SENTENCIA 30380 DE JUNIO 17 DE 2009

 

Sentencia 30380 de junio 17 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 180

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Bogotá D.C., junio diecisiete de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La viabilidad de la práctica de pruebas, como lo tiene suficientemente sentado la Sala, está determinada por su procedencia en punto de la causal invocada en la demanda Auto de 23 de abril de 2003. Rad. 18453.1.

En el asunto objeto de estudio se advierte que la Fiscalía invocó la causal tercera de revisión establecida en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y precisó que su alcance fue ampliado mediante sentencia de constitucionalidad C-004 de 2003 referida a aquellos casos en los cuales, tratándose de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, y a pesar de no contarse con pruebas nuevas, exista una decisión interna o internacional de una instancia de supervisión y control de derechos humanos, aceptada por Colombia, en la que se constate el incumplimiento ostensible de las obligaciones del Estado en punto de investigar en condiciones de seriedad e imparcialidad tales comportamientos, planteamiento jurisprudencial luego recogido normativamente en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

Por tanto, es claro que las pruebas deprecadas deben tener relación con el thema probandum inherente a este trámite especial, no establecido por el legislador para prolongar debates ya superados en el curso de las instancias.

Así, el análisis acerca de la conducencia, pertinencia y no superfluidad de las pruebas solicitadas se adelantará teniendo en cuenta el objeto de acreditación, esto es, su utilidad en cuanto atañe a la estructuración o no de la causal alegada por la Fiscalía.

En efecto, el artículo 235 de la Ley 600 de 2000 dispone que deben ser inadmitidas las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

En suma, es claro que de acuerdo con la normatividad adjetiva en cita, para conseguir la admisión de las pruebas solicitadas, éstas deben ser conducentes, pertinentes y no superfluas o inútiles. La conducencia supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo en relación con la causal de revisión invocada. La pertinencia apunta a que el medio probatorio se refiera directa o indirectamente a los hechos y circunstancias relativas al objeto cuya demostración se pretende, es decir, que resulte apto y apropiado para acreditar un tópico de interés al trámite, y la no superfluidad se orienta a que la prueba sea útil, en cuanto acredite un aspecto aún no comprobado en la actuación.

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es claro que cuando se trata del referido motivo de revisión compete al demandante demostrar: a) Que en virtud de la providencia cuya autoridad de cosa juzgada pretende remover se haya precluido la investigación, cesado procedimiento o dictado sentencia absolutoria a favor de los incriminados. b) Que las conductas investigadas correspondan a violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y c) Que a través de una decisión de instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente en Colombia, se haya constatado el incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado Colombiano de investigar en forma seria e imparcial tales comportamientos.

A contrariu sensu, la petición de pruebas de la defensa actividad debe estar encaminada a resquebrajar la materialidad de alguno o todos los mencionados supuestos fácticos.

En consecuencia, es claro que no son admisibles las pruebas solicitadas en procura de acreditar la responsabilidad penal o inocencia de los ciudadanos beneficiados con las decisiones cuya revisión se pretende, pues una tal temática sólo resultará procedente en el curso de las instancias, siempre que la causal invocada prospere y se ordene rehacer la actuación.

Sobre tal aspecto ya había precisado la Sala dentro de este diligenciamiento Auto del 23 de abril de 2009. 2:

Dada la causal invocada, no será en el curso de esta acción donde se debatirá la responsabilidad de las personas absueltas en primera y segunda instancia por la jurisdicción de orden público, pues de conformidad con el artículo 227 de la Ley 600 de 2000, sólo compete a la Sala declarar sin valor la sentencia motivo de la acción y proferir la decisión a la que haya lugar, ‘cuando se trate de la prescripción de la acción penal, de ilegitimidad del querellante o caducidad de la querella, o cualquier otra causal de extinción de la acción penal y en el evento que la causal aludida sea el cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte’.

“Por lo tanto, es claro que en caso de prosperar la causal invocada por la demandante en este asunto corresponderá a la Sala de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 227 de la Ley 600 de 2000 devolver la actuación “a un despacho judicial de la misma categoría, diferente de aquél que profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique” (subrayas fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, sin dificultad logra concluirse que si tanto las peticiones de los defensores, como de la Fiscalía, estuvieron orientadas a acreditar la inocencia de sus asistidos, los primeros, y la responsabilidad penal de los absueltos, la segunda, palmario resulta que tales peticiones son manifiestamente impertinentes, al marginar por completo la causal invocada como fundamento de esta acción, circunstancia que impone su rechazo.

En efecto, tratándose de los defensores propugnan por acreditar probatoriamente que sus representados fueron cabalmente absueltos de los cargos por los cuales se los acusó, temática ajena a la causal propuesta en esta acción especial.

Por su parte, la fiscalía incurre en un equívoco similar, pues pese a haber alegado la causal tercera de revisión con los alcances jurisprudenciales atrás reseñados, allega pruebas de otra actuación, con base en las cuales pretende acreditar que las personas absueltas no eran acreedoras de tales fallos y que, por el contrario, deben ser condenadas, planteamiento por completo ajeno a la causal invocada, circunstancia que denota confusión en punto del ámbito específico de este mecanismo revisorio.

Las razones expuestas son suficientes para rechazar por impertinentes las pruebas solicitadas por los defensores y la fiscalía.

De manera oficiosa la Sala ordenará:

1. Solicitar a través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, se allegue copia formal del informe final del caso 11007 adelantado contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2. Deprecar por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indique si dentro del caso 11007 tramitado en contra de Colombia se ha proferido con posterioridad a enero de 1995 algún otro informe o recomendación adicional, y especialmente, si se surtió traslado del asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en caso positivo, remitir a esta Colegiatura copia formal de las decisiones adoptadas sobre el particular.

Cuestión final

En atención a que la Fiscal Diecisiete de la Unidad Nacional de Derechos Humanos expresa en el escrito por cuyo medio aportó pruebas para que fueran tenidas en cuenta al momento de decidir esta acción, que “el caso Trujillo (rads. 40 y 791) fue asignado especialmente por el señor Fiscal General de la Nación al doctor William González Velandia, Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá (cll. 13 7-60) y la segunda instancia la conocerá el (sic) FISCALIA DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, resulta necesario efectuar las siguientes precisiones:

Como es de público conocimiento, la denominada “masacre de Trujillo” no se circunscribe a un episodio definido en el tiempo como ocurre cuando en un solo momento se causa la muerte a varias personas, o cuando en una semana se realizan tan cruentos sucesos selectivos. No, la “masacre de Trujillo” está conformada por múltiples acontecimientos acaecidos aproximadamente entre 1988 y 1994 (en algunas investigaciones se afirma que hasta 2007).

Ahora, en este trámite únicamente se tienen en cuenta los hechos en los cuales resultaron involucradas las víctimas relacionadas en los fallos absolutorios de primera y segunda instancia contra los que se ha promovido la acción de revisión.

Desde luego, en el actual momento de este expediente los sucesos por los que se profirieron las sentencias absolutorias no pueden ser indebidamente mezclados con aquellos cuya instrucción aún adelanta la fiscalía, así se trate de conductas de ejecución similar ocurridas en el municipio de Trujillo.

El Fiscal General de la Nación designó a través de la Resolución 2362 del 23 de abril de 2008 a la Fiscal Diecisiete de la Unidad Nacional de Derechos Humanos o a quien haga sus veces, para promover esta acción de revisión, de manera que si para adelantar la instrucción de los sumarios que aún cursan, el Fiscal General designó a un fiscal delegado ante el tribunal, ello no guarda relación alguna con este trámite orientado a atacar los fallos absolutorios proferidos el 4 de enero de 1991 por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá y el 20 de septiembre del mismo año por el Tribunal Superior de Orden Público, a favor de los señores Henry Loaiza Ceballos, Diego Montoya Sánchez, Alirio Urueña Jaramillo, Carlos Alberto Garcés Giraldo y Diego Rodríguez Vásquez.

De otra parte se tiene, que como la asistente de la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos remitió los cuadernos 5 y 6 que hacen parte del proceso adelantado por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá en el cual se profirieron los fallos absolutorios objeto de la acción de revisión promovida, se dispone su incorporación al diligenciamiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. NEGAR las solicitudes de práctica de pruebas elevadas por los defensores de Henry Loaiza, Diego Montoya y Alirio Urueña, así como por la Fiscalía, de conformidad con las razones plasmadas.

2. PRACTICAR las pruebas dispuestas oficiosamente por la Sala.

3. INCORPORAR los cuadernos remitidos por la asistente de la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos.

Sólo procede recurso de reposición contra lo decidido en el numeral 1º de este auto.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Auto de 23 de abril de 2003. Radicado 18453.

(2) Auto del 23 de abril de 2009.

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