Sentencia 2980 de febrero 19 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

VOTOS FALSOS QUE OCASIONAN NULIDAD DE UNA ELECCIÓN

SU MAGNITUD CUANTITATIVA DEBE SER SUFICIENTE PARA ALTERAR EL RESULTADO

EXTRACTOS: «La suplantación de electores puede tener lugar en varios supuestos, entre ellos, los siguientes: i) cuando personas no titulares del documento de identificación depositaron su voto en nombre de otra; ii) cuando no votó ni el titular de la cédula de ciudadanía ni otra persona a nombre de él y los jurados de votación llenaron las casillas correspondientes con nombres ficticios; iii) cuando los jurados de votación anotan nombres ilegibles o simplemente escriben palabras o frases diferentes del nombre del sufragante. Cualquiera de estos hechos da lugar a un dato mentiroso que afecta el resultado electoral, porque tales registros nunca serán la verdadera expresión de la voluntad de los electores; por lo tanto, deben ser excluidos del cómputo general de votos.

Sin perjuicio de la anterior premisa, se precisa que la existencia de votos falsos no conduce por sí sola a la nulidad de las actas de escrutinio, porque la causal contenida en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, que tiene como finalidad proteger la transparencia del certamen electoral, debe interpretarse armónicamente con el principio de la eficacia del voto a fin de proteger el valor jurídico esencial del verdadero resultado electoral (3) . Así, la falsedad generadora de nulidad de una elección será solamente aquella que altere el resultado electoral, puesto que, como reiteradamente lo ha expresado esta Sala (4) , la falsedad que no tiene la magnitud cuantitativa suficiente para modificar el resultado electoral, por no afectar a un número tal de votos cuya exclusión tenga el efecto de cambiar el resultado de la elección que fue declarado, no acarrea la nulidad de la elección ni de los registros electorales donde se contabilizaron votos falsos; ello en razón de la prevalencia de los restantes votos emitidos legítimamente, cuya eficacia debe ser protegida por mandato legal.

Significa entonces, que si se prueba la existencia de una suplantación de electores o se evidencia el registro de votos que nunca fueron depositados por los ciudadanos aptos para sufragar y al mismo tiempo se demuestra que este hecho modifica el resultado electoral declarado, debe ordenarse la nulidad de la elección y proceder a excluir del cómputo general, las actas de escrutinio de las mesas en donde se registraron esos hechos fraudulentos, cualquiera sea el número de votos falsos que hayan sido depositados en la mesa objeto de exclusión; pero si estos presupuestos no se reúnen porque v.gr., el número de votos espurios no cambia el resultado declarado de la elección, no procederá la anulación de esta, que se mantendrá pese a haberse constatado la existencia de votos falsos, porque se asume que aun anulando estos se mantendría la misma elección. Así lo ha decidido reiteradamente la jurisprudencia que no ha sido ajena a considerar la argumentación de quienes sostienen que la sola presencia de un voto falso vicia de nulidad toda la elección, en primer lugar, porque así lo dispuso el legislador en el artículo 223.2 del Código Contencioso Administrativo y en segundo lugar, porque de no actuar el juez en los precisos términos de la norma citada se cohonestaría el fraude aceptando, contra todo derecho, que el ejercicio del cargo designado por elección se sustente en un vicio de ilegalidad (falsedad) que deslegitima la investidura. Este y otros argumentos semejantes se invocan para censurar las decisiones judiciales comentadas. No obstante, la Sala reitera que a más de la transparencia del sufragio, las instituciones jurídico electorales tienen como objeto salvaguardar el valor superior de la elección mayoritaria del pueblo (soberano) la cual, pese a estar afectada de hechos como la suplantación de electores, debe mantenerse en la medida en que esta no tenga la magnitud suficiente para cambiar el resultado declarado que es objeto del juicio contencioso electoral. Por eso el Código Electoral incluye dentro de sus principios, aplicables para la interpretación y aplicación de todo su texto, el de la eficacia del voto que obliga a acoger la interpretación de la ley que dé validez al voto mayoritario, legítimamente emitido. Ello, porque si se permitiera que una suplantación de elector o un cierto número de ellas, determinan per se la nulidad de la elección, sería muy fácil inutilizar la elección como mecanismo para aplicar el sistema y la regla de mayoría; bastaría con incluir, por los medios que fuera necesario, el o los votos falsos suficientes para anular la elección (5) ».

(Sentencia de 19 de febrero de 2004. Expedientes acumulados 2980, 2982 y 2989. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

(3) El sistema electoral colombiano se fundamenta en el principio de mayoría en cuanto prescribe que será declarado electo el candidato que obtenga el mayor numero de votos válidos. En ese orden, se tiene prevista la depuración del proceso electoral, para eliminar del resultado de la elección los votos inválidos, con base en un inicial control de legalidad por vía administrativa y sucedáneamente uno judicial.

(4) Sentencias de 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872, de 1º de julio de 1999, expediente 2234, del 29 de junio de 2001, expediente 2477, sentencia de 27 de febrero de 2003, expediente 3031, entre otras.

(5) Desde la más remota antigüedad, en Grecia o en Roma o entre los canonistas, quienes le imprimieron la más grande dinámica, desarrollando jurídica y teóricamente sus determinaciones, el sistema de mayoría conjuntamente con el concepto de representación, han sido el sustento esencial de la toma de decisiones por parte de las colectividades.

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