Sentencia 29694 de marzo 17 de 2010

 

Sentencia 29694 de marzo 17 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 29694

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta 1

Bogotá, D.C., diecisiete de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

La controversia entre las partes gira en torno a la existencia de un contrato de trabajo entre ellas con posterioridad al 10 de febrero de 1998, fecha en la que se firmó una oferta mercantil mediante la cual el accionante cedió sus cuotas o partes de interés social de la empresa demandada. Apoyado en la apreciación que hizo de tal oferta, el tribunal consideró que el contrato de trabajo que hasta ese momento había existido entre la sociedad demandada y el actor, de la cual era socio, se extinguió por razón de la firma de esa propuesta y, a partir de ella, nació un vínculo contractual de naturaleza civil.

Es cierto, como lo sostiene el censor, que el 10 de febrero de 1998 el demandante, en su condición de condueño de la sociedad ahora demandada, en compañía de los otros socios de la misma, en desarrollo de una oferta mercantil cedió sus cuotas o aportes sociales a las empresas RTS Colombia Ltda., RTS Servicios de Salud Ltda. y RTS Inversiones Ltda., según se desprende de los documentos que registran esa operación mercantil, obrantes a folios 64 a 76 del cuaderno principal.

Fundado en la declaración que hizo el representante legal de la firma RTS Ltda., el Tribunal concluyó que efectivamente el accionante continuó prestando servicios a la demandada, sólo que a través de un contrato de prestación de servicios profesionales; que se acordó una remuneración mensual de $ 12.000.000 más el pago del automóvil, y $ 5.000.000 mensuales por el uso de su tarjeta de crédito empresarial, a partir de la vigencia de dicha oferta mercantil, esto es, el 10 de febrero de 1998, contrato que fue suscrito en señal de aceptación por el propio demandante, conforme a su voluntad libre de todo vicio del consentimiento y así lo aceptó en el interrogatorio de parte. Por consiguiente, concluyó el ad quem, el contrato de trabajo que hasta ese momento venía rigiendo la relación de trabajo entre las partes, "perdió toda su eficacia, porque se terminó en el mismo momento en que fue sustituido por el nuevo contrato de prestación de servicios que pactó y que quedó inserto en la mencionada oferta mercantil".

Así las cosas, se hace necesario establecer si esa prestación de servicios, como lo sostiene la censura, continuó gobernada por el contrato de trabajo que habían suscrito las partes en el año de 1994, y si los pagos que la demandada hizo al actor con posterioridad a la firma del contrato de oferta mercantil aludido se hicieron a título de salarios, o si, por el contrario, se trataba de un pago surgido de un nuevo vínculo contractual de naturaleza civil.

Del examen de la oferta mercantil de promesa de cesión de cuotas partes o partes de interés social y de su adición, obrantes a folios 64 a 76 y 230 a 244 del cuaderno principal, en particular los numerales 7º y 10 de los acuerdos adicionales de la oferta (fl. 69), el numeral 2º de las condiciones generales de la misma (fl. 71) y el numeral 12 de la adición de la oferta (fl. 75), razonablemente valorados, no es posible llegar a la conclusión de que el contrato de trabajo que venía rigiendo se extinguió y que a partir de la firma de aquellos documentos surgió un nuevo contrato, pero de prestación de servicios profesionales.

Efectivamente, la primera de las cláusulas mencionadas textualmente dice:

"7º. Respecto de los cedentes (...) y Eduardo Chewgin Geoelkel se efectúan los siguientes acuerdos:

"a) A partir de la fecha de cesión de cuotas recibirán una remuneración integral de doce millones de pesos ($ 12'000.000) mensuales. Las labores que lleguen a desarrollar para la sociedad será considerada como labor de administrador con los alcances establecidos en la Ley 222 de 1995.

"b) Recibirá además por concepto de transporte el pago del canon mensual de los contratos leasing de los vehículos actualmente asignados a su transporte personal. Una vez cancelados los contratos leasing se continuarán efectuando los pagos por transporte.

"c) Se mantendrá (sic) vigentes los cupos de las tarjetas de crédito empresarial para gastos de representación por la suma de cinco millones de pesos ($ 5'000.000) y un abono a las mismas de un millón de pesos mensuales ($ 1'000.000)."

Entre tanto, el literal d) de la cláusula 10 anunciada, establece:

"d) Asistencias Hospitalarias Ltda. celebrará con Pedro Antonio González Lombana contrato de servicios por un plazo de cinco (5) años. Así mismo, RTS gestionará ante el Directorio Principal de RTS Américas INC. la celebración de un contrato por igual plazo con Eduardo Chewgin Goelkel. En estos contratos los cedentes adquirirán la calidad de administradores en los términos de la Ley 222 de 1995".

No existe en esas cláusulas ninguna expresión que permita concluir que en el aludido acuerdo se acordara expresamente poner término a las relaciones jurídicas en desarrollo de las cuales el demandante prestaba sus servicios a la sociedad Asistencias Hospitalarias Ltda., pues sobre ese particular nada se dice en ellas. No se indica allí que el contrato de trabajo que el demandante tenía vigente sería terminado, como tampoco que sería reemplazado por uno de prestación de servicios.

Es cierto que en los documentos de marras se pactó que, a partir de la cesión de cuotas los cedentes, entre ellos el actor, recibirían una remuneración integral de $ 12.000.000 y que los servicios que llegaran a prestar lo serían en calidad de administradores, en los términos establecidos en la Ley 222 de 1995. Pero de ello no se desprende que las relaciones que anteriormente tuvieran concertadas con la sociedad convocada al pleito se entenderían terminadas y que a partir de ese momento surgiría una nueva. Y el hecho de que se aludiera a la calidad de administradores con la que actuarían los cedentes, no implica que el vínculo jurídico que pudiera surgir de la prestación de sus servicios personales lo sería bajo una modalidad diferente a la laboral, pues es claro que quienes ostenten la condición de administradores de una sociedad pueden hacerlo en desarrollo de un contrato de trabajo.

Cumple anotar, por otra parte, que la referencia a esa calidad de administradores tampoco puede ser indicativa de un cambio en las funciones del actor, porque con anterioridad a la firma del contrato de oferta mercantil ya tenía esa condición, por razón de fungir como representante legal de la demandada.

Importa anotar, igualmente, que incluso el literal c) del artículo 7º en comento permitiría concluir que la intención de las partes fue mantener el mismo vínculo jurídico o, por lo menos, no extinguirlo, pues se expresó que "Se mantendrá (sic) vigentes los cupos de las tarjetas de crédito empresarial para gastos de representación por la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) y un abono a las mismas de un millón de pesos mensuales ($ 1.000.000)"; manifestación de la que es dable concluir que se quiso preservar la existencia de la relación anterior.

Ahora bien, no escapa a la Corte que en el literal d) de la cláusula 10 del contrato bajo examen se acordó que "Asistencias Hospitalarias Ltda. celebrará con Pedro Antonio Gonzalez Lombana contrato de servicios por un plazo de cinco (5) años. Así mismo, RTS gestionará ante el directorio principal de RTS Américas INC. la celebración de un contrato por igual plazo con Eduardo Chewgin Goelkel. En estos contratos los Cedentes adquirirán la calidad de administradores en los términos de la Ley 222 de 1995". Sin embargo, allí simplemente se indicó que una de las sociedades adquirentes gestionaría un contrato de servicios, pero no se especificó quien lo celebraría, si esa sociedad o la demandada, ni los términos en que se ejecutaría ese contrato, como tampoco que, de suscribirse, supondría la extinción del contrato laboral que tenía vigente el actor. Con todo, de ese documento se deduce simplemente lo acordado por las partes pero no que en realidad la firma de ese contrato se hubiese gestionado ni, como es obvio inferirlo, que efectivamente se suscribiera.

En conclusión, del examen objetivo del anterior documento, que, como se dijo, fue la prueba en la que el tribunal basó fundamentalmente su decisión, para la Corte no se evidencia que el contrato de trabajo que tenía el actor, que ese fallador no puso en duda, perdiera toda su eficacia y que hubiese sido sustituido por uno de prestación de servicios, inserto en la oferta mercantil.

Por fundarse principalmente en uno solo de los medios de prueba, el tribunal, sin ninguna razón jurídica para ello, estudió si el actor prestó sus servicios bajo dependencia y subordinación y concluyó que no se probó la existencia del contrato de trabajo; equivocada conclusión surgida de no haber involucrado debidamente en su análisis probatorio varios elementos de convicción de los que se desprende con nitidez que, con posterioridad a la fecha en que se celebró el contrato de oferta mercantil de cesión de cuotas, el demandante seguía vinculado a la demandada a través de un contrato de trabajo, tal como pasa a verse:

1. A folio 17 obra el extracto de cuenta individual del actor del Fondo de Pensiones Davivir, correspondiente al lapso comprendido entre enero y marzo de 2000, en el que en los períodos cotizados de diciembre de 1999 a febrero de 2000 aparece como empleador "Asistencia Hospitalaria". Para la Corte es obvio inferir que si la sociedad demandada aparece en ese documento como empleadora del demandante, es porque para las fechas de que allí se da cuenta, se hallaba vigente un contrato de trabajo con el promotor del pleito.

2. A folios 19 a 25 aparecen varios comprobantes de egreso de la sociedad demandada en los que se reflejan pagos de sueldo y de salarios o de nómina, que permiten deducir que tales pagos corresponden a la retribución surgida de una relación laboral. Así en el de folio 19, se consigna el pago del sueldo de marzo de 1999; en el de folio 20, de nómina de agosto de 1999; en el de folio 21 de salario de octubre de 1999; en el de folio 22 de nómina de enero de 2000; en el de folio 23 de "NOMIA" (sic) de febrero de 2000, que la Sala asume como nómina de ese mes; en el de folio 24 el pago de nómina de marzo de 2000 y en el de folio 25 de nómina de abril de 2000.

Entiende la Sala que la denominación dada a esos pagos se corresponde con la que es utilizada para la remuneración de los servicios efectuados por razón de un vínculo laboral, pues los términos salario y sueldo no dejan ninguna duda de ello porque así lo consagra expresamente el Código Sustantivo del Trabajo; y la expresión nómina, también guarda relación con pagos netamente laborales. Por lo tanto, si hubo pago de salarios o de retribuciones de origen laboral, es porque existía un contrato de trabajo entre las partes.

3. Los anteriores pagos fueron confirmados por la representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte que absolvió, pues al dar respuesta a las dos primeras preguntas aceptó que entre el 15 de agosto de 1994 y el 30 de mayo de 2002 el actor recibió remuneración de esa sociedad, algunos de los cuales los verificó en las "nóminas" de esa empresa. Y en la tercera respuesta dijo que esos pagos correspondían a la remuneración de los servicios prestados por el actor a Asistencias Hospitalarias.

4. En ese mismo interrogatorio, la representante legal confesó que la sociedad enjuiciada afilió al promotor del pleito a la seguridad social durante el período comprendido entre el 15 de agosto de 1994 y el 30 de mayo de 2002. Como se dijo con antelación, debe concluirse que esa afiliación solamente surgió de la existencia de un vínculo laboral.

5. A folio 274 obra certificado expedido por el jefe del departamento comercial del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, en el que, en lo que es pertinente al cargo, consta que el actor figura afiliado a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales el 25 de abril de 1996 y que para riesgos profesionales se registran pagos "del Ciclo 1996-04 al Ciclo 1998-07". Si después de firmado el contrato de oferta mercantil, que lo fue el 10 de febrero de 1998, respecto del actor la sociedad demandada efectuó pagos para el sistema de riesgos profesionales es porque, sin duda, lo consideraba su trabajador dependiente.

Habiéndose demostrado que el tribunal se equivocó en la valoración de los anteriores medios de convicción calificados en el recurso extraordinario, le es permitido a la Sala estudiar algunos de los testimonios, de los que también se desprende que después del 10 de febrero de 1998 el demandante mantuvo un contrato de trabajo con la sociedad accionada.

Hernán Barrios Vega, quien dijo desempeñarse como gerente jurídico de la empresa RTS Colombia Ltda., sociedad que adquirió las acciones de la demandada, afirmó: "Una vez la Sociedad Asistencias Hospitalarias es adquirida por RTS Colombia Ltda. Y su filial RTS Servicios de Salud Ltda. el señor Eduardo Chegwin continuó vinculado laboralmente a Asistencias Hospitalarias devengando el salario integral señalado de $ 6.000.000, lo cual puede evidenciarse con los comprobantes de egreso de nómina, así como de las planillas de aportes a la seguridad social que figura en la sociedad asistencias hospitalarias" (fl. 335).

Por su parte, Juan Lozano, quien como gerente de las sociedades RTS Colombia Ltda. y RTS Inversiones Ltda. suscribió con el actor el contrato de oferta mercantil de cesión de cuotas o partes de interés social en la demandada, al explicar la razón por la cual al actor se le pagaron sumas por concepto de salarios luego de la adquisición de esa sociedad, manifestó: "Porque durante la negociación uno de los puntos que se definieron era que se iba a continuar con las mismas condiciones que se tenían anteriormente y que los cambios los ibamos (sic) a hacer en la medida que conocieron (sic) la empresa y los manejos administrativos de esta (sic), para evitar que la compañía sufriera cambios bruscos, en ese orden de ideas como el doctor CHEGWIN tenía un contrato laboral con nosotros en el cargo de asesor comercial para las contrataciones y cobros, que era que le (sic) nos decía y que el tenía un contrato de ese tipo, y en ese sentido la empresa acepto (sic) la transacción en tal sentido, es decir que el doctor CHEWING estaba vinculado laboralmente."

Sin necesidad de acudir a los otros medios de prueba que se citan en el cargo, logra demostrar el impugnante el cuarto de los errores de hecho y por esa razón el ataque es fundado y habrá de casarse la sentencia en los términos pedidos en el alcance de la impugnación, sin que se haga necesario el estudio del segundo cargo, orientado por la vía de puro derecho.

V. Consideraciones de instancia

De lo estudiado por la Corte en sede de casación, se evidencia que el demandante estuvo vinculado con la sociedad demandada a través de un contrato de trabajo. Sobre los extremos temporales de ese contrato no existe duda, pues las partes admitieron que la prestación de servicios por parte del actor se dio entre el 15 de agosto de 1994 y el 30 de mayo de 2000. Por lo tanto, acertó el juez de primer grado en esa conclusión, e igualmente al deducir que no obra en el proceso prueba del pago al actor de las prestaciones sociales causadas en el lapso en que mantuvo vigente su relación laboral con la entidad demandada.

En relación con las pretensiones del demandante, procede la Sala a su estudio en el siguiente orden:

A) Salario. Modalidad salarial pactada. Salarios insolutos:

No comparte la Corte la deducción del fallador de primer grado respecto del salario devengado por el demandante, y que utilizó como base para liquidar las condenas que impuso. Consideró ese fallador que en el expediente existen pagos efectuados a terceros, respecto de los cuales no supo dar explicación la demandada. Pero la simple circunstancia de que respecto de esos comprobantes de egreso no existiera justificación, no es suficiente para considerar que con los pagos que por razón de ellos se efectuaran, que no están plenamente demostrados, se estuviera retribuyendo la prestación de servicios del actor, pues los beneficiarios de esas sumas no comparecieron al proceso, de modo que no dieron razón de origen de los pagos. Aparte de ello, en la demanda el actor no aludió a esa circunstancia, ya que simplemente señaló que su salario estaba integrado por una suma fija de $ 6.000.000 mensuales y el resto como cuota mensual de la tarjeta de crédito y cánones de arrendamiento financiero de un vehículo cuya propiedad le fue traspasada una vez canceladas las cuotas de arrendamiento. También asentó el juzgador que el testigo Juan Carlos Lozano aceptó que al actor se le hacían otros pagos por intermedio de terceras personas, pero nada de lo afirmado por ese declarante permite llegar a esa conclusión, toda vez que, por el contrario, dijo no conocer los contratos suscritos por esos terceros, Dennise Dugan, Norbelly Escarria, Florián Osorio y Orlando Mei.

Pero, en esencia, el juez de primer grado encontró probado el salario de la confesión presunta que dijo se había dado por la renuencia de la demandada en la práctica de la inspección judicial decretada. Y para ello se remitió a lo consignado en la audiencia de trámite cuya acta obra a folio 303, en la que consta lo siguiente:

"... Ya el juzgado había avanzado en torno a los hechos a probar y en forma clara la demandada se había comprometido aportar dichos documentos, como quiera que en (sic) día de hoy no se ha dado cumplimiento a dicho compromiso no le queda otro camino al juez de dar aplicación al (sic) las consecuencias que en materia laboral procesal establece el artículo 56, porque como puede observarse ya ha (sic) sido varias las oportunidades que se le han otorgado a la llamada a juicio para presentar la documental que ene (sic) este momento no se ha aportado con lo cual procede a dar por probados los hechos en su contra que se apropia (Sic) demostrar la parte actora, dilatar o alargar mas (sic) este proceso laboral como la celeridad y la economía procesal que no son facultades si no obligaciones en cabeza del juez como director del proceso, a la luz del (sic) ART. 48 CPL" (fls. 303 a 305, cdno. ppal.).

Como puede apreciarse, el juez del conocimiento pasó por alto la falta de concreción y especificación de los hechos que la parte interesada en la prueba estaba obligada a señalarle como director del proceso, pues aludió genéricamente a los hechos que pretendía demostrar la parte actora.

Esa alusión general e imprecisa a los hechos susceptibles de confesión que pretendía demostrar la parte demandante, impide determinar con claridad a cuáles hechos en concreto se refirió el juez de la causa, con lo que se omitieron los requisitos que en torno a la sanción jurídica consagrada en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ha fijado la jurisprudencia de esta Sala, que en sentencias del 23 de agosto de 2006, radicación 27060, en la que se reiteró las del 23 de julio de 1992 radicado 5159 y del 7 de abril de 2005, radicado 24292, sobre este asunto, en lo que es pertinente al caso aquí debatido, precisó:

"En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7º del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso, en que el que el juez de la causa se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2004 (fl. 67) que "... Se presumirán como ciertos todos aquellos hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito propuestas en la misma, pues de no admitir esa prueba, se tendrán entonces como un indicio grave en su contra", pero sin precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos, ni, por la misma razón, cuáles constituirían indicio grave, prueba que, como es sabido, no es hábil en la casación del trabajo".

Y esa irregularidad no puede entenderse subsanada con las manifestaciones efectuadas por el apoderado del actor sobre lo que pretendía probar con la diligencia, pues era deber del juez identificar con precisión si los hechos a los que aludió eran o no los mismos expresados por ese profesional del derecho, a fin de no dejar dudas sobre el particular. Por lo tanto, no puede la Corte en sede de instancia considerar confesado que el actor tenía derecho a devengar un salario de $ 15.000.000.

Importa anotar que el fundamento del salario que el actor dijo devengar estaría en lo que recibía en dinero ($ 6.000.000) y el resto por concepto de la cuota mensual por tarjeta de crédito y los cánones de arrendamiento financiero (contrato de leasing) de vehículo cuya propiedad le fue traspasada una vez se cancelaron las cuotas de arrendamiento.

Ha explicado esta Sala que no encuadra en el concepto salarial lo concedido por el empleador a su trabajador con el propósito último de mejorar el desempeño de las funciones asignadas, como por ejemplo, los aludidos gastos de representación, los medios de transporte, los elementos de trabajo u otros semejantes.

En sentencia de 16 de septiembre de 1958, al referirse a los últimos de los elementos señalados, esta Corte dijo lo siguiente:

"El carácter de ingreso personal. Que dichas sumas ingresen realmente al patrimonio del trabajador, o que lo enriquezcan como dice la ley, sirviendo para subvenir a sus necesidades. Por lo cual no será salario lo que el patrono le dé al trabajador para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo u otros semejantes, ni tampoco las prestaciones sociales".

Y en un caso de contornos similares al presente, se dijo:

"No sobra resaltar que no en pocas ocasiones, atendida la importancia del cargo que ejerce el trabajador, las funciones que desempeña, el status de la empresa para la cual labora y aún, su propia seguridad, la empresa facilita a algunos de sus trabajadores medios de transporte acordes con esos requerimientos, sin que por ello deba concluirse que forman parte de su retribución, o que constituyen expresión de su salario. Tal situación es recurrente en tratándose de directivos de la empresa, la cual, por su propia imagen, o el desarrollo de sus particulares estrategias comerciales, llega a requerir que éstos tengan ciertas facilidades para el cumplimiento de su gestión, de donde no parece nada extraño que, para facilitar el cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio de Santa Marta haya provisto a su Presidente Ejecutivo de un vehículo, sin que resulte relevante, para efectos de su salario, que también haya dispuesto una especial ventaja al momento del pago total del automotor o de su retiro del empleo" (sent. de oct. 11/2005, rad. 24180).

De manera que las sumas que según el demandante le pagaba la demandada por tales conceptos, no tienen naturaleza salarial por así disponerlo expresamente el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, pues se trata de gastos de representación y pagos relacionados con medios de transporte, los cuales no tienen por propósito enriquecer el patrimonio del trabajador, sino servir de ayuda para desempeñar a cabalidad sus funciones.

Por otro lado, tampoco aparece suficientemente acreditado que el pago de la cuota mensual de la tarjeta de crédito y de los cánones de arrendamiento del vehículo fuese un mecanismo para evadir el pago de prestaciones, pues sobre el particular no existe ningún elemento de convicción que así lo acredite.

No obstante la afirmación del actor en torno al monto de su retribución salarial, la apreciación de la oferta mercantil de promesa de cesión de cuotas o partes de interés social en la sociedad Asistencias Hospitalarias Ltda., firmada el 10 de febrero de 1998, específicamente de su cláusula séptima del capítulo alusiva a los acuerdos adicionales, lleva a la Sala a colegir que entre las partes se pactó una remuneración integral igual a $ 12'000.000 mensuales, más otros pagos por los conceptos antes anotados, es decir, por tarjetas de crédito y contrato de leasing, que, por tratarse de gastos de representación y medios de transporte, no pueden ser constitutivos de salario, según se dijo anteriormente.

La mencionada cláusula textualmente dice:

"7º. Respecto de los cedentes (...) y Eduardo Chewgin Geoelkel se efectúan los siguientes acuerdos:

"a) A partir de la fecha de cesión de cuotas recibirán una remuneración integral de doce millones de pesos ($ 12.000.000) mensuales. Las labores que lleguen a desarrollar para la sociedad será considerada como labor de administrador con los alcances establecidos en la Ley 222 de 1995.

"b) Recibirá además por concepto de transporte el pago del canon mensual de los contratos leasing de los vehículos actualmente asignados a su transporte personal. Una vez cancelados los contratos leasing se continuarán efectuando los pagos por transporte.

"c) Se mantendrá (sic) vigentes los cupos de las tarjetas de crédito empresarial para gastos de representación por la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) y un abono a las mismas de un millón de pesos mensuales ($ 1.000.000)".

La accionada al contestar la demanda, admitió el monto de esa retribución, pues al responder el hecho correspondiente al salario alegado por el demandante, si bien negó que fuese de $ 15.000.000, afirmó: "Lo que ocurrió como verdadera realidad fue que se dio por la demandada estricto cumplimiento a lo acordado en la Oferta Comercial y en su adición cláusulas 7 página 6 de la primera y cláusula 12 página 3 de la segunda respectivamente. Es importante recalcar que como ya se indicó no se pactó ningún salario en la suma indicada en este hecho, pero los valores que se pagaron por los servicios que debió prestar y no prestó el demandante fueron de una remuneración integral, pero aun aceptando hipotéticamente que hubiera sido un salario el mismo tendría la modalidad de salario integral con las consecuencias legales previstas para esta modalidad".

Modalidad salarial que coincide con lo dicho por los testigos, Hernán Barrios Vega (fls. 335, 336 y 342) y, Juan Carlos Lozano (fl. 365), quien sostuvo que en la Oferta Mercantil "se prometió por parte de las sociedades cesionarias un pacto con los señores Pedro González y Eduardo Chegwin para cancelarles hacia el futuro una suma de $ 12.000.000 por concepto que se definiría más adelante entre las partes pero el cual, en todo caso constituiría una remuneración integral para los señores González y Chegwin..." (fls. 335 y 336), y más adelante dijo que "el señor Chegwin recibiría una remuneración integral por sus servicios de $ 12.000.000 sujeto a las negociaciones que al respecto se llevaran posteriormente para determinar la manera en que dicha suma llegaría a ser cancelada..." (fl. 342).

Entre tanto, el testigo Juan Carlos Lozano García, en su condición de Gerente de la firma RTS Colombia Ltda., una de las adquirentes de las cuotas o partes de interés social de Asistencias Hospitalarias Ltda., atestó que "Los pagos que realizamos en el momento de adquirir la sociedad se hicieron como salario integral" (fl. 365).

Así las cosas, de la valoración de las anteriores pruebas, principalmente de la documental, dada la formalidad exigida por la ley para la validez del pacto de salario integral, surge que entre las partes se acordó una retribución de $ 12.000.000. Y dado que es claro, como se ha visto, que esa remuneración se hizo en desarrollo de un contrato de trabajo, debe considerarse como salario, para todos los efectos legales. Pero como no podría escindirse el texto del documento en que se pactó, habría que entender que tal retribución se hizo bajo la modalidad de integral.

Ahora bien, y en punto a que la empresa demandada no hubiera suscrito la referida oferta mercantil, cabe anotar que después de la celebración de dicho contrato, el pago de la retribución lo siguió efectuando Asistencias Hospitalarias Ltda., como claramente se desprende del testimonio rendido por Adriana Mejía Arango, representante legal de esta empresa entre el 9 de febrero de 1999 y el mes de noviembre de 2001, quien al preguntársele si en la condición anotada ordenó pagar el honorario integral mensual acordado en el contrato comercial de cesión de acciones al demandante, contestó: "Pues realmente yo lo que ejecutaba era la instrucción de RTS Colombia Ltda. de pagarle el honorario integral mensual de seis millones de pesos $ 6.000.000 a Eduardo Chegwin Goelkel" (fl. 144).

De modo que para esta corporación resulta de una claridad meridiana que el salario integral acordado en la mencionada oferta mercantil, lo cubría la sociedad demandada, por orden de una de las firmas que pasó a controlar el capital social de esta, lo que permite colegir también, como quedó establecido en sede de casación, que la relación laboral se mantuvo con la firma llamada a juicio.

Cuanto al monto de dicho salario, a pesar de lo dicho por la señora Mejía Arango, es claro que conforme al documento tantas veces mencionado (oferta mercantil) y a los testimonios examinados, aquél asciende a $ 12.000.000 mensuales, cuantía que también se ve reflejada en los pagos que le hicieron al actor en el mes de agosto de 1998, pues de una parte le pagaron $ 6.000.000 por salario, y de otra le pagaron la misma suma a título de honorarios (fls. 294 y 298). En el mes de marzo de ese mismo año, por honorarios le pagaron $ 6.000.000, mientras que por "nómina" le cancelaron $ 4.884.250 (fls. 286 y 287).

Pago del salario que no se acredita con las pruebas documentales que militan a folios 19 a 25, 13, 81, 203 y 284 a 298, pues en algunos meses le pagaron honorarios por $ 6.000.000, en tanto que en otros esa misma suma lo fue por concepto de "nómina", como por ejemplo lo pagado en el mes de enero de 1999 (fl. 292) y, en otros meses, el pago que le hacían a título de salario, sueldo o "nómina", no alcanzaba los $ 5.000.000.

Lo anotado significa que en verdad en los meses que se relacionan en los folios mencionados, resulta a favor del actor una diferencia salarial por la que, en principio, se debería condenar a la empresa accionada; sin embargo la Sala, en atención de las restricciones del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, solo atenderá el requerimiento hecho por el demandante en la demanda primigenia, en la que limitó el pedimento de las diferencias salariales causadas durante el año de 1999 y las de los meses de enero a mayo de 2000 y sólo respecto de los meses que registran las documentales anotadas. Empero, tal como con acierto lo dedujo el juzgador de primer grado, toda vez que, como lo tuvo por probado ese fallador, es dable entender que la demanda inicial se presentó el 16 de octubre de 2002 y no existe prueba de que el actor interrumpiera la prescripción, la acción para reclamar la diferencia salarial con antelación al 16 de octubre de 1999 se halla prescrita.

Reclama el actor para el año de 1999 la diferencia entre la suma de $ 6.000.000 y la que le correspondía por concepto de salarios y para el año 2000 el pago completo de su retribución. Pero como obran en el expediente pagos en este año, solamente tiene derecho a la diferencia. El siguiente cuadro refleja el monto de la condena a imponer por este concepto, a saber:

 

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B) Prestaciones sociales:

Cuanto a la pretensión alusiva al reconocimiento de cesantías, intereses y primas de servicios, habrá de revocarse la condena impuesta por el juzgado dada la modalidad de salario integral pactada entre las partes. Las prestaciones causadas antes de la firma del documento en que esa forma de retribución se pactó se hallarían prescritas, y las surgidas al momento de hacerse efectivo ese acuerdo no fueron demandadas.

C) Compensación en dinero de las vacaciones:

Respecto de la compensación en dinero de las vacaciones, se modificará la condena impuesta, en tanto el a quo estimó que el actor tenía derecho a la causada entre el 15 de agosto de 1999 y el 30 de mayo de 2000, estimándola en $ 5.937.500, la cual liquidó con base en un salario de $ 15.000.000. Sin embargo y como quedó demostrado que el verdadero salario devengado por el demandante fue de $ 12.000.000, esta condena se reducirá a $ 4.750.000.

D) Indemnización por despido sin justa causa:

En lo que toca con la indemnización por despido sin justa causa, tal como lo estimó el juez de primer grado, en verdad no reposa prueba que dé cuenta de que el actor hubiera sido despedido. Por ello, se prohijará la absolución impartida por este concepto.

E) Indemnización moratoria:

El numeral 1º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, vigente para la fecha del extremo final de la relación laboral, señalaba en lo pertinente:

"Indemnización por falta de pago.

"1. Si a la terminación del contrato, el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los caos de retención autorizados por la ley o convenidos por la partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo".

Por cuanto en el caso bajo examen existe un pago insoluto de salarios, se presenta uno de los presupuestos de la norma para la aplicación de esta indemnización.

Sin embargo, y de conformidad con la añeja jurisprudencia de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la imposición de esta penalidad no es de aplicación automática, pues para ello el juez está compelido a examinar la conducta del empleador para establecer si en su conducta omisiva existieron razones serias y atendibles, configurativas de buena fe, que lo exoneren de esa sanción.

En este caso, surge con claridad que la demandada no acreditó que obró con buena fe al no pagar al actor el salario al que tenía derecho, por las siguientes razones:

Desde la contestación de la demanda la sociedad accionada siempre negó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes a partir del 10 de febrero de 1998, fecha en la que se celebró la oferta mercantil de promesa de cesión de cuotas o partes de interés social en la sociedad demandada, ello, muy a pesar de que el caudal probatorio examinado en sede de casación y en esta instancia, demuestran todo lo contrario.

En efecto, en dicha pieza procesal, el apoderado de la encartada, al contestar el hecho 5.1., manifestó que desde la fecha antes anotada el demandante "dejó de prestar sus servicios a la demandada"; al responder el 5.2. señaló que a partir de la suscripción de la referida oferta, la calidad del actor "cambió sustancialmente por cuanto pasó de ser trabajador a proveedor de servicios clínicos a la unidad renal de Asistencias Hospitalarias Ltda. bajo la modalidad de Consultoría Médica Independiente..."; o que era imposible a la empresa dar por terminado un contrato de trabajo inexistente.

No obstante lo dicho en dicha pieza procesal, en el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la demandada, admitió que entre el 15 de agosto de 1994 y el 30 de mayo de 2002 (sic), la empresa, conforme algunas nóminas, pagó remuneración al demandante por servicios que debía prestar a la misma y, además, que durante ese mismo período efectuó aportes a la seguridad social (fls. 87 a 89).

Esta última afirmación es susceptible de verificarse con la prueba documental que corre a folios 95 a 120 y 212 a 215, en donde figura el actor afiliado al sistema general de pensiones por cuenta de la demandada, aun después de haberse celebrado la mencionada oferta mercantil el 10 de febrero de 1998.

De igual modo, y conforme a la prueba documental vertida a folios 19 a 25, 285, 287, 292 y 294, con absoluta certeza se puede afirmar que la demandada, con posterioridad al 10 de febrero de 1998, continuó pagando salarios al demandante y, en los meses de marzo, mayo y agosto de 1998 denominó honorarios el pago efectuado al trabajador en esas mensualidades (fls. 284, 286 y 298).

De la misma manera el testimonio de quien para la época de la celebración de la oferta mercantil se desempeñaba como gerente jurídico de una de las compañías adquirentes del capital social de la demandada, señor Hernán Barrios Vega, deja en claro que con posterioridad a la firma de la mencionada oferta, la relación laboral del actor con la demandada continuó. Esto dijo el testigo:

"En conclusión y en relación con las pretensiones de la demanda y de los hechos con los cuales se me ha citado a declarar debo decir que entre la Sociedad Asistencias Hospitalarias Ltda. sí existió una relación laboral con el señor Eduardo Chegwin pero que la misma contemplaba el pago de un salario integral... Una vez la Sociedad Asistencias Hospitalarias es adquirida por RTS Colombia Ltda. y su filial RTS Servicios de Salud Ltda. el señor Eduardo Chegwin continuó vinculado laboralmente a Asistencias Hospitalarias Ltda. devengando el salario integral señalado de nómina, así como de las plantillas de aportes a la seguridad social que figura en la sociedad asistencias hospitalarias" (fl. 336).

A su turno, como se anotó en sede de casación, Juan Carlos Lozano, Gerente General y Representante Legal de la sociedad RTS Colombia Ltda., una de las empresas que adquirió parte del capital social de la demandada, expuso lo siguiente:

"... durante la negociación uno de los puntos que se definieron era que se iba a continuar con las mismas condiciones que se tenían anteriormente y que los cambios los ibamos (sic) hacer en la medida que conocieron la empresa y los manejos administrativos de esta (sic), para evitar que la compañía sufriera cambios bruscos, en ese orden de ideas como el doctor CHEGWIN tenía un contrato laboral con nosotros en el cargo de asesor comercial para las contrataciones y cobros, que era que le (sic) nos decía y que el (sic) de ese tipo, y en ese sentido la empresa acepto (sic) la transacción en tal sentido, es decir, que el doctor CHEGWIN estaba vinculado laboralmente" (fl. 363).

Las anteriores pruebas tienen la suficiente contundencia para desvirtuar lo dicho por la sociedad llamada al pleito, desde que contestó la demandada, en el sentido de desconocer la existencia de un vínculo laboral con el demandante después de llevarse a cabo la suscripción del contrato de promesa de cesión de cuotas o partes sociales de la empresa accionada, lo cual demuestra que no hubo buena fe en su comportamiento laboral.

Es cierto que la demandada adujo que el actor no le prestó servicios, pero en el plenario hay suficientes elementos de juicio que demuestran lo contrario. Con todo, esa no sería razón para negar el pago de la retribución en la forma acordada, pues era claro que sabía que había un contrato de trabajo vigente, ya que de no ser así no hubiese efectuado aportes al sistema de seguridad social y no puede perderse de vista que al contestar la demanda, como se anotó en precedencia, asentó: "... pero los valores que se pagaron por los servicios que debió prestar y no prestó el demandante fueron de una remuneración integral, pero aun aceptando hipotéticamente que hubiera sido de salario el mismo tendría la modalidad de salario integral con las consecuencias legales previstas para esta modalidad".

Por esta razón, la Sala confirmará la condena impuesta por el juez de primer grado, modificándola en cuanto al salario diario base para su imposición, tasándolo en $ 400.000 diarios a partir del 1º de junio de 2000 y hasta cuando se paguen los salarios adeudados.

F. Indexación:

Se confirmará la decisión absolutoria del juzgado, dada la prosperidad de la pretensión alusiva a la indemnización moratoria, la cual se torna incompatible con esta.

Sin costas en casación teniendo en cuenta la prosperidad del recurso. Las de instancias estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley casa totalmente la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dictada el 17 de febrero de 2006 en el proceso ordinario laboral que promovió Eduardo Enrique Chegwing Goelkel contra Asistencias Hospitalarias Limitada.

En sede de instancia, la Corte RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá el 28 de junio de 2005, en cuanto condenó a pagar auxilio de cesantía, intereses a las cesantías y primas de servicios, para en su lugar, ABSOLVER por las mismas. Se declara prescrita la acción para reclamar las prestaciones sociales causadas antes del 16 de octubre de 1999.

2. MODIFICAR la sentencia del Juzgado en cuanto condenó a pagar a favor del actor la suma de $ 68.073.639 por reajuste salarial y, a cambio de ese monto, se fija la suma de $ 43.462.999 por dicho concepto.

Se declara probada la excepción de prescripción de la acción para reclamar la diferencia en los salarios causados antes del 16 de octubre de 1999.

3. MODIFICAR la sentencia del juzgado respecto de la condena impuesta por compensación en dinero de las vacaciones, para fijarla en $ 4.750.000.

4. MODIFICAR la sentencia de primer grado en cuanto condenó a la demandada a reconocer y pagar al actor, a título de indemnización moratoria, una suma diaria de $ 500.000 a partir del 1º de junio de 2000 y hasta cuando pague las condenas impuestas, para en su lugar fijar por ese concepto la suma diaria de $ 400.000.

5. CONFIRMAR la sentencia del a quo en los demás.

Sin costas en casación. Las de instancias estarán a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».