SENTENCIA 3014 DE ABRIL 26 DE 1991

 

Sentencia 3014 de abril 26 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EXTRACTOS: «La falta de contestación de la demanda. Este es un aspecto procesal que no ha corrido con buena suerte en nuestra regulación legal.

En el Decreto 1 de 1984 trató de dársele un efecto similar al que en buena parte tenía en el procedimiento civil, adoptando mediante el artículo 145 la fórmula de que dicha falta “será apreciada como indicio en contra del demandado” pero a condición de “que éste no sea una entidad de derecho público”, o sea, que dejó sin poder aplicar la norma puesto que olvidó que en el proceso contencioso administrativo prácticamente la demandada siempre es una entidad pública, con lo cual, la disposición se convirtió en letra muerta.

La reforma de 1989 se limitó a derogar expresamente el artículo 145 mediante el artículo 68 del Decreto 2304 pero sin preocuparse por sustituirla con una disposición adecuada a la naturaleza del litigio contencioso administrativo. En consecuencia, el silencio del legislador extraordinario de 1989 debe llenarse con las normas del procedimiento civil que de nuevo vienen a restablecer la primera parte del derogado artículo 145 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, el artículo 95 del C.P.C. ordena tener la no contestación de la de manda como un “indicio grave en contra del demandado” salvo que la ley le atribuya otro efecto y como en las normas del procedimiento contencioso administrativo no existe señalado “otro efecto”, la obvia conclusión es la de que siempre debe apreciarse como indicio grave en contra de la administración pública.

Si lo anterior se predica de la falta de contestación de la demanda, también es de graves consecuencias procesales la falta de presencia en la práctica de una prueba como la inspección judicial a los libros del comerciante, con intervención de peritos, puesto que por aplicación de principio de la preclusión de las etapas procesales, la falta de oposición o discusión oportuna en el momento del traslado de la prueba, limitan considerablemente las posibilidades de defensa contra ella de la parte que no intervino».

(Sentencia de abril 26 de 1991. Expediente 3014. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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