Sentencia 2985 de agosto 18 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DECLARACIÓN DE NULIDAD

EXCEPCIONES A SU EFECTO RETROACTIVO

EXTRACTOS: «El efecto general y propio de toda declaración judicial de nulidad, sea absoluta, ora relativa, es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Por tal virtud, la sentencia de nulidad produce efectos retroactivos y, por ende, cada parte tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del contrato anulado. Ciertamente, así lo señala el artículo 1746 del C.C. citado antes, al establecer que “la nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”. Obviamente, para los efectos de ese restablecimiento, habrá de tenerse en cuenta si el contrato se cumplió, en todo o en parte, puesto que si nada se ha cumplido, la cuestión se limita a la desaparición de las obligaciones, sin que haya lugar a restituciones.

En consecuencia, las partes deben hacer devolución de lo que han recibido a consecuencia del contrato, tomándose en consideración, para el restablecimiento del equilibrio, la culpa que puede existir en la pérdida o deterioro de las especies; el valor de los frutos naturales o civiles percibidos o que han debido percibirse, teniendo en cuenta la buena o mala fe de las partes; los gastos para la producción de los frutos; los intereses y, las mejoras útiles y necesarias, también considerando la buena o mala fe de los contratantes, aspectos regulados en el derecho colombiano en los artículos 961 y siguientes del C.C., en concordancia con el inciso 2º del artículo 1746 del C.C.

5. Pero ese efecto retroactivo de la declaración de nulidad admite excepciones, en primer lugar, cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita; en segundo lugar, cuando se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz omitiéndose los requisitos que la ley exige y, en tercer lugar, por razones de interés público.

Las dos primeras excepciones están contempladas en los artículos 1525, 1746 y 1747 del C.C. La primera disposición prohíbe repetir lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud, y la segunda, en igual forma, lo que se haya dado o pagado al incapaz, salvo prueba de haberse hecho éste más rico.

La tercera excepción viene impuesta por las necesidades del servicio público, dada la primacía del interés social por sobre el particular, establecida en el artículo 58 de la Constitución Nacional (antes art. 30). Siendo, como es, la propiedad una función social, al tenor de la disposición constitucional, debe ceder frente al interés general, por lo cual no siempre es conducente la acción restitutoria o reivindicatoria, sino una sustitutiva de carácter compensatorio.

7. Por consiguiente, invalidado el contrato de servidumbre celebrado entre las partes aquí litigantes, deberían volver las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarlo, en todos sus aspectos, de conformidad con el artículo 1746 del C.C., según el cual, como se expuso, “La nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo...”. Sin embargo, según se verá más adelante, ello no es posible en lo referente a la restitución de las fajas de terreno ocupadas efectivamente por Corelca, por evidentes razones de utilidad pública, vinculadas al hecho de que por causa de la ocupación de esos terrenos Corelca presta el servicio de conducción de energía eléctrica a importantes y vastos sectores del país, con carácter permanente, en la forma que se explicará más adelante, sin que dicho servicio pueda ser desmontado sin altísimos costos e incalculables perjuicios para la comunidad, motivo por el cual la restitución física o material prevista en la ley como regla general, en lo que atañe a las fajas de terreno atrás mencionadas habrá de ordenarse por vía de equivalencia».

(Sentencia de agosto 18 de 1993. Expediente 2985. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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