Sentencia sustitutiva 3000 de octubre 25 de 1994

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

LA FAMILIA EXTRAMATRIMONIAL COMO DAMNIFICADA

EXTRACTOS: «19. Una vez determinados los presupuestos de la responsabilidad civil por culpa aquiliana, procede precisar en primer lugar si las demandantes Esther Julia Castillo Orejuela y Marleny Serrano tienen derecho a reclamar indemnización como compañeras permanentes de Alirio Núñez y José Obeimar Núñez en su orden, así como el derecho de los demás demandantes que alegan depender económicamente de los mencionados fallecidos; y en segundo lugar el criterio para efectos de la regulación del pago de los perjuicios reclamados por los demandantes, tanto materiales como morales.

19.1. Respecto del derecho que puedan tener las mencionadas demandantes para ser indemnizadas, es de ver, primeramente, que por intermedio de su apoderado judicial solicitaron en las peticiones segunda A y B (fls. 39 y 40, c. 1) el pago de perjuicios morales y materiales tanto presentes como futuros por la muerte de “su compañero permanente”, peticiones que apoyaron en que para la época del fallecimiento de los nombrados compañeros vivían en unión libre. “Esther Julia con Alirio, desde hacía más de 18 años, habiendo procreado a Diego Fernando de 16 años, Carlos Enrique de 14 y Álex Javier de 9” (hecho 9º fl. 43), y “Marleny con José Obeimar, desde hacía más de 22 años; habiendo procreado a Bárbara de 17 años, Martha Cecilia de 16 y Ober Yesid de 14” (hecho 10 fl. 43).

19.2. Con la demanda se acompañaron las copias de las actas de registro de nacimiento de Diego Fernando (fl. 4 c. 1), Carlos Enrique (fl. 5 íb) y Álex Javier Núñez Castillo (fl. 7). En dichas actas aparece que los hijos mencionados lo son de Alirio Núñez y Esther Julia Castillo Orejuela. Con todo, únicamente Álex Javier fue reconocido por su progenitor.

Del mismo modo, obra en autos las copias de las actas de registro de nacimiento de Bárbara (fl. 2 c.1), Martha Cecilia (fl. 3 íb), y Ober Yesid Núñez Serrano (fl. 6 ej.). Según estas actas consta que los mencionados hijos lo son de José Obeimar Núñez y Marleny Serrano. No obstante, únicamente aparece reconocida Martha Cecilia (fl. 111, c. Corte).

19.3. Los testigos Fernando Muñoz Quijano (fl. 149, c. 2), Alirio Rincón Montoya (fl. 165 íb.) y Gabriel Bustos Naranjo (fl. 169, c.2), relatan que conocían a Esther Julia Castillo y a Alirio Núñez, y que les consta que convivían desde hacía más de once años y que este último proveía al sostenimiento del hogar correspondiente.

Por su parte, Alba Inés Suárez Suárez (fl. 193 íb) y Reyles Cortés Bravo (fl. 200) dan cuenta que conocieron a Marleny Serrano y José Obeimar Núñez, y que les consta que convivieron por espacio superior a 10 años; y que el fallecido proveía al sostenimiento del hogar por ellos constituido.

De ese conjunto probatorio se deduce que efectivamente las mencionadas demandantes a la fecha del insuceso formaban con los fallecidos y sus hijos una unión marital de hecho y que esta situación se había iniciado desde hace más de 11 y 10 años, respectivamente.

20. En cuanto al derecho que las compañeras permanentes puedan tener para reclamar la indemnización de los responsables del hecho en virtud del cual se vieron privadas del sustento económico que recibían, es entonces de precisar:

20.1. El artículo 2341 del Código Civil, como norma básica de la llamada responsabilidad civil extracontractual o aquiliana, ha sido interpretada por doctrina y jurisprudencia como el soporte jurídico que tutela el derecho de la víctima del hecho ilícito causante del daño para exigir la indemnización del responsable. Con otras palabras, el reclamante del resarcimiento debe tener legitimación activa para deprecar la condena al responsable, entendiendo que tiene legitimación en cuanto se le vulneró o lesionó un derecho por existir norma jurídica que le garantiza una facultad de exigencia de satisfacción de un comportamiento o de una prestación de la que se ve privada por causa del hecho dañoso. Así el cónyuge tiene derecho a exigirle determinados comportamientos y prestaciones al otro, porque el vínculo conyugal produce esas obligaciones establecidas por la norma positiva.

Por tanto, si un cónyuge se encuentra privado de poder exigir las obligaciones al otro por causa de que éste fue muerto por la actitud culposa de un tercero, el sobreviviente está legitimado para reclamar de dicho tercero el resarcimiento del daño padecido por la muerte de su consorte. Aunque no sea exacto el símil, el tercero responsable asume las obligaciones, desde luego asumibles, que tenía a su cargo el cónyuge fallecido. Lo mismo puede predicarse de los herederos del causante cuyo óbito es causado por el hecho culposo de un tercero.

La unión marital de hecho no constituye, empero, para el derecho civil una situación o estado sancionado expresamente por la norma positiva, en cuanto un compañero permanente, por esa unión, pueda exigirle al otro precisos comportamientos y determinadas prestaciones, v. gr., no tiene tutela jurídica para reclamarle alimentos o el cumplimiento del deber de fidelidad. Por consiguiente se pone en duda por lo menos si estos tienen legitimación para exigir resarcimiento de los daños y perjuicios que el hecho negligente, descuidado o imprudente de un tercero le cause por herir o matar a su compañero permanente.

21. Ahora bien, en las legislaciones de algunos países se reconoce el derecho del concubino a reclamar del otro ciertos comportamientos o prestaciones. Es así como el artículo 159 del Código de Familia de Bolivia de 1973 reconoció a las uniones conyugales de hecho afectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes.

21.1. El artículo 369 del Código Civil peruano otorgó a la “madre natural” derecho a pedir alimentos a su compañero por los sesenta días anteriores y los sesenta días siguientes al parto, y el pago de todos los gastos por el alumbramiento y por el embarazo (tomado de Valencia Zea, ob. cit. pág. 416).

21.2. En el derecho español aunque no hay un texto expreso, alguna doctrina ha encontrado fundamento para reconocer derechos a los concubinos en el artículo 1902 del Código Civil, según el cual la indemnización corresponde al perjudicado con el daño, sea pariente o no, iure proprio y no iure hereditario (vid. este Compendio, t. II, vol. I, Madrid, Edersa, 1987, págs. 321 y 322, y notas a pie de página)” (O’ Callaghan, Xavier, Compendio de Derecho Civil, tomo IV, Derecho de Familia, tercera ed., Revista de Derecho Privado, Madrid, 1991, pág. 53).

Cabe resaltar la posición del Tribunal Supremo Español, que por ejemplo en la sentencia del 23 de marzo de 1985 manifestó:

“La tesis de que, en los casos de muerte por un hecho delictivo, el destinatario directo de la indemnización, era la propia víctima y por sucesión sus herederos (S.S. de 30 de diciembre de 1932, 4 de mayo de 1944, 27 de noviembre 1954, 23 de junio 1956 y 24 de febrero 1968), está hoy superada por el propio T S, que ha rectificado su anterior postura, afirmando categóricamente que, en el supuesto analizado, los destinatarios inmediatos y directos son los perjudicados que reciben la indemnización iure proprio y no por vía hereditaria, calidad que puede o no coincidir con la de heredero, pero que en cualquier caso es distinta y con efectos jurídicos muy diferentes, debiendo entenderse por perjudicado aquella persona ligada a la víctima, por vínculos próximos de familia, afecto, relaciones de convivencia real (destacado de esta Sala) dependencia económica u otras situaciones de recíproca asistencia y amparo que determinen real y efectivamente perjuicios derivados directamente de la muerte producida por el hecho delictivo (S.S. de 24 de noviembre de 1970, 16 marzo 1971, 10 febrero 1972 y 25 junio 1983)”. (Leyes de España, Código Civil, jurisprudencia y legislación, Serie Azul. Leyes Civiles. Madrid 1993, pág. 2702).

En cuanto a la naturaleza de la obligación de resarcir los daños y perjuicios, había dicho:

“Es doctrina de esta Sala, manifestada últimamente en la sentencia de 20 de mayo de 1977, y reiterada en otras posteriores, que la obligación de reparar los daños y perjuicios no constituye una deuda dineraria simple, sino una deuda de valor, cuya cuantía ha de determinarse en los casos de alteración de ésta, atendiendo no a la fecha de causación de aquellos ni a la del ejercicio de la acción, sino al día en que recaiga la condena definitiva a la reparación, o, en su caso, a la posterior en que se liquide su importe en el período de ejecución de sentencia (sentencia del 29 de junio de 1978)” (ob. cit. pág. 2698).

21.3. En Argentina, según notan los autores, la doctrina no ha sido uniforme por cuanto algunos tribunales le niegan todo derecho al concubino o a la concubina para reclamar respecto del otro. Por ejemplo Eduardo A. Zannoni, advierte que para que haya lugar a la indemnización debe existir certeza del daño y seguridad de la dependencia económica y que un concubino tiene derecho para reclamar indemnización de perjuicios por la muerte del otro, puesto que debe tomarse como fundamento la situación de hecho que haya generado un comportamiento que según las probabilidades se mantendría, similar a la unión conyugal y siempre que la reclamación no se impetre de una situación inmoral o contraria a la ley.

21.4. Según el mismo autor, la jurisprudencia francesa ha reconocido el derecho a resarcimiento de la concubina en caso de accidentes mortales sufridos por su compañero, con su sustento en los artículos 1382 y 1383 del Code, cuando éste convivía establemente con aquélla y se pruebe que sostenía el hogar.

Respecto al concubinato en América Latina, afirma el citado autor que las legislaciones civiles de Paraguay de 1987, de México y de Cuba de 1975 reconocen derechos a la concubina y específicamente el de reclamar alimentos; en los dos países inicialmente mencionados, y en el caso de Cuba se le reconoce al matrimonio no formalizado los efectos propios del matrimonio formalizado legalmente, siempre y cuando reúna los requisitos de singularidad y estabilidad.

22. En el derecho nacional colombiano es quizá el derecho del trabajo el que primeramente ha tenido a la unión marital de hecho como un hecho sociológico evidente, para otorgar ciertos derechos de prestación social atendiendo así situaciones de justicia y equidad.

En efecto, la Ley 90 de 1946 en los artículos 54 y 55 reconoció derecho a la pensión a la mujer con quien el asegurado hubiese hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que hubiese tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato.

En la actualidad la Ley 100 de 1993 en los artículos 47 y 74 reconoce como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes al compañero o compañera permanente supérstite, que hubiese hecho vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a aquella, salvo que hubiese procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. De otra parte el artículo 163 de la misma ley consagra que el plan de salud obligatorio cubre al compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a dos años.

22.1. En el derecho civil es importante cómo para determinar la filiación paterna extramatrimonial, el artículo 329 del Código Civil establecía la presunción de que el hijo concebido por la concubina había sido engendrado por el hombre con quien ella convivía en concubinato, desde luego siendo la unión lícita, esto es entre hombre y mujer que podrían contraer matrimonio válido. Se reconocía así el derecho a la filiación del hijo extramatrimonial.

Es también de trascendencia la Ley 54 de 1990 en cuanto define la unión marital de hecho y reconoce la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, otorgándoles a estos derechos económicos similares a los conferidos a los cónyuges como socios en aquella sociedad.

22.2. La jurisprudencia y la doctrina nacionales no han sido ciertamente uniformes, lo que se explica dada la forma como la Constitución de 1886 se ocupaba de la familia. Así por ejemplo, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de septiembre de 1948 al tratar sobre la naturaleza de las relaciones que eventualmente le abrían paso a la acción indemnizatoria promovida por la compañera del difunto, precisó:

“Aunque hay en el expediente la prueba (declaraciones de José Ignacio Cely y Carlos Jiménez Gómez, fls. 10 a 13 v. c. 2) de que Miguel Salamanca sostenía económicamente a Raquel Monje, sin embargo, la naturaleza de las relaciones que llevaban no da base para deducir un perjuicio cierto, pues el carácter esencialmente inestable y precario del concubinato, que puede suspenderse en cualquier momento y con ello suspender el apoyo pecuniario que se recibía, hace que el perjuicio sea completamente incierto. Esta apreciación de la Sala no se opone a la doctrina admitida por la Corte sobre reconocimiento de prestaciones en casos como éste, basadas en la existencia de una sociedad de hecho entre las personas unidas por concubinato, y de cuya liquidación pueden originarse derechos patrimoniales” (G.J., t. LXIV, pág. 632).

22.3. La jurisprudencia penal y la contenciosa administrativa, tienen en cuenta únicamente que la persona que reclama la indemnización de perjuicios demuestre que ha sido efectivamente damnificada, sin entrar a determinar la naturaleza del vínculo, puesto que consideran que esto corresponde exclusivamente a la legislación civil, y es así como han reconocido derechos a las concubinas que dependían de sus compañeros que desaparecieron con ocasión de un ilícito o de una falla en el servicio, respectivamente (por ejemplo sentencia del 11 de noviembre de 1992 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal; sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera del 29 de abril de 1980, exp. Nº 2506; del 29 de noviembre de 1991, exp. 6487, y 27 de enero de 1994, exp. 7955).

22.4. Actualmente las Salas de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional han entendido que la compañera del hombre con quien vive en unión marital de hecho tiene por esa situación ciertos derechos, es así como en sentencias del 12 de agosto de 1993 (T-326, no publicada) y del 10 de noviembre del mismo año (T-517 n.p.) se ordenó la desmovilización de soldados por ser las personas que venían atendiendo las necesidades económicas de la familia así formada. Y en sentencia del 8 de junio de 1993 (T-212 n.p.), la misma corporación al referirse a los sujetos entre quienes se establece la obligación de dar alimentos dijo: “...pesa sobre los parientes que tengan recursos económicos, y se establece en favor de los parientes pobres que se hallen en imposibilidad de procurarse sustento mediante el trabajo. Igualmente pesa entre cónyuges y en determinadas circunstancias entre concubinos”.

23. En la Carta Política de 1991, en primer lugar es de advertir cómo no sólo el matrimonio es fuente de la familia que promete proteger el Estado, sino también la constituida por un hombre y una mujer con voluntad responsable de conformarla, según pregona el artículo 42, inciso primero, de dicha Carta.

23.1. Así que hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ante el criterio de la vigente Constitución, puede la Corte tomar una posición con suficiente certeza, puesto que del artículo mencionado aparece claro entonces que el Estado colombiano reconoce y promete proteger tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que ésta según el constituyente sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de manera responsable, seria y asumiendo las obligaciones que implican formar parte de un grupo familiar. Es decir, la Carta protege la familia extramatrimonial en cuanto llene las características de la familia matrimonial, pudiendo afirmarse que para serlo solamente faltaría el vínculo conyugal.

23.2. Entonces, la situación reconocida por la legislación, por el derecho comparado y por la jurisprudencia contenciosa administrativa y penal, encuentra un fundamento sólido en la Constitución Política de 1991, en cuanto reconoce la familia extramatrimonial y ordena darle un tratamiento igual al que se le da a la familia matrimonial. Ese tratamiento de igualdad es una norma preceptiva o de aplicación directa y no programática, por cuanto el constituyente no exige un desarrollo por parte del legislador, como sí lo hace respecto de otros mandatos contenidos en la misma norma del artículo 42, v.gr. cuando dispone que los matrimonios religiosos producen efectos civiles como lo disponga la ley.

Tratándose, pues, de la unión marital de hecho, como parece ser la tendencia de llamar al concubinato, esto es la comunidad formada por un hombre y una mujer respecto de los cuales ningún impedimento hay para que puedan casarse, y constituida esta comunidad para formar una familia, es decir de manera permanente y estable, es incuestionable que faltando tan sólo la constitución del vínculo conyugal, tiene que recibir un tratamiento jurídico semejante por muchos aspectos al que merece la unión conyugal. Así que bajo los supuestos de licitud de la unión de un hombre y una mujer, o diciéndolo de otra manera, no contrariando prohibiciones de ley ni las buenas costumbres, y siendo permanente y estable, o sea en cuanto constituye una familia, una sociedad así formada tiene la protección jurídica a la que semejantemente se le brinda a la alianza matrimonial. De manera que no se protege de modo alguno una relación repudiada por la ley ni una vinculación transitoria que no tenga el propósito de conformar una familia. Del contexto se desprende que dos son los presupuestos fundamentales para reconocer como situación jurídica que debe tratarse sin distinciones: la licitud y la permanencia y estabilidad de la familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia matrimonial, y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991.

25. La jurisprudencia tradicional ha sostenido que cuando se demanda el pago de perjuicios por la muerte de una persona es necesario acreditarlos, pero que además debe establecerse la existencia de determinado vínculo jurídico que diera derecho a recibir un beneficio o provecho económico cierto; así, por ejemplo, lo sostuvo en sentencia de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia del 8 de abril de 1960 (G.J., t. XCII, pág. 771).

Esta posición de la doctrina jurisprudencial no es por supuesto en modo alguno carente de fundamento jurídico. Empero si bien se examina el propósito del legislador al imponerle a quien cause daño la obligación de indemnizarlo en su integridad, reconociéndole correlativamente el derecho al damnificado a la indemnización integral, tiene que decirse que no es realmente el vínculo de parentesco o conyugal el factor determinante de la legitimación activa para reclamar la indemnización. Lo que viene en verdad a conferir el derecho es la existencia de los supuestos necesarios que configuran dicho derecho, que se concretan en esto: 1) La dependencia económica que tenía el reclamante de quien murió o quedó en situación física o mental que imposibiliten prestar la ayuda o socorro que venía otorgando. 2) El daño cierto que la muerte o la situación de quien daba la ayuda causó al dependiente, esto es, que haya certeza de que dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado. Con otras palabras, que esa dependencia no se derive de una relación ilícita y, por tanto, la pretensión venga a conformar una aspiración que repugne al derecho. 3) Que la pretensión indemnizatoria no signifique obtener una ventaja o un provecho contrario a la moral o al derecho.

Los anteriores supuestos debidamente demostrados estructuran el fundamento para aceptar que el damnificado tiene derecho a reclamar del responsable la respectiva indemnización.

25.1. En el caso sub lite tal y como se desprende de las declaraciones de Fernando Muñoz Quijano (fl. 149, c. 2), Alirio Rincón Montoya (fl. 165 íb), Gabriel Bustos Naranjo (fl. 169, c. 2), está establecido que Esther Julia Castillo y Alirio Núñez convivían desde hacía más de 11 años y que este último proveía al sostenimiento del hogar correspondiente. De igual manera Alba Inés Suárez Suárez (fl. 193 íb) y Reyles Cortés Bravo (fl. 200), dan cuenta que conocieron a Marleny Serrano y José Obeimar Núñez, y que les consta que convivieron por espacio superior a diez (10) años y que el fallecido proveía al sostenimiento del hogar por ellos constituido.

De dichas declaraciones se deduce que estas demandantes dependían económicamente de los occisos y que su desaparecimiento les causó un daño cierto, toda vez que se les privó abruptamente del sustento. La privación de esa ayuda surge al deducirse que no recibían socorro de otras personas, luego se colige que la muerte de los que dicha ayuda prestaban las privó del sustento.

La certeza del daño aparece en que de las pruebas mencionadas se establece que los fallecidos mantenían una relación estable con sus compañeras e integraron una unidad familiar con los demás demandantes durante un lapso superior a los 10 años, en el cual aquéllos proveyeron al mantenimiento del grupo, lo que además permite presumir que probablemente tal situación subsistiría a no ser por el intempestivo óbito.

Siendo así las cosas se tiene que están demostrados los anteriores supuestos —dependencia, daño cierto y probabilidad—, respecto de las demandantes Esther Julia Castillo y Marleny Serrano. En consecuencia debe revocarse el numeral 4º de la sentencia del a quo que negó el reconocimiento de perjuicios en favor de éstas.

25.2. En lo que toca con Álex Javier Núñez Castillo y Martha Cecilia Núñez Serrano, no existe duda alguna respecto de la legitimidad que les asiste para reclamar la indemnización en cuestión, puesto que con los documentos que obran a folio 7 del cuaderno Nº 1 y 111 del cuaderno de la Corte, se acredita su vínculo con Alirio y José Obeimar Núñez de quienes eran hijos extramatrimoniales, respectivamente.

Además del vínculo se acreditaron los supuestos de la legitimación activa para reclamar la indemnización, con las mismas declaraciones que sirvieron de soporte para establecerlos respecto de las compañeras de los occisos, ya que en dichos testimonios los deponentes coinciden en afirmar que éstas y los demandantes en mención conformaban una familia con Alirio y José Obeimar Núñez, quienes constituían el soporte económico de las mismas.

25.3. Con relación a Diego Fernando y Carlos Enrique Núñez Castillo, que se dice son hijos de Esther Julia Castillo Orejuela y Alirio Núñez; y Bárbara y Ober Yesid Núñez Serrano, de quienes se dice son hijos de José Obeimar Núñez y Marleny Serrano, debe dejarse en claro que no aparece en autos que fueran reconocidos por los fallecidos y que no obstante lo pedido en la demanda y lo afirmado en los hechos, en cuanto a que reclaman la indemnización como hijos, es lo cierto que en este asunto no se discute la relación paternofilial sino que el fundamento verdadero (hecho 12, fl. 43, c. 1), es la dependencia económica real que dentro del grupo familiar tenían estos demandantes en relación con los muertos. Luego demostrada así, tienen legitimación e interés para reclamar la indemnización de quien causó el daño. En otras palabras, interpretando rectamente el artículo 2341 del Código Civil, el fundamento indispensable para reclamar eficazmente la indemnización, es que efectivamente el hecho cause un daño cierto a determinada persona quien por eso tendrá derecho a reclamarla.

De esta manera tiene que destacarse que en este asunto se probó plenamente que los referidos Diego Fernando y Carlos Enrique Núñez Castillo, dependían económicamente de Alirio Núñez, en razón de que hacían parte del grupo familiar del cual éste era cabeza principal, tal como lo declaran Fernando Muñoz Quijano (fl. 149, c. 2), Alirio Rincón Montoya (fl. 165, id.), Gabriel Bustos Naranjo (fl. 169, íb.), Arlid Vásquez Quintero (fl. 171, c. 2), Javier Gómez Cano (fls. 172 a 173, id.), Édgar López (fls. 173 v a 174, íb.), y es de presumir que esa relación de dependencia hubiera subsistido en época posterior al fallecimiento de Alirio Núñez, de no haber ocurrido el hecho funesto en cuestión, lo cual se desprende de la convivencia demostrada.

Respecto de Bárbara y Ober Yesid Núñez Serrano, es de precisar que en la demanda también se afirmó que dependían de José Obeimar Núñez y en la causa se demostró esa situación fáctica, tal como se puede ver de lo declarado por Arlid Vásquez Quintero (fl. 171, c. 2), Javier Gómez Cano (fl. 172, id.), Édgar López (fl. 173, íb.), Alba Inés Suárez Suárez (fl. 193, c. 2) y Reyles Cortés (fl. 200, id.), situación fáctica que se presume también se prolongaría en el tiempo dada la estabilidad de la misma, deducción derivada ciertamente de la prolongada convivencia del grupo familiar, según lo dicho por los testigos arriba citados.

De modo que como la falta definitiva de la persona de quien dependían económicamente, implica que quienes eran beneficiarios de la ayuda material que les prestaba el occiso no puedan recibirla en un futuro, se deduce sin lugar a dudas que con la desaparición repentina de quienes proporcionaban la ayuda se les ocasionó un daño, que debe ser reparado por el causante de éste, en los términos del citado artículo 2341 del Código Civil.

Por lo dicho ha de concluirse que los referidos demandantes tienen legitimación activa en la causa, para reclamar la indemnización del perjuicio que se les ocasionó con motivo de la muerte de los hermanos Núñez, ya que están demostrados los supuestos de aquella antes anotados, puesto que, se reitera, se acreditó la dependencia de estos respecto de los occisos, el daño cierto que se les causó en razón de la privación de la ayuda económica y la probabilidad de que la situación de hecho se prolongaría en el tiempo de estar vivos Alirio y José Obeimar, lo que se presume de la estabilidad que existía en el grupo familiar de que estos eran cabeza de familia, como que la convivencia llevaba, según los testimonios, más de 10 años».

(Sentencia sustitutiva, octubre 25 de 1994. Expediente 3000. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo García Sarmiento).

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