemente inadecuado.

En estas condiciones, no resultaría justo que un solo hecho sirva como parámetro de evaluación y sea éste esgrimido como razón para decidirle en forma adversa el derecho pensional.

Ha de precisarse, además, que el artículo 28 in fine de la C.N. proscribe las sanciones imprescriptibles, además de que la negativa del reconocimiento con fundamento en el hecho señalado, estaría incurriéndose en una doble sanción por un mismo hecho. En los casos en que se solicita la pensión gracia, se trata de evaluar si a través de la prestación de sus servicios como educador, el beneficiario observó un comportamiento negativo frente al medio escolar...”.

En el caso de autos, observa la Sala lo siguiente:

A través del Decreto 343 de 19 de abril de 1976 (fl. 21 anexo) el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá resolvió suspender a partir del 19 de abril de 1976 en el ejercicio de sus funciones a los maestros allí enumerados, entre los cuales se encuentra la actora. La razón de la suspensión por el término de 12 meses fue la participación en el pago dirigido por Fecode durante los días 6 y 7 de abril de 1976.

Mediante Decreto 163 de 3 de febrero de 1977 (fl. 18 anexo) el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá levantó por pena cumplida la sanción impuesta a los docentes ya reseñados entre los que figura la señora Perdomo de Rodríguez. Así las cosas, fuerza concluir que la demandante fue sancionada en el ejercicio de sus funciones y luego continuó laborando al servicio de la demandada y al cumplimiento de los requisitos de que trata la Ley 114 de 1913 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión denominada de gracia.

Indudablemente la ley exige como presupuesto para gozar de esta prestación la prueba de que la interesada haya observado buena conducta; sin embargo tal expresión no puede entenderse referida a una situación determinada sino que sus alcances abarcan el comportamiento que durante todo el tiempo de docente observó pues la pensión gracia fue concebida como un estímulo a los educadores, entre otras razones, por su dedicación y buen comportamiento.

En el caso de autos la demandante laboró al servicio del Magisterio del Distrito Capital durante 26 años, 4 meses y 24 días, comprendidos entre el 23 de febrero de 1970 y el 16 de julio de 1996 y si bien es cierto que fue suspendida por 12 meses por su participación en el paro ocurrido los días 6 y 7 de abril de 1976, este solo hecho no significa que en el ejercicio de sus funciones hubiera observado mala conducta, ya que se trata de una circunstancia aislada. La mala conducta a que se refiere la norma hace relación a aquella que reviste cierta permanencia a lo largo de la carrera docente, de tal manera que se pueda concluir que su comportamiento fue inadecuado persistentemente. La falta cometida no fue de tal magnitud para ocasionar la pérdida de la prestación reclamada, puesto que la participación en el paro fue una situación relacionada con conductas laborales y no con aspectos censurables respecto a su conducta personal o en el ejercicio de sus funciones profesionales.

Ahora bien, si la falta es grave y se comete una sola vez esta no requiere permanencia; en otras palabras el transcurso del tiempo tampoco es esencial porque la falta pudo haberse cometido mucho tiempo atrás. Un solo hecho aislado sin la gravedad que revisten otro tipo de faltas no puede servir como parámetro de evaluación y por ende esgrimido como argumento para negar el derecho pensional.

No sería justo que un solo hecho, se repite, aislado sirva como parámetro de evaluación y sea esgrimido como argumento para negar el derecho pensional.

Por lo demás el artículo 28 de la Constitución Nacional proscribe las sanciones imprescriptibles y con la negativa de la entidad al reconocimiento de la pensión con fundamento en la falta cometida se estaría incurriendo en doble sanción por un mismo hecho.

Para el reconocimiento de la pensión gracia debe evaluarse si a través de la prestación de los servicios docentes el beneficiario observó un comportamiento negativo frente al ejercicio de sus funciones. Conforme queda demostrado con la declaración que obra a folio 11 del cuaderno de anexos, la docente cumplió, en principio, los requisitos exigidos por el artículo 4º de la Ley 114 de 1913, y como no obra dentro del plenario prueba alguna de la cual se pueda inferir que en su contra se tramitó algún proceso disciplinario para deducir que su comportamiento laboral fue reprochable y por ello no es merecedora de la prestación reclamada, las razones alegadas por la entidad demandada quedan sin sustento legal.

Así las cosas no encuentra la Sala elementos de juicio para la negativa del reconocimiento pensional que realizó la demandada y como se encuentran probados los presupuestos de edad, tiempo de servicio y el carácter territorial del ente al cual sirvió la demandante, se hace acreedora a la pensión gracia impetrada. En estas condiciones, las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar y así el proveído impugnado merece ser confirmado».

(Sentencia de diciembre 13 de 2001. Expediente 99-4653-2965-2001. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante).

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