Sentencia 30335 de marzo 2 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 30335

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Acta 06

Sentencia de instancia

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diez.

Procede la Corte a proferir la correspondiente sentencia de instancia en el proceso promovido por Lucía Llamas Medina contra el Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín.

Mediante sentencia de 17 de octubre de 2008, esta Sala de la Corte casó la sentencia de 27 de abril de 2006, y su adicional de 22 de junio de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en el proceso referido.

Antes de comenzar a plasmar las consideraciones de instancia se dispuso librar oficio al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, para que remitiera los documentos que se echaron de menos en los folios 231 a 233, e igualmente se instó al demandado para que, si los tuviera en su poder, enviara una copia de los mismos.

En el recurso de apelación, el demandado aduce que no ha suscrito convención colectiva de trabajo con la demandante, porque como sindicato solo lo ha hecho con el municipio de Medellín, por lo que ninguna relación existe entre la trabajadora y el referido ente territorial, aunado a que no obra prueba de la fecha en que se suscribió el convenio, para determinar si fue oportunamente depositada, como lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

Insiste el apelante, en que la Proposición 2, en la cual la demandante apoya sus pretensiones, fue producto de la iniciativa de los trabajadores del sindicato para que a estos se les hicieran extensivas las prestaciones sociales de los trabajadores del municipio de Medellín, en atención a que en una asamblea anterior se había acordado el mismo sueldo y prestaciones sociales que devengan los trabajadores municipales, insinuación que estima no fue clara respecto de cuáles trabajadores pretendían nivelarse en cuanto a prestaciones, y en la que tampoco se hizo alusión a cuáles trabajadores municipales se refería, ni específicamente a ninguna convención en particular, y añade que la trabajadora fue afiliada desde su ingreso al Instituto de Seguros Sociales, al que ha estado pagando los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, para garantizarle el pago de su pensión de vejez cuando cumpla con las exigencias legales (fls. 57 a 60, cdno de la Corte), argumentos que reitera en el escrito en el cual sustentó ese recurso (fls. 54 a 56).

Al respecto, el acta 27, correspondiente a la asamblea general de delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín, de fecha 3 de junio de 1981 (fls. 11 a 27), en la parte pertinente, dice:

“Proposición 2. Las funcionarias del sindicato solicitaron a la asamblea, se les haga extensivo las prestaciones de los trabajadores, ya que en una asamblea se había acordado el mismo sueldo y las mismas prestaciones que tienen los trabajadores municipales, tanto las legales como las extralegales. Puesta en consideración la proposición, es aprobada por unanimidad. Esta petición la hicieron, debido a que no estaba clarificada en el libro” (fl. 26).

Así las cosas, es evidente que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín se obligó, en favor de sus propias trabajadoras, a hacerles extensivas las prestaciones legales y extralegales que devengan los trabajadores del municipio, puesto que en la mencionada acta consta que “Puesta en consideración la proposición, es aprobada por unanimidad.” (fl. 26). Obviamente, no era necesario entonces que las trabajadoras del demandado fuesen trabajadoras oficiales del municipio de Medellín para beneficiarse de los derechos allí pactados, pues lo que surge del acta en comento es que, sin ninguna condición diferente a la de ser empleadas del sindicato, este acordó reconocer los mismos beneficios que, como trabajadores del municipio, tenían los miembros de esa organización sindical.

Y si no se especificó a cuáles prestaciones extralegales tendrían derecho las beneficiarias de lo decidido por la asamblea, debe concluirse que lo son todas aquellas de las que pudieran gozar los afiliados al sindicato.

Y como en el artículo 71 de la convención colectiva de trabajo se pactó una pensión de jubilación para los servidores del municipio de Medellín, nada se opone a que se le haga extensiva esa prestación a la demandante.

Argumenta el demandado que la convención colectiva aportada al proceso no reúne los requisitos de validez exigidos en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no consta la fecha en que se suscribió.

Revisada la convención colectiva, se observa que a folio 154 vuelto obra constancia de la fecha de su depósito ante el funcionario público del Ministerio de la Protección Social el 19 de agosto de 2003, sin que en la misma se pueda determinar la fecha de suscripción; se ha de indicar que, no puede entenderse que la fecha de depósito supla o reemplace la fecha de su suscripción, pues de conformidad con el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo la convención colectiva  “se depositará  a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto”.

Así las cosas, al ser la convención colectiva un acto solemne, la existencia de la misma depende del cumplimiento de los requisitos legales, por tanto  al no tener certeza de la fecha de suscripción de la misma, y en consecuencia, de  su correspondiente depósito, no se da cumplimiento al artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, al respecto esta Sala Laboral ya se pronunció en un caso similar al sometido a estudio en casación radicado 22912 del 17 de junio de 2004, en los siguientes términos:

“... el depósito oportuno de la convención colectiva según lo normado en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo es una exigencia de la ley para su validez, como reiteradamente lo ha señalado la Sala en los siguientes términos: “al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos  para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando  su texto auténtico, así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo” (sent. de mayo.16/2001, rad. 15120 y dic.4/2003, rad. 21042).

De este modo, la constatación de que en el sub lite se aportó como fuente de los derechos reclamados un texto convencional en el cual no aparece la fecha en que fue suscrito por las partes, evidencia que se está en la imposibilidad de determinar con certeza el punto de partida para empezar a contar el término de los 15 días a que hace referencia el artículo 469 citado.

Y es que la ley, en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la exigencia del documento escrito, contentivo de todos los términos de la convención colectiva, depositado oportunamente en el hoy Ministerio de la Protección Social, para acreditar la existencia y validez de la misma.

Uno de los requisitos allí precisados es que el depósito sea oportuno, el cual solo se cumple si tal actuación se surte dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la firma de la convención colectiva. De esta manera se ha de entender en concordancia con el artículo 468 del Código Sustantivo del Trabajo, que la fecha de firma de la convención hace parte de su contenido”.

Por lo anterior, se da por no probada la existencia de la convención colectiva al adolecer de la falta de solemnidad  exigida por ley y de la cual pretende la demandante derivar sus pretensiones.

En consecuencia, se revocará la sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, de fecha 29 de noviembre de 2005, y su complementaria de 6 de febrero de 2006, para en su lugar absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Las costas de las instancias, y del recurso extraordinario de casación serán a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, actuando en sede de instancia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, de fecha 29 de noviembre de 2005, y su complementaria de 6 de febrero de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Lucía Llamas Medina contra el Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín, para en su lugar absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Las costas de las instancias serán a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente  al tribunal de origen.

Magistrados: Eduardo López Villegas —Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco  Mendoza—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.