Sentencia 30183 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP 1437 2014

Magistrado Ponente:

Dr. José Leónidas Bustos Martínez

Aprobado Acta 40

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Cargo principal

Lo fundamenta la recurrente en un error de hecho por falso raciocinio, merced al cual el tribunal pregona la certeza de la autoría de Adolfo Chamorro Pérez en el homicidio que se le atribuye, yerro en el que no hubiese incurrido de haber valorado el conjunto probatorio, con el cual concluiría que el proyectil por él disparado no fue el que causó la herida ni el deceso de la víctima, toda vez que el hecho se produjo con una pistola y munición calibre 9 mm, por manera que procedía absolverlo, pues “está probado que mi cliente solo tenía una pistola 7.65 mm... de modo que la única conclusión lógica y científicamente posible es que mi defendido no es autor de la conducta imputada”.

En relación con el falso raciocinio, la jurisprudencia de la Corte tiene precisado, que la demostración de un error de hecho de esta naturaleza, impone tener que confrontar la forma como los juzgadores apreciaron la prueba que se afirma indebidamente valorada, demostrando que sus apreciaciones son arbitrarias o irrazonables por desconocer los derroteros de la sana crítica, esto es, los dictados de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes de la ciencia, y que el desacierto tuvo incidencia trascendente en el contenido o sentido del fallo, luego de dejar establecido que este no se puede mantener con las restantes premisas de la sentencia, para lo cual el demandante tiene la correlativa carga de explicar por qué la apreciación de los demás elementos probatorios es insuficiente para sostenerla.

Esta labor implica superar las alegaciones que terminen traduciéndose en un ataque de carácter personal a la estimación que los juzgadores de instancia hicieron de la fuerza persuasiva de los medios de convicción, inadmisible en casación, ante la relativa libertad de que gozan los juzgadores en la valoración del mérito de las pruebas, y la doble presunción de acierto y legalidad de que están amparadas las sentencias de segundo grado.

En la especie analizada la recurrente pierde de vista estos postulados. Sin reparar en los argumentos expuestos en el fallo y contrariando el conjunto probatorio, expone la singular hipótesis de que el procesado Chamorro Pérez no fue el autor del disparo que segó la vida de Jorge Ignacio Giraldo Zapata, con lo cual termina simplemente por imponer su particular enfoque de los sucesos examinados en el juicio.

Por esa razón, sostiene que el procesado disparó con el arma de su propiedad, una pistola CZ calibre 7.65 o 32 automática y que el proyectil con el cual se impactó a la víctima era de 9 mm o .380 corto, por lo que afirma que el disparo lo realizó un tercero.

Aunque el tribunal escudriñó tal probabilidad, la demandante no se interesó por examinar los argumentos correspondientes como presupuesto básico para acreditar el error de raciocinio que postula, bajo el supuesto desconocimiento de las reglas de la sana crítica.

La notoria diferencia que se advirtió desde la fase instructiva del proceso, entre el proyectil hallado en el interior del vehículo de la víctima (9 mm) y los percutidos con el arma entregada por el sindicado en indagatoria, con la cual aseguró haberle disparado al señor Giraldo Zapata (7.65 mm), fue analizada por el ad quem, quien le confirió razón a la defensa en relación a que no se contó con una rigurosa preservación de la evidencia en lo que al proyectil hallado y examinado se refiere, “de modo que a estas alturas del proceso no es posible descartar que el examinado sea distinto del que realmente hizo impacto en la víctima”(4). Puntualizó que la evidencia fue recogida al día siguiente, varias horas después de los sucesos, en la estación de policía del Poblado “sin que exista garantía alguna de que el elemento material de prueba no fuera alterado. Por eso, con independencia de que a partir de ese momento se conservara la cadena de custodia o no, no puede aseverarse con absoluta certeza que el proyectil embalado en la inspección sea el mismo que disparó el procesado”.

A pesar de lo anterior, dejó en claro que la discusión propuesta por la defensa en torno a la autoría del ilícito, fundada en argumentos similares a los que se exponen en casación, no tiene asidero alguno en los hechos y se exhiben como de extravagante ocurrencia.

“En efecto, puede descartarse la existencia de un segundo tirador por cuanto todos los testigos dicen que se escuchó un solo disparo; y de existir la extraordinaria casualidad de que fuese simultáneo al efectuado por el acusado, debería haberse hecho con la misma trayectoria con el que hizo el procesado, lo cual no deja de ser una hipótesis demasiado fantasiosa para que esta Sala le otorgue alguna seriedad... [Por eso] Dado que la discusión de la autoría se hace con extravagantes argumentos que no tienen el más mínimo respaldo en la realidad procesal y por el contrario lucen netamente imaginarios, la Sala descarta que el autor material del disparo y del herimiento de que fue víctima Jorge Ignacio Giraldo Zapata sea una persona distinta al procesado”(5).

La demandante no demuestra que el análisis probatorio del sentenciador se oponga a los postulados de la sana crítica, pues aun cuando formula un argumento soportado en conocimientos físicos y de balística, de conformidad con el cual un arma de fuego no puede disparar proyectiles de diámetro interior diferente, es lo cierto que los razonamientos del tribunal en forma alguna desconocen esos postulados científicos, tan solo ponen de presente los errores de la policía judicial en el proceso de aseguramiento de la escena del crimen, de recolección y embalaje de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas halladas en el sitio, los cuales en modo alguno impidieron predicar la autoría exclusiva del procesado en el homicidio a él atribuido, soportada en las declaraciones de los testigos presenciales y en la exposición que de los hechos ofreció en indagatoria Jairo Adolfo Chamorro Pérez.

El cargo, por consiguiente, no prospera.

2. Cargo segundo subsidiario.

La pretensión que subyace a los diversos errores de valoración probatoria que en esta censura postula la recurrente por supuesta trasgresión mediata de la ley, es que por encima de los razonamientos de los sentenciadores de instancia, se acoja la hipótesis de que el acusado no es responsable, pues creyó que la víctima iba a atentar contra él y sus familiares al hacer el ademán de disparar un arma de fuego, de manera que obró bajo error de prohibición al pensar que actuaba en “legítima defensa”, considerada como una causa excluyente de responsabilidad porque la conducta de quien actúa en defensa de un derecho propio o ajeno, contra una agresión que es injusta, actual o inminente, se halla justificada.

Conforme lo precisa el Ministerio Público las censuras corresponden a una crítica de la recurrente a los criterios expuestos en la sentencia, en orden a desacreditar las manifestaciones de incriminación, con el propósito de que sean acogidos sus planteamientos de preferencia a los estructurados argumentos expuestos por el tribunal, fundados en la credibilidad que le mereció el testimonio de Norma Nicolás White Navarro.

Siendo así, resulta viable examinar y responder de manera conjunta los diversos reproches que conforman el presente cargo.

Conforme con la jurisprudencia de la Corte,(6) cuando el agente actúa bajo el supuesto referido, su comportamiento está soportado en el error de prohibición denominado defensa putativa o presunta, porque quien así procede lo hace bajo el errado convencimiento de que es objeto de un indebido ataque, cuando en realidad no existe una embestida real o apremiante, por lo que la acción está determinada por una deformación de la verdad que da lugar a excusarlo de responsabilidad, siempre y cuando el error sea invencible, pues si fuere “vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa”, según precisa el artículo 32-10 del Código Penal.

De esa manera, la demostración del error eximente de responsabilidad debe centrarse en verificar la existencia de la circunstancia concreta que lo genera, es decir, el factor que le hace suponer al agente que es objeto de una injusta agresión, actual o inminente, la cual le impone reaccionar en defensa de un derecho propio o ajeno.

En la especie analizada, advierte la Sala como igual lo hacen el Ministerio Público y el apoderado de la parte civil en su condición de sujeto procesal no recurrente, que los argumentos de la demandante se alejan del cumplimiento de ese propósito, pues se concretan en criticar algunos aspectos puntuales de la valoración realizada por el sentenciador sobre ciertos medios de convicción y a efectuar un análisis que concluye en la vigencia de la causal eximente de responsabilidad que proclama.

En ese orden de ideas, percibe errores de raciocinio en el análisis del testimonio de Norman Nicolás White Navarro, pues, según afirma, el juzgador no advirtió las contradicciones que existen entre la primera declaración, la que ofreció en el curso de la inspección judicial y aquella rendida en la diligencia de audiencia pública, las cuales impedían otorgarle plena credibilidad al testimonio en tanto se ofrece incoherente, carente de concordancia y verosimilitud, amén de que en cada intervención el declarante complementaba su verdad en la medida que incorporaba a su testimonio situaciones no percibidas por él en forma directa.

Así las cosas, considera trascendente que en la primera ocasión el declarante no haya precisado si los conductores de los vehículos discutían por alguna razón, ni por qué el agresor descendió del vehículo y disparó contra la víctima, o que no recordara las características del automotor del procesado, ni cuál era su estado de ánimo; pero en la segunda declaración dijo que el acusado descendió del vehículo y le gritaba palabras soeces a la víctima, lo cual pudo escuchar bien ya que el sitio estaba descongestionado, y en la tercera agregó no haber percibido discusión por parte del agredido.

Aun cuando se conviniera con la recurrente que la declaración del testigo White Navarro, no coincide plenamente en las diversas ocasiones que testificó, de esta circunstancia no puede derivarse la trasgresión a la sana crítica que postula, pues la uniformidad del testimonio debe predicarse respecto de lo esencial, no en cuanto a aspectos meramente accesorios de la versión porque incluso en tal caso puede despertar desconfianza y hasta contrariar una regla de la experiencia, como así lo ha entendido la Corte:

“La idea del censor en cuanto a que se transgredió la sana crítica únicamente la fundamenta en el hecho de que no podía otorgarse credibilidad al testigo porque no fue absolutamente exacto en sus intervenciones, cuando precisamente lo que enseña la experiencia es que un mismo hecho narrado por una persona en instantes distintos por regla general no guarda total correspondencia en su texto o en alguna de sus circunstancias, e igualmente que los cambios en los cuales incurre, inclusive cuando están referidos a aspectos fundamentales, no constituyen una razón para el descrédito definitivo de todas sus afirmaciones. En este último evento, que no es el de examen —se aclara— la regla es que el testigo resulta sospechoso y que es indispensable por lo tanto escudriñar y analizar con suma rigurosidad las causas de la inconcordancia, en aras de determinar en dónde mintió y en dónde no lo hizo. Es que ni siquiera la retractación del testigo, como lo ha expresado la Sala, es por sí misma una causal que destruya de inmediato lo que ha sostenido en sus afirmaciones precedentes, o que conduzca a su descrédito total, sino una circunstancia que debe llevar al establecimiento del motivo de las versiones opuestas, el cual debe ser apreciado por el juez para determinar si le otorga credibilidad a alguna de ellas y con qué alcances, naturalmente teniendo en cuenta las demás pruebas del proceso”(7).

Entonces, sí son explicables las contradicciones en lo fundamental de un testimonio sin que ello en todos los casos conspire contra su credibilidad, con mayor razón, cuando se detectan en lo accesorio de la declaración, resultan insuficientes para inferir automáticamente que la prueba deba desecharse, pues siempre será necesario, se reitera, determinar su compatibilidad y confirmación con el restante acervo probatorio(8).

En ese contexto la recurrente ni siquiera diferencia lo fundamental de lo accesorio en la declaración del testigo presencial Norman Nicolás White Navarro, quien en lo relevante de cara a la reconstrucción de la verdad, fue claro al señalar que vio a los conductores de los vehículos discutir, aun cuando no supo el origen de la disputa, aspecto absolutamente entendible pues aquellos llegaron en tal actitud hasta donde él se encontraba y por esa razón, tampoco supo por qué el procesado descendió del vehículo en dos ocasiones, la segunda para disparar el arma contra la víctima.

Frente a este panorama, resulta accesorio que el testigo no hubiere percibido las características del vehículo del procesado o que no recordara solo esos datos por la impresión que le causó “ver matar a una persona indefensa así de fácil”, cuando lo trascendental está en que percibió el desarrollo de los sucesos, los cuales transmitió con fidelidad, coherencia y precisión a través de la declaración que rindió en el proceso, sin que la demandante logre concretar de qué forma el sentenciador desconoció los postulados de la sana crítica, al conferirle plena credibilidad al declarante.

La recurrente sostiene igualmente que el tribunal incurrió en un error de juicio al descartar el testimonio de Edwin David Gonzáles Albornoz, pues de haberlo valorado en conjunto con los demás medios de demostración que revelan un enfrentamiento entre los conductores, “no habría podido concluir, como lo hizo, que toda la reconstrucción del suceso por parte del testigo White Navarro era enteramente creíble y por el contrario habría tenido que aceptar que en dicho tópico fue contradicho por González Albornoz, o al menos que este testigo sembraba incertidumbre razonable sobre si en verdad correspondía a la realidad lo relatado por aquel, pues no de otra manera podía explicarse, como secuencia, los distintos sucesos observados por uno y otro”.

Según los términos de la censura el error del tribunal estriba en desconocer la existencia del conflicto que desde sus vehículos sostenían el procesado y la víctima, situación que, desde su perspectiva, no relató el testigo White Navarro, razón por la cual no podía concedérsele plena credibilidad.

La proposición carece de sentido, pues según lo ya expuesto, este declarante describió esa situación, pero aclaró desde la primera intervención en el proceso, que desconocía el origen de la disputa. Por su parte, González Albornoz fue enfático al sostener que no vio nada acerca de la discusión pues estaba más o menos a diez carros de distancia (sic) y ‘se supone que estaban peleando, la gente es muy intolerante y me supongo que vendrían peleando de atrás, quién sabe desde dónde’(9).

Resulta entonces inadmisible el reproche formulado con el propósito de controvertir la credibilidad de un testigo, cuando la recurrente no consulta el contenido y la coherencia interna de la prueba utilizada con esa finalidad, tampoco la concordancia y verosimilitud que de ella pudiera extractarse al confrontarla con los medios en los que se apoya la tesis defensiva, aspectos sobre los cuales el tribunal concluyó que la versión de González Albornoz “no permite reconstruir lo que aconteció en el momento culminante por la simple razón de que no lo presenció, solo alcanzó a escuchar el disparo”. Por consiguiente, tampoco “tiene la capacidad de desvirtuar el veraz y sincero testimonio de White Navarro”.

Por lo demás, en los aspectos esenciales de lo acontecido, la narración de González Albornoz difiere sustancialmente de la de Ángela María Chamorro Pérez, pues aquel ubica la posición de los vehículos de manera diferente a como lo narra la hermana del acusado, en tanto sostiene que la camioneta de Jorge Ignacio Giraldo Zapata se encontraba adelante y “no dejaba pasar al montero”, conducido por el procesado; al paso que la acompañante de este sostiene que el otro automotor se ubicaba detrás, los venía persiguiendo y los hostigaba, su conductor ‘aceleraba como a pegarse al carro’(10).

Acerca del falso juicio de identidad por cercenamiento de las declaraciones de los agentes de policía Francisco Antonio Vargas y Alexander Clavijo Villamil, bajo el supuesto de que el sentenciador no tuvo en cuenta que en sus declaraciones afirmaron haber sido informados por la ciudadanía que al lesionado le dispararon desde otro automotor, dato que ratifica la versión del procesado y contradice la del testigo White Navarro; la Sala observa que el argumento revela una simple discrepancia de la recurrente con los fundamentos probatorios del fallo, inútil para predicar la existencia de la causal eximente de responsabilidad que alega sin atender la lógica del recurso extraordinario. En ese escenario, pretende, sin abordar la crítica correspondiente bajo los presupuestos de la sana crítica, que se privilegien los testimonios de oídas de los agentes de policía citados, sobre la declaración del testigo presencial Norman Nicolás White Navarro.

Situación que se repite en la censura que por falso raciocinio formula frente a la declaración del agente Carlos Alberto Vanegas Sandoval, por no haber sido valorada en conjunto y conforme con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta que también escuchó a los curiosos referir el enfrentamiento de los conductores y que uno de ellos disparó desde un carro al otro conductor.

Por otra parte, la actora denuncia como falso raciocinio que el sentenciador rechazara la capacidad suasoria del hallazgo de una chapuza en el vehículo de la víctima, ya que de este hecho se deduce que portaba un arma de fuego.

El planteamiento de la actora es de orden especulativo pues pierde de vista que cuando del ataque a la valoración de la prueba indiciaria se trata, dado el proceso lógico que en ella se debe observar, ha de precisarse si el desacierto se cometió en relación con la prueba del hecho indicador, en la inferencia lógica, o en la labor de apreciación conjunta de los varios indicios entre sí, según su articulación, convergencia y concordancia, así como entre estos y las restantes pruebas, de modo que si la falla se aduce en la apreciación del hecho indicador, dado que necesariamente este ha de acreditarse con otro medio de convicción, necesario resulta precisar si el yerro fue de hecho o de derecho, a qué expresión corresponde, y cómo alcanza demostración en el asunto, o si el desacierto se señala en la inferencia —lo que supone aceptar la prueba con la cual que se demuestra el hecho indicador— le concierne demostrar que el juzgador en la labor de valoración se apartó de las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de experiencia, en qué consisten las correctas y cuál es su efecto.

Según da a entender, el yerro afecta el hecho indicador por no haberlo considerado el sentenciador para deducir la existencia de un arma de fuego en poder del agredido.

Sin embargo, el supuesto fáctico sobre el cual pretende que se construya el indicio carece de demostración, pues no es cierto que el elemento aludido haya sido encontrado dentro del carro conducido por Jorge Ignacio Giraldo Zapata, según lo declaró el agente de policía Carlos Alberto Vanegas Sandoval, primero en concurrir a la escena del crimen, quien precisó que, en efecto, en el lugar recogieron una chapuza “pero esa se encontraba fuera del vehículo, en la mitad de la calle... una persona la recogió y se la entregó a los policías que llegaron del Poblado”,(11) afirmación que se repite en la declaración del agente Alexander Clavijo Villamil, en tanto ubicó el elemento fuera del vehículo de la víctima y “La colocamos en el interior del carro como para que no se perdiera... La chapuza sí estaba en la calle”(12).

En esas condiciones no resultaba procedente que el sentenciador estableciera la estructura indiciaria que anhela la recurrente, como base para el reconocimiento de la causal eximente de responsabilidad que propone, frente a la cual precisó el tribunal “se ha pretendido fundar en que supuestamente la víctima hizo un ademán similar al de disparar un arma de fuego y por ello debió reaccionar el procesado disparando; pero este evento alegado no es compatible con que el procesado se bajó del carro alterado y apuntando al vehículo en el que se movilizaba la víctima... el hecho de que apareciera una chapuza de un arma, no dentro del vehículo sino afuera y cuyo origen, ni propietario se estableció, no permite soportar la idea de que el acusado padeciera una agresión por cuanto como se dijo, al bajarse del automotor, armado y apuntar a quien se movilizaba en el otro automotor, no estaba respondiendo, con necesidad real o presunta, a un ataque”. Consideraciones que no analiza la recurrente en orden a demostrar el error de raciocinio que postula.

El cargo comprende también un falso raciocinio en la apreciación del protocolo de necropsia, al concluir los sentenciadores que la víctima recibió el impacto cuando conducía centrando su atención en la vía, con lo cual descartaron que estuviera dedicado a proferir amenazas contra el procesado.

La censura, sin duda, confronta la valoración probatoria del sentenciador quien desechó la defensa putativa proclamada en la demanda y, como lo dice con acierto el procurador delegado, los argumentos se ofrecen intrascendentes e “insuficientes para sacar avante su pretensión dirigida a que se reconozca en favor del procesado Chamorro Pérez la eximente punitiva de la legítima defensa (sic), está desprovista, como ya se dijo, de incidencia, al no reparar que la versión ofrecida por este último, como la de su hermana María Angélica no merecen credibilidad, circunstancia que torna inviable el pedimento de la casacionista”.

Afirma, además, que el sentenciador incurrió en falso raciocinio en la apreciación del testimonio de Norman Nicolás White Navarro, “al concluir con base en dicha prueba que el señor Jorge Ignacio Giraldo Zapata no hizo un ademán similar al de disparar un arma de fuego contra Jairo Adolfo Pérez Chamorro y su familia”.

A través de esta censura la recurrente cuestiona una vez más el mérito persuasivo que el juzgador le confirió a las pruebas de la actuación, en tanto no acogió la hipótesis defensiva fundada en la eximente de responsabilidad anunciada, la cual descartó el juzgador merced al inverosímil relato del acusado y su hermana, confrontado con el del declarante White Navarro “testigo excepcional y ajeno a cualquier nexo de amistad o animadversión hacia la víctima o [el] victimario, quien asaz claro fue no solo en manifestar que el acusado después de apearse de su vehículo disparó contra el galeno que se encontraba al interior de su automotor, sino que fue el primero que acudió a auxiliar a la víctima y no observó en poder del occiso arma de ninguna naturaleza y tampoco en el interior del rodante”(13).

La Sala no observa que la valoración de esta prueba desconozca los postulados de la sana crítica, aspecto que la recurrente tampoco logra demostrar, ya que la existencia del error la proyecta en un plano meramente hipotético que repudia el contenido objetivo de la declaración materia de censura y en esa medida le atribuye al sentenciador conclusiones extrañas a los razonamientos expuestos en el fallo.

Por último, la recurrente le achaca al sentenciador un falso juicio de identidad por tergiversación, al afirmar que el testigo dijo que el agresor se bajó del vehículo, se dirigió hacia la víctima y le disparó, cuando lo indicado por el declarante es que se bajó el conductor e hizo un disparo al otro vehículo, o “se bajó, abrió la portezuela y desde ese extremo sacó un arma y disparó a la camioneta Blazer”; es decir, en parte alguna afirmó que el procesado “se haya dirigido hacia donde se encontraba el médico antes de disparar el arma de fuego que portaba”. Esa acción de dirigirse a la víctima, concluye la demandante, le aporta un plus negativo a su comportamiento que no fue trasmitido por el testigo, sino que surge de las suposiciones del juzgador.

A pesar de que el testigo White Navarro no hubiere empleado la expresión referida, de igual modo la demandante tampoco explica en qué consistió el plus negativo al que alude, ni cómo incidió en el establecimiento de la responsabilidad del acusado en el homicidio que se le imputa. Es cierto que el deponente indicó en su primera declaración que “el disparo lo hizo él fuera del vehículo, se bajó de este”,(14) y luego en la inspección judicial agregó: “...aproximadamente debajo del puente de intercambio vial se bajó nuevamente el señor del campero... se bajó, abrió la portezuela y desde ese extremo sacó un arma y disparó a la camioneta Blazer...”(15).

En ese contexto, se advierte sin dificultad que la locución del juzgador, además de lógica, consulta la inteligencia de lo narrado por el declarante, pues no pretende significar que el agresor haya avanzado, en el sentido de caminar, hacia la víctima, sino que la acción que se representó, la dirigió en contra de esa persona, lo cual se explica por sí solo, ya que si después de descender del carro, hubiere disparado al aire o en una dirección diferente, no podía haber alcanzado la humanidad de su víctima.

Se concluye, de ese modo, que los errores propuestos en el cargo segundo de la demanda, por falso raciocinio y falso juicio de identidad, en unos casos carecen de existencia y, en otros, de relevancia frente a la declaración de responsabilidad establecida en la sentencia de segundo grado, la cual, con base en el conjunto probatorio descartó la defensa putativa alegada por la recurrente, pues “al igual que el juez de primer grado, le confiere entera credibilidad al testigo Norman Nicolás White Navarro, a la vez que al respecto le produce sospecha el testimonio de la hermana del procesado y no encuentra que la versión de Edwin David González Albornoz respalde la existencia de algún suceso en que esta pudiere fundarse”.

Además, “El soporte de la ausencia de responsabilidad alegada por este aspecto se ha pretendido fundar en que supuestamente la víctima hizo un ademán similar al de disparar un arma y por ello debió reaccionar el procesado disparando; pero este evento alegado no es compatible con que el procesado se bajó del carro alterado y apuntando al vehículo en que se movilizaba la víctima... [y] el hecho de que apareciera una chapuza de arma, no dentro del vehículo sino afuera y cuyo origen, ni propietario se estableció, no permite soportar la idea de que el acusado padeciera una agresión por cuanto como se dijo, al bajarse del automotor, armado y apuntar a quien se movilizaba en el otro automotor, no estaba respondiendo, con necesidad real o presunta, a un ataque”.

El reproche no prospera.

3. Cargo tercero subsidiario.

En torno al tema propuesto en la censura, surge innegable que el artículo 283 de la Ley 600 de 2000 reconoce una disminución punitiva de una sexta parte “A quien, fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la actuación procesal confesare su autoría o participación en la conducta punible que se investiga ... si dicha confesión fuere el fundamento de la sentencia”; de igual modo que la jurisprudencia actual de la Corte admite tal rebaja no solo en frente de la confesión simple, sino también cuando ella es cualificada y que la interpretación de la expresión referida a que dicha confesión sea el fundamento de la sentencia enseña que esta “no significa, como a veces se entiende, que constituya su soporte probatorio determinante. Si así fuese, la norma de la reducción punitiva sería virtualmente inaplicable pues si la ley impone verificar el contenido de la confesión es normal que al hacerlo se logren otros medios de prueba con la aptitud suficiente para fundamentar el fallo. El significado de la exigencia legal está vinculado es a la utilidad de la confesión. Y si se considera que su efecto reductor de la pena se condiciona a que tenga ocurrencia en la primera versión y en casos de no flagrancia, la lógica indica que fundamenta la sentencia si facilita la investigación y es la causa inmediata o mediata de las demás evidencias sobre las cuales finalmente se construye la sentencia condenatoria (sent. de oct. 16/2003, Rad. 15656)”(16).

La disposición procesal aludida es de contenido imperativo, pues al sentenciado en quien se cumplan los presupuestos fácticos allí indicados, se le reducirá la pena en la proporción indicada, de manera que en tales eventos, le corresponde al juzgador, así no lo solicite la parte interesada, examinar la concurrencia de tales elementos y reconocer la disminución punitiva, si a ello hubiere lugar.

La Sala debe convenir con la recurrente que la disposición procesal examinada no fue aplicada por los sentenciadores de instancia, en tanto dejaron de valorar las pruebas relacionadas con los presupuestos de la confesión.

En ese orden de ideas, le asiste razón cuando sostiene que este asunto no envuelve una hipótesis de flagrancia: el procesado Chamorro Pérez no fue capturado en el momento de la ejecución del ilícito, tampoco inmediatamente después por persecución o voces de auxilio, ni aprehendido o sorprendido con objetos, huellas o instrumentos de los que se pudiera deducir su autoría o participación en la conducta punible.

Además, pone de presente que enterado de la existencia de la actuación penal en su contra, el sentenciado solicitó ser escuchado en indagatoria, en la cual, de manera consciente y libre, admitió ser el autor del disparo que ocasionó la muerte de una persona,(17) diligencia cumplida ante un funcionario judicial quien le advirtió sobre el derecho de no autoincriminación, y en la que contó con la asistencia de su defensor de confianza.

Los aspectos enunciados conducen al reconocimiento del descuento de pena previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal, indirectamente transgredido por el tribunal, pues si bien la confesión del sindicado no fue pura y simple en tanto declaró haber obrado con la convicción errada de que actuaba en legítima defensa, esta circunstancia no se opone al reconocimiento del beneficio, ya que por encima del carácter cualificado de su manifestación, surge la utilidad de su dicho en el desarrollo del proceso y a la configuración de la condena dispuesta en su contra, pues no puede desconocerse que antes de que el señor Chamorro Pérez compareciera al proceso, si bien las autoridades habían asegurado los datos del vehículo del agresor, se desconocían los de la persona que lo conducía al momento de los hechos y, por tanto, del autor del disparo y de la ulterior muerte de Jorge Ignacio Giraldo Zapata, todo lo cual implica que, en realidad, la aceptación parcial que hizo de los sucesos constituye un supuesto básico sobre el cual el juzgador estructuró la condena, ni más ni menos que reconoció ser el autor de la infracción.

En este orden de ideas, el cargo se ofrece procedente, motivo por el cual se casará en forma parcial la sentencia con el fin de reconocer el descuento de la sexta parte de la pena que por confesión prevé la norma procesal excluida en la sentencia.

4. Cargo cuarto subsidiario.

A través de la causal primera, cuerpo primero del artículo 207 del Estatuto Procesal, la demandante postula la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 104-3 del Código Penal y la consecuente falta de aplicación de los artículos 9º, 11, 13 y 103 ibídem.

En criterio de la actora, la norma indebidamente aplicada se justifica si con la selección del medio empleado para el homicidio, el agente coloca en peligro a otras personas o la comunidad, evento que supuso el tribunal porque al perder la víctima el control del vehículo que manejaba pudo atropellar a los peatones, lo cual no ocurrió merced a la hora de ocurrencia de los hechos, de escaso flujo de transeúntes y de vehículos.

La norma que en criterio de la recurrente fue indebidamente aplicada por el tribunal, prevé como motivo de mayor punibilidad que el sujeto activo del homicidio lo realice, entre otras hipótesis y para el caso concreto, por medio de la acción de disparar arma de fuego contra vehículo en que se hallen una o más personas, que como delito autónomo contra el bien jurídico de la seguridad pública aparece definido por el artículo 356 del Código Penal.

Se trata por tanto, de un suceso acompañante del hecho principal objeto de tutela, el cual de haber sido realizado de manera independiente del homicidio o las lesiones, daría lugar a la aplicación de sanción penal solo que de menor intensidad punitiva en cuanto a cantidad.

Por razón de ello, los tipos de homicidio y lesiones personales, agravados ambos por la concurrencia de una de las conductas referidas en el artículo 104-3 del Código Penal, por virtud del principio de la consunción, se aplican preferencialmente en tanto consumen el de disparo de arma de fuego contra vehículo definido por el artículo 356 y desvirtúan la existencia de un concurso ideal de tipos penales, pues es claro que el peligro que este encierra para la comunidad cuando no se produce ningún otro resultado en detrimento de los bienes jurídicos de la vida o la integridad personal (sic), dicha potencialidad deja de tener una tal connotación para convertirse en daño real cuando estos han alcanzado objetiva afectación, o el comportamiento al menos ha quedado en el plano de la tentativa(18).

Por razón de lo anterior, la postura de la recurrente resulta equivocada, primero, porque como ya ha sido esbozado, tratándose del comportamiento de disparar arma de fuego contra vehículo en el que se hallen una o más personas, y cuando como consecuencia de la acción a algunas de estas se les causa la muerte o se les infiere lesiones a su integridad corporal, el bien jurídico de la seguridad pública pierde autonomía y cede el paso a otro de mayor entidad social y jurídica cual es el de la vida y la integridad personal tutelados con la conminación de sanción penal a través de los tipos que definen las conductas de homicidio y lesiones personales. Y, segundo, porque acudiendo a una presunción de carácter legal, la ley parte de reconocer un hecho objetivo fundado en el supuesto que enseñan las reglas de experiencia de que cuando las víctimas se hallan en circunstancias tales que por las condiciones mismas de estar encerradas dentro de un vehículo automotor, objetivamente se les dificulta toda posibilidad de autoprotección o de defensa frente a un ataque con arma de fuego, así este se dirija contra una o varias personas en concreto(19).

La recurrente no tiene en cuenta que el argumento básico sobre el cual fundamentó el juzgador la concurrencia de la circunstancia de agravación mencionada, deducida en forma expresa en la acusación, se concreta justamente en la imposibilidad de protección en que se encontraba el agredido, ya que “no puede desconocerse —dijo el sentenciador a quo— que cuando alguien se encuentra dentro de un rodante se le dificulta más la defensa frente a un ataque con arma de fuego que si estuviera en campo abierto, con posibilidades de huir, resguardarse o repeler este (el ataque)”.

En estas condiciones, la protesta carece de fundamento, por consiguiente el cargo no prospera.

5. Cargo quinto subsidiario.

A través de la causal tercera de casación la demandante denuncia que la sentencia es nula por haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, como consecuencia de la falta de motivación en el proceso de dosificación punitiva, toda vez que el sentenciador incrementó en un año el mínimo de la pena prevista para el punible de homicidio, sin más argumento que ‘la gravedad de la conducta punible y la mayor intensidad del dolo’.

Conforme se ilustra en el libelo de la demanda y se corrobora en el texto de la decisión, el juzgador de instancia luego de establecer los extremos punitivos del homicidio agravado, previstos en el artículo 104 del Código Penal, precisó que “Como en el sub judice no se dedujeron circunstancias de mayor punibilidad (C.P., art. 58), y aflora la de menor punibilidad consagrada en el artículo 55 ibídem, nos ubicaremos en el cuarto mínimo, imponiéndole al acusado 26 años de prisión, dada la gravedad de la conducta punible y la mayor intensidad del dolo cifra que se incrementa en seis (6) meses más por el concurso (C.P., art. 31). Para una punición definitiva de veintiséis (26) años, seis (6) meses de prisión”.

Ante esta situación, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 61-3 del estatuto represor, una vez establecido el segmento dentro del cual debe determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando aspectos como la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

Lo anterior en consideración a que en el sistema actualmente vigente y jerarquizado con carácter de norma rectora, la Ley 599 de 2000 dispuso en su artículo 3º que la imposición de penas o medidas de seguridad debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, presupuestos que en conjunción con el método, criterios y reglas para la determinación de las sanciones penales, restringen la discrecionalidad del juez en esta materia.

Por ello, el artículo 56 del Código Penal, en cuanto a la motivación del proceso de individualización de la pena, establece que: “Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”, lo cual implica un ejercicio argumentativo basado en las reglas que rigen la pena, los principios que la inspiran y las razones por las que en el caso concreto se llega a la determinación final de su imposición.

La aplicación de estos criterios moderadores significa que la argumentación no puede fundarse en la íntima convicción del juez, ni en la intuición, ni en la sospecha, sino en las pruebas legalmente practicadas, y en el significado jurídico de los hechos probados. De alejarse el juez de estos parámetros ingresará en la proscrita arbitrariedad(20).

En el caso analizado, resulta inocultable que el juzgador fijó, sin motivación alguna, derivada de los aspectos fácticos acreditados en la actuación, la sanción del acusado Chamorro Pérez por encima del mínimo previsto para el cuarto de movilidad dentro del cual indicó que la establecería. Razón por la cual la Sala, acogiendo el concepto del procurador delegado, casará parcialmente la sentencia, con el fin de hacer los ajustes punitivos correspondientes a los cargos tres y cuatro, cuya prosperidad ha sido demostrada.

En tal orden de ideas, se eliminará de la pena principal impuesta por los juzgadores de instancia al acusado, el año en el que se incrementó el básico de la sanción sin exponer la motivación respectiva, y al monto restante se le disminuirá la sexta parte que por confesión le corresponde a Jairo Adolfo Chavarro Pérez, a quien en definitiva se le condenará a doscientos cincuenta (250) meses de prisión(21).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR parcialmente la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 28 de febrero de 2008.

2. DECLARAR que la pena principal a cumplir por el sentenciado Jairo Adolfo Chamorro Pérez, como autor del delito de homicidio agravado en la persona de Jorge Ignacio Giraldo Zapata, es de 250 meses de prisión.

3. En todo lo demás, la sentencia recurrida permanecerá inmodificable.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese, cúmplase».

(4) Folio 719.

(5) Folio 721.

(6) Sentencias del 14-07-08, Radicado 29809 y del 05-05-10, Radicado 27109.

(7) Sentencias del 06-12-00, Radicado 13047 y del 05-05-99, Radicado 12885.

(8) Sentencia del 30-10-08, Radicado 29351.

(9) Folio 333.

(10) Folio 84.

(11) Folio 268.

(12) Folio 360.

(13) Folio 624, sentencia de primera instancia.

(14) Folio 37.

(15) Folio 306.

(16) Casación del 14-04-10.

(17) Folio 49.

(18) Cfr. casación del 27-10-04.

(19) Ibídem.

(20) Sentencia del 21-10-09, Radicado 31399.

(21) Equivalentes a 20,83 años.