Sentencia 29753 de enero 27 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 29753

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C, veintisiete de enero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «En consecuencia, como de lo que se trata es de precisar si en este caso las víctimas del múltiple homicidio son “personas internacionalmente protegidas” en los términos del numeral 9º del artículo 104 del Código Penal, como lo declararon los juzgadores, o si, en cambio, son personas protegidas por el derecho internacional humanitario conforme las condiciones previstas en el artículo 135 ejusdem, por razones de método se analizará una y otra disposición a fin de adoptar la determinación que en derecho corresponda.

1.1. Homicidio en persona internacionalmente protegida.

Esta causal específica de agravación del homicidio fue incorporada por el legislador en la Ley 599 de 2000, sin especificarse allí el sujeto pasivo cualificado de la conducta atentatoria contra la vida. Se precisa sí que la persona internacionalmente protegida es “... diferente a las contempladas en el título II de este libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia”.

Por manera que para determinar el ámbito de aplicación de aquella agravante del homicidio, se impone la remisión a las disposiciones legales en las cuales se define el concepto de persona internacionalmente protegida.

A ese respecto, como lo ha precisado la Sala y así se desprende de sus antecedentes legislativos, el sujeto pasivo calificado incluido en el numeral 9º del artículo 104, se halla precisado en las leyes 169 de 1994 y 195 de 1995, aprobatorias, en su orden, de la “Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos”(8) y el “Convenio para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional”(9), como así se dejó señalado en la ponencia para primer debate ante el Senado de la República del proyecto de Ley 040 de 1998, a la postre sancionado como Ley 599 de 2000(10).

Así, de conformidad con el artículo 1º, numeral 1º, de la Ley 169 de 1994, son “persona internacionalmente protegida” las siguientes:

“… a) Un jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegiado, cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla las funciones de jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, siempre que tal persona se encuentre en un Estado extranjero, así como los miembros de su familia que lo acompañen;

b) Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización intergubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios de transporte, tengan derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o a dignidad, así como los miembros de su familia que formen parte de su casa”.

De acuerdo con la anterior clasificación, fácil se colige que los miembros de la etnia Kankuama que perdieron su vida por el accionar de miembros de las autodefensas unidas de Colombia el 8 de diciembre de 2002 en el corregimiento de Atánquez, no pertenecen a alguna de las categorías de personas internacionalmente protegidas, pues ni se trata de jefes de Estado de visita en el país, ni son autoridades de similar jerarquía, familiares de estos, o agentes diplomáticos.

En consecuencia, surge evidente el yerro del sentenciador en la aplicación de la causal 9ª de agravación del homicidio consagrada por el artículo 104 del Código Penal, decisión que bien está precisar no estuvo acompañada en los fallos de primera o segunda instancia, de análisis alguno acerca de las personas a las cuales hace referencia la expresión contenida en la norma aplicada.

De haber efectuado los falladores tan elemental ejercicio de remisión a las normativas que regulan el tema, con el fin de complementar aquel tipo penal en blanco inmerso en el numeral 9º del artículo 104 del Código Penal, habría advertido la abierta impertinencia de aplicarlo a los hechos materia de este proceso.

1.2. El homicidio en persona protegida.

El homicidio en persona protegida fue incorporado a la legislación nacional a través del artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en su título II, correspondiente a los “delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, bajo la siguiente descripción típica:

“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.

PAR.—Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil.

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.

4. El personal sanitario o religioso.

5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.

6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.

7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.

8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse”.

Acerca de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, se recordará cómo tales conceptos remiten a los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, suscritos por la comunidad internacional dada la creciente necesidad que surgió por aquella época, en orden a adaptar las reglas preexistentes para la regulación de los enfrentamientos bélicos, cuyo marco fue desbordado con los actos atroces acaecidos en la segunda guerra mundial, convenios posteriormente adicionados a través del Protocolo I que regula específicamente la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y del Protocolo II que se ocupa de la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales.

Para el caso colombiano, la incorporación de dispositivos penales específicos en orden a brindar protección a las personas y bienes amparados por el derecho internacional humanitario, no solo se vincula al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el concierto internacional con la suscripción de los cuatro convenios de Ginebra y los dos protocolos adicionales, sino además, por la inaplazable necesidad de establecer un marco jurídico específico que regulara desde la perspectiva del control penal punitivo, los graves atentados contra la población civil en desarrollo del conflicto armado no internacional que enfrenta la Nación desde hace ya varias décadas, como consta en la exposición de motivos del proyecto de Ley 040 de 1998, hoy Código Penal de 2000, así:

“… En la situación de conflicto armado interno que padece Colombia, muchas de las conductas vulneratorias o amenazadoras de derechos humanos, constituyen a la vez infracciones al derecho internacional humanitario. Son ellas actuaciones u omisiones con las cuales quienes participan directamente en las hostilidades —los combatientes— incumplen los deberes o quebrantan las prohibiciones que les ha impuesto el artículo 3º común a los cuatro convenios de Ginebra y el Protocolo II adicional (...).

En la propuesta legislativa se incluye un capítulo especial denominado “conductas punibles contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, que agrupan una serie de tipos penales que describen y penalizan aquellos comportamientos que representan las más graves infracciones a esa normatividad internacional que Colombia se comprometió a respetar y a aplicar (...).

Las razones de conveniencia y necesidad para la creación de estas conductas punitivas emergen en forma ostensible del agudo conflicto bélico que afronta el país”.

En el caso que concita la atención de la Sala, no se remite a duda que las víctimas del múltiple homicidio fueron miembros del resguardo indígena Kankuamo que habitan el corregimiento de Atánquez, ubicado en proximidades de Valledupar. Se sabe además, conforme a los hechos probados en las instancias, cómo esos ciudadanos no pertenecían a ningún grupo armado ilegal, habitaban en una zona de la geografía nacional azotada por acciones armadas de grupos de guerrilla y paramilitares que se disputaban el control territorial y no ofrecieron resistencia alguna ante la incursión acaecida el 8 de diciembre de 2002.

Desde tal perspectiva, es claro que las víctimas ostentan la calidad de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, en los términos del parágrafo único, numeral 1º del artículo 135 del Código Penal y no la de personas internacionalmente protegidas, como equivocadamente se afirmó en la sentencia materia de este recurso.

A su vez, encuentra la Sala que pese a la negativa de los sentenciadores a reconocer que los homicidios se produjeron en el contexto de esa inocultable realidad —el conflicto armado no internacional—, las circunstancias fácticas puestas de presente en los fallos permiten afirmar que sí medió tal vínculo, el cual sin duda obligaba a sancionar los atentados contra la vida con apoyo en las previsiones del homicidio en persona protegida, por ser esta la norma que de manera más exacta recoge los hechos acaecidos el 8 de diciembre de 2002, en el corregimiento de Atánquez, Cesar.

En ese sentido, véase cómo las sentencias de primera y segunda instancia, pese a encontrar probatoriamente demostrado que los homicidios de los cuatro miembros de la etnia Kankuama fueron realizados por integrantes de las autodefensas unidas de Colombia, en desarrollo de una de sus incursiones armadas a la referida población y con ocasión de la colaboración presunta de algunos miembros de esa comunidad a la guerrilla, argumentaron en sentido inverso a esa realidad demostrada, afirmando que tales hechos no aparecían vinculados al conflicto armado no internacional. Así, se sostuvo en la sentencia de primera instancia:

“... Pese a no desconocer el juzgado que la masacre es un crimen de lesa humanidad, en estricta tipicidad este homicidio múltiple no encaja en el art. 135 C.P. ... si en cuenta tenemos que para que se tipifique este delito se requiere que haya recaído en civiles que sean protegidos con ocasión y en desarrollo de conflicto armado.

La sala de apelación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en sentencia del 2 de octubre de 1995, con ocasión del asunto ‘Tadic’ define el conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre estados, o cuando se da entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos dentro del Estado.

Estos presupuestos no se dan en este caso, y menos aun si en cuenta tenemos que la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia en fallo de febrero 4 de 1999 considera que se presenta un combate cuando quiera que tenía lugar un enfrentamiento armados entre combatientes, una acción militar de carácter regular o irregular contra el legítimo contradichos, determinable en el tiempo y espacio.

Así las cosas, si en este caso no hubo enfrentamiento, sino una especie de castigo a las víctimas que en sentir de los ilegales le colaboraban a la guerrilla y por ello los asesinaron en indefensión ... entonces se concluye que el homicidio en concurso se ubica es en el artículo 103 C.P. agravado conforme lo imputó la fiscalía al acusado en la indagatoria, entre dichas circunstancias de agravación está la contemplada en el artículo 104 numeral 9º, esto es, en persona protegida internacionalmente diferente de las contempladas en el título II capitulo único del Código Penal”(11).

Y la misma tesis fue complementada en la sentencia de segunda instancia, con los siguientes argumentos:

“... Quizás por ahondar en discurso teórico, citas impertinentes e incluso caóticas, la fiscalía no se detuvo en el análisis elemental de la situación pragmática. Nadie puede negar que las AUC constituyen una organización armada irregular que cumple formalmente con las exigencias internacionales como para ser consideradas contradictores válidos de la guerrilla y, por eso mismo, deberían sujetarse la tales regulaciones y respetar no solo la vida sino los más elementales derechos de la población civil no alineada con aquella.

Discurso magnífico y si se quiere magnánimo que se quedó en eso: un simple cacareo, ya que entre los ‘bandos’ —por colocarles algún nombre— no existe tal contradicción sino un frío matrimonio de intereses ilegales… Para decirlo sin perífrasis: cero filosofía, cero ideales, cero políticas propias del combatiente definido por el derecho internacional humanitario y por la recurrente.

Si no hay combates entre grupos irregularmente armados, menos pudo haberlos en los hechos ocurridos en Atánquez en los cuales con prepotencia y desprecio se humilló y masacró a unos indígenasdesarmados e indefensos, en presencia de todo el pueblo. El combatiente, para que en el derecho internacional pueda reclamar tal nombre, requiere —aparte de serlo— aplicar o estar en condiciones de aplicar toda la normatividad relativa a los conflictos armados...

Desde luego que las víctimas Kankuamas del 8 de diciembre de 2002 en Atánquez, no fueron destruidas por combatientes, ni en actos de combate propios de un conflicto interno, ni tampoco con ocasión de este o de aquellos.

Que se pretenda colocar como causa… la existencia de un conflicto interno significa desconocer que una cosa es la ocasión y otra su disfraz (...) ¿Qué alguien afirmó que a los indígenas les dieron muerte por colaborar con la guerrilla? Sí. Lo cual no pasa de un simple pretexto que no orienta filosofía ni ideal alguno y que obliga a razonar al contrario para afirmar que, entonces, toda retaliación homicida por los miembros de las AUC o de la guerrilla tendría que encasillarse en el artículo 135 del Código Penal(12).

Examinadas las anteriores posturas, encuentra la Sala que la inaplicación del artículo 135 del Código Penal a los hechos juzgados, devino en virtud de varios supuestos errados como son:

(i) Que el ámbito de aplicación de tal dispositivo se restringe a las muertes causadas en desarrollo de un combate, desconociéndose así que lo demandado en el tipo penal es que estas acaezcan en desarrollo o con ocasión del conflicto armado y que recaiga sobre persona protegida por el derecho internacional humanitario

En efecto, las expresiones de “combate” y “conflicto armado”, aparecen mencionadas en los fallos como sinónimas, cuando lo cierto es que cada una tiene distinto significado.

El combate, conforme lo ha expresado la Sala en múltiples determinaciones una de las cuales es citada por el a quo, comporta una acción militar entre bandos opuestos determinable en tiempo y espacio. El conflicto armado, en cambio, es de mayor cobertura: en términos del artículo 1º del Protocolo adicional II a los convenios de Ginebra de 1949, corresponde al enfrentamiento al interior de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados, o entre estos entre sí, que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

En ese escenario, es claro que el conflicto armado se desarrolla a través de distintas manifestaciones, una de ellas el combate entre las fuerzas armadas que protagonizan las hostilidades, no siendo esa su única forma de materialización. Así, las acciones militares “sostenidas y concertadas” incluyen labores de patrullaje y todas aquellas dirigidas a ejercer control sobre ciertos sectores de la población o la restricción de su movilización, entre otras, siendo a partir de la constatación de su presencia que puede predicarse precisamente la existencia de un control territorial.

Naturalmente, cualquiera sea la manifestación del conflicto, subsiste para los miembros de las organizaciones armadas ilegales la obligación de mantener al margen de su accionar a las personas y bienes protegidas por el derecho internacional humanitario.

En el presente caso, el proceso da cuenta de manera prolija acerca de las circunstancias en las cuales se produjo el homicidio múltiple de miembros de la etnia Kankuama el 8 de diciembre de 2002, esto es, en medio de una operación militar llevada a cabo por más de sesenta hombres armados pertenecientes a las autodefensas unidas de Colombia, como lo hallaron probado las instancias.

Pero además, las pruebas también revelan que ese accionar no fue un caso aislado: son múltiples las referencias procesales en cuanto a la existencia de otras incursiones armadas al mismo corregimiento de Atánquez y a sitios aledaños al mismo por parte de las autodefensas unidas de Colombia, como la presencia permanente de sus miembros en dicha zona, quienes efectuaban control sobre la población y retenes en los caminos, ocasiones en las cuales tras identificar a quienes presuntamente colaboraban con la guerrilla, procedían a darles muerte, accionar coincidente en cuanto a su modalidad y tiempo con los homicidios materia de esta actuación.

Así las cosas, las circunstancias antecedentes y concomitantes a los hechos materia de este proceso, no permiten en modo alguno calificarlos de aislados a la situación de conflicto que se presentaba en la región para la época en que ocurrieron, sino que aparecen claramente vinculados con las acciones militares realizadas por el ejército irregular autoproclamado como de “autodefensa” que durante un prolongado lapso se disputó tal territorio con la subversión.

Por lo demás, no puede dejar de mencionarse que la cita jurisprudencial efectuada en el fallo de primera instancia para descartar la relación entre los homicidios de los indígenas Kankuamos y el conflicto armado, no pudo ser más desafortunada.

En efecto, en dicho precedente(13) examinaba la Sala si era factible la aplicación ultraactiva del artículo 127 del Decreto-Ley 100 de 1980, que como se recordará regulaba la exclusión de pena a favor de rebeldes y sediciosos respecto de “los hechos punibles cometidos en combate”(14), determinándose cómo para ese caso concreto resultaba improcedente su reconocimiento por cuanto el acontecer juzgado no había tenido lugar dentro de una confrontación armada entre contrarios, esto es, en un combate.

Ninguna relación, entonces, puede predicarse entre el concepto de combate allí concretado y el correspondiente al conflicto armado no internacional desarrollado por las normas del derecho internacional humanitario y complementario de los tipos penales referidos a las violaciones contra personas y bienes protegidos.

Se imponía entonces acudir a estas últimas disposiciones, contenidas en especial en el Protocolo II adicional a los cuatro convenios de Ginebra, para determinar, de cara a la realidad procesal, si mediaba o no el vínculo entre los delitos juzgados y el conflicto armado no internacional, ejercicio que no implica un simple discurso teórico, como se afirma en el fallo del Tribunal Superior de Valledupar.

(ii) Que entre la guerrilla y las autodefensas no hay combates sino un frío matrimonio de intereses ilegales, lo cual impide calificar los hechos como acaecidos en desarrollo de un conflicto armado:

Acerca de estos supuestos, encuentra la Sala que en su elaboración se desconoce una verdad incontrastable, como es la existencia de grupos armados organizados que bajo la forma de aparatos militares irregulares, llevan a cabo operaciones de esa misma naturaleza disputándose el control territorial de vastas zonas del país, entre ellas, donde tuvieron lugar las muertes acá investigadas.

No puede dejarse de lado que el Estado colombiano ha reconocido por diferentes vías la existencia del conflicto armado no internacional, como también a los grupos guerrilleros y de autodefensa como parte del mismo, con ocasión de la expedición de leyes como la 782 de 2002 y la 975 de 2005.

En tal sentido, acerca del ámbito de aplicación de los tipos penales contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, precisó la Sala en reciente decisión(15):

“Para la aplicación de los delitos tipificados en el título II de la parte especial del Código Penal de 2000, se requiere, en primer lugar, la concurrencia de un elementos normativo especial, a saber, la existencia de una situación que pueda ser calificada como “conflicto armado” no internacional, porque todos los tipos penales allí consagrados requieren que la conducta se ejecute en desarrollo o con ocasión del mismo (...).

No desconoce la Sala que el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado es un acto político de complicadas consecuencias, que no corresponde declarar a la judicatura, pero esa situación no impide que ... el operador judicial, al momento de investigar y juzgar las conductas que pueden encajar en las descripciones típicas de los “delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, verifique la existencia de esa situación en aras de salvaguardar los valores protegidos por el derecho internacional humanitario, que están por encima de cualquier consideración política.

En este sentido, la verificación judicial de que ciertos comportamientos se encuentran vinculados con el conflicto armado, se halla legitimada en el contexto de la Ley 975 de 2005, precisamente porque el acto político ya ha sido consignado expresamente dentro de los fundamentos de la norma, en particular, cuando allí se establecen como fines de la misma la consecución de la paz y la reconciliación nacional, significando de entrada que la desmovilización que allí se consagra opera respecto de miembros de grupos armados al margen de la ley, cuyo accionar no podría desvincularse del derecho internacional humanitario”.

Así las cosas, ha de tenerse por descontado el reconocimiento estatal de la existencia de un conflicto armado no internacional y la expresa previsión legislativa acerca de la naturaleza de los grupos de autodefensa como uno de sus actores, sin que lo último les otorgue algún estatus especial(16), como adelante se determinará.

Estrechamente vinculado con las anteriores precisiones, debe reiterarse que los acontecimientos demostrados en el proceso, ciertamente apuntan a revelar esa conexión entre el delito y el conflicto armado, tanto por las características de la incursión a Atánquez del 8 de diciembre de 2002, como por la sucesión de acciones similares antes y después de ella, claramente perfiladas como operaciones militares por parte de fuerzas irregulares.

Y si el motivo de las muertes de indígenas kankuamos el 8 de diciembre de 2002, como de otros tantos acaecidos en distintas fechas y similares circunstancias, aparecen probatoriamente ligados con su presunta colaboración con la guerrilla, resulta intento fallido negar su vinculo con el conflicto armado no internacional, argumentando que esa es solo su excusa pues el grupo de autodefensas solo quiso ultrajar y humillar a los indígenas.

Precisamente, por razón de ello, que implica el irrespeto al “principio de distinción”(17) que gobierna la regulación de los conflictos en el marco del derecho internacional humanitario, se impone con mayor razón adecuar la conducta al delito de homicidio en persona protegida, que como se verá antes de constituir una gracia, comporta una sanción más severa.

(iii) Que la ausencia de filosofía e ideales del grupo armado ilegal impide aplicar las normas del derecho internacional humanitario a los hechos investigados.

A este respecto, la confusión del fallador acerca del radio de acción de las normas del derecho internacional humanitario resulta mayúscula.

En primer lugar, parte del supuesto errado que su aplicación implica una especie de reconocimiento de legitimidad a favor de la organización armada ilegal que hace parte del conflicto.

Nada más equivocado, por cuanto esa regulación por manera alguna legitima la guerra internacional o interna, sino que, a partir de su reconocimiento objetivo cuando ella se desata y atendiendo los padecimientos que sufre la población en tal escenario, regula un marco jurídico de protección en su favor y establece límites de las acciones militares para que estas, ya dañinas e indeseadas de por sí cualquiera sea el motivo que las desencadena, causen el menor mal posible, amparando entonces a los contendientes que han sido vencidos y han depuesto las armas, al personal sanitario, etc. Precisamente, en torno a la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, de antaño la Sala ha expresado(18):

“... no es cierto que las normas del derecho internacional humanitario legitimen la guerra o la existencia de los conflictos armados internos o el recurso a instrumentos bélicos por grupos armados irregulares o cualquier forma de ataque, sino que su filosofía, propósitos y principios buscan humanizar la guerra, evitar sus excesos y limitar los medios y métodos de acción, y, por lo tanto, no pueden ser sofísticamente interpretadas en el sentido de que autorizan, permiten o legitiman conductas como las que ocupan la atención de la Sala, sino que, por el contrario, aparece claro que las proscriben”.

Y sobre los efectos que apareja vincular los homicidios al conflicto no internacional y la consecuente aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, tema que en última instancia parece alentar la postura esgrimida por el ad quem, importa señalar que ello no otorga a los autores de estos hechos estatus de beligerancia, como con toda claridad lo expuso la Corte Constitucional en sentencia C-225 de 1995 a través de la cual se adoptó como legislación interna el Protocolo II adicional a la convenios de Ginebra. En tal dirección la Sala ha expresado(19):

“... la constatación de la existencia de un conflicto armado no internacional, es decir, de una situación de hecho, es una cuestión completamente distinta al reconocimiento de beligerancia de los actores del conflicto. Hoy, jurídicamente, está descartado por el artículo 3º común a los convenios de Ginebra que la aplicación de las normas humanitarias tenga efecto jurídico sobre el estatuto de las partes contendientes”.

Por lo anterior, razón asiste al procurador delegado cuando señala la impertinencia de los argumentos del ad quem acerca de la ilegitimidad y ausencia de ideales de las autodefensas, como fundamento para inaplicar las disposiciones del derecho internacional humanitario.

Ciertamente, tal postura llevaría al equívoco de estimar que solo ha de reconocerse la existencia del conflicto armado no internacional cuando el accionar de los bandos enfrentados tiene apoyo en causas altruistas y, aun más grave, condicionaría la aplicación de la normatividad internacional acerca de los límites y la sanción de los excesos generados en su desarrollo, a aquellas confrontaciones subjetivamente calificadas como “justas”.

Pero además, si el legislador estableció una pena más severa para el homicidio en persona protegida, de la prevista cuando concurre cualquiera de las causales de agravación del homicidio simple, surge evidente que en la escala de protección de bienes jurídicos la primera conducta se erige como de mayor gravedad.

En consecuencia, su aplicación en eventos razonablemente vinculados con el conflicto armado no internacional, como acá sucede, ningún favor representa para los miembros de la organización armada ilegal que en desarrollo de las hostilidades incurren en abusos y atropellos contra miembros de la población civil.

En efecto, cuando a partir de la toma militar de una población por parte de miembros de una organización armada ilegal con presencia en la región y bajo órdenes de un mando responsable, se ejecutan actos homicidas contra simples pobladores no participes de las hostilidades, a quienes sin más se les somete y ajusticia, es donde con mayor razón se torna consecuente calificar los homicidios como cometidos en persona protegida, conforme lo reclama la casacionista y lo sugiere con acierto el procurador delegado para casación en su concepto.

Por todo lo anterior, el cargo prospera, motivo por el cual será parcialmente casada la sentencia del Tribunal Superior de Valledupar, con miras a declarar a Mario José Fuentes Montaño penalmente responsable del delito de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo».

(Sentencia de casación, 27 de enero de 2010. Radicación 29573. Magistrado Ponente: Dr. José Leonidas Bustos Martínez).

(8) Nueva York, 14 de diciembre de 1973.

(9) Nueva York, 2 de febrero de 1971.

(10) Gaceta del Congreso 280, del viernes 20 de noviembre de 1998.

(11) Cfr. Folios 85 y 86, cuaderno 3. Negrillas fuera de texto. Resaltos de la Sala.

(12) Cfr. Fl. 26 a 28, cuaderno tribunal. Resaltos y subrayas de la Sala.

(13) Correspondiente a la sentencia de casación del 4 de febrero de 1999, radicación 11837.

(14) Norma excluida del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional mediante sentencia C-456 de 1997, por hallarla contraria a la Carta.

(15) Cfr. Radicación 32022, auto del 21 de septiembre de 2009.

(16) Tampoco la calidad de sediciosos o rebeldes, como ha tenido ocasión de precisarlo esta Sala.

(17) Según el cual los protagonistas de las hostilidades están obligados a distinguir entre los opositores y la población civil, manteniendo al margen de sus operaciones a estos últimos.

(18) Cfr. sentencia de casación del 27 de agosto de 1999, radicado 13433.

(19) Cfr. auto del 21 de septiembre de 2009, radicación 32022. Resaltados fuera de texto.