Sentencia 30 de febrero 6 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

ACCIÓN DE TUTELA

COMPETENCIA

EXTRACTOS: «Mediante el Decreto Nº 2591 de 1991 se procedió a reglamentar la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, estatuto en el que fuera de regular algunos principios generales, se ocupó del procedimiento y de la competencia para decidir las acciones de tutela propuestas por las personas que resultaren agraviadas en sus derechos fundamentales constitucionales, cuando quiera que éstos resulten cercenados o amenazados, ya por acción, ora por omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que indica el mencionado decreto.

El Capítulo II del decreto se ocupa de la competencia para conocer de la acción de tutela, consagrando dos especies absolutamente diferenciables, una de carácter general y otra de linaje especial. Respecto de la primera, establece el artículo 37 que “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.Y con relación a la segunda, que se contrae a actos jurisdiccionales, específicamente a sentencias y providencias que le pongan fin al proceso, dispone el artículo 40, del mencionado estatuto, lo siguiente: “Cuando las sentencias y demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente“.

Según los principios generales, la competencia puede ser privativa, como la que tiene determinado juez con exclusión de los demás o, preventiva o concurrente, como la que es atribuida a dos o más jueces. Por consiguiente, cuando la ley le asigna el conocimiento de un proceso, a prevención, a dos o más juzgadores, está autorizando al demandante o actor para que elija, ad libitum , entre esos jueces, a cuál de ellos le formula su petición, y al que seleccione el actor, deberá conocer de su demanda o petición, sin que el juez elegido pueda sustraerse de su conocimiento, porque en él ya se ha centrado su competencia y, por ende, se ha vuelto juzgador exclusivo o único. Y así lo afirma la jurisprudencia de la Corte al precisar los alcances de la competencia a prevención, al afirmar que, en tal evento, “la elección del juez polariza en el funcionario escogido la competencia para conocer del juicio, con exclusión de los demás”. (Cas. Civil de 20 de marzo de 1964, CVIII, 141).

Visto lo anterior habrá de concluirse que la acción de tutela, al tenor del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, debe promoverse ante los jueces o tribunales del lugar donde ocurre la violación o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales, excluida desde luego la Corte Suprema de Justicia, por cuanto la norma se refiere a funcionarios judiciales como juzgadores de primera instancia, reservando a esta corporación la competencia para conocer mediante impugnación (art. 31) las decisiones adoptadas por los tribunales, como superior jerárquico según las voces del inciso primero del artículo 32 ibídem, salvo la competencia especial consagrada en el artículo 40 para sentencias o providencias judiciales que pongan fin al proceso.

Ello es así porque si la acción de tutela se invoca directamente ante la Corte Suprema de Justicia, por no tener superior jerárquico, el actor se vería privado de una instancia que, tal como se dejó consignado anteriormente, se halla consagrada en el artículo 31 del decreto tantas veces citado cuando dice que el fallo podrá ser impugnado “dentro de los tres días siguientes a su notificación” por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Solamente podría la Corte conocer de acciones de tutela, en única instancia, en el evento de que ella se dirija contra acciones u omisiones atribuidas a los Tribunales Superiores, porque en ese preciso evento sus integrantes se encontrarían impedidos para decidirlas.

Como en el presente caso la acción de tutela que se invoca está dirigida contra un acto administrativo, la competencia para decidirla no radica en esta corporación como ya se dejó ampliamente consignado, sino en el juez o tribunal del lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motiva la solicitud, razón por la cual será denegada, sin perjuicio de que ella pueda ser presentada nuevamente ante el funcionario competente».

(Sentencia de febrero 6 de 1992. Expediente Nº 30. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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