Sentencia 30148 de abril 7 de 2010

 

Sentencia 30148 de abril 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Aprobado Acta 98

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Ajustada como lo fuera la demanda, la Sala se pronunciará de fondo sobre los reproches propuestos en ella contra la sentencia del Tribunal sin que se ocupe en puntualizar las falencias de técnica que pudiera presentar, pues una declaración de tal naturaleza presupone el cumplimiento de los requisitos mínimos para que se hubiera dispuesto su trámite.

Cargo primero. Se aduce en la demanda la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 287.1, 290.1 y 453 del Código Penal por interpretación errónea, cargo que se postula en dos capítulos.

Capítulo I. La falsedad material de particular en documento público tipificada en el artículo 287 del Código Penal es un delito de peligro, cuyo comportamiento se configura con el acto de falsificar el documento público auténtico, que puede consistir en la elaboración, la imitación o la alteración del mismo.

Son elementos propios de la falsedad documentaria la mutación de la verdad, entendida como la alteración del sentido y contenido documental con relevancia jurídica, la aptitud probatoria del documento y la concurrencia de un daño real o potencial.

Según lo dicho la falsedad material en documento público puede darse por creación total del documento, por imitación de uno que ya existe, o por la alteración del contenido de un documento auténtico.

Cuestiona el demandante que las fotocopias sean documentos públicos y que al mismo tiempo tengan aptitud probatoria, porque la aparente certificación del secretario del juzgado consta en carbón y no cuenta con la autorización previa del juez.

El reproche parte de presupuestos equivocados. Los documentos públicos falsos por creación total contienen el acto del remate en pública subasta del derecho del menor en un bien inmueble y el auto aprobatorio del mismo, supuestamente llevados a cabo por el Juzgado Once de Familia de Medellín los días 13 y 19 de enero de 2004 dentro del proceso de jurisdicción voluntaria sobre venta de bienes del menor José Daniel Castrillón Villegas.

Al final de las fotocopias y en cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2º del auto aprobatorio del remate(4), en relación con la expedición de copias de ambos documentos para su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y su posterior protocolización en cualquier Notaría de la ciudad, aparece la constancia secretarial según la cual “Las presentes fotocopias fueron tomadas de su original, el cual tuve a la vista y se encuentran debidamente ejecutoriadas(5)”, con la correspondiente firma de quien dice dar fe de tal acto.

Ahora bien, corresponde al secretario conforme con lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil autorizar la expedición de copias, previa orden del juez(6). De cumplirse con esta condición, según el precepto, las copias tienen el mismo valor probatorio que el original.

De acuerdo con lo visto, las fotocopias cumplen con las formalidades de ley, son idóneas y por eso mismo tienen aptitud probatoria, en cuanto que por su apariencia tenían capacidad para modificar las relaciones jurídicas en el tráfico jurídico, de ahí que los funcionarios de las oficinas encargadas de su inscripción y protocolización hubieran procedido a realizarlas, salvo la perspicaz observación del Notario sobre la constancia secretarial al carbón que imposibilitaba aquella hasta tanto se allegara el original, en cuyo propósito quedó evidenciada la falsedad documental.

Bajo esa perspectiva, los documentos por supuesto no eran burdos. La misma juez reconoció que quien los elaboró debía conocer los trámites de un juzgado, pudiendo establecer sólo hasta entonces que en su despacho no se había adelantado el proceso ni tampoco las diligencias que constaban en las fotocopias, que en cumplimiento a una supuesta orden suya habían sido expedidas para que se llevaran a cabo los actos administrativos para los cuales estaban destinadas.

La circunstancia a la cual acude el recurrente para cuestionar la aptitud probatoria de las fotocopias, deviene del hecho que ante el Notario las mismas no hubieran surtido efectos legales debido a la ausencia del original de la constancia y no porque como tales carecieran de idoneidad para ingresar en el tráfico jurídico y tener como ciertas unas relaciones jurídicas que involucraban intereses de particulares atribuyendo derechos a quien no los tenía, al extremo que el acto de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín se cumplió sin contratiempo de ninguna naturaleza.

Por lo demás, los actos de inscripción y protocolización debían realizarse con fundamento en copias de los documentos públicos, a las cuales la ley les asigna el mismo valor probatorio que el de los originales, siempre que cumplan con las exigencias previstas en el artículo 254 citado; luego el tribunal no se equivoca cuando asume con vocación probatoria las reproducciones mecánicas para dar por estructurada la conducta típica de la falsedad material de particular en documento público.

Por lo demás, la Sala en un caso que guarda similitud por tratarse de reproducciones mecánicas sostuvo que

“Es cierto que se trató de un texto inserto en una fotocopia. Sin embargo, ninguna controversia puede generar el hecho de asumir que se trató de un documento susceptible de valoración jurídica, pues como bien lo anota el actor, se dio al mismo todos los visos de tratarse de un texto auténtico,”, luego

“No es exótico y por el contrario perfectamente comprensible que el texto en fotocopia y en la forma presentado ante las diversas corporaciones hubiera pasado por un documento del cual no se dudara sobre su autenticidad, sabido como es que en relación con esa clase de órdenes no existe una precisa formalidad establecida, siendo asimismo viable que por las limitantes de orden presupuestal en el funcionamiento de la rama judicial no resultaría inusual que se acuda a textos en fotocopia(7)”.

Recuérdese que para efectos penales es documento “toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente expreso”(8), en la cual se incorporan datos o hechos con capacidad probatoria; mientras que el documento público es aquel otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención(9).

El Tribunal cuando le asigna contenido y le fija alcance a las fotocopias de documento público, antes que incurrir en un erróneo proceso de interpretación de la normatividad, les reconoce sentido a disposiciones que ninguna duda dejan acerca de la naturaleza que acompaña a la reproducción mecánica del documento, al igual que de su indiscutible aptitud probatoria en los términos de los preceptos citados.

El cargo no prospera.

Capítulo II. Se aduce la violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 453 del Código Penal, al estimar que el fraude procesal al proteger el bien jurídico de la administración de justicia, sanciona únicamente la conducta de quien mediante error induce a un servidor público que cumple una función jurisdiccional.

El casacionista señala que el fraude procesal por ser un delito contra la administración de justicia y el Registrador de Instrumentos Públicos de Medellín no hacer parte de los órganos que administran justicia ni ejerce funciones jurisdiccionales, el bien jurídico objeto de la tutela penal no sufrió ningún riesgo ni lesión con la inscripción del acta de diligencia de remate y de la providencia que lo aprueba como tampoco con su anotación en el folio de matrícula inmobiliaria.

La doctrina y la jurisprudencia sostienen que el concepto de bien jurídico se justifica en la medida que se le tenga como un límite a la potestad punitiva del Estado, lo cual quiere significar que la tutela penal comprende únicamente a los bienes indispensables para mantener las condiciones mínimas de convivencia, razón por la cual no todos los bienes jurídicos son susceptibles o merecedores de protección por el derecho penal.

Asimismo como objeto de protección de la norma penal suele atribuírsele una función delimitadora de interpretación, según la cual el legislador agrupa bajo un título o capítulo determinados tipos penales para permitir al intérprete encontrar el ámbito protector de cada disposición con fundamento en el bien jurídico protegido por el sistema penal, esto es, en la antijuridicidad o no de la conducta imputada(10).

Aun cuando ese proceso de selección no es arbitrario porque obedece a una sistemática que facilita la labor del intérprete, existen eventos en que por razones de técnica legislativa una conducta que se encuentra comprendida en un bien jurídico omnicomprensivo es objeto de tutela penal en otro específico inmerso en él, sin que por esta circunstancia el comportamiento deje de ser antijurídico o sea indiferente para el derecho penal.

Así las cosas, aunque el fraude procesal descrito en el artículo 453, capítulo octavo, título XVI tutela el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia también protege de manera amplia el de la administración pública, esto es, que se trata de un tipo penal pluriofensivo cuya determinación se deriva del hecho de recaer la acción en un servidor público, acepción que debe ser entendida en los términos del artículo 20 del Código Penal.

Según el precepto son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios,  los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Carta Política.

Por eso, cuando el tipo penal se refiere al servidor público en general, de ningún modo puede inferirse de la función delimitadora que cumple el bien jurídico, que aquel concepto se vincula estrictamente con los funcionarios públicos que administran justicia, con las autoridades administrativas a las que excepcionalmente la ley les atribuya funciones jurisdiccionales o con los particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia(11), porque la naturaleza pluriofensiva del comportamiento y el sentido de la descripción típica permiten señalar que la protección penal abarca a la resolución o al acto administrativo emanado de cualquiera de ellos.

De modo que el tipo penal al prever que la acción punible puede recaer sobre cualquier servidor público con la finalidad de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, no excluye a ninguno de los relacionados en el citado artículo ni tampoco se refiere exclusivamente a quienes ejercen función jurisdiccional en los términos del artículo 116 de la Carta Política, como lo expresa el casacionista.

De otro lado, la Sala ha sostenido que en el concepto de resolución o acto administrativo

“Desde la perspectiva de la prevalencia del derecho sustancial, objetivo máximo de la casación penal entendida como control de constitucionalidad y legalidad de la sentencias de segundo grado, se hace necesario reiterar que dentro de los términos “resolución o acto administrativo” se implican toda clase de decisiones entre las que se encuentran autos interlocutorios o providencias de autoridad judicial o gubernativa. En esa perspectiva, si bien es cierto el nombre de aquellos, deriva del derecho procesal no deberán entenderse como conceptos cerrados sino amplios en sus contenidos materiales”(12).

En tales términos, la conducta punible cobija o protege tanto los trámites gubernamentales como judiciales, en la medida que los medios fraudulentos mediante los cuales se induce en error no están dirigidos en particular al juez, a las autoridades o particulares que ejercen funciones jurisdiccionales, sino en general al servidor público del cual se quiere obtener mediante engaño una resolución o acto administrativo contrario a la ley.

En consecuencia, se equivoca el casacionista cuando afirma que la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria por parte del Registrador de Instrumentos Públicos con ocasión de la aprobación del remate y adjudicación a César Eduardo Cáceres Bernal del derecho de propiedad del menor sobre una parte del inmueble, no lesionó ni puso en peligro el bien jurídico de la administración de justicia, porque el citado funcionario en ese momento no ejercía ni ejerce funciones jurisdiccionales.

Lo cierto es que el acto de inscripción y su anotación en el folio de matrícula correspondiente por parte del Registrador de Instrumentos Públicos, en ejercicio de su cargo y en cumplimiento de sus funciones, constituye un acto administrativo que crea una situación jurídica particular y surte efectos frente a terceros, razón por la cual el tribunal no incurrió en el error reprochado en la demanda al dar por estructurada la conducta del fraude procesal.

El cargo no prospera.

Segundo cargo (subsidiario). En el mismo se postula la violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 31 y falta de aplicación del artículo 8º del Código Penal proveniente de interpretación errónea, que condujo al tribunal a condenar a José Arnoldo Quintero García por el delito de falsedad agravada por el uso de documento falso en concurso con fraude procesal.

El error que se reprocha a la sentencia impugnada, según el demandante habría ocurrido porque el tribunal no apreció que en este caso se hallaba frente a un concurso aparente de leyes y no real de conductas punibles, el cual ha debido resolver bajo el principio de consunción por tratarse de un supuesto de hecho típico acompañante.

El concurso de leyes o aparente de tipos penales(13), no es en realidad un concurso sino un problema de aparente conflicto de normas penales que se soluciona con la exclusión de una de ellas para aplicar la que tenga un mayor contenido de injusto. Se trata de la aplicación de una única ley por el desplazamiento de la otra que aparentemente concurre, a través de los principios de especialidad, subsidiaridad y consunción.

El principio de consunción traído a colación en la demanda, resuelve los casos de concurso aparente de tipos penales teniendo en cuenta dos categorías o supuestos: los denominados actos posteriores impunes o copenados y el hecho típico acompañante.

Los actos posteriores impunes o copenados son aquellos hechos posteriores al delito que por sí solos no constituyen infracción, porque el contenido material de la prohibición es “consumido” o “absorbido” por el delito original, razón por la cual resultan impunes. Se tienen como tales, los actos dirigidos a asegurar, aprovechar o realizar el beneficio obtenido o perseguido con el delito al cual siguen, de modo que no incrementan el daño causado por el mismo y presentan una identidad de bien jurídico, pues no lesionan uno nuevo(14).

El hecho típico acompañante es aquel en que el desvalor de una característica eventual de la conducta punible está comprendida o abarcada por el otro tipo penal, el cual se resuelve por razones valorativas(15). En este caso, el legislador en la configuración del tipo tiene en cuenta que el hecho normalmente aparece acompañado de otro hecho, cuyo contenido de injusto inferior no afecta a la gravedad del hecho principa(16).

Ahora bien, la conducta descrita en el artículo 290 del Código Penal no es supuesto de concurso aparente de tipos penales, que imponga su exclusión o desplazamiento por la prevista en el artículo 287 ibídem en razón al citado principio, porque la circunstancia que permite agravar la pena y la de las otras modalidades de la falsedad en documento público(17), esto es, el uso del documento por el copartícipe en la realización de la conducta falsaria, no es un hecho que esté abarcado o comprendido en el tipo penal de la falsedad material de particular en documento público, como tampoco puede considerarse un acto posterior impune o copenado.

La conducta descrita en el artículo 287 del estatuto punitivo se estructura por el acto o el hecho de la falsificación parcial o íntegra del documento público que pueda servir de prueba, sin que se requiera de ninguna otra característica para su configuración típica.

El tipo penal reprocha únicamente el acto de falsificar, sin considerar lo que pretenda el autor de la falsedad con el documento público en el tráfico jurídico ni comprende el uso del mismo para su estructuración, dado que se trata de una conducta autónoma y de ejecución simple.

De manera que si el uso para el cual se procura la confección del documento falso persigue la consecución del fin propuesto por el autor, no por esta finalidad aquel entra en conflicto con el delito al cual sigue, entre otras razones porque la falsedad es un delito de peligro en el entendido que no exige la concreción de un daño sino la potencialidad de que el mismo se realice(18) y las dos acciones —falsificar y usar— en el mundo fenomenológico son claramente divisibles e independientes. El uso obra como agravante de la conducta en cuanto el copartícipe extiende su actividad más allá de la exigencia del tipo penal autónomo.

La Sala en la decisión que se acaba de citar reitera que

“No requiere, por tanto, la falsedad documental pública, como queda señalado, del uso del documento, ella se presenta con la material elaboración espuria del mismo y la consiguiente alteración de los signos de autenticidad, contrariamente a la conducta falsaria documental privada que supone, precisamente, de su uso para ser reprochada.”.

Luego en ninguna equivocación incurre el tribunal al convalidar la modalidad agravada de la conducta punible de falsedad material de particular en documento público cuando el autor del mismo lo usa mediatamente, debido a que Héctor Eduardo instrumentalizado bajo una situación de error hizo entrega de los documentos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín para la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del supuesto remate del derecho del menor en el inmueble y de la aprobación del mismo, conforme se explica en la sentencia de primer grado que constituye una unidad jurídica inescindible con la impugnada.

Tampoco incurre en error cuando admite el concurso real de los tipos penales de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso y el fraude procesal, porque una concurrencia de tal naturaleza no supone la violación del principio non bis in idem.

En principio no se está frente a un supuesto concurso aparente de leyes, porque no hay identidad de bien jurídico.

En efecto, si la falsedad documental protege la fe pública, la concurrencia del fraude procesal con ella supone la vulneración no del mismo bien jurídico sino de uno nuevo, en este caso, la eficaz y recta impartición de justicia, de tal modo que la falta de identidad en el objeto de protección de la norma penal impide que el concurso material deducido se resuelva como un caso de colisión de normas penales, bajo el principio de consunción citado en la demanda y por esa vía aceptar la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 8º del Código Penal.

De otro lado, la existencia de medios fraudulentos comunes —uso de documento público falso y conducta engañosa— conforme con los cuales la conducta agravada de falsedad material de particular en documento público contiene una característica que también se encuentra en el fraude procesal, no significa que el contenido de injusto de aquella sea inferior al de éste o viceversa, en razón a que ambos comportamientos manifiestan un contenido de injusto propio.

En consideración al contenido material de la prohibición de cada una de las conductas, su concurrencia se resuelve como un supuesto de concurso ideal y no como un caso de consunción, bajo el entendido que la comunidad de medios fraudulentos de ninguna manera constituye un juicio desvalorativo tendiente a la exclusión de uno de los tipos penales que se encuentran en relación concursal.

Una razón adicional que la Corte siempre ha tenido en cuenta para negar la existencia del concurso aparente de tipos en estos casos, estriba en el hecho de la separación material de las conductas, tesis que reiteró al señalar que:

“Por lo tanto, aunque existen medios fraudulentos comunes en la realización de los dos comportamientos, el que seanmaterialmente separables esas conductas y afecten diferentes bienes jurídicos, actualiza el fenómeno concursal, fenómeno al que la Corte se hareferido en diversas oportunidades(19)”.

En las circunstancias antes dichas, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la CORTE S UPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo de origen,  naturaleza y contenido indicados, de acuerdo con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(4) “2º) Ordenando expedir copia del acta de la diligencia de remate y de esta providencia que la aprueba, para que la misma sea inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes y sea protocolizada en cualquier notaría de la ciudad”; folio 12, cdno 1.

(5) Folio 12, cdno 1.

(6) Artículo 254. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada (negrillas y cursiva fuera de texto).

(7) Casación, 20 de octubre de 2005, radicación 23573.

(8) Artículo 294 del Código Penal.

(9) Artículo 251, Código de Procedimiento Civil.

(10) Casación, 12 de octubre de 2006, radicación 25465.

(11) “Artículo 116 de la Constitución Política. ... Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

(12) Auto de julio 31 de 2009, radicación 31759.

(13)También se le denomina unidad de ley o colisión de normas penales.

(14) Derecho Penal, Parte General 5ª Edición, Santiago Mir Puig, pág 680.

(15) Derecho Penal, Parte General, Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Plagia y Alejandro Slokar; pág 833.

(16) Tratado de Derecho Penal, Parte General, Volumen II, Hans Heinrich Jescheck pág 1039.

(17) Las previstas además en los artículos 286 y 288 del Código Penal.

(18) Sentencia de casación de julio 29 de 2008, radicación 28961.

(19) Sentencias del 29 de julio de 2009, radicación 32189; 30 de mayo de 2002, radicación 17604;  y 9 de septiembre de 1998, radicación 10.311, entre otras.