Sentencia 30028 de abril 21 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 30028

Aprobado Acta 120

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Bogotá D.C., veintiuno de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «La Sala estima necesario y oportuno hacer las siguientes precisiones acerca de la estructura típica del delito de invasión de tierras o edificaciones descrito en el artículo 263 de la Ley 599 de 2000, labor en la que encuentra apoyo en el ejercicio plasmado en el concepto del delegado de la procuraduría, el cual agota casi en su totalidad el tema por tratar.

A propósito de ello, dígase entonces que en el libro segundo, título VII del Código Penal (L. 599/2000), el legislador desarrolló la protección del bien jurídico del patrimonio económico, a través de la consagración de diversas hipótesis de comportamiento que atentan contra el mismo. Entre esas modalidades delictivas, bajo el epígrafe “De la usurpación” (capítulo séptimo), se hallan agrupadas cuatro especies de conductas punibles mediante las cuales, como lo anota el delegado de la procuraduría, se busca amparar,

“(...) la propiedad raíz de lo que genéricamente se conoce como ‘hurto inmobiliario’, según la antigua fórmula ‘non contrentantur sed invaduntur’, que recoge la conducta de quien se apodera de los inmuebles, no tomándolos, porque es imposible, sino desalojando de ellos a quien los tiene en su poder.

”Si bien las cuatro conductas delictivas allí previstas están orientadas a proteger la propiedad raíz, también es verdad que cada una de ellas contiene un específico objeto de tutela jurídica, el cual puede avizorarse a partir de su nomenclatura: usurpación de tierras, usurpación de aguas, invasión de tierras o edificaciones y perturbación de la posesión sobre inmueble”.

El tenor de las normas del Código Penal aludidas por el agente del Ministerio Público es el siguiente:

”ART. 261.—Usurpación de tierras. El que para apropiarse en todo o en parte de bien inmueble, o para derivar provecho de él destruya, altere, o suprima los mojones o señales que fijan sus linderos, o los cambie de sitio, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

”ART. 262.—Usurpación de aguas. El que con el fin de conseguir para sí o para otro un provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desvíe el curso de las aguas públicas o privadas, o impida que corran por su cauce, o las utilice en mayor cantidad de la debida, o se apropie de terrenos de lagunas, ojos de agua, aguas subterráneas y demás fuentes hídricas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

”ART. 263.—Invasión de tierras o edificaciones. El que con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

”La pena establecida en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.

”El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.

”PAR.—Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos.

”ART. 264.—Perturbación de la posesión sobre inmueble. El que fuera de los casos previstos en el artículo anterior y por medio de violencia sobre las personas o las cosas, perturbe la pacífica posesión que otro tenga de bienes inmuebles, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años, y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes(16)”.

Para los efectos que aquí importan, es de utilidad hacer una breve y puntual distinción entre los tipos penales previstos en los artículos 261, 263 y 264.

En el primero de los citados preceptos el objeto material de tutela está determinado por los mojones o por las señales que fijan los linderos de un bien raíz, de ahí que la sanción recae en quien, para apropiarse en todo o en parte del mismo o para derivar un provecho de él, los destruya, altere, suprima o cambie de sitio. Por lo tanto, no se requiere que el sujeto activo de la conducta tome posesión del predio, sino que con la finalidad anunciada en el precepto lleve a cabo una actividad que se traduzca en la modificación real y negativa de los límites que le corresponden al inmueble que sufre la lesión, sin que importe para efecto del juicio de tipicidad si se concreta o no el resultado perseguido por el autor (ingrediente subjetivo).

A diferencia del anterior modelo descriptivo, en el artículo 263 el objeto material sobre el que recae la acción es el bien raíz en sí mismo, trátese de tierras o edificaciones ajenas, al proscribir que estas o aquellas seaninvadidasen todo o en parte, con el fin de obtener un provecho para sí o para un tercero, por quien ningún derecho detenta sobre ellas.

Invadir, según el Diccionario de la Lengua Española, consiste en “1. Irrumpir, entrar por la fuerza// 2. Ocupar anormal o irregularmente un lugar// 3.Dicho de una cosa: entrar y propagarse en un lugar o medio determinados// 4. Entrar injustificadamente en funciones ajenas// (...)(17)”. En términos jurídicos el significado del vocablo no es distinto, pues de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, por este se entiende “Entrar por la fuerza en una parte// Sin derecho, desempeñar funciones ajenas// En derecho internacional, agredir un Estado a otro y penetrar por las armas en su territorio”, y según la misma obra el acto de invasión implica “(...) apoderamiento por la fuerza de los bienes inmuebles ajenos// Usurpación, intrusión, despojo// Agresión armada internacional, en que se penetra en territorio de otro país, con la finalidad de adueñarse del mismo (en todo o en parte) o para obligar a rendirse al adversario y que acepte las condiciones que se le impongan (...)(18)”.

De acuerdo con lo anterior, el delito de invasión de tierras o edificaciones lo comete quien ocupa, penetra, o se introduce de manera fraudulenta, clandestina, arbitraria o violenta en bienes inmuebles que no le pertenecen (tierras o edificios ajenos), con la intención de alcanzar un provecho para sí o para un tercero, ingrediente subjetivo que no necesariamente entraña apropiarse en todo o en parte del bien (como se exige en el tipo anterior), sino que puede constituirlo, por ejemplo, una intrusión temporal y parcial con el fin de establecerse allí por algún tiempo o para ejercer una forma de explotación del inmueble.

Igual que en el delito de usurpación de tierras, para el juicio de tipicidad en el de invasión de tierras o edificaciones no se exige el logro del ingrediente subjetivo previsto en el postulado normativo, y aun cuando el comportamiento se perfecciona con los actos constitutivos de la ocupación ilegítima, la conducta es de ejecución permanente durante todo el tiempo que perdure la posesión arbitraria o fraudulenta del respectivo inmueble.

Tal y como lo advierte el delegado de la procuraduría, aun cuando el modelo descriptivo de la conducta punible en comento es mono-subjetiva, puede ocurrir, y de ordinario así sucede, que no sea solamente una sino varias las personas que intervienen en la invasión y por ello en el precepto se consagra una mayor represión punitiva para los promotores, organizadores o directores de la intrusión clandestina en tierras o edificaciones ajenas.

En cuanto al comportamiento delictivo abstractamente descrito en el artículo 264 del Código Penal, el mismo apunta a la protección no del titular del derecho de dominio (o de propiedad) sobre un inmueble (de acuerdo con el cual se ejercen los atributos de uso, goce y disposición), sino de quien ostenta su posesión, la cual consiste en una relación fáctica de tenencia de una cosa (para este caso un bien raíz), directamente o por interpuesta persona, con ánimo de señor y dueño, de suerte tal que el poseedor se reputa propietario de aquella mientras otra persona no justifique serlo, ficción legal que otorga al poseedor derechos reales de contenido patrimonial o económico, como el uso y usufructo de la cosa, así como la facultad de comercializar la posesión ejercida sobre esta y la posibilidad de adquirir mediante ese modo la propiedad o dominio de la cosa ocupada(19).

De ahí el fundamento de la norma penal para sancionar de manera residual o subsidiaria (“fuera de los casos previsto en al artículo anterior”) entre las anotadas especies delictivas que atentan contra el patrimonio económico, a quien de manera violenta sobre las personas o las cosas perturbe (verbo rector) la pacífica posesión que otro tenga sobre bienes inmuebles. E importa destacar que el precepto otorga tutela a la posesión pacífica, entendida como la constituida a través de justo título (ocupación, accesión, prescripción, venta, permuta, donación, etc.) y/o buena fe (que consiste en la conciencia de haber adquirido una cosa por medios legales exentos de fraudes y de todo otro vicio), pues el derecho penal no es instrumento para convalidar o amparar actuaciones contrarias al propio ordenamiento jurídico, máxime cuando de acuerdo con la legislación civil la posesión de una cosa ejercida de manera violenta o clandestina constituyen formas de posesión viciosas que impiden adquirir el derecho de dominio o propiedad por prescripción(20).

Finalmente, hay que señalar que las conductas punibles previstas en el libro segundo del Código Penal, capítulo séptimo, título séptimo (arts. 261-264), de acuerdo con la ley penal adjetiva vigente al tiempo de los hechos (L. 600/2000, arts. 32 y 35), exigen de querella de parte para el inicio de la acción penal, es decir, que la queja ante las autoridades por los actos constitutivos de una u otra infracción únicamente puede ser formulada por el sujeto pasivo de la respectiva conducta punible, esto es, por el propietario o por el poseedor, respectivamente.

(...).

Atendiendo los fines de la casación y función constitucional de guardiana del ordenamiento jurídico en materia penal, la ruina de la sentencia resultaba inminente, toda vez que los hechos aceptados en los fallos acerca de la irrelevancia o intrascendencia de la efectiva acreditación del derecho de dominio o propiedad en cabeza de quien funge como víctima de la invasión de tierras y de la cabal determinación de los linderos del predio afectado, riñen abiertamente con las exigencias dogmáticas y procedimentales para erigir con validez y acierto una sentencia condenatoria por la conducta punible de invasión de tierras de la cual se ocupó la presente actuación.

En efecto, si el bien jurídico protegido en la norma imputada (L. 599/2000, art. 263) es el patrimonio económico, y a través de la misma es posible sancionar a quien invade terreno o edificación ajenos, es de imperiosa acreditación que el bien raíz no le pertenece al sujeto activo de la conducta ni sobre el mismo ostenta algún derecho real.

Resolver con decisión de condena sin que se hubiese definido ese sustancial aspecto, bien en la jurisdicción civil (para este evento) o en la penal según lo normado en el artículo 153 de la Ley 600 de 2000, de acuerdo con el cual el juez penal goza de plena competencia para decidir cuestiones extrapenales atinentes a la tipicidad del hecho, equivale, ni más ni menos, a dictar sentencia por un comportamiento manifiestamente atípico.

Circunstancia semejante se presenta en el asunto estudiado en relación con la determinación de los linderos del predio presuntamente agredido con actos constitutivos de invasión, ya que si en la ocurrencia de la conducta subyace una discusión de linderos por colindancia de un predio de propiedad del sujeto activo del delito, es palmaria también la atipicidad objetiva mientras no se defina con certeza los límites exactos de cada uno de los terrenos, y aunque en esa hipótesis la discusión resultare superada en contra del procesado penalmente, la atipicidad subjetiva es discutible, en cuanto resultaría probable que este obró no de manera dolosa, esto es conociendo el carácter típico de su actuar y queriendo su realización, sino amparado o justificado en un título de propiedad con linderos equivocados o erróneamente determinados por aquel.

En suma, al emitir sentencia condenatoria los juzgadores, aceptando que la propiedad del terreno en conflicto podía estar fincada en el denunciado o en la parte civil, o incluso en un tercero que en ningún momento concurrió al proceso —lo cual, de ser así enervaría lo actuado por falta de querellante legítimo—, incurrieron en una violación directa de la ley sustancial por errónea adecuación o aplicación de los presupuestos condicionantes del delito atribuido respecto de los supuestos de hecho aceptados como fundamento del mismo».

(16) No se incluye en la transcripción de las normas la modificación que en cuanto al monto de las penas allí previstas introdujo la Ley 890 de 2004, artículo 14, debido a que para este específico evento no aplica, pues los hechos ocurrieron en un distrito judicial en el que para entonces no había entrado en vigor la Ley 906 de 2004.

(17) “Diccionario de la Lengua Española”. Real Academia Española, vigésima segunda edición. 2001. Tomo II, H-Z, pág. 1297.

(18) “Diccionario enciclopédico de derecho usual”, Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, 27ª edición, tomo IV, F-I, págs. 489-490.

(19) Código Civil, artículos 762 y 2512.

(20) Ídem, artículos 764-766, 768, 771, 772, 774, 2528, 2529, 2531 y 2532.