Sentencia 3000 de junio 17 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SUPLANTACIÓN DE JURADOS DE VOTACIÓN

CUÁNDO ORIGINA NULIDAD DE LA VOTACIÓN DEPOSITADA EN LA RESPECTIVA MESA

EXTRACTOS: «Dentro del proceso electoral tienen una, participación activa y muy importante los jurados de votación, quienes son los encargados del manejo de los documentos electorales y de consignar en los mismos el discurrir del sufragio del electorado; así, entre otras funciones tienen la de consignar en el formulario E-11 o lista de registro de votantes, las personas que acudieron a la mesa a sufragar y hacer el escrutinio de la mesa para determinar allí el resultado del proceso electoral. Por ello, en aras de garantizar la transparencia y autenticidad de las justas electorales, el ordenamiento jurídico los revistió de la calidad de servidores públicos al tener, al menos transitoriamente, la función pública inherente a ese ejercicio democrático.

Así, respecto a la calidad de servidores públicos de los jurados de votación, ella se desprende del hecho que encargados de funciones públicas son debidamente designados y posesionados, siguiendo en ello lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Régimen Político y Municipal que prohíbe el ejercicio de funciones públicas sin previa posesión. Por ello la normatividad respectiva dispone:

“Ley 163 de 1994. ART. 5º—Para la integración de los jurados se procederá así:

1. Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de elección, los registradores del Distrito Capital, municipales y auxiliares solicitarán a las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación. Las listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo (10) nivel.

2. Los registradores municipales y distritales, mediante resolución, designarán tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos políticos.

Los principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función alternándose entre sí.

No se podrá designar como jurados a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, del registro (sic) nacional, ni de los registradores del estado civil, distritales, municipales o auxiliares, ni de los delegados del registrador. El incumplimiento a esta disposición constituirá causal de mala conducta.

PAR. 1º—Los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación, serán sancionados con la destitución del cargo que desempeñen si son servidores públicos y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del fondo rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que desempeñen, si son servidores públicos. Si no lo son, a la multa prevista en el inciso anterior.

PAR. 2º—Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos.

A los jurados que no firmen las actas respectivas, se les impondrá una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del fondo rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se hará efectiva mediante resolución dictada por los registradores distritales o municipales”.

“Decreto 2450 de 1979. ART. 9º—Instalación de mesas de votación. Los jurados de votación instalarán las mesas de votación a la hora y en el día señalados en la ley, y la posesión de los mismos se entenderá efectuada con la firma de las respectivas actas de instalación”.

De acuerdo con la normatividad anterior los jurados de votación son servidores públicos, al ser investidos transitoriamente de dicha función pública, la cual está precedida de la designación y posesión consignada en las normas antecedentes, aparejando la responsabilidad penal y disciplinaria que sus conductas puedan constituir.

Así, la incursión de jurados de facto resulta ajena y contraria al ordenamiento jurídico, representando además de la violación de la ley, un potencial daño al proceso electoral, su intervención puede conducir a la anulación de la elección respectiva.

Ahora, como por disposición legal deben designarse tres jurados principales y tres jurados suplentes, la pregunta obligatoria es: ¿cuál es el número requerido para anular el registro electoral en el que hayan intervenido los jurados suplantadores? La solución al problema surge de integrar dos razonamientos. En primer lugar, el número de jurados suplantadores debe ser dominante, debe ser mayor al número de jurados legítimos, puesto que así se afecta el principio de la transparencia del ejercicio democrático al aumentarse sobremanera el riesgo de una defraudación de la auténtica voluntad electoral consignada en las urnas; y como segundo, para la validez del acta de escrutinio de mesa (formulario E-14), debe acatarse lo normado en el parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, esto es “Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos”.

Sin embargo, no puede desconocer la Sala que esta corporación ha admitido en diversos pronunciamientos (4) la existencia de los funcionarios de hecho, definidos como aquellas personas que han sido irregularmente vinculadas a la administración, que no han recibido el nombramiento y posesión respectivos.

En punto de los jurados de votación, de quienes actuaron irregularmente, sin previa designación pero con la posesión que implica la instalación de la mesa a través del diligenciamiento del formulario E-13 provisto por la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe señalarse que ellos vienen a ser funcionarios de hecho, pero en razón a actuar como un cuerpo colegiado transitoriamente constituido para atender el proceso electoral, la actuación que ese órgano produzca solamente estará viciada de nulidad en la medida que el número de jurados de hecho se imponga a los jurados legítimamente designados, con el argumento adicional que al momento de realizar el escrutinio de mesa por los jurados a través del formulario E-14, su diligenciamiento se encomiende mayoritariamente a esos jurados de facto.

Así, si encuentra la Sala que dentro de los jurados posesionados con la instalación de la mesa (formulario E-13) actuó un número de jurados superior o al menos igual al número de jurados suplantadores, y que si el acta de escrutinio de la mesa aparece suscrito al menos por un jurado legítimo, que no constituya minoría frente a los demás ilegítimos que pudieran haber firmado el acta, la validez de ese registro electoral debe mantenerse, en atención a que la pureza del sufragio se mantiene incólume por la garantía que al proceso dan los jurados legítimamente designados y que allí obraron.

Ahora, el proceso de verificación de la usurpación de funciones por parte de quien funge como jurado de mesa, sin que previamente haya sido designado, será el resultado de examinar los actos emitidos por la administración haciendo la respectiva designación, el formulario E-13 correspondiente al “acta de instalación del jurado de votación y de constancias sobre el escrutinio” y el formulario E-14 atinente al “acta de escrutinio del jurado de votación elecciones”.

Por tanto, serán nulas las actas de escrutinio de mesa (formulario E-14) y de contera la votación allí depositada, donde el acta respectiva no haya sido suscrita por lo menos por un jurado legítimamente designado y que el número de jurados ilegítimos que en esa mesa actuaron superen el número de jurados legítimos, dado que bajo tales circunstancias ese instrumento no adquiere la calidad de documento público».

(Sentencia de 17 de junio de 2004. Expedientes acumulados 3000, 3009 y 3011. Consejera Ponente: Dra. María Nohemí Hernández Pinzón).

(4) Ver sentencia 3047 de febrero 6 de 2003, Sección Quinta. Sentencia de mayo 10 de 2001. Radicación 25000-23-25-000-1998-8185-01 (2450-99), Sección Segunda. Sentencia de septiembre 26 de 1996, radicación 8497, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de julio 30 de 1998, radicación 12875 Sección Segunda, Subsección A, y sentencia de marzo 8 de 2001. Radicación 08001-23-31-000-1995-9370-01 (417-00), Sección Segunda, Subsección A.

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