Sentencia 3 de mayo 12 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

PRUEBA DE LAS RELACIONES SEXUALES

EXTRACTOS: «Dentro de las causales que dan lugar a presumir la paternidad natural, se reserva un lugar especial la que está dada por el hecho de que el pretendido padre haya accedido carnalmente a la madre del hijo, en el tiempo en que pudo ocurrir la concepción de éste, época que tiene definida el artículo 92 del Código Civil mediante el establecimiento de una presunción que repulsa prueba en contrario (art. 66 in fine).

Tal causal fue erigida desde la Ley 45 de 1936. Pero en la forma como estaba instituida, veíase en la práctica dificultad bastante para darla por cabalmente demostrada, pues sobre exigir la ley que las relaciones sexuales fuesen notorias y estables, el hecho mismo del contacto sexual de la pareja es asunto que, dada su propia naturaleza, casi siempre escapa a la mirada de los demás, y de ahí que probarlo era obra verdaderamente heroica, sin contar con que en algunas veces su obtención podría resultar escandalosa e inmoral. En condiciones tales, era apenas obvio que muy pocas paternidades pudieran establecerse por ese medio, siendo cada día más el número de personas que quedaban abandonadas a su propia suerte ante la dificultad suma de conseguir semejante probanza, entre otras razones porque el propio interesado, el hijo, por razones obvias no puede tener más que un conocimiento histórico de lo acaecido con antelación a su concepción.

Los argumentos que se dejan referidos no fueron subestimados por el legislador colombiano, y fue entonces señalada la necesidad de expedir una norma que viniese a tomar razón de tales objeciones; la Ley 75 de 1968, en efecto, en cuanto concierne a la mentada causal, eliminó en su artículo 6º, numeral 4º, las exigencias de que el trato carnal fuese notorio y estable. Pero más que eso, fue enfático en admitir que relaciones de tal estirpe pudiesen comprobarse a través de la inferencia, de la deducción. Sin ambages expresó que las relaciones sexuales “podrán inferirse de trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad” (inc. 2º del num. citado).

Que ambos aspectos, y ante todo el segundo que es el que más viene al caso, se plasmaron con el inocultable propósito de atemperar en cierto modo la severidad probatoria hasta entonces predicada frente a la legislación precedente, es algo que la Corte ha puesto de relieve así: “Dentro de las reformas que la Ley 75 de 1968 introdujo a la preceptiva legal anterior a su vigencia emerge con perfiles de singular relievancia las referentes a la acción de investigación de la paternidad natural, puesto que si bien es cierto que dicho estatuto aún conserva el sistema de la investigación restringida consagrado por la Ley 45 de 1936, también lo es que aumenta las causales al efecto y da mayor amplitud en el suministro de la prueba de los hechos que la estructuran”, por todo lo cual se advierte que aquella ley “tiende a proteger los derechos de los hijos naturales, colocándolos en principio en situación mucho más ventajosa que la que les ofrece la Ley 45 de 1936 (...)” (Sent. nov. 2/71, CXXXIX, pág. 196).

Y más exactamente ha puntualizado:

“Ahora bien, orientado el legislador sobre la idea de elaborar un estatuto más expedito y eficaz, ya que el anterior no se encontraba a tono con la conducta y forma de vida del pueblo colombiano, puesto que día a día proliferan incesantemente las relaciones sexuales extramatrimoniales y éstas tenían cumplimiento dentro de cierta discreción y sigilo que impedía la demostración directa de las mismas, estableció mediante la Ley 75 que las dichas relaciones podrán “inferirse del trato personal y social entre la madre y presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar””. (Cas. Civil oct. 22/76, ordinario de Guillermo Merino Visbal contra Myriam Rodríguez).

Acorde con ello ha precisado la Corte, de otro lado, la necesidad de no perder de mira la filosofía que movió al legislador de 1968, cuando de analizar el material probatorio se trata, aspecto sobre el que es imperioso regresar más adelante.

(...).

Ya quedó dicho arriba que en la Ley 75 de 1968 se descubre al rompe la intención de facilitar la investigación de la paternidad; y que, en tratándose de la específica causal de relaciones sexuales, se nota un importante viraje de orden probatorio, el cual fue puesto de presente en el debate parlamentario mismo, que antecedió a la expedición de la ley, al decirse allí que “como fuera en principio imposible demostrar la relación sexual y sólo puede inferirse de otros hechos más o menos graves, permanentes, íntimos, conexos, etc., por eso al numeral o inciso 1º se le agrega el 2º para expresar que tales relaciones sexuales sólo podrán inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto padre según las circunstancias en que tengan lugar; naturaleza y antecedentes, intimidad y continuidad, etc., que son hechos perceptibles por los sentidos, es decir, demostrables directa y objetivamente y en forma que no es común entre amigos y relacionados transitorios, por lo cual pueden llevar al juez a la convicción de paternidad” (Sent. citada oct. 22/76).

Y no solamente se ha tenido en cuenta ese cambio legal, sino que la jurisprudencia, de cara al singular problema de la prueba de las causales, ha dicho que la Ley 75 “no llega hasta consagrar e imponer un régimen de tan extremado rigor que haga prácticamente imposible la demostración de las causales que sirven para hacer la declaración judicial de hijo natural, y, por ende, inaplicable el mencionado estatuto” (Cas. Civil ago. 21/75).

Con todo, preciso es puntualizar que dicha filosofía e inteligencia de la ley no traduce, ni por lumbre, que las causales puedan verse establecidas donde no se prueben los hechos que las estructuran. Tan bondadoso sistema no lo concibió, ni lo ha podido concebir, el legislador, y, por lo mismo, el intérprete no puede extremarlo hasta límites insospechados. Demostrar los supuestos fácticos que sirven de hontanar a la presunción de paternidad es algo que, sin cesar, debe tenerse como insoslayable; de tal modo que la facilitación de prueba que se pregona en la ley no debe ni puede significar, en manera alguna, exención de prueba para quien pretenda conseguir la paternidad. Antes bien, aquí, como en cualquier otro campo jurídico, es menester que los hechos de los cuales parte la norma jurídica entren a la convicción del juzgador como verdaderamente cumplidos; tanto más cuanto que, de una parte, y como es sabido, acá se trata de algo que atañe al estado civil de las personas, cuyo rango de orden público es incontrastable; y, de otra parte, cuanto que la ley ha acudido a un juego de presunciones, lo que hace menester que la inferencia arranque de la plena prueba del hecho conocido, que es en lo que a la postre halla fuerza o mérito probatorio.

Cumple anotar que cuando la Corte, atendiendo diversas circunstancias que en su momento ha señalado, sienta la orientación de que la prueba testimonial no debe analizarse con extremado rigor hasta llegar a convertir en inservible cualquier testimonio, necesariamente se ha referido a declaraciones que ciertamente dan cuenta de los hechos que configuran las causales; la amplitud ponderativa que ha sugerido no alude a testimonios que nada dicen sobre los hechos constitutivos de la causal, sino a aquellos que diciéndolos deban ser analizados en orden a descubrir el mérito o credibilidad que les asista.

En este marco de ideas, centrando aún más el estudio a lo que aquí es objeto de debate, conviene memorar que la Ley 75 de 1968, en su artículo 6º, establece los eventos en que se presume la paternidad natural y que, subsecuentemente, autorizan su declaratoria judicial, entre ellos, el alusivo al trato carnal que entre la pareja se remonte a la época de la concepción de la criatura.

Producida la unión sexual dentro del marco temporario anunciado, la ley presume que el hombre protagonista de la misma engendró ese hijo. Esto es, del hecho conocido (relaciones sexuales) extrae el investigado (la paternidad). Pero la ley no paró ahí. Permitió, además, que al hecho conocido se pueda llegar a su turno también por inferencia. Paralelamente presumió, en efecto, que las relaciones sexuales (hecho investigado) se presuman por el trato social y personal que se prodiga la pareja, analizado de conformidad con sus antecedentes, naturaleza, continuidad e intimidad.

Puestas así las cosas, no puede menos de expresarse la afirmación irrecusable de que el hecho conocido (trato personal y social), que, como se dijo, conduce a creer fundadamente que la pareja llegó a la cópula carnal, deba aparecer plenamente probado. La probabilidad está es en el hecho que se investiga, pero no en el conocido; por manera que no se trata de establecer que probablemente se presentó un trato personal y social, sino de establecer que éste efectivamente aconteció.

Y al abordar el alcance del concepto de lo que debe entenderse por tratamiento personal y social profesado entre la pareja, ha de afirmarse que solamente tendrá tal virtud el que, por sus características, permite suponer razonablemente que hombre y mujer están ligados por un vínculo que supera los linderos de la mera amistad el afecto y el aprecio, aislada o conjuntamente considerados. Porque manifestaciones de esta índole las ofrece la vida cotidiana, sin que sea válido ver junto a ellas, necesariamente, relaciones de concúbito. Ha de guardarse el juzgador, por lo mismo, de refundir en un mismo concepto ambas cosas. De ahí que la ley haya atinado a establecer los perfiles que a tal trato le dan la fisonomía advertida; debe por tanto analizarse con arreglo a su naturaleza, antecedentes, continuidad e intimidad. Vale expresar, un trato que se traduzca en hechos que por su propia índole, tangibles y perceptibles por los sentidos, reiterados y no esporádicos o momentáneos, manifiestos, fuertes y persuasivos, denotadores de lazos de especial confianza, apego, adhesión y familiaridad, pongan en evidencia que no han podido sino desembocar, por el grado mismo de causalidad que ofrecen, en el acceso carnal, porque precisamente son las que de ordinario anteceden a unión semejante. Como es comprensible, ingenuo e inútil fuese establecer una relación fáctica de esa estirpe, pues serán las condiciones propias de cada caso particular, examinando, por ejemplo, el grado de cultura de las gentes, el ámbito social, el medio ambiente y otras circunstancias, las que indiquen más o menos su realización. En compendio, es cuestión que debe entregarse al examen ponderado del juzgador.

Lo que sí resulta decisivo es no darle connotación a cualquier trato o aproximación de las personas, pues como esta corporación lo ha prevenido, “los hechos indicadores deben estar revertidos de conexidad y reiteración, porque cuando se trata de una conducta ordinaria o común en las relaciones sociales, como la que se ofrece entre simples amigos o relacionados ocasionales, las manifestaciones no tienen la fuerza suficiente y certera para poner de manifiesto la existencia de trato sexual (...)” (Cas. Civil oct. 22/76; sep. 7/78, CLVIII, 207 y jul. 30/80).

5. Si los testimonios de José Gabino Mejía y Pedro Pablo Toro se ponen de cara a lo que viene de explicarse, no resisten mayor análisis, habida consideración que entonces se patentiza que ni por modo aludieron al trato personal y social aludido. Ni un solo hecho que deje siquiera ver a trasluz que entre Daniel Mejía y Sixta Tulia hubo acoplamiento de tipo sexual. Los hechos por ellos revelados, que son, repítese una vez más, que la pareja conversaba a menudo y de cerquita, son esencialmente equívocos, pues lo mismo se da en una relación de amistad, duradera o pasajera, en una relación afectuosa o de mera simpatía; que distante de traducir por sí solos el trato carnal, puesto que no revelan la intimidad puesta de presente. A la pareja, ciertamente, la vieron en lugares que por su privacidad hiciera propicia una relación íntima; por el contrario en los que la observaron estaban a la vista de no solo los deponentes sino acaso de la clientela del hotel, a puertas abiertas, tales como la cocina y el patio. Ni descubren en ella actitudes que conduzcan seriamente a pensar en cosa semejante; aquí es significativo subrayar que a pesar de que los testigos frecuentaban dicha casa, de día y de noche, jamás la hubieran sorprendido en algo parecido, ni en lugares diferentes a la cocina y el patio, así y todo en la época se hiciera gala de mayor discreción que hoy.

Ni se probó que fuese verdad que Daniel pasara la noche o pernoctara en casa de Sixta Tulia, como se dijo en la demanda que aconteció periódicamente, ya que los mismos declarantes dicen no constarle, cosa que luego corroboraron los demandantes Reinaldo y William. Pero más: el testigo Pedro Pablo Toro Patiño, pese a que según su dicho, visitó asiduamente la casa de Tulia entre los años 1937 y 1944, manifestó categóricamente que nunca vio que ella estuviera grávida, no obstante que en ese interregno tuvo Sixta Tulia varios hijos.

Es que, como lo proclama la Corte, “las solas visitas sin ninguna otra circunstancia que permita deducir un acercamiento íntimo de los enamorados, no denuncian relaciones sexuales” (Sent. jun. 10/60, XCII, 357).

Y no debe perderse de vista, por lo demás, que tampoco es cierto que Daniel hubiese tratado como hijos a los demandantes, tal como en contrario se afirmó en la demanda y lo expresaron dichos testimonios; fueron los mismos actores quienes niegan esos hechos, según se lee en los interrogatorios que absolvieron Reinaldo y William; de manera que la eventual credibilidad de los testigos se mengua obviamente. Y de paso se nota que en la demanda se afirmaron hechos que no corresponden a la realidad; además de los ya citados, figuran, en efecto, que tampoco es cierto que Daniel haya tratado a Sixta Tulia como la progenitora de sus hijos, ni que la haya atendido con regalos antes y después del nacimiento de estos, como sin vacilación lo atestiguaron los mismos actores.

Todo sin contar con que en el presente caso la prueba del trato de pareja subía de punto, si se tiene en cuenta que Sixta Tulia tuvo varios amantes sucesivos, con quienes tuvo descendencia, incluso uno de ellos lo fue antes y después de Daniel Mejía, procreando en ambas oportunidades.

(...).

8. Si, entonces, pese a todo el tribunal vio en las versiones testificales hechos que configuran el trato personal y social del que, según la ley, se deducen relaciones sexuales, y por este sendero creyó estructurada la presunción de paternidad del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, no pudo ser sino mediante la comisión de yerro fáctico; y evidente, porque la relación causal entre las simples visitas y conversaciones, de una parte, y el trato carnal, de otra, se antoja débil sobremanera, y es un exceso manifiesto deducir de lo uno lo otro».

(Sentencia de mayo 12 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

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