Sentencia 29775 de octubre 15 de 2009

 

Sentencia 29775 de octubre 15 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 29.775

Acta Nº 36

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., quince de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Corte

1. La Ley 797 de 2003 creó nuevos instrumentos jurídicos con la finalidad de encarar, con decisión, la afectación del tesoro público, que, desde distintos frentes y bajo múltiples modalidades, con sus efectos perniciosos y perturbadores, se ejercita en el país.

Al amparo de la noble teleología de evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagró la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, contenido ya en providencias judiciales, ora en conciliaciones o transacciones judiciales o extrajudiciales.

Su tenor literal es como sigue:

Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

“La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

“La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para éste en el mismo código y además:

“a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y,

“b) Cuanto (sic)la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

Obsérvese que esta nueva revisión viene prevista contra las providencias judiciales, las conciliaciones y las transacciones (judiciales o extrajudiciales). Pero no en todas las hipótesis, sino sólo cuando registren la obligación, a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, de pagar sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier estirpe.

En estos precisos casos, vale decir, providencias judiciales, conciliaciones y transacciones (judiciales o extrajudiciales), en cuya virtud se hace un reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos públicos la obligación de satisfacer sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza, la competencia para conocer del recurso de revisión se residencia en la Corte Suprema de Justicia o en el Consejo de Estado, de acuerdo con su órbita de atribuciones.

De suerte que en tales eventos el recurso de revisión no es de competencia de los tribunales superiores de distrito judicial ni de los tribunales administrativos. El juez natural es la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, o el Consejo de Estado.

Significa lo dicho que a los tribunales superiores de distrito judicial y a los tribunales administrativos les compete el conocimiento del recurso de revisión contra sentencias, conciliaciones y transacciones, en la eventualidad en que no hagan reconocimientos que impongan la obligación, a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier linaje.

Al compás de las anteriores precisiones, se exhibe palmar que la Sala de la Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para aprehender el conocimiento y decisión del recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, por cuanto la sentencia —cuya invalidez se recaba— impone a la Nación la obligación de pagar a personas naturales sumas periódicas o pensiones.

Resulta conveniente resaltar que la Procuraduría General de la Nación, por conducto de cualquiera de sus delegados, tiene vocación legítima para ocurrir a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y pedir la revisión e invalidación de una sentencia judicial que haga reconocimientos que impongan la obligación, a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier linaje.

Es de advertir que, en los términos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Procurador General de la Nación está facultado para solicitar la revisión de sentencias judiciales y conciliaciones o transacciones (judiciales o extrajudiciales), sin necesidad de petición o autorización de otra autoridad pública.

2. La revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 procede por las mismas causales prescritas en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Además cabe por estos otros dos (2) motivos:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso; y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido superare lo debido de conformidad con la ley, pacto colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, que le eran aplicables legalmente.

Un ejercicio serio y responsable ha de hacerse del recurso de revisión con fundamento en estas dos nuevas causales, en perspectiva de evitar su desnaturalización y la traición de sus nobles propósitos.

En ese sentido, su utilización debe reservarse para aquellas situaciones en que el quebranto del debido proceso y el exceso del monto de la prestación sean aberrantes y groseros, de modo que no sea preciso hacer rebuscadas elucubraciones para ver de establecer esas aberraciones y groserías.

Como ya lo advirtió esta Sala de la Corte, en la sentencia del 22 de abril de 2008 (Rad. 30.517), “la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione o hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la administración de justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales”.

3. Ya se dejó anotado que la revisión introducida por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tiene cabida en la hipótesis en que el reconocimiento, que imponga al tesoro público o a fondos públicos la obligación de satisfacer sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza, se haya obtenido con violación al debido proceso.

De manera que, en perspectiva de la definición del recurso de revisión, habrá de examinarse si la sentencia judicial o la conciliación o transacción (judicial o extrajudicial) se obtuvieron con desconocimiento del debido proceso, en cuyo caso deviene su invalidación.

Sin duda, el debido proceso es una de las grandes conquistas de una sociedad civilizada, en cuanto encarna el conjunto de garantías que se le brinda al ciudadano que ha acudido a los estrados judiciales, en procura de asegurarle, a la par de una recta y cumplida administración de justicia, la producción de resoluciones judiciales ágiles y rápidas, caracterizadas por unos firmes y sólidos fundamentos.

Por ello, el artículo 29 de la Constitución Política, en relación con toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, sin excepción alguna, dispone, en términos lapidarios, que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

El debido proceso se traduce en que las leyes determinen el procedimiento a que deben someterse los distintos asuntos llevados a las instancias judiciales; las etapas o compartimentos estancos en que se desarrolla el proceso; las formas de valerse del proceso en aras de lograr el reconocimiento o satisfacción de los derechos recabados por las personas; el interés para acogerse a él; los funcionarios competentes; los medios de defensa y de impugnación de que disponen las partes y quienes intervienen en el juicio; los términos y oportunidades que deben observarse para el desarrollo de los diferentes actos de postulación y de gestión; y los plazos de que gozan los jueces para dictar sus decisiones, en procura de una pronta y oportuna administración de justicia.

De manera que el debido proceso encierra, en síntesis, la garantía de un juez natural, previamente señalado por las normas legales; el seguimiento de un procedimiento, de antemano fijado por la ley; al igual que la oportunidad y prontitud de la respuesta judicial que resuelva el conflicto jurídico.

Definitivamente, un juez o tribunal competente, investido de la potestad estatal de decidir el derecho sustancial, con vocación legítima de brindar una tutela jurídica efectiva, que se traduzca en la resolución definitiva de la controversia jurídica sometida al escrutinio de los jueces, es parte integrante y fundamental del debido proceso.

A nadie escapa que la existencia de un juez o tribunal competente impregna de validez a los actos referidos al nacimiento, desarrollo y terminación del proceso.

La jurisdicción, por consiguiente, se erige en un aspecto de una importancia mayúscula para el proceso. Su ausencia impide entrar en el examen de fondo de las pretensiones formuladas por el demandante y de las excepciones propuestas por el demandado, como que es inmune a prórroga; y produce la esterilidad de la actividad procesal, en cuanto sobre ella pende el pregón de nulidad con el sello de insubsanable.

El ejercicio cabal y adecuado de la jurisdicción —potestad privativa del Estado y de la que gozan todos los jueces— reclama una división de ella en ordinaria, a la que se asigna el conocimiento del mayor número de asuntos, por su generalidad e indeterminación; y especiales, encargadas de decir o declarar el derecho en asuntos de una impronta concreta y determinada, como, por ejemplo, la de lo contencioso administrativo.

La jurisdicción ordinaria, justamente por su amplio y generoso radio de acción, se ha especializado en distintas ramas o disciplinas: civil y agraria; familia; laboral; penal.

Sobre el punto, esta Sala de la Corte, en la sentencia del 22 de abril de 2008 (Rad. 30.517), expresó:

“Para el adecuado ejercicio de esa facultad, que se insiste corresponde privativamente al Estado a efectos de dirimir los conflictos jurídicos que se suscitan entre los asociados, nuestra legislación ha dividido dicha potestad en sectores que se conocen de manera genérica como jurisdicciones, que vienen a ser las distintas disciplinas. Es por esto, que por razones de orden práctico se hace alusión a la “jurisdicción civil y agraria”, “jurisdicción penal”, “jurisdicción laboral”, “jurisdicción de familia”, “jurisdicción contencioso administrativa”, entre otras, dejando claro que a la luz de la carta política, con excepción de la última de las mencionadas han quedado dentro del marco de la jurisdicción ordinaria.

“La verdad es que al instituirse las citadas divisiones operativas de la potestad jurisdiccional del Estado, en nuestro medio se habla de la jurisdicción ordinaria o común, que en estricto sentido puede afirmarse corresponde a la que ventila mayor número de materias y que son de conocimiento de las autoridades judiciales ordinarias, como es el caso de los jueces municipales y del circuito, los tribunales superiores o la Corte Suprema de Justicia, y que tiene que ver con controversias de índole civil, familia, comercial, laboral, penal, agraria, etc.; las cuales difieren de las demás jurisdicciones que en su momento se denominaron especiales y que están encargadas de impartir justica sobre asuntos muy concretos, entre las que se cuenta con la contencioso administrativa, constitucional, indígena, etc.

“Así las cosas y como viene de advertirse, la anterior clasificación encuentra respaldo en el tratamiento que nuestra Constitución Política le imprime a los distintos organismos que componen la rama judicial, y específicamente en su artículo 234 del capítulo 4, que establece que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción “ordinaria”, y en los capítulos siguientes que consagran las otras o demás jurisdicciones, al igual que en lo señalado en el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 1º de la Ley 585 de 2000, que prevé que la rama judicial del poder público está constituida por:

“(...) 1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:

a) De la jurisdicción ordinaria:

1. Corte Suprema de Justicia.

2. Tribunales superiores de distrito judicial.

3. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia, de ejecución de penas, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;

b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

1. Consejo de Estado.

2. Tribunales administrativos.

3. Juzgados administrativos;

c) De la jurisdicción constitucional: Corte Constitucional;

d) De la jurisdicción de la paz: jueces de paz;

e) De la jurisdicción de las comunidades indígenas: Autoridades de los territorios indígenas.

2. La Fiscalía General de la Nación.

3. El Consejo Superior de la Judicatura”.

Existen, pues, reglas preconcebidas, conocidas de antemano, que determinan el ámbito de competencia de la jurisdicción ordinaria y de las jurisdicciones especiales.

El asunto atañe al funcionario o corporación judicial que, conforme al diseño constitucional y legal, le corresponde conocer, adelantar y definir el conflicto jurídico, según se trate de una materia genérica e indeterminada o, por el contrario, de una especial, concreta y determinada.

Cuando la controversia jurídica presenta aristas y contornos especiales, que la distancian de lo común y de lo general, su conocimiento y decisión se entrega a las jurisdicciones especiales.

Dentro de esa estructura constitucional y legal de la jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo, por ejemplo, no puede declinar su competencia en un asunto que le ha sido asignado y entregarla al juez ordinario, ni este puede asumir caprichosamente el conocimiento de un negocio que le ha sido encomendado a aquella. En ambos casos, se dejaría de soslayo al juez natural, o se haría a un lado al “juez o tribunal competente”,y, en tránsito por esa vía, se atentaría, abierta, franca y frontalmente, contra el debido proceso, al igual que se desbordaría, sin un título legítimo, el marco de garantías y derechos que la Constitución y las leyes brindan a las personas vinculadas a una actuación judicial.

Así lo precisó, la Sala, en la sentencia del 19 de mayo de 2009 (Rad. 32.783):

“La función de administrar justicia, como todas las que competen al Estado, es esencialmente reglada, y no puede ser ejercida, sino en virtud de las normas de contenido general que imponen obligaciones y deberes de acción y de abstención, que deben ser acatadas estrictamente por los órganos que constitucional y legalmente han sido creados para ese fin. En tal virtud, toda actividad que les sea asignada debe ser rigurosamente ejecutada, pero, también, lo que rebase el ámbito de la competencia, previamente fijada, genera la afectación del debido proceso, y además pone en situación de riesgo la juridicidad, que es un atributo inherente y esencial al Estado de derecho”.

Bien vale la pena puntualizar que, al paso que es falta de competencia la que se predica en la hipótesis de un juez de la jurisdicción ordinaria que conoce de un negocio que le corresponde a otro de una especialidad distinta dentro de ella, la falta de jurisdicción es la que se origina cuando el conocimiento de una controversia lo ha asumido un juez de la jurisdicción ordinaria y que es del resorte de un juez de una jurisdicción especial.

4. Importa precisar que no se discute la calidad de docentes del magisterio de quienes figuraron como actores en el proceso ordinario laboral adelantado contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE.

Justamente, el procurador delegado para asuntos del trabajo y de la seguridad social, fincado en una de las dos nuevas causales introducidas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 —cuya vigencia arrancó el 29 de enero de ese año— pretende que se invalide la sentencia con que finalizó aquel proceso ordinario laboral, dado que la condena al reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de cada uno de los docentes que fungieron como actores, se fulminó con violación del debido proceso, porque esta estirpe de prestaciones no es de aquellas gobernadas por la Ley 100 de 1993, en cuanto se trata de educadores que están exceptuados de la aplicación del nuevo sistema de seguridad social integral, a la luz de lo prescrito en el artículo 279 de aquel tejido normativo, de manera que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no la ordinaria, resulta ser la competente para conocer y resolver los conflictos jurídicos que se susciten en torno a esta clase de servidores públicos.

Dentro de ese marco de ideas, se exhibe evidente que la cuestión por dilucidar se contrae a establecer si el conocimiento y decisión de ese litigio en particular por parte de la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades del trabajo y de la seguridad social, transgredió el debido proceso, y, por consiguiente, se impone invalidar la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, que condenó a la Caja Nacional de Previsión Social a pagar pensión gracia a los docentes que la demandaron.

Importa recordar que esta Sala de la Corte ha sostenido, reiterada y pacíficamente, que la competencia para conocer y decidir los conflictos jurídicos que atañen a la seguridad social de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no se encuentra residenciada en la justicia ordinaria, en sus especialidades laboral y de la seguridad social, sino que tal competencia está radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De tal postura doctrinaria es ejemplo la sentencia del 28 de febrero de 2006 (Rad. 26.690), en la que se dijo:

“El recurso tiene como punto central, y preliminar como es natural, el debate sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de las controversias surgidas entre los demandantes, y el Fondo Territorial de Pensión del departamento del Putumayo, dependencia de ese ente territorial que carece de personería jurídica, lo cual no viene cuestionado por el censor. Por esta razón la Corte debe dilucidar ese aspecto previamente, porque de no existir esa competencia, contrario a como lo plantea el censor, es obvio que también carecería de ella la Sala para decidir cualquier discusión de fondo, como sería ya en este caso lo atinente al error denunciado en el último cargo.

“Cabe decir, en primer término, que desde 1999 la Sala ha venido dilucidando lo atinente a la competencia para conocer de las controversias relativas a la seguridad social en materia de pensiones, tema sobre el cual ha mantenido con coherencia su postura jurisprudencial, la que, sin embargo, concita todavía dudas no empece la unidad de criterio actualmente clarificada, dadas las posiciones asumidas tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado.

“Por ello se insiste, como se hizo en reciente decisión del 1º de noviembre de 2005 (Rad. 25425) que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el denominado “sistema de seguridad social integral” entendido como el conjunto armónico de instituciones, normas y procedimientos, conformado por los sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios consagrados en dicha ley, con el propósito de poner fin a la dispersión de regímenes y de entes administradores sobre la materia.

“A partir de ese momento se avanzó significativamente en el establecimiento de un sistema único y unas solas prestaciones, sin importar la clase de vínculo entre el servidor con su empleador; incluso contempló la posibilidad de afiliación de trabajadores independientes o contratistas autónomos.

“Ello, por supuesto, no fue suficiente, dado que en el aspecto pensional la reforma total y la unificación absoluta era imposible, al menos bajo la perspectiva democrática y las condiciones fiscales del país.

“Fue por eso que se mantuvo el sistema de multipilares, como lo denomina el Banco Mundial y uno de los más grandes propulsores, creándose un híbrido en el cual concurren el régimen contributivo y el subsidiado, y subsisten el de prima media y el de ahorro individual, así como se consagró nuevamente la institución de la transición. Pero, al tiempo, se mantuvieron regímenes especiales de ciertos servidores oficiales, expresamente excluidos del nuevo sistema.

“Paralelo a este proceso de unificación sustantiva, se empezó igualmente a implementar un proceso de unidad de jurisdicción con el fin primordial de que el conocimiento de las controversias derivadas de la aplicación del nuevo sistema se asignara a una sola de las dos que venían conociendo la materia, sin tener en cuenta, ahora, la naturaleza del vínculo entre el afiliado y la empleadora. Inicialmente se expidió la Ley 362 de 1997 cuyo artículo 1º dispuso que la jurisdicción del trabajo estaba instituida para conocer “de las diferencias que surjan entre las entidades públicas y privadas, del régimen de seguridad social integral y sus afiliados” con lo cual se pretendió materializar el propósito unificador de que antes se habló, bajo la idea de que el nuevo sistema iba a operar de manera perfecta y que las prestaciones siempre iban a estar a cargo de un ente de seguridad social, como lo entendió la jurisprudencia, de suerte que las controversias que surgieran siempre iban a estar en uno de los extremos de la disputa un ente de la seguridad social.

“Con la expedición de la Ley 712 de 2001 se profundizó y ahondó el proceso de unidad jurisdiccional antes referido. El artículo 2º atribuyó a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, de... “4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”. Fácilmente se advierte el énfasis para la determinación de la competencia en esta norma, que ya no es en el aspecto subjetivo de la relación en conflicto, es decir, la calidad de los intervinientes en el proceso (la entidad de seguridad social y sus afiliados), como lo preceptuaba la disposición anterior, sino en la materia objeto de la disputa, esto es, si la misma está referida a un tema de la seguridad social integral, cualquiera sea la naturaleza del hecho o acto o los sujetos involucrados, sin que sea determinante el que haya o no afiliación al sistema.

“El elemento definitivo para determinar la competencia es, ahora, objetivo: la prestación pretendida y no el carácter del sujeto obligado. Así se colige no tanto de la literalidad del precepto examinado, sino de la teleología de la misma, que no es otra distinta a la de atribuir a una sola rama de la jurisdicción el conocimiento de las controversias en este campo, con el fin de alcanzar el objetivo de unidad jurisprudencial y no que diversas jurisdicciones puedan pronunciarse sobre unas mismas prestaciones corriendo el riesgo de que se produzcan doctrinas contrapuestas, situación que el legislador quiso evitar.

“Pero esa regla procesal no es absoluta, porque —se reitera—, la pretendida unificación en el aspecto pensional no se pudo lograr en 1993, dadas las dificultades materiales señaladas. He allí la razón para que, ante la subsistencia de regímenes de pensiones que no obedecen al nuevo sistema integral, al quedar por fuera de éste deviene con obviedad que los conflictos jurídicos suscitados con relación a pensiones de los regímenes de excepción no necesariamente sean del conocimiento de los jueces del trabajo.

“Ello fue advertido en las sentencias del 6 de septiembre (rads. 12054 y 12289). Se dijo desde aquel entonces que las disparidades surgidas respecto de personas que ostentan la condición de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debían ser disputadas ante la jurisdicción contenciosa, criterio reiterado el 21 de noviembre de 2001 (Rad. 16519).

“Las excepciones a la regla general de la competencia de la jurisdicción laboral para resolver los litigios atinentes a las pensiones que conforman regímenes especiales, no regulados íntegramente por la Ley 100 de 1993, han sido ratificadas aun después de la reforma introducida por la Ley 712 de 2001.

“En reiterados fallos en los que ha sido debatido el tema del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, después de las reformas de las leyes 362 de 1997 y 712 de 2001, ha sostenido la Corte que la asignación de competencia a los jueces laborales excluye, por excepción, ciertas controversias que son actualmente del conocimiento de los tribunales administrativos, en lo cual coincide ahora el Consejo de Estado, cuya jurisprudencia se manifiesta con mayor amplitud en la sentencia del 30 de abril de 2003 (rad. interna 581-02).

“En sentencia del 4 de julio de 2003 (Rad. 20168) la Corte puso de presente su invariable enfoque sobre la temática, y sostuvo que en los términos señalados en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, por tratarse de pensiones que no se acompasan con el sistema contributivo del estatuto de 1993, ni se regulan bajo las exigencias técnicas que informan el nuevo sistema desde entonces en vigencia. Se agrega así una excepción más a las pensiones que entran en el espectro del régimen de transición garantizado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sobre lo cual ya se había hablado.

“Con este decantado criterio de la Sala guarda también coherencia la Sentencia C-1027 proferida el 27 de noviembre de 2002 por la Corte Constitucional, mediante la cual declaró la exequibilidad del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, en la cual se señaló que a pesar de la uniformidad normativa que se procuró con la Ley 100 de 1993, al no tratarse en rigor de pensiones del sistema de seguridad social integral, no existe impedimento constitucional alguno para que la competencia se mantenga incólume como venía antes de la expedición de la Ley 712. Consideró, además, que nada se opone a excluir del ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral las controversias relacionadas con los regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, por cuanto tal determinación corresponde a la amplia facultad del legislador para configurar el régimen de la seguridad social y las instituciones procesales sin desarticular el concepto de integralidad.

“Para la Sala de Casación Laboral ninguna duda cabe, pues, en que, en lo esencial, el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 tiene, en cuanto al asunto sub examine, similar alcance al artículo 2º de la Ley 362 de 1997. Se positivó, así, la exégesis que la Corte Suprema le había impartido a este último, en el sentido de que después de la expedición de la Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral es irrelevante la índole jurídica del vínculo entre el afiliado y la entidad a la cual prestó servicios personales, como tampoco la naturaleza del acto que reconoce o niega la prestación pensional. Es, pues, la materia de la controversia lo que define la jurisdicción competente y no el status jurídico del trabajador, como lo han sostenido las tres altas corporaciones judiciales prenombradas en sus correspondientes decisiones.

“Aplicados los prolegómenos anteriores al caso que ocupa a la Sala, es evidente que el litigio pensional sobre la cual versa el proceso no está asignado la jurisdicción ordinaria. En efecto, ninguna discusión existe en que una parte de los demandantes reclaman reajuste de pensiones otorgadas por la extinta Caja de Previsión Social del departamento del Putumayo, las cuales fueron reconocidas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 para los servidores no nacionales. Las pensiones del resto de accionantes, lo acepta de manera expresa el recurrente, quedaron a cargo del departamento del Putumayo a través de su Fondo Territorial de Pensiones. Quiere decir lo anterior que, indistintamente de la naturaleza de las funciones desarrolladas por los ex servidores de la entidad departamental, ninguna de las prestaciones jubilatorias argüidas en la demanda, para legitimarse por parte activa en el juicio, hacen parte del sistema cuya regulación entra en el ámbito de la Ley 100 de 1993 para los efectos pretendidos.

“No encuentra la Corte en ninguno de los discursos expuestos por el impugnante, argumento alguno para variar su repetida postura sobre la materia. Para finalizar, coherente con lo expuesto, carece la Corte de competencia para examinar si ocurrió yerro de valoración probatoria, dado que la falta de competencia de esta jurisdicción le impide pronunciarse de fondo y revisar la legalidad de la sentencia recurrida, motivo por el cual no se casará, como tampoco se condenará en costas, por no haber lugar a ello”.

De tal suerte que para la Sala la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades del trabajo y de la seguridad social, no tiene el conocimiento de las controversias que involucren personas pertenecientes a los regímenes de excepción.

Con esa posición jurídica comulga la Corte Constitucional, cuando, en Sentencia C-1027 de 2002, al aplicarse al estudio de definir la exequibilidad del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, apuntó:

“Por lo anterior, la Corte encuentra que nada se opone a excluir del ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral las controversias relacionadas con los regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, pues se repite, tal determinación corresponde a la facultad del legislador para configurar el régimen de la seguridad social y las instituciones procesales sin desarticular el concepto de seguridad social que consagra el artículo 48 Superior, respetando el principio del juez natural para la resolución de los conflictos que versen sobre esta materia (C.P., art. 29).

“Como ya se dijo la asignación de dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de  hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la citada Sentencia C-111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Además, la especialización que se hace de la justicia ordinaria laboral corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción.

“Así las cosas, la Corte no comparte la opinión del procurador en el sentido de que lo procedente es declarar inexequible la expresión “integral” del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, pues ha quedado claramente establecido que las personas pertenecientes a los regímenes de excepción, al igual que los afiliados al sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, también tienen derecho a acceder a la administración de justicia con arreglo a los criterios tradicionales que determinan el juez natural para conocer de las controversias relacionadas con la aplicación de dichos regímenes de excepción.

“En suma, el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 al atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula.

“Finalmente, es de anotar que en lo esencial el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es mutatis mutandi igual al artículo 2º de la Ley 362 de 1997, que acogió en forma más explícita la exégesis que las altas corporaciones de justicia le habían impartido. Valga recordar que en esas sentencias se precisó que después de la expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo ni los actos que reconocieron o negaron un derecho sustancial en esa materia, sino la relación afiliado, beneficiario o usuario, con la respectiva entidad administradora o prestadora de servicios de seguridad social integral. Por tanto, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción competente y no el status jurídico del trabajador. Igualmente se destacó que el legislador en ejercicio de la libertad política de configuración de normas jurídicas y en armonía con los artículos 150-23 y 228 Superiores, tiene un amplio margen de decisión para distribuir una competencia judicial dentro de las distintas jurisdicciones estatales, a fin de que una precisa autoridad judicial ejerza la jurisdicción del Estado en un asunto previamente señalado, bajo estrictos contornos de protección de la vigencia y primacía del debido proceso (C.P., art. 29). Por tanto, bien podía el legislador en ejercicio de esas innegables potestades asignar la competencia a la jurisdicción ordinaria para conocer de las controversias referentes a sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de su relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

“Conviene precisar que a (sic) contrario sensu, en lo que no conforma el sistema de seguridad social integral por pertenecer al régimen de excepción de la aplicación de la Ley 100 de 1993 o los regímenes especiales que surgen de la transición prevista en este ordenamiento legal, se preservan las competencias establecidas en los códigos Contencioso Administrativo y Procesal del Trabajo, según el caso, y por tanto sí influye la naturaleza de la relación jurídica y los actos jurídicos que se controviertan, en la forma prevenida en los respectivos estatutos procesales”.

La razón está de parte del recurrente, como que el Juez Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura no estaba legitimado para arrogarse la competencia del proceso promovido por Arnaldo Quintero Mosquera y otros contra la Caja Nacional de Previsión Social, atendido el hecho incontrastable de que la controversia jurídica sometida al escrutinio judicial versaba sobre el derecho a la pensión gracia de docentes del magisterio, exceptuados del sistema de seguridad social integral consagrado por la Ley 100 de 1993.

Se atribuyó tal agencia judicial una jurisdicción y una competencia que no le correspondían. En consecuencia, su actuación está viciada de nulidad insaneable.

Conforme se advirtió en precedentes líneas, cuando un despacho judicial ventila un asunto cuyo conocimiento corresponde a distinta jurisdicción —entendida no como la potestad de administrar justicia, porque de ella están investidos todos los jueces por el hecho de su nombramiento y posesión, sino como la atribución constitucional y legal de declarar o decir el derecho sobre temas genéricos o indeterminados (jurisdicción ordinaria) o sobre materias específicas, especiales, concretas y determinadas (jurisdicción especial)— se configura la causal de nulidad consagrada en el numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al rito laboral y de la seguridad social, merced a lo prescrito en el artículo 145 del estatuto correspondiente. Esta nulidad no es susceptible de saneamiento, en la medida en que afecta el interés general y no sólo el particular de uno o varios litigantes.

Por manera que el proceso adelantado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura estuvo siempre afectado de una nulidad insaneable, por falta de jurisdicción, que nunca fue advertida por el juez, de suerte que se estructura la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuya comprobación corresponde a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se impone, pues, la invalidación de la sentencia proferida por aquél, en cuanto ella y todo el juicio que la precedió se produjo al margen del debido proceso.

Una conveniente observación: para esta precisa revisión no es dable reclamar la aplicación de las consideraciones y conclusiones de la Sala en otros casos en que negó, también en sede de revisión, la pretensión tendiente a que se invalidase la sentencia cuestionada, por la sencilla razón de que ahí se decidió un conflicto negativo de competencia por la autoridad habilitada para ello —la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura—, en el sentido de atribuir el conocimiento del negocio a la jurisdicción ordinaria, lo que impedía a la Corte examinar de nuevo el tema, a despecho de no compartir esa determinación.

Tal ocurrencia procesal no se presentó en la revisión que ahora se define, ya que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura no provocó el conflicto negativo de competencia, sino que avocó directamente el conocimiento de la controversia que giraba en torno al reclamo del reconocimiento y pago de la pensión gracia en beneficio de docentes excluidos del régimen pensional instituido por la Ley 100 de 1993, sin acatar las reglas legales de competencia. En verdad, no era razón suficiente lo que hubiese resuelto el Consejo Superior de la Judicatura en otro litigio, dado el efecto relativo de sus decisiones, circunscrito a un juicio determinado.

Cumple advertir que la invalidación de la sentencia comporta que se declare nula la totalidad de la actuación surtida en el proceso ordinario laboral desde el auto admisorio de la demanda.

No compete a la Corte analizar y definir si quienes actuaron como demandantes tienen o no derecho a la pensión gracia recabada, justamente por carencia de jurisdicción. Serán aquéllos quienes decidirán si plantean sus pretensiones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La Sala considera que es del caso poner en conocimiento lo decidido a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, con remisión de copia de esta providencia y de toda la actuación cumplida en el presente recurso de revisión, a efectos de que investiguen cualquier conducta delictuosa y disciplinaria, en que los servidores públicos y abogados involucrados en la sentencia que fue materia de revisión hayan podido incurrir.

No hay lugar a condena en costas, por cuanto el recurso de revisión encontró prosperidad.

En mérito de las consideraciones que preceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. Resuelve

1.Se declara fundada la causal de violación al debido proceso contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 793 de 2003, propuesta en el recurso de revisión que instauró el señor procurador delegado para asuntos laborales y de la seguridad social, contra la sentencia pronunciada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, calendada el 21 de julio de 2005, dentro del proceso ordinario laboral promovido contra la Caja Nacional de Previsión Social por Arnaldo Quintero Mosquera, Angelina Aguirre García, César Armando Alfaro Saumet, Laureano Alfonso Coral Quintero, Fernando de Jesús Alvarán Tamayo, Aldemar Álvarez López, Dioselina Álvarez de Revelo, Marina Álvarez Fonseca, Olga Inés Álvarez Fonseca, Fabiola Alzate Vega, Leonor de las Mercedes Amórtegui de Núñez, Dagoberto Angee Cujiño, Germán Angulo Vela, Juan de Jesús Aponte Torres, Arnoldo Arce Quivano, José Arciniegas Herrera, José Artemo Arenas Ospina, Carlos Arturo Arias Hernández, José Samuel Arias López,  Luis Gonzaga Arias García, Silvio Arias Rodríguez, Jorge Enrique Artéaga Vallejo, Héctor David Avella Zambrano, Jaime Avella Sánchez, Rosa María Avendaño Pajarito, Rosa Stella Ayala de Barragán, Clemencia Ibeth Bacares Niño, María Esperanza Baena Restrepo, Martha Cecilia Baena Arango, Lilia del Carmen Barrera Pérez, Luz Marina Barrera de Quintero, María Graciela Barreto Navas, Margarita Cecilia Barrospaez Mosquera, Luis Ernesto Becerra Gómez, Libia Inés Bedoya Arismendy, Robinson Benavides Guerra, Jesusita Bermeo Chavarro, Carlos Emilio Bermúdez Jimeno, Luis Ailán Blandón Hurtado, Yenny del Carmen  Bolívar Camargo, Guillermo León Arturo Bravo, Hermes David Brochero Martínez, Ferney Buitrago Arcila, Jorge Caballero Rosado, Jorge Enrique Cabezas Osorio, Jesús Nicolás Calderón Caicedo, Mauro Fidencio Calderón Alarcón, Rafael Antonio Campos Palacio, Marino Neber Cañas González, Clara Inés Cárdenas de Mora, Horacio Humberto Cárdenas Rueda, María Elvia Cárdenas Ortiz, Lyda Ruby Cardona de Urbina, María Leticia Cardona Peláez, Ana Victoria Caro Galindo, Fanny María Caro Rettiz, Georgina Caro de May, Raúl Enrique Caro Porras, Benjamín Carvajal Hernández, Guillermo Castaño Vega, María de Jesús Castaño de Cruz, Hernán Castrillón Morales, Amanda Castro Pinto, Bernardo Castro Forero, Hugo Hernando Castro Santamaría, Nicolás Castro García, Carlos Julio Cely Rocha, Álvaro Cerquera Rivera, Zoila Esperanza Chávez Guerrero, Mélida Clavijo Soto, Hernando Clinger Caicedo, William Cock Ceballos, Blanca Olga Cocuy Gómez, Elvia Cohecha Carrillo, Prisciliano Consuegra Otero, Pascual Contreras Flórez, Santiago José Contreras Acosta, Servio Tulio Córdoba Moreno, José Isdaen Correa Gómez, Rosana Cortés Toledo, Julio Roberto Cuéllar Villa, Clara Elvia Cuervo de Sánchez, Jaime Enrique Daza Corzo, María Josefa Daza Muñoz, Carlos de la Hoz Collazos, Gloria Leonor del Castillo de Muñoz, Segundo Rafael Diago Burbano, María Belkys Díaz Rodríguez, Norbey Antonio Díaz García, Precelia Duarte Calderón, Francisco Eccehomo Valencia Mena, Ramón Guillermo Echeverri Restrepo, Amparo del Socorro Echeverry Quintero, Jorge Humberto Erazo Bastidas, Laura Rosa Escobar Vélez, Adela de Jesús Escobar Ceballos, Elías Espinosa Peña, Ana Bertha Espitia Díaz, Carlos Enrique Espitia Calderón, Elías Jesús Estrada Garzón, Humberto Miguel Estrella Lora, Luis Enrique Fajardo Sánchez, José Libardo Farfán Silva, Edilberto Santander Fernández Betín, Francisco Alfonso Fernández, Carlos Enrique Fonseca Cifuentes, José Guillermo Forero Hernández, Manuel Agustín Forero Gómez, Margarita Forero Navas, Néstor Eduardo Galindo Soler, Néstor Augusto Gallardo Guerrero, Gabriel Antonio Gallego Martínez, Jesús Antonio Garavito Rodríguez, Blanca Lucía Garay Valderrama, Luis Alfonso Garay Tovio, Leonardo Edilberto García Burbano, Pedro Martín García Camargo, Adiela Garrido de Pinzón, María Isabel Gelvez Rámirez, Nelly Josefa Gelvez Sánchez, José Henry Gil Alzate, Margarita de Jesús Giraldo García, Gabriel de Jesús Gómez Velásquez, José Dimas Gómez Montoya, José Laureano Gómez González, Alba Marina González Jaramillo, Gerardo González Obando, Guillermo González López, Marco Fidel González Morales, Roberto Granados Cáceres, José Nelson Guaman García, Luis Emiro Guerrero Páez, Walter Camilo Gutiérrez Bermúdez, Fernando Gutiérrez, Jaime Silvestre Gutiérrez, José Mario Henao Vera, José Vicente Hernández Reyes, María Graciela Hernández Márquez, Alicia Herrera De Castro, Emma Gloria Herrera Castro, Genny Fanny Hererra de López, María del Carmen Hoyos Rodríguez, Miguel Hurtado Callejas, Gladys Jaimes Peña, César Augusto Jiménez Barrios, Humberto Jiménez Cuervo, Jairo Hernán Jiménez Cuervo, Vicente Libardo Lara Guerrero, José Elkin Laverde Sierra, Henry Jesús Leyton Campos, Lydia Rosario Leyton Vallejo, Hernando Lizcano Briceño, Fisher Londoño Valencia, Aida Stella López de Castillo, Yomaira López Betancourth, Rosalba Lozano Riveros, Cristóbal Machacón Mendoza, Carmen Stella Madrid Montoya, Marina Mansilla Mateus, Norberto Marín Rodríguez, Ciro Antonio Márquez Ortega, Yadira Isabel Marsiglia Hernández, Dora Ligia Martínez de González, Pedro Tobías Martínez Bautista, Carlos Rafael Medina Buelvas, Manuel Humberto Medina Sánchez, Dolores Margarita Meneses Marroquín, Jorge Aurelio Meneses Marroquín, Martha Virginia del Carmen Mesa Ruíz, Dalila Segunda Molina Díaz, María Ensueño Monsalve Sánchez, Nelly Montes de Castiblanco, Mariela Montoya Mojica, Orlando Morales Pérez, Jesús Eladio Moreno Pérez, Víctor Hermes Moreno Larrahondo, Blanca Josefina Mujica de Jaramillo, Antonio Rubens Muñoz Ramírez, María Alieht Murcia Porras, Segundo Manuel Narváez Santacruz, Álvaro León Navarro Montes, Jairo Nieto López, José Francisco Nieves Flórez, Stella Ocampo Osorio, Tomás Ojeda Ojeda, Pablo Antonio Olarte Pinzón, Rosa Esther Olarte Caro, Rubén Vicente Olave Lentino, María Esperanza Olmos Cruz, Franklyn Adaulfo Osías Churio, Francisco Javier Osorio Piedrahita, José Alcides Osorio Giraldo, Fabio Ramón Ossa Bonilla, Ana Omaira Palacios Luque, Nelson Gerardo Palacios Latorre, Ana Helena Palau Aldana, Eugenio Roberto Eduardo del Carmen Pardo Pardo, Gloria Maribel Patiño Concha, Viena Peláez de López, Samuel Alfonso Peña Cortés, Gloria Inés Pérez Serrano, Álvaro Pérez Martínez, Héctor de Jesús Pérez Grajales, Juan Bautista Pérez Castro, Laura María Pineda Henao, Mery Pinzón Roa, Raúl Plata Ortega, Jorge Arturo Ponce Ordóñez, Flor Herminda Ponguta de Mosquera, Esther Portilla De Rodríguez, Clara Marina Puentes De Quevedo, Homero Quintana Mosquera, Saúl Correa Quintero, Ubaldo Enrique Quintero González, Bernardo Quiroga Olarte, Gonzalo Quiroga Trujillo, Luis Francisco Quiros Pinzón, Carlos Francisco Ramírez  Morales, Elsa Ramírez Nieto, Jaime Ramírez Rivas, María (Maruja) Ramírez de Pinzón, Myrian Ramírez Soto, Orlando Ramírez Vera, Oscar Ramírez Loaiza, Lorenzo Ramiro Suárez Ruíz, Amparo Ramón Mora, Geomaldo Rafael Reina Rodríguez, Jesús Baldomero Rentería Murillo, María Emma Restrepo Restrepo, Dilia Reyes Moscoso, Emilio Reyes Porras, Nivia María Reyes Moscoso, María del Carmen Rincón de Moreno, Julio Alfredo Rivas Cabrera, Carlos Antonio Roballo Lozano, Gildardo Robayo Díaz, Rubén Darío Robledo Trujillo, Rodrigo Rodas Ríos, Héctor Jesús Rodríguez Sosa, Arturo Rodríguez Rojas, Ligia Rodríguez Latorre, Olmedo Rafael Rodríguez Sánchez, Óscar Rodríguez Vélez, María de Jesús Rodríguez de Saavedra, Concepción (Concha) Rojas Gómez, Francisco Rojas León, Germán Rojas Rodríguez, Gladys Esther Rojas de Segura, Hela Mary Rojas Guerrero, Yolanda Rojas de Jiménez, Némesis Romaña Navia, María Santos Rosas Arroyo, Edgar Edmundo Rosero Maya, Álvaro Roso Niño, Arcángel Rubiano Alvarado, Dora Rueda de Gómez, Clara Inés Ruíz Plazas, Mary Ligia Russi de Fajardo, Juan Bautista Saavedra Rivera, Alirio Salgado Cañón, Tilo Ángel Salgado Cañón, Noel Salguero Cubides, Ana Matilde Salinas Vanegas, Miguel Darío Sanabria Eslava, Myriam Sanabria de Quiroga, Arnubio Sánchez Ocampo, Isabel de las Mercedes Sánchez Amézquita, Oromacio Sánchez Zanguña, Víctor Jairo Sánchez Mejía, Graciela Sandoval de Vargas, Olga Lucía  Sandoval de Ramírez, Daniel Santana Ruíz, Milvia Lola Santana Becerra, José Jairo Serna Giraldo, Juan Carlos Sierra Díaz, Rosalba Silva Ortiz, Álvaro Suárez Bocanegra, Ana Francisca Suárez de Valbuena, Hilda Edith Suárez Mejía, Lucía Isabel del Carmen Suárez de Sánchez, María Celina Suárez Esteban, José Rodolfo Suárez Camacho, Rita Milena Tenorio de ríos, José Alejandro Toro Chávez, Hugo Torres Vásquez, Humberto Tumbaquí Rodríguez, Nohora Victoria Ulloa de Cavanzo, Lucero Valencia de García, Pedro Nel Valencia Gallego, Gladys Vanegas de Rey, Lisandro Varela Robayo, Blanca Ligia Vargas Acosta, Alcira Stella Vega Niño, Ana del Carmen Velásquez Cubides, Ernestina Vergara de Acevedo, Gonzalo Rafael Villada Londoño, Carlos Julio Villate Villate, Giuseppina Vitolo Moreno, Ana Vivas Varón, Gerardo Erasmo Vivas Paz, Elsa Cecilia Zambrano de Angarita, Hernán Antonio Zapata Cardona y Francisco Abad Zuleta Ramírez.

2. INVALIDAR la sentencia aludida, en cuya virtud se condenó  a la Caja Nacional de Previsión Social al reconocimiento y pago de la pensión gracia y otros derechos a favor de los citados demandantes.

3. En consecuencia, se anula en su totalidad la actuación procesal surtida en el proceso ordinario laboral que cursó en el juzgado, incluido el auto admisorio de la demanda.

4. SE PONE EN CONOCIMIENTO lo decidido a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, con remisión de copia de esta providencia y de toda la actuación cumplida en el presente recurso de revisión, a efectos de que investiguen cualquier conducta delictuosa y disciplinaria, en que los servidores públicos y abogados involucrados en la sentencia que fue materia de revisión hayan podido incurrir.

5.Comuníquese esta decisión a las partes y a la Procuraduría General de la Nación, y remítase copia de este fallo al Juez Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura.

6. Sin costas en el recurso de revisión.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y archívese el expediente».