Sentencia 30363 de febrero 4 de 2009

 

Sentencia 30363 de febrero 4 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CONTABILIZACIÓN DE TÉRMINOS EN EL PROCESO PENAL

Términos para acceder a la libertad provisional.

EXTRACTOS: «Como el demandante plantea que se debe disponer la invalidación de lo actuado por cuanto el fiscal presentó el escrito de acusación luego de vencerse el término de 30 días dispuesto en la ley para ello, circunstancia constitutiva de una causal de impedimento, pese a lo cual continuó con el diligenciamiento, bastaría señalar al respecto que de tiempo atrás la Sala (1) ha resuelto pacíficamente dicha temática.

En efecto, sobre el particular se ha puntualizado que si bien la ausencia de declaración de impedimento del funcionario en quien concurre alguno de los supuestos de hecho que conforman las causales para proceder a ello comporta una incorrección de la cual pueden derivarse eventuales consecuencias disciplinarias, lo cierto es que no conlleva la invalidación de la actuación, puesto que el desconocimiento de tal obligación puede ser suplida por los sujetos procesales acudiendo al instituto de la recusación.

Similares consideraciones a las precedentes pueden efectuarse sobre los planteamientos que en el cargo primero ofrece el casacionista, referidos a deprecar la invalidación de lo actuado, de una parte, porque el a quo desbordó el término de 15 días establecido en el inciso 3º del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 para realizar la audiencia de lectura de fallo, situación que lo colocaba en una circunstancia de impedimento, y de otra, dado que el tribunal no respetó el término dispuesto para adelantar la audiencia de debate oral, pues de acuerdo con el artículo 179 de la citada legislación debe efectuarse dentro de los 10 días siguientes a cuando la secretaria acredite la entrega de los registros de las audiencias, circunstancia que ocurrió el 8 de febrero de 2008, pese a lo cual, solo hasta el 31 de marzo de 2008 se dispuso que aquella audiencia se realizaría el 15 de abril siguiente.

Así pues, como viene de verse, sin dificultad se verifica que el demandante no precisa, ni la Sala advierte, de qué manera con tal pretermisión de términos se afectaron sustancialmente las bases o la estructura del proceso. Además debe puntualizarse que las incorrecciones denunciadas carecen de trascendencia como para conseguir la declaratoria de nulidad solicitada.

No obstante que de acuerdo con lo anotado puede tenerse como respondido adversamente el reproche presentado por el impugnante, considera la Sala oportuno dentro de su función propedéutica inherente a la finalidad de unificar la jurisprudencia nacional (L. 906/2004, art. 180), abordar el planteamiento propuesto en cuanto se refiere a dilucidar si los términos establecidos en el artículo 175 ejusdem para formular acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, realizar audiencia preparatoria o adelantar audiencia del juicio oral, corresponden a días hábiles o ininterrumpidos, amén de precisar la contabilización de los lapsos dispuestos en los numerales 4º y 5º del artículo 317 de la citada legislación para acceder a la libertad provisional.

2.1. Jueces en el sistema penal acusatorio.

Para el anunciado cometido es pertinente señalar que el sistema penal acusatorio reglado en la legislación procesal de 2004 cuenta con dos fases, una preprocesal comprensiva de los ciclos de indagación e investigación, y otra procesal. La primera, a manera de ejemplo, está constituida por la notitia criminis, la indagación, la audiencia de formulación de imputación, la práctica de pruebas anticipadas, las medidas de protección de víctimas y testigos, las medidas de aseguramiento, las medidas cautelares, la aplicación del principio de oportunidad, la preclusión y la aceptación de cargos, sin perjuicio de que algunas de estas actuaciones puedan ser aplicadas también en la etapa de juzgamiento.

La segunda, está integrada, entre otros, por la presentación del escrito de acusación, la audiencia de formulación de la acusación, la audiencia preparatoria, la audiencia de juicio oral, el anuncio inmediato del sentido del fallo, la audiencia de individualización de la pena, el incidente de reparación integral y la lectura del fallo.

A su vez, la referida sistemática procesal confía el curso de la actuación en primer grado a dos clases de jueces, son ellos, los de control de garantías y los de conocimiento.

2.1.1. Jueces de control de garantías. 

Tienen la función de constatar si las facultades ejercidas por la fiscalía y la policía judicial, amén de las excepcionales (art. 32 de la Carta Política) se ajustan o no a los cánones constitucionales, especialmente, al respeto de los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos, rigiéndose para ello por el criterio de disponibilidad, según el cual, en todo momento puede contarse efectivamente con la intervención de un juez de control de garantías a fin de realizar la mencionada labor.

En tal sentido se dejó sentado en la exposición de motivos del proyecto de ley que dio lugar a la expedición de la Ley 906 de 2004:

“En el proyecto (...) se impone el deber al fiscal de someterse ante el juez que ejerce la función de control de garantías para el correspondiente juicio de legalidad, sobre lo actuado en diligencias de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su práctica y en audiencia de control de legalidad posterior.

De cara al nuevo sistema no podría tolerarse que la fiscalía, a la cual se confiere el monopolio de la persecución penal y por ende, con amplios poderes para dirigir y coordinar la investigación criminal, pueda al mismo tiempo restringir, por iniciativa propia, derechos fundamentales de los ciudadanos o adoptar decisiones en torno de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal, pues con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos.

Por ello, en el proyecto se instituye un conjunto de actuaciones que la fiscalía debe someter a autorización judicial previa o a revisión posterior, con el fin de establecer límites y controles al ejercicio del monopolio de la persecución penal, mecanismos estos previstos de manera escalonada a lo largo de la actuación y encomendados a los jueces de control de garantías. Función deferida a los jueces penales municipales, quienes apoyados en las reglas jurídicas hermenéuticas deberán establecer la proporcionalidad, razonabilidad, y necesidad de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales solicitadas por la fiscalía, o evaluar la legalidad de las actuaciones objeto de control posterior” (negrillas fuera de texto).

Por las razones expuestas, el legislador de 2004 determinó que corresponde a los jueces de control de garantías dar curso y decidir en audiencia preliminar los asuntos que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o del juicio oral, v. gr.: (i) El control de legalidad sobre los elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la fiscalía, (ii) La práctica de una prueba anticipada, (iii) Las órdenes de medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos, (iv) La solicitud de medida de aseguramiento formulada por la fiscalía, así como su revocatoria a petición de cualquiera de las partes o el Ministerio Público, (v) La petición de medidas cautelares reales, (vi) La formulación de la imputación, (vii) El control judicial de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad en cualquiera de sus modalidades, y (viii) Las peticiones de libertad presentadas con anterioridad al anuncio del sentido del fallo (art. 154, modificado por la L. 1142/2007, art. 12).

De manera reservada los jueces de control de garantías deben adelantar audiencias de: (a) Control de legalidad posterior en materia de allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas, (b) Autorización judicial previa para la realización de inspección corporal, obtención de muestras para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de pisadas, así como procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales.

También corresponde a los mencionados jueces realizar control de legalidad posterior, entre otros, sobre: (1) El diligenciamiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares, (2) Las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la fiscalía haya carecido de la oportunidad para solicitar el mandamiento escrito, (3) La orden de vigilancia y seguimiento de personas, y (4) La captura del acusado en la fase de juzgamiento.

Deben los jueces de control de garantías pronunciarse dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes sobre la legalidad de las siguientes actuaciones: (a) Captura en flagrancia y excepcional, (b) Registros, allanamientos, búsqueda de datos e interceptación de comunicaciones, (c) Incautación u ocupación de bienes o recursos con fines de comiso, (d) Vigilancia y seguimiento de personas, (e) Orden de vigilancia de inmuebles, naves, aeronaves, vehículos o muebles, (f) Operaciones encubiertas culminadas, (g) Entregas vigiladas realizadas, (h) Búsquedas selectivas de datos finalizadas, (i) Exámenes de ADN que hayan involucrado al indiciado o imputado, (j) Captura con fundamento en mandato judicial y (k) Captura en la fase de juzgamiento.

De las anteriores funciones puede concluirse sin dificultad que se trata de actuaciones judiciales perentorias y urgentes encaminadas a la protección inmediata de derechos fundamentales de los indiciados, tales como la libertad personal, la legalidad de los actos de investigación y de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la intimidad personal y familiar, y el debido proceso.

Al respecto ha precisado la Sala:

“Criterios de razonabilidad son los que deben primar en la intervención del juez de control de garantías, cuando lo que se le pide es actuar prontamente en la vigilancia y protección de derechos fundamentales, evidente como surge, además, que la modificación introducida al artículo 39 de la Ley 906 de 2004, busca precisamente hacer más flexible esa posibilidad general de intervención, al punto de instituir los llamados jueces de garantías ambulantes, quienes actuarán en los lugares donde solo se radique un juez municipal o, para lo que aquí interesa ‘se trate de un lugar en el que el traslado de las partes e intervinientes se dificulte por razones de transporte, distancia, fuerza mayor u otras análogas’.

El artículo en mención señala un derrotero general que tiene como finalidad facultar esa intervención dentro del menor tiempo posible, buscando sortear las muchas dificultades que por razón de la carencia de jueces y fiscales, limitaciones geográficas y condiciones de seguridad, dificultan grandemente la posibilidad material de que en todos los casos los indiciados sean presentados, inmediatamente, ante el juez de control de garantías con asiento en el lugar de los hechos” (2) .

También se ha puntualizado:

“El propio artículo 237, antes y después de la modificación introducida por el artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, es claro en ordenar que la comparecencia del fiscal ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de legalidad sobre lo actuado debe hacerse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al cumplimiento de las órdenes, expresión que no admite discusiones en torno a que el cómputo debe hacerse a partir de la terminación de la diligencia” (3) .

Puede señalarse que a los jueces de control de garantías les compete intervenir episódica y puntualmente, esto es, en apartes del curso del proceso, con el propósito de constatar la legalidad y respeto por los derechos fundamentales y garantías, amén de decidir con efecto vinculante sobre tales aspectos, al punto de estar facultados para disponer que las evidencias recaudadas no puedan ser aducidas como prueba por el ente acusador, y tanto menos, sean ponderadas por los funcionarios judiciales, al hallarlas violatorias de los citados derechos, según se deriva del artículo 29 de la Carta Política, en virtud del cual, “es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Igualmente están en condiciones de disponer la libertad inmediata de personas capturadas de manera ilegal, o de negar por improcedente la práctica de una prueba anticipada al no presentarse las circunstancias excepcionales dispuestas por el legislador para su recaudo fuera del juicio oral. También, pueden no imponer la medida de aseguramiento solicitada por la fiscalía, cuando establezcan su inviabilidad en atención al delito por el que se procede, la falta de configuración de las exigencias sustanciales para ello o que es otra la medida procedente.

2.1.2. Jueces de conocimiento. 

A diferencia de los anteriores, a los jueces de conocimiento sí les corresponde decidir definitivamente sobre el asunto, ya en virtud de un fallo condenatorio o absolutorio, o bien, profiriendo preclusión de la investigación. Es por ello que la condición de juez de conocimiento no puede recaer en quien dentro del mismo diligenciamiento se haya desempeñado como juez de control de garantías, así lo establece expresamente el artículo 39 de la Ley 906 de 2004.

La actividad de los jueces de conocimiento puede ocurrir en la fase preprocesal, como cuando deciden a instancia de la fiscalía en cualquier momento (4) hasta antes de la presentación del escrito acusatorio, precluir la investigación o pronunciarse sobre el desistimiento de la querella, o bien, en la fase del juicio oral, al proferir preclusión de la investigación a solicitud del ente acusador o culminar el trámite con un fallo.

2.1.3. Conclusiones. 

De lo expuesto hasta aquí pueden extraerse varias conclusiones, necesarias como premisas del planteamiento que sobre la temática abordada realizará la Sala, así:

(i) Ni la fase preprocesal es de competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, ni tampoco la del juicio oral es privativa de los jueces de conocimiento.

(ii) La intervención de los jueces de control de garantías es episódica, urgente e inmediata en el ámbito de protección de derechos fundamentales y garantías con relación a las actuaciones de la fiscalía y se extiende en todo el marco del diligenciamiento, no solamente en la etapa preprocesal y procesal investigativa, sino también en el juicio.

(iii) Los jueces de control de garantías no se pronuncian con carácter definitivo respecto de la responsabilidad penal del incriminado.

(iv) Los jueces de conocimiento sí tienen la facultad de proferir la decisión que de por terminado el diligenciamiento.

2.2. Contabilización de términos procesales.

En especial son dos las normas que se ocupan de establecer las reglas que gobiernan la contabilización de términos procesales dentro del sistema penal acusatorio, son ellas, los artículos 157 y 175 de la Ley 906 de 2004, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 157.—Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto.

Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función.

Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente.

Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten, previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas” (negrillas fuera de texto).

“ART. 175.—Duración de los procedimientos. El término de que dispone la fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.

La audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria” (negrillas fuera de texto).

Sobre tales preceptos conviene distinguir que el artículo 175 no se encuentra instituido para proteger el derecho fundamental a la libertad personal de los incriminados, como si ocurre con las causales de libertad provisional reguladas en el artículo 317 del mismo ordenamiento. Aquella norma se orienta a evitar la dilación injustificada de los trámites, aspecto que hace parte de la más amplia noción del derecho fundamental al debido proceso (inc. 3º, art. 29 de la Constitución) y constituye desarrollo legal de la normativa internacional sobre el particular establecida en el numeral 1º del artículo 8º de la Convención Americana de San José de Costa Rica (L. 16/72) y en el numeral 3º, literal c) del artículo 14 del Pacto de derechos civiles y políticos de Nueva York (L. 74/68).

Por su parte, el artículo 157 establece la forma en que deben contarse dichos términos a fin de evitar dilaciones procesales injustificadas, para lo cual el legislador estableció dos posibilidades, una, que se tengan en cuenta todos los días de manera ininterrumpida, y la otra, que se contabilicen únicamente los días hábiles.

Para optar por una u otra alternativa, se dispuso en la ley un criterio no derivado de la fase en la cual se encuentre el trámite, ya en el ciclo preprocesal o en el juicio, sino de la autoridad judicial ante quien debe surtirse la actuación, distinguiendo entonces, entre las correspondientes a los jueces de control de garantías y aquellas que atañen a los jueces de conocimiento.

Si se trata de las primeras, actuaciones ante jueces de control de garantías, “Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función”. Respecto de las segundas, actuaciones ante jueces de conocimiento, “se adelantarán en días y horas hábiles”.

Siendo ello así, se reitera, no es la fase en la cual se encuentre el trámite la determinante de la regla de contabilización de términos, sino la autoridad judicial ante quien debe surtirse la actuación la que establece cómo se contarán los lapsos para adelantarla.

Lo expuesto tiene sentido, en la medida en que como atrás se dilucidó, la intervención de los jueces de control de garantías es puntual, urgente e inmediata en procura de asegurar los derechos fundamentales y garantías de las personas, ya en el periodo preprocesal (v. gr. control de legalidad sobre los elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la fiscalía), ora en la fase del juicio (v. gr. control de legalidad del capturado en esta fase), mientras que la labor de los jueces de conocimiento no precisa de tal premura, siempre que no comporte una dilación injustificada, tenga ella lugar en el ciclo preprocesal (v. gr. preclusión de la investigación a instancia de la fiscalía solicitada en cualquier momento anterior a la presentación del escrito acusatorio) o en el juicio oral (v. gr. proferimiento del fallo).

Pese a lo dicho, conviene destacar que así como para los trámites que se adelantan ante los jueces de garantías o de conocimiento el legislador define unas pautas para su contabilización, también las precisa respecto de la actividad adelantada por la fiscalía en cuanto órgano encargado del ejercicio de la acción penal y de la investigación de los hechos que revistan las características de un delito (L. 906/2004, art. 66).

En tal sentido se tiene que el artículo 157 de la mencionada legislación establece que “La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto”, por tanto, si dentro de la definida división de roles propia del sistema penal acusatorio, compete a la órbita funcional de la fiscalía en su calidad de parte titular de la acción penal realizar dicha persecución, amén de tales indagaciones, pues al juez (ya de garantías o de conocimiento) en su calidad de tercero solo le compete la definición de derechos para poner fin a la dialéctica adversarial de partes, es claro que los términos para el ente acusador transcurren de manera ininterrumpida, es decir, en días calendario, no en días hábiles, como sí ocurre respecto de las actuaciones surtidas ante los jueces de conocimiento, según atrás se dilucidó.

Debe entenderse que cuando el artículo 157 de la legislación procesal de 2004 establece que “Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente” (negrillas fuera de texto), no incluye en tal vademécum de posibilidades la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscalía, como que solo está señalando la necesidad de establecer conforme a los diversos factores de competencia el juez a quien corresponderá el curso de la fase del debate oral.

Por las mismas razones, también los términos de que trata el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 deben ser contabilizados para los efectos allí establecidos de manera continua.

2.3. El caso examinado.

Una vez precisado lo anterior y como el argumento toral del recurrente se circunscribe a señalar que la presentación del escrito de acusación fue extemporánea, pues si la formulación de imputación se realizó el 24 de junio de 2007, los 30 días de que trata el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 se cumplieron el 24 de julio siguiente, sin embargo, el referido escrito se allegó hasta el 27 de los mismos mes y año, encuentra la Sala que tal argumento tampoco tiene vocación de prosperidad.

En efecto, no hay duda que el demandante acierta al señalar la irregularidad, pues los 30 días para que la fiscalía presentara el escrito de acusación se vencieron el 24 de julio de 2007, pese a lo cual, solo lo allegó 3 días después. No obstante, como inicialmente se advirtió al analizar este reproche, la Sala encuentra que no hay lugar a declarar la nulidad deprecada, pues si el fiscal actualizó la causal impeditiva establecida en el numeral 8º del artículo 56 de la legislación procesal de 2004, el efecto que de ello se deriva no es la invalidación del diligenciamiento, sino las posibles consecuencias disciplinarias para quien actuó en tales circunstancias, según lo tiene suficientemente decantado la jurisprudencia de esta Sala.

2.4. Los términos para acceder a la libertad provisional.

Como la Sala vislumbra que de la interpretación expuesta en precedencia podrían derivarse conclusiones equívocas en punto de la contabilización de los términos para acceder a la libertad provisional reglados en los numerales 4º y 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, procede a dilucidar tal temática, también en procura de actuar teleológicamente en la unificación de la jurisprudencia nacional.

El texto de los referidos preceptos es el siguiente:

“ART. 317.—Causales de libertad.

4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere presentado la acusación o solicitado la preclusión. Los términos previstos en este numeral se contabilizarán en forma ininterrumpida.

5. Cuando transcurridos noventa (90) días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral” (negrillas fuera de texto).

Los términos dispuestos en esta norma son independientes de los establecidos en el acápite correspondiente a la duración de los procedimientos. En efecto, los lapsos en la preceptiva transcrita obviamente tienen como fin evitar la indefinición en la privación real de la libertad personal del incriminado, mientras que los tiempos señalados en el artículo 175 se ocupan de soslayar las dilaciones injustificadas en el trámite.

Por lo tanto, es claro que el ámbito de protección de las causales de libertad se concreta en el derecho fundamental a la libertad personal de los individuos vinculados a un diligenciamiento penal, mientras que la “duración de los procedimientos” se ocupa de asegurar el derecho también fundamental al debido proceso.

No hay duda que entre los derechos fundamentales citados hay una estrecha relación, no obstante, es palmario que uno y otro corresponden a ámbitos y contenidos diversos, el de libertad personal referido a garantizar que las personas se desplacen sin limitación alguna, salvo los taxativos casos en que de conformidad con el principio de reserva judicial ciertos funcionarios pueden limitar tal derecho. El segundo, el debido proceso, se ocupa de señalar las reglas, momentos y oportunidades que gobiernan el curso de un averiguatorio, a fin de que los sujetos procesales e intervinientes tengan claridad sobre los momentos pertinentes para hacer valer sus derechos e intereses.

Los fragmentos de la norma transcrita comportan desarrollos legales de los artículos 28 de la Carta Política, 7º de la Convención Americana de San José de Costa Rica (L. 16/72) y 9º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Nueva York (L. 74/68).

Se reitera, el término de 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación sin que se hubiere presentado la acusación o solicitado la preclusión, es independiente por completo del término de 30 días que para formular acusación o preclusión le asiste a la Fiscalía en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004.

Por ejemplo, puede ocurrir que el mismo día de su captura a una persona se le formule imputación y que a los 30 días el fiscal que conoce del asunto solicite a su superior la designación de otro acusador por encontrarse en la causal impeditiva señalada en el artículo 294 de la Ley 906 de 2004. Nombrado otro fiscal 10 días después, formula acusación 25 días más tarde.

En la hipótesis analizada, el incriminado tendría derecho a su libertad provisional al transcurrir el lapso de 60 días ininterrumpidos y continuos desde el siguiente a la formulación de imputación, independiente de que la acusación sea proferida 5 días después.

Aclarado lo anterior, como en el numeral 4º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, el legislador dispuso que “Los términos previstos en este numeral se contabilizarán en forma ininterrumpida” (negrillas fuera de texto), encuentra la Sala que frente a dos situaciones similares de privación efectiva de la libertad, de una parte, desde la formulación de imputación hasta la presentación del escrito de acusación o solicitud de preclusión (num. 4º), y de otra, a partir de la presentación del escrito de acusación y hasta el inicio de la audiencia de juicio oral (num. 5º), el legislador estableció diversas formas de contar los términos.

En el primer caso fue claro al señalar: “se contabilizarán de manera ininterrumpida”, pero en el segundo no dijo nada, de modo que se ha entendido su contabilización de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, al disponer que “Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente”, como en efecto fue así expuesto en decisiones unipersonales de hábeas corpus por un magistrado de esta colegiatura (5) .

No obstante, se advierte que si bien una tal interpretación responde a criterios lógico-formales y exegéticos en desarrollo del principio de legalidad, lo cierto es que crea una distinción odiosa entre quienes se encuentran efectivamente privados de su libertad estando en la fase anterior a la presentación del escrito acusatorio y aquellos cuyos diligenciamientos ya han superado dicho estadio procesal, pues respecto de los primeros el lapso para acceder a su libertad provisional incluye los sábados, domingos y festivos, mientras que para los segundos tales días no cuentan, porque solo se contabilizan los hábiles, de manera que, en primer lugar, se hace más gravosa de forma irrazonable la situación de estos, y en segundo término, se quebranta el postulado, según el cual, a idénticas circunstancias de hecho corresponden las mismas consecuencias de derecho.

Por tanto, si de conformidad con el texto del artículo 13 de la Carta Política, quienes se encuentren en las mismas situaciones deben recibir idéntico tratamiento por parte de las autoridades —incluido desde luego el legislador— natural resulta que las diferencias de trato deben obedecer a criterios razonables a partir de un sustento objetivo.

Como ya se advirtió, en la temática analizada la Sala establece que en el precepto examinado, el legislador dispuso un diverso trato entre los privados de la libertad en trámites donde no se haya presentado escrito de acusación y aquellos en los cuales ya se cuente con dicho instrumento.

En la Gaceta del Congreso 124/2007 correspondiente al informe de ponencia para primer debate del proyecto de Ley 081 de 2006 Senado, 023 de 2006 Cámara, que culminó con la expedición de la Ley 1142 de 2007 se precisó al respecto:

“El artículo 27 del pliego de modificaciones mediante el cual se regulan las causales de libertad del imputado o acusado se mejoró en su redacción a través de la Proposición 47 presentada por el representante Nicolás Uribe y el Fiscal General de la Nación. Básicamente se precisó que los términos para tener derecho a la libertad se contabilizarán de forma ininterrumpida, y además, que los mismos correrán a partir de la falta de presentación del escrito de acusación o de preclusión y desde la presentación del escrito de acusación para las hipótesis consagradas en los numerales 4º y 5º” (negrillas fuera de texto).

Lo expuesto permite concluir que la voluntad del legislador se orientó a tratar de manera igual las dos situaciones analizadas en punto del acceso a la libertad provisional, pese a ello, el texto finalmente aprobado comporta una odiosa distinción en el trato carente de razonabilidad, como que un día de privación efectiva de la libertad es igualmente gravoso tanto para quien está pendiente de que se presente el escrito de acusación, como para aquél en cuyo trámite ya obra dicho documento del ente acusador.

Adicionalmente se tiene que en ambos casos los sujetos pasivos de la acción penal tienen la condición de sindicados, pues no obra en su contra fallo condenatorio ejecutoriado, razón adicional para advertir las estrechas semejanzas entre una y otra circunstancia, suficientes para imponer un idéntico tratamiento en punto de la contabilización de los días de internamiento necesarios para acceder a la libertad provisional, con mayor razón si en virtud de la Ley 1142 de 2007 el término de 60 días contados a partir de la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral fue incrementado a 90 días.

También se observa que con la interpretación propuesta se cumple para la contabilización de días con posterioridad a la presentación del escrito de acusación y antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, con los mismos motivos de política criminal, esto es, acudir solo de manera excepcional a la privación preventiva de la libertad, además de limitarla y evitar su indefinición en el tiempo.

En suma, advierte la Corte que la distinción realizada por el legislador en los numerales 4º y 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 modificados por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007 no responde a criterios razonables y objetivos y quebranta el derecho de igualdad de las personas, circunstancia que impone en virtud del artículo 4º de la Carta Política dar prevalencia a su artículo 13 y por ello, entender que la contabilización “en forma ininterrumpida” de los términos previstos en el citado numeral 4º del artículo 317, también se hace extensiva a los tiempos establecidos en el numeral 5º del mismo precepto.

Cuestión final

Dado que en el estudio del segundo cargo la Sala encuentra que el fiscal a quien correspondió la presentación del escrito de acusación siguió actuando a pesar de encontrarse dentro de una específica circunstancia impeditiva, se dispone compulsar copias ante el respectivo Consejo Seccional de la Judicatura, a fin de que se investigue si con tal proceder incurrió en alguna falta disciplinaria».

(Sentencia de casación, 4 de febrero de 2009. Radicación 30363. Magistrada Ponente: Dra. María del Rosario González de Lemos).

(1) Sentencias del 26 de marzo de 2008. Radicación 25610, 14 de septiembre 2000. Radicación 13268, 8 de agosto de 1996. Radicación 10632, auto del 14 de abril de 1994. Radicación 9169 y sentencia del 23 de noviembre de 1989. Radicación 3600, entre otras.

(2) Auto del 12 de junio de 2008. Radicación 29904.

(3) Sentencia del 9 de abril de 2008. Radicación 28535.

(4) Mediante sentencia C-591 del 9 de junio de 2005, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “a partir de la formulación de imputación” que limitaba la oportunidad para que la fiscalía solicitara la preclusión de investigación.

(5) Providencias del 28 de noviembre de 2007. Radicación 28836 y del 26 de junio de 2008. Radicación 30066.

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