Sentencia 30380 de septiembre 22 de 2010

 

Sentencia 30380 de septiembre 22 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 300

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., septiembre veintidós de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Cuestión inicial

En atención a que encontrándose al despacho este asunto para proyectar la decisión de fondo, el defensor de Henry Loaiza Ceballos allegó un escrito por cuyo medio solicita la nulidad de la actuación “a partir de las providencias que omitieron notificársele (a Diego León Montoya Sánchez, se precisa) y disponer que se haga en cumplimiento de la Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal”, imprescindible resulta ab initio que la Sala se pronuncie sobre el particular, pues carecería de sentido decidir sobre el fondo del asunto, si como lo alega la defensa, el trámite está viciado de nulidad.

En efecto, en el referido documento aduce que le asiste interés jurídico, pues de no procederse en la forma indicada, se retrasaría el curso de la actuación en perjuicio de su asistido.

Señala que si con ocasión de encontrarse el señor Montoya Sánchez privado de la libertad en los Estados Unidos, no le han sido notificadas las decisiones aquí proferidas, se impone declarar la invalidación de lo actuado.

Luego de señalar que la Fiscalía ha incurrido en mora en los diligenciamientos adelantados contra su patrocinado, pues los inició en 1992 y 1994, pese a lo cual aún se encuentran en la fase instructiva, amén de que tal entidad, según su criterio, ha incurrido en múltiples irregularidades, solicita a la Sala “Conjurar tales situaciones que puedan dar al traste con el proceso”.

Sobre el particular considera la colegiatura, en primer lugar, que carece de interés jurídico el defensor de Henry Loaiza para abogar por Diego León Montoya, pues este no le ha conferido poder alguno para que lo represente, además de que olvida el peticionario que existe la figura de la invalidación parcial, con fundamento en la cual, en caso de presentarse la irregularidad denunciada, podría disponerse la nulidad acudiendo a la ruptura de la unidad procesal, sin afectar el curso del trámite adelantado en contra del señor Loaiza Ceballos.

En segundo término encuentra la Sala, dentro de su función pública protectora de la legitimidad de la actuación, que no asiste razón al mencionado profesional del derecho al plantear una eventual nulidad del diligenciamiento, toda vez que, el artículo 178 de la Ley 600 de 2000 establece que “Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad (…) se harán en forma personal”; no obstante, es palmario que la teleología de la norma alude a quien se encuentra recluido en establecimientos carcelarios en Colombia y por cuenta de autoridades judiciales nacionales, y no, como ocurre en este caso, que el señor Montoya Sánchez está privado de su libertad en una cárcel de los Estados Unidos, a órdenes de autoridades de ese país.

En tercer lugar se tiene, que en virtud de los principios de convalidación, trascendencia e instrumentalidad de las formas que rigen la declaratoria de nulidad, no sería tampoco viable acceder a lo deprecado, pues a través de su defensor de confianza el señor Diego León Montoya se ha enterado del curso de esta actuación, sin que entonces se observe mengua alguna de sus derechos.

En tal sentido ha señalado la Sala:

“La ley impone esta obligación (la de notificar personalmente las decisiones, se aclara) respecto del procesado detenido y que en aras de garantizar la defensa material del incriminado se impone cumplir, pero igualmente lo es, que tras sacar avante la exégesis de la norma se pierda su real sentido, que no puede ser uno distinto al de garantizar plenamente el derecho a la defensa y este no se agota exclusivamente por la que ejerza el procesado sino, por el contrario, y en forma mayúscula, adquiere su verdadera dimensión por la defensa técnica, hasta el punto de que ante alguna contrariedad de criterios entre las dos, por disposición legal, prima esta última”(2) (resaltado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, no se accede a la declaratoria de invalidación solicitada por el defensor del señor Henry Loaiza Ceballos.

Cuestión de fondo

Como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la Sala, la acción de revisión excepciona por voluntad del legislador el principio de cosa juzgada en procura de enmendar yerros judiciales dentro de las taxativas circunstancias enunciadas en la ley, ya porque no fueron conocidas o en cuanto pasaron desapercibidas para los funcionarios judiciales en el curso del diligenciamiento, dando lugar a decisiones que pese a estar ejecutoriadas, deben ser removidas para conseguir la justicia en el caso particular.

El principio de la cosa juzgada implica que a quien se le haya definido su situación jurídica por sentencia ejecutoriada o providencia con la misma fuerza vinculante, no se le puede someter nuevamente a juicio por la misma conducta, aun cuando se le dé una denominación jurídica diferente. Esta garantía, que hace parte del debido proceso y se correlaciona con el postulado non bis in ídem, se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, norma superior a su vez desarrollada en el estatuto procesal penal.

Dicho postulado, sin embargo, puede ser exceptuado a través de la acción de revisión, al posibilitar la remoción de la cosa juzgada para hacer cesar la injusticia material contenida en una decisión, cuya verdad procesal es diametralmente opuesta a la verdad histórica del acontecer objeto de investigación o juzgamiento. Desde luego, para ello se requiere demostrar la presencia de alguna de las causales establecidas de manera específica por la ley y desarrolladas por la jurisprudencia.

Alcance de la causal tercera de revisión

El numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, básicamente similar al numeral 3º del Decreto 050 de 1987 y al numeral 3º del Decreto 2700 de 1991, establece la posibilidad de revisar las decisiones judiciales definitivas, entre otros casos:

“Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”.

Al pronunciarse sobre la exequibilidad de tal precepto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-004 de 2003, condicionó su conformidad con la Carta en dos sentidos, así:

En primer término, “la acción de revisión por esta causal también procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates”.

Y, en segundo lugar, la acción de revisión procede “contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones” (resaltado fuera de texto).

Como se observa, la sentencia de constitucionalidad amplió la cobertura de la aludida causal para permitir la acción de revisión también contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, dictadas en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates o, en caso de no darse esos presupuestos, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones.

Con fundamento en la referida decisión de la Corte Constitucional, el legislador erigió como causal independiente de revisión el condicionamiento efectuado por dicha corporación, al establecer como tal en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 lo siguiente:

“Cuando después del fallo (absolutorio)(3) en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates” (resaltado fuera de texto).

Es palmario que los presupuestos a partir de los cuales se estableció en el Código de Procedimiento Penal de 2004 como motivo de revisión el surgimiento de decisión proveniente de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos en la cual se constante un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente las violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se avienen con los criterios referenciados por la Corte Constitucional para ampliar el radio de acción de la causal tercera de revisión dispuesta en el estatuto procesal penal de 2000, abriendo de esa forma la posibilidad de derrumbar cualquier decisión con efecto de cosa juzgada(4).

De otra parte, es oportuno señalar que las mencionadas legislaciones procesales penales son aplicables a este asunto, pese a que los hechos que motivaron el diligenciamiento respecto de cuyos fallos se dirige la acción de revisión ocurrieron en 1990, es decir, antes de la vigencia de la Ley 906 de 2004 e, incluso, antes de proferirse la Sentencia C-004 de 2003, en la cual se estableció por primera vez como causal de revisión la hipótesis objeto de análisis en el presente pronunciamiento, pues sobre el particular ya la Sala(5) ha tenido la oportunidad de señalar que lo relevante frente a dicha discusión no es la legislación vigente al momento de los hechos, sino el marco constitucional en el cual ocurrieron los mismos y se impulsó la investigación objeto de la acción de revisión.

En tal sentido, se parte de lo establecido en el inciso 1º del artículo 93 de la Constitución Política de 1991, según el cual, “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”, norma que materializa el bloque de constitucionalidad, referido a los preceptos superiores que no se encuentran directamente contenidos en la Carta, pero que regulan principios y valores a los cuales esta remite.

Así, se tiene que la Convención americana de derechos humanos fue aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 16 de 1972, instrumento internacional ratificado el 31 de julio de 1973. Dicha convención establece la Comisión interamericana de derechos humanos, entre cuyas funciones se encuentran las de atender peticiones de personas o grupos que alegan violación de los derechos humanos en países miembros de la Organización de Estados Americanos, formular recomendaciones a los Estados, ofrecer sus buenos oficios para propiciar soluciones amistosas en las controversias entre los denunciantes y los Estados, y publicar sus conclusiones e iniciar acciones contra los Estados en representación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En tal virtud, se impone concluir que la Convención americana hace parte del bloque de constitucionalidad, resultando obligatoria en el orden interno y que sus disposiciones estaban vigentes para los meses de marzo y abril de 1990, época para la cual tuvieron lugar los hechos sintetizados al inicio de esta providencia.

Ahora bien, de conformidad con la causal invocada, la labor de esta corporación al proferir fallo dentro de este trámite se circunscribe a verificar: (i) Que en virtud de la providencia cuya autoridad de cosa juzgada se pretende remover, haya sido precluida la investigación, cesado procedimiento o dictado sentencia absolutoria a favor de los incriminados. (ii) Que las conductas investigadas correspondan a violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y (iii) Que a través de una decisión de instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente en Colombia, se haya constatado el incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar en forma seria e imparcial tales comportamientos(6).

En consecuencia, resulta evidente que la acreditación de la responsabilidad penal o inocencia de los ciudadanos beneficiados con las decisiones cuya revisión depreca la Fiscalía, es un asunto cuyo debate únicamente será pertinente en el curso de las instancias, siempre que la causal invocada prospere y se ordene rehacer la actuación.

Sobre tal aspecto ya había precisado la Sala dentro de este diligenciamiento(7):

“Dada la causal invocada, no será en el curso de esta acción donde se debatirá la responsabilidad de las personas absueltas en primera y segunda instancia por la jurisdicción de orden público, pues de conformidad con el artículo 227 de la Ley 600 de 2000, solo compete a la Sala declarar sin valor la sentencia motivo de la acción y proferir la decisión a la que haya lugar, ‘cuando se trate de la prescripción de la acción penal, de ilegitimidad del querellante o caducidad de la querella, o cualquier otra causal de extinción de la acción penal y en el evento que la causal aludida sea el cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte’.

“Por lo tanto, es claro que en caso de prosperar la causal invocada por la demandante en este asunto corresponderá a la Sala de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 227 de la Ley 600 de 2000 devolver la actuación ‘a un despacho judicial de la misma categoría, diferente de aquel que profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique” (resaltado fuera de texto).

No hay duda que no es en este escenario donde se decide sobre la responsabilidad penal o inocencia de los procesados absueltos, pues únicamente debe pronunciarse la Sala sobre la causal invocada, a fin de disponer, en caso de ser ello procedente, se rehaga la actuación, como que carecería de sentido que la Corte decidiera definitivamente sobre la responsabilidad de aquellos, y pese a ello ordenara que el trámite se rehiciera.

Legitimidad de la actora

En punto de la legitimidad de la demandante, observa la colegiatura que la Fiscalía Diecisiete Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario promovió la acción de revisión, actuando para ello con base en la designación especial otorgada por el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 2362 del 23 de abril de 2008, sin que la funcionaria demandante hubiere intervenido en el curso de la actuación en la cual se profirieron las sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, entre otras razones, porque para aquella época no se había creado la Fiscalía General de la Nación y por consiguiente, en ningún momento fue legalmente reconocida durante la actuación procesal.

Tal circunstancia podría conducir a pensar que la Fiscalía carece de legitimidad para accionar en revisión, dado que los artículos 221 de la Ley 600 de 2000 y 193 de la Ley 906 de 2004, establecen que la titularidad para el ejercicio de esta acción radica en los sujetos procesales con interés jurídico, siempre y cuando hayan sido reconocidos en el proceso penal.

Sobre el particular considera la Sala que tal como ha tenido oportunidad de señalarlo(8), la legitimidad del demandante en revisión no deriva de las funciones específicas que como sujeto procesal le asignan las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, sino de las facultades generales previstas en la Carta Política, de manera que si en su artículo 250 (modificado por el art. 2º del Ac. Leg. 003/2002) dispone que “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento”, y en desarrollo de tales facultades puede deprecar “la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”, además de solicitar “las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito”, es evidente que le asiste legitimidad para accionar en revisión con el propósito de asumir, entre otros, los referidos cometidos constitucionales.

Desde luego, el ejercicio de esas facultades generales requiere, cuando se actúa a través de delegados, asignación puntual de competencia realizada dentro de los lineamientos que para el efecto establece el estatuto procesal penal. Tal presupuesto, como quedó visto, se cumplió en este asunto con la designación especial otorgada por el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 2362 del 23 de abril de 2008 a la Fiscalía Diecisiete de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de modo que ningún reparo amerita la legitimación de la demandante.

Alcance de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En fallos recientes ha precisado la Sala(9) que mientras las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano judicial autónomo, tienen carácter vinculante, en cuanto así lo establece la Convención americana de derechos humanos al disponer que sus fallos son “motivados, obligatorios, definitivos e inapelables”, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, no revisten fuerza obligatoria.

En efecto, aunque la comisión es un órgano de protección de los derechos humanos que hace parte del sistema interamericano de derechos humanos y tiene como función presentar informes a los gobiernos de los Estados miembros de la convención americana, con el propósito de que adopten medidas progresivas tendientes a asegurar la materialización de tales derechos dentro del marco de su legislación interna y sus normas constitucionales, amén de establecer preceptos orientados a fomentar el debido respeto de aquellos, es claro que los informes rendidos no tienen la virtud de solucionar la violación de derechos humanos planteada por el solicitante, al punto que en caso de no cumplirse los dictados de la comisión, es necesario que el informe sea publicado y el asunto sea entonces conocido por la Corte Interamericana, la cual sí está facultada para pronunciarse de fondo al respecto.

En apoyo de su planteamiento, la Sala se ha soportado en pronunciamientos de la misma Corte Interamericana, así como en decisiones de la Corte Constitucional colombiana; respecto de la primera se tiene que en sentencia del 8 de diciembre de 1995(10), señaló que el término “recomendaciones” utilizado en la convención americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente, pues tal instrumento internacional no le asignó un significado especial, lo cual permite concluir que el informe de la comisión no corresponde a una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento derive responsabilidad del Estado.

Con relación a la segunda, la Corte Constitucional, se observa que, entre otras decisiones, en el fallo T-558 del 10 de julio de 2003, señaló que si bien las recomendaciones constituyen actos jurídicos unilaterales, carecen de efecto vinculante y se circunscriben a proponer a sus destinatarios un determinado comportamiento, pero precisó que en todo caso debe por lo menos analizarse el caso concreto, de manera que el operador jurídico debe ponderar: (a) la naturaleza del órgano internacional que adoptó la recomendación; (b) si se trata de una invitación dirigida al Estado para que tome medidas legislativas o administrativas encaminadas a enfrentar situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos o si por el contrario se alude a un asunto específico; y (c) los principios y las disposiciones del tratado internacional con base en los cuales la recomendación fue adoptada.

De lo expuesto se ha concluido que como las recomendaciones de la Comisión Interamericana carecen de fuerza vinculante, no bastan por sí mismas para tener por acreditado el quebranto de garantías fundamentales, aunque si permiten examinar el procedimiento adelantando en el país, pero en el entendido de que corresponde única y exclusivamente a esta colegiatura determinar si tuvo o no lugar la aducida violación de derechos.

El caso concreto

(i) Trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Con ocasión de las sentencias de absolución, el asunto fue llevado por los familiares de las víctimas ante la Comisión Interamericana, caso 11007, a fin de que allí se estableciera la responsabilidad del Estado colombiano por tales conductas.

Bajo el auspicio de la Comisión Interamericana los representantes del gobierno y de las víctimas en el referido trámite, llegaron a un acuerdo preliminar, suscrito el día 26 de septiembre de 1994 en Washington, en el cual se acordó crear una comisión ad hoc para la investigación de aquellos sucesos.

En desarrollo de tal acta de entendimiento, el Gobierno Nacional creó mediante el Decreto 2771 del 20 de diciembre de 1994, la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo acaecidos en marzo y abril de 1990, conformada por miembros de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Departamento Administrativo de Seguridad, la inspección general de las Fuerzas Militares, la inspección general de la Policía Nacional, la Conferencia Episcopal Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

En el artículo 3º del referido decreto se otorgó a la comisión de investigación, entre otras, las facultades de “Revisar la totalidad de los expedientes judiciales, disciplinarios y administrativos conformados en desarrollo de las investigaciones a que dieron lugar los hechos, para evaluar cuidadosamente el alcance de las pruebas que obran en cada uno de ellos”, “localizar y realizar entrevistas con los testigos que declararon en las investigaciones a que se refiere el punto anterior, así como con aquellas personas que tuvieron una percepción directa de los sucesos investigados y que se han abstenido de efectuar declaraciones al respecto”, y entregar formalmente al gobierno un informe final en el cual se recogieran sus conclusiones y recomendaciones.

Una vez la comisión de investigación revisó los diligenciamientos e investigó los hechos, elaboró unánimemente un informe final en enero de 1995, en el cual plasmó, entre otras, las siguientes conclusiones:

“PRIMERA: La comisión tiene suficientes elementos de convicción para concluir que el Estado colombiano es responsable por acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los sucesos violentos de Trujillo”.

“SEGUNDA: La comisión tiene suficientes elementos de convicción para concluir que el Estado colombiano es responsable porque sus instancias judiciales y disciplinarias se abstuvieron de recaudar pruebas pertinentes, fallaron en contra de la realidad procesal y cometieron otras graves irregularidades que impidieron la identificación y sanción de los autores (…)”.

“TERCERA: La comisión tiene suficientes elementos de convicción sobre la participación directa del por ese entonces mayor del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña Jaramillo (…) y de otras personas, servidores públicos o particulares, que no han sido identificadas o que habiendo sido mencionadas en las investigaciones, no han sido vinculadas a los respectivos procesos, o que fueron absueltas”.

“QUINTA: La Comisión expresa su convicción de que los sucesos violentos de Trujillo revelan conductas que constituyen delitos de lesa humanidad e infracciones graves a los principios del derecho internacional humanitario”.

“SEXTA: La comisión concluye que los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias que constituyen los sucesos violentos de Trujillo permanecen en la impunidad, con violación del derecho a la justicia que asiste a las víctimas”.

“OCTAVA: La comisión expresa su preocupación por las dificultades para superar el problema de impunidad en que se encuentran los sucesos violentos de Trujillo, tales como la prescripción, la cosa juzgada y otros motivos de orden jurídico e institucional, y por consiguiente expresa su convicción acerca de la necesidad de continuar explorando vías que permitan superar esa situación”.

“DÉCIMA PRIMERA. La comisión expresa su preocupación por las amenazas e intimidaciones que, según testimonios, se siguen ejerciendo contra los testigos sobrevivientes y por la persistencia de las organizaciones de narcotráfico, de los llamados en Colombia grupos paramilitares y de los grupos de sicarios en la región de Trujillo” (resaltado fuera de texto).

A partir de las conclusiones, la comisión de investigación formuló, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado colombiano:

“PRIMERO: A las instancias penales y disciplinarias competentes, investigar penal y disciplinariamente a los servidores públicos y a los particulares involucrados en los sucesos violentos de Trujillo, y enjuiciar y sancionar, si hubiere mérito para ello, a los responsables de los homicidios, las torturas, las desapariciones forzadas, las lesiones personales y las detenciones arbitrarias de que fueron víctimas directas las 107 personas relacionadas en el presente Informe, y las que resulten identificadas en investigaciones posteriores”.

“SÉPTIMO: A las instancias judiciales y disciplinarias competentes, investigar las conductas constitutivas de concierto para delinquir por pertenencia, organización y financiación de grupos paramilitares y de sicarios, así como de narcotráfico, de enriquecimiento ilícito, de rebelión, terrorismo y conexos que fueron denunciados con ocasión de la investigación de los sucesos violentos de Trujillo” (resaltado fuera de texto).

En el acto de entrega del informe final por parte de la comisión de investigación realizado el 31 de enero de 1995, el Presidente Ernesto Samper Pizano manifestó:

“Acepto como Presidente de Colombia la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo, sucedidos entre los años 1988 y 1991”.

En 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 88 periodo de sesiones se pronunció sobre el informe de la comisión de investigación de los trágicos sucesos de Trujillo, resolviendo:

“1. Valorar y hacer suyas las conclusiones del informe de acuerdo con los cuales el Estado de Colombia es responsable de los sucesos violentos de Trujillo.

“2. Valorar y hacer suyas las recomendaciones formuladas en el informe sobre los sucesos acaecidos en Trujillo” (resaltado fuera de texto).

Señalado lo anterior se observa, que si bien el informe final adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos carece de carácter vinculante, lo cierto es que habilita a esta colegiatura para verificar si en realidad se produjo la violación de los derechos fundamentales referidos en dicho documento.

Sobre el particular es menester recordar, que la prosperidad de la acción de revisión, frente a una decisión de cesación de procedimiento, preclusión de la investigación, absolución o, incluso, acorde con la Sentencia C-979 de 2005, condenatoria, requiere la demostración de los siguientes aspectos:

1) Que los hechos investigados tengan relación con violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario.

2) Que se haya constatado un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario.

En punto del primer aspecto no se llama a duda que el asunto examinado corresponde a un episodio de violación de derechos humanos, pues conforme a la doctrina expuesta sobre tal temática, tales derechos corresponden a un conjunto de obligaciones de respeto y garantía por parte del Estado para con las personas, de manera que solamente se consideran violados con ocasión de actuaciones realizadas por agentes estatales(11).

Desde luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que le son atribuibles al Estado aquellas conductas de los particulares cuando, por acción u omisión de sus agentes, derivadas de su posición de garantes, incumple las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos(12).

A su vez se tiene que tal proceder también contraría la normativa del derecho internacional humanitario, en cuanto involucró y recayó sobre civiles ajenos al conflicto armado, específicamente al enfrentamiento entre militares del Batallón Palacé y guerrilleros del ELN.

En consecuencia, si los hechos investigados se circunscriben a las conductas de secuestro, tortura, lesiones y homicidio de un número importante de personas, bajo el auspicio de autoridades del Estado, pero también con la participación de miembros de las autodefensas, es claro que se está frente a una ostensible violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Sobre el particular se dejó sentado en el informe final:

“La comisión expresa su convicción de que los sucesos violentos de Trujillo revelan conductas que constituyen delitos de lesa humanidad e infracciones graves a los principios del derecho internacional humanitario” (resaltado fuera de texto).

Respecto del segundo aspecto, esto es, la constatación del incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las violaciones de derechos humanos y del DIH, impera traer a colación el fundamento de los fallos absolutorios, como sigue.

— En la sentencia de primera instancia, proferida el 4 de enero de 1991 por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá, se afirma que se procede por los delitos de homicidio en concurso homogéneo y pertenencia a grupos armados (D. 1194/89).

Acerca de la responsabilidad de los procesados aseveró el a quo que se dio inicialmente credibilidad al testimonio de Daniel Arcila Cardona, única prueba de cargo en contra de los sindicados, pero posteriormente al practicársele a solicitud de la defensa un examen psiquiátrico por parte del Instituto de Medicina Legal, pudo concluirse que tiene “una personalidad de componente paranoide, sociopática y dependiente”, o sea, no se trata de una persona normal y a la cual debe creerse todo cuanto relata, de modo que el funcionario a partir de dicha prueba consideró que no se satisfacían las exigencias legales para proferir fallo de condena, en aplicación del principio in dubio pro reo.

Agregó que con la declaración del padre del testigo pudo constatarse que desde niño es mentiroso, con delirios de grandeza, y por ello no podía creerse en su relato sobre los hechos investigados, amén de que en la Finca Las Violetas no se encontró la infraestructura señalada por Arcila Cardona para llevar a cabo las torturas, homicidios y desmembraciones expuestas por este.

— Por su parte, en el fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Superior de Orden Público el 20 de septiembre de 1991, confirmatorio de la sentencia absolutoria del a quo, consideró tal colegiatura que como entre las víctimas figuran los militares que perdieron la vida en el ataque realizado por el ELN, además de algunos políticos, todo ello realizado con fines terroristas, se procede por el delito establecido en el artículo 29 del Decreto 180 de 1988, denominado “Homicidio con fines terroristas”, agravado en razón de haber colocado en estado de indefensión a las personas, en concurso con el punible de secuestro y el de conformación y pertenencia a bandas de sicarios, escuadrones de la muerte o de justicia privada (D. 1194/89, art. 2º).

— Luego de hacer un resumen de lo expuesto por el testigo Daniel Arcila Cardona, el tribunal destacó que en el examen psiquiátrico practicado a este, se estableció que tiene una personalidad paranoide, sociopática y dependiente, por tanto, consideró que ello no bastaba para descalificar su dicho, pero tornaba necesario confrontar su exposición con las otras pruebas recaudadas.

En tal labor comenzó por decir que el testigo Arnulfo Zamora desmintió lo dicho por Arcila, en el sentido de que el día de los hechos transportó en el vehículo de aquel a cuatro guerrilleros y los dejó a un kilómetro de La Sonora. Refirió que el relato de Daniel Arcila coincide con lo declarado por José Antonio García Valencia (conductor del Jeep Willis Nº 20 de Trans Salónica), en cuanto se refiere a que un día en las horas de la tarde se encontró con unas personas al parecer del Ejército, quienes se movilizaban en un Toyota y le dijeron que los llevara hasta la base.

También su declaración coincide con lo dicho por Guillermo Antonio Bermúdez Vinasco, acerca de que a la estación de gasolina Brisas del Río Trujillo llegaron tres vehículos para ser tanqueados, se trataba de un Toyota habano, una camioneta Ford o Dodge 350 como gris y la otra camioneta Ranger roja, en los cuales se desplazaban como diez hombres, antes de la desaparición de la gente del Tabor y del Padre Tiberio Fernández Mafla.

Halló coincidencia en lo dicho por Arcila Cardona en el sentido de que se golpeó una rodilla cuando recogió los cadáveres de los militares, y lo relatado por Matilde Pérez, quien dijo haber visto cojo a aquel, el cual le dijo que se había caído.

No obstante, el tribunal señaló que a partir de lo declarado por Roberto Arcila Vargas, padre del mencionado testigo, quien dijo que su hijo desde pequeño era mentiroso, además de lo expuesto por Matilde Pérez, la cual lo tildó de “tramador” y lo dicho por Arnulfo Zamora, de que Daniel Arcila decía parte de verdad y parte de mentira, podía concluirse que conforme a lo establecido en la legislación procesal, no era procedente otorgarle absoluta credibilidad a lo relatado por este.

Acto seguido, dijo el ad quem que lo dicho por el mayor Urueña, en el sentido de que en los días de ocurrencia de los hechos no se retiró de su puesto de mando, fue corroborado con las declaraciones del teniente coronel Contreras Peña y de los sargentos Silvio Sánchez Miranda, Gabriel Álvarez Valencia, César Augusto Corredor Cetina, Carlos Arturo Ruiz Tocora, Noé Ricardo Grandas Duarte y del teniente Luis Fernando Castro Rojas.

También puntualizó que el testigo no señaló al mayor Urueña en sus declaraciones iniciales, sino al mayor Noreña, y fue solo hasta cuando el jefe de la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación le solicitó precisión sobre el particular realizando un reconocimiento fotográfico sin someterse a las reglas de tal diligencia (pues únicamente le fue exhibida una fotografía), que señaló al mayor Urueña.

De otra parte resaltó que en la diligencia de inspección judicial practicada a la finca Las Violetas pudo constatarse que existía una gran estructura para el cultivo y procesamiento de café, incluyendo un gran beneficiadero, sin que a él se refiriera Arcila Cardona en sus intervenciones.

Acerca de la boleta de citación con membrete del Ejército Nacional en la cual figura el nombre de Daniel Arcila, señala el tribunal que el mayor Urueña laboraba en la oficina del S-3, y no en la del S-2 que allí figura, además de que no aparece la firma de quien autoriza el ingreso al batallón.

Con base en lo anterior, el fallador de segundo grado consideró que la declaración de Daniel Arcila no era suficiente para proferir condena en contra del procesado Alirio Antonio Urueña Jaramillo.

En cuanto se refiere al incriminado Diego León Montoya, dijo el tribunal que obraban en la actuación las declaraciones de Pablo José Espinosa, Albeiro Soto Montoya, José Alejandro Sepúlveda Carvajal y Francisco Javier Cadavid Villada, trabajadores de la Finca Las Violetas, quienes son acordes en manifestar que la dueña del predio es María Georgina Sánchez, madre de Diego León Montoya Sánchez y que en ningún tiempo han visto allí una manguera de alta presión o una motosierra; igualmente desmienten que hubieran tenido lugar las torturas y asesinatos relatados por Daniel Arcila; a su vez, el administrador José Alejandro Sepúlveda dijo que por los días de ocurrencia de los hechos era época de cosecha de café, motivo por el cual fueron contratados más de cien trabajadores.

Resaltó esa corporación que la descripción de la finca donde según Daniel Arcila ocurrieron los hechos, no coincide con lo verificado en la diligencia de inspección judicial realizada a la Hacienda Las Violetas.

A partir de los anteriores medios de convicción, el ad quem concluyó que no se conseguían cumplir las exigencias legales para proferir fallo de condena en contra de Diego León Montoya Sánchez.

En punto de la responsabilidad del procesado Henry Loaiza Ceballos consideró el tribunal que este en su indagatoria proclamó su inocencia respecto de la comisión de los hechos investigados, amén de que se dedica a la ganadería y a finales de marzo de 1990 se fue de pesca con unos amigos durante ocho días, saliendo en lancha desde Buenaventura, pasando por Gorgona y llegando a Cali el 6 de abril; además, dijo que no conocía a los otros procesados.

Destacó que los testigos Elizabeth Orozco, Elio Fabio Gordillo González, Herminsul Angulo Delgado y William López Acosta corroboran el alibi invocado por el incriminado; igualmente señaló que resultaba aventurado tener en cuenta únicamente el testimonio de Daniel Arcila para tener por demostrado que Loaiza Ceballos estuvo en el sitio donde se desarrollaron los hechos y participó como miembro de las autodefensas en tales crímenes, de modo que en aplicación del principio in dubio pro reo, consideró pertinente confirmar el fallo absolutorio de primer grado.

Finalmente, sobre la responsabilidad de Diego Rodríguez Vásquez y Carlos Alberto Garcés Giraldo, el ad quem indicó que si bien Arcila Cardona los incriminó, señalándolos como pertenecientes a las autodefensas, partícipes en la masacre e involucrados en la muerte de Alberto Ortiz, José Porfirio Ruiz Cano y el atentado al concejal Fernando Londoño, lo cierto es que en su indagatoria el primero dijo que fue capturado cuando se dirigía a la finca en compañía de Carlos Alberto Garcés, no conoce a Daniel Arcila, su padre tiene tres fincas en la región, no usa armas, no conoce a Diego Montoya, Henry Loaiza o al mayor Urueña, niega los cargos efectuados por el testigo Arcila Cardona, sólo sabe de los hermanos Vargas que son ebanistas y no conoció a la familia Arias, ni a Alberto Ortiz, ni a “Miconegro”, además de que nunca ha vivido cerca de un teatro, sino en su residencia.

Por su parte, Carlos Alberto Garcés Giraldo aseveró en su injurada que es agricultor cafetero, propietario de la Finca La Esperanza en el corregimiento de Andinápolis y de un Toyota verde y blanco; fue agente de la policía; no conoce a Daniel Arcila y sólo ha oído mencionar a Diego Montoya y Henry Loaiza, pero no ha tenido relación alguna con ellos; tampoco conoce al mayor Urueña, únicamente conoció de vista a los Vargas, pero no conoció a los Arias. Acepta haber conocido a “Miconegro”, quien apareció muerto en un cafetal.

Luego, el tribunal trajo a colación el informe de captura de los mencionados ciudadanos, en el cual se dice que fueron aprehendidos después de la diligencia de allanamiento y registro a la Finca Las Violetas, pues Daniel Arcila se encontraba en el vehículo de la Policía y divisó a los dos individuos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo, a quienes sindicó de haber participado en la masacre, motivo por el cual la patrulla los privó de su libertad.

También puso de presente que en la diligencia de inspección judicial realizada a la mencionada finca, no se encontró ningún elemento relacionado con los hechos investigados, pues solo se hallaron dos cajas de munición calibre 12 para escopeta de 24 unidades cada una y 18 cartuchos sueltos del mismo calibre.

Igualmente dijo que el concejal de Trujillo Fernando Londoño Montoya fue claro al señalar que un individuo desconocido, forastero, más o menos flaco lo lesionó con arma de fuego; por tanto, si se conocía desde cuando eran niños con Diego Rodríguez Vásquez y Carlos Alberto Garcés Giraldo, es evidente que estos no fueron quienes perpetraron el atentado contra aquel.

Añadió el ad quem que tampoco existe prueba sólida para ubicar a los acusados referidos en el teatro de los acontecimientos, salvo la declaración de Daniel Arcila, circunstancia insuficiente para proferir un fallo de condena, motivo por el cual confirmó la sentencia de absolución proferida en primer grado.

Adicional a lo anterior, el ad quem dispuso compulsar copias para que se investigara la posible participación de otras personas diferentes a los procesados, en la comisión de los hechos que motivaron tal diligenciamiento.

Una vez destacados los fundamentos de los fallos absolutorios, se adentra la Sala a constatar la incidencia de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana en el asunto analizado.

En tal cometido se tiene, que fundamentalmente para los propósitos de esta decisión, en las conclusiones del informe final adoptado por el referido organismo internacional se concluyó:

“SEGUNDA: La comisión tiene suficientes elementos de convicción para concluir que el Estado colombiano es responsable porque sus instancias judiciales y disciplinarias se abstuvieron de recaudar pruebas pertinentes, fallaron en contra de la realidad procesal y cometieron otras graves irregularidades que impidieron la identificación y sanción de los autores (…)”.

En el propósito de verificar tal aseveración y comoquiera que ello se articula estrechamente con la prosperidad o no de la causal tercera de revisión invocada, observa la Sala que al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado colombiano se comprometió, según lo establece su artículo 1º:

“A respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Además se advierte, que como fundamentalmente las conductas realizadas apuntan a la violación de los derechos a la libertad personal (secuestro), la integridad (tortura y lesiones) y la vida (homicidios), pertinente resulta destacar que en el artículo 7º se reconoce el primero de tales derechos, así:

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

“Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

“Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

A su vez, en el artículo 4º de la referida convención se positiviza el derecho a la vida en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

En el artículo 5º del citado estatuto se dispone el derecho a la integridad personal, de la siguiente manera:

“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Igualmente se tiene, que el artículo 25 de la convención se ocupa del derecho a la protección judicial debida a las personas, así:

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

“Los Estados partes se comprometen:

“a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

“b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

“c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones, advierte la Sala que en el diligenciamiento que culminó con los fallos absolutorios cuya revisión se depreca, las conductas investigadas fueron adecuadas al delito establecido en el artículo 29 del Decreto 180 de 1988, denominado “Homicidio con fines terroristas”, agravado en razón de haber colocado a las personas en estado de indefensión, en concurso con el punible de secuestro y el de conformación y pertenencia a bandas de sicarios, escuadrones de la muerte o de justicia privada (D. 1194/89, art. 2º).

Ab initio y sin mayor dificultad, observa la colegiatura que nada se dijo sobre los punibles de lesiones personales y tortura de los cuales fueron víctimas los habitantes de Trujillo y de sus alrededores, circunstancia acreditada no únicamente con el relato del testigo Daniel Arcila Cardona, sino con las necropsias de los cadáveres que fueron encontrados mutilados y desmembrados en el río Cauca, omisión que denota falencias en la investigación adelantada.

Ahora, como la reconstrucción judicial de los sucesos acaecidos se sustentó fundamentalmente en el testimonio rendido por el mencionado ciudadano, es pertinente aludir a sus diversas intervenciones ante las autoridades penales y disciplinarias, a lo cual se procede de inmediato.

(i) Daniel Arcila Cardona manifestó en su primera declaración, rendida el 19 de abril de 1990 ante el jefe de la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación, que se vio obligado a huir de Pereira con ocasión de la muerte de su hermano, amén de que también estaba amenazado, y entonces se presentó en el Batallón Palacé al “Mayor Noreña” (sic), donde este le prometió que por cada arma larga que recuperaran con su información recibiría cien mil pesos y le dijo que en adelante era informante del batallón.

Mencionó el enfrentamiento acaecido entre el ELN y el Ejército Nacional, en el cual fallecieron 7 militares; ayudó a recoger los cadáveres, al día siguiente reconoció a uno de los guerrilleros, el cual fue torturado; además dijo: “al primero que cogieron que sacaron de la casa primero, fue a un señor don Ramiro, a él le tocaron la puerta duro y le rodearon la casa primero, le gritaban Mario salga, entonces él no quería salir, él abrió la puerta pero no quería salir, entonces uno de ellos le dijo salga a ver granhijueputa, entonces le dio un golpe a don Ramiro, entonces la señora y los hijos se pusieron a llorar y decían que no lo fueran a matar, entonces lo amarraron con un rejo de las manos y lo subieron a la 300 y entonces subieron más arribita a otra casa y recogieron como a otros tres más y también los subieron a la camioneta amarrados, a don Ramiro lo subieron sin camisa a la camioneta, entonces don Ramiro llorando decía, pero qué he hecho, entonces ellos le contestaban nada más que colaborarle a la guerrilla, pero si ellos lo obligan a uno decía don Ramiro a colaborarles, uno qué más va a hacer, entonces decía que si no, ellos lo matan a uno, entonces recogieron esos y arrancamos ahí para abajo hasta que llegamos a La Sonora, estaba cayendo un aguacero, entonces ya procedieron a sacar al dueño de la tienda de ahí en La Sonora y más arriba de la tienda recogieron a otro, más debajo de la tienda recogieron más, en total 11 personas incluyendo al inspector de Puente Blanco, a quien le quitaron una pistola, a un chofer y a una viejita, entonces ya nos desplazamos a la hacienda que es de Diego Montoya, la finca queda en inmediaciones de Salónica e Indianapolis (sic), a la hacienda llegamos a las cuatro y media de la mañana con las 11 personas, o sea los 11 campesinos, entonces allá en la hacienda sacaron una camioneta Daihatsu de estacas de color verde, de una bodega donde tenían un poco de abono, entonces metieron a los campesinos ahí así amarrados como venían y se metió un poco de gente de los grupos de autodefensa y les preguntaban cosas sobre la guerrilla, no sé qué contestarían porque yo en ese momento me retiré. Ya cuando se amaneció, por ahí a las 7 de la mañana llegó el Mayor Noreña (sic), entonces le dijeron al Mayor Noreña (sic) que para torturarlos de una vez (…) entonces ya los vendaron los ojos y los iban sacando uno por uno de ahí de la bodega y se los llevaron para una cosa que llaman la peladora ahí mismo en la hacienda, les metían de esos costales que son grandes (…) el Mayor Noreña (sic) cogió una manguera de dos pulgadas de agua y les colocaba el chorro de agua encima de la nariz por encima del costal en la boca y la nariz, entonces ellos comenzaban a gritar y llorar, y el Mayor Noreña (sic) les preguntaba cosas y así les hicieron a todos, entonces ya le dijeron a uno de ellos que fuera a traer la motosierra para matarlos”.

Igualmente señaló: “Entonces les mochaban la cabeza con la motosierra que para dejarlos desangrando para tirarlos al cauca por la noche, a todos los mataron así, entonces por la noche fueron y los botaron en la camioneta 300, ah no, fue en la volqueta Ford azul 56 y los botaron. Al otro día por la mañana se desplazó otro grupo de la misma gente o sea de los grupos de autodefensa hacia Trujillo a recoger otros 5 más, donde recogieron a los hermanos Vargas, iban en dos camionetas, una Luv 2300 de color blanco de estacas nuevecita sin placa pero con permiso de movilización y en una Mazda B-2000 de color hueso, esa camioneta no tenía placas, tenía un letrero por el lado que decía Autos Risaralda en la cabina y en la carrocería decía Carrocería La macarena (…) ellos le mandaron a pedir unos carros a Henry Loaiza, el es alias Foraica y él mando los carros que eran robados, y llegaron a la finca como 5 de Trujillo, entonces les pusieron la misma cosa con la manguera de agua y el costal, lo mismo que los otros anteriores, lo que escuché yo a ellos cuando los estaba torturando el Mayor Noreña (sic) les preguntaba que quién movía las acciones de la guerrilla en Trujillo, entonces él dijo que los Giraldo, entonces a ellos les causó extrañeza porque los Giraldo trabajaban con ellos, entonces el Mayor Noreña (sic) les mostraba un volante que tenía en la mano, que eso lo habían repartido antes de las elecciones en Trujillo, entonces les preguntaron que quién había sacado esos volantes, entonces de los que estaban torturando dijo que eso lo sacaba el párroco, el padre Tiberio de Trujillo y que a dónde los sacaba, que los sacaba de la Casa Cural la secretaria y que en la Alcaldía”.

(ii) En ampliación del testimonio rendido ante el Ministerio Público (20 de abril de 1990), nuevamente el testigo señaló los vehículos utilizados por los victimarios, también dijo que los cabecillas de tales conductas fueron Diego Montoya, Henry Loaiza, “El Chato”, “El Tío” y “Fercho”.

En la misma oportunidad informó que cuando ingresaron con los vehículos a Trujillo los tanquearon en la estación de gasolina, a una cuadra del cuartel de policía, fueron vistos pero no los requisaron; a su vez, cuando llegaron a La Sonora, los soldados del Ejército se quedaron afuera, mientras los hombres de las autodefensas rodeaban las casas y sacaban a las personas.

(iii) En declaración rendida ente el Juzgado Décimo de Instrucción Criminal de Tuluá el 23 de abril de 1990, refirió que tenía 24 años de edad, estudió hasta quinto de primaria y era de profesión conductor.

El 12 de febrero de ese año se le presentó al ejecutivo del Batallón Palacé, Mayor Alirio Urueña Jaramillo, como informante del Batallón San Mateo de Pereira, motivo por el cual el oficial lo citó a las 11:30 de la mañana del día 20 de los mismos mes y año en las dependencias del S-2 en la ciudad de Buga, según lo acreditó con una boleta de citación en la cual aparece el membrete del Ejército Nacional, cuya copia obra en la actuación. Una vez en la reunión acordada, el mayor le dijo que “por arma larga que yo hiciera coger o recuperar me daban cien mil pesos”.

También relató acerca del combate entre el Ejército y la guerrilla del ELN acaecido en La Sonora el 29 de marzo, en el cual fallecieron tres soldados, tres suboficiales y un oficial, cuyos cadáveres ayudó a cargar al otro día, procedimiento en el cual se golpeó una rodilla, lesión de la que se dejó constancia en la diligencia. Expuso acerca del estado en el que halló los restos de los servidores públicos, por ejemplo dijo: “cuando encontramos a mi teniente que es el comandante del grupo de las fuerzas especiales, a él lo reconocimos por los papeles, porque estaba ya destrozado, lo recogimos por puñados la cabeza y el tórax, porque a él lo mataron con una granada, al lado de él había un soldado, ese tenía una rajadura en la cabeza y en la pierna y los dedos de la mano derecha también los tenía desflecados”.

Igualmente aseveró que se entrevistó con un comandante de la contraguerrilla, a quien le dijo que podía identificar a los guerrilleros que había visto el día anterior, así como el lugar donde estaban unas armas, y entonces le dijeron que les colaborara, fue así como el 31 de marzo señaló a uno de tales individuos, al cual le metieron la cabeza en agua, lo amarraron a un árbol y lo amenazaron de muerte hasta que reconoció su pertenencia al ELN.

Agregó que ese mismo día vio cuando de un campero Toyota de placas NC 5656, se bajó un sargento junto con otras siete personas de civil, todos armados, quienes se identificaron como de las autodefensas, a los cuales fue entregado el guerrillero, y luego el declarante se desplazó en dicho vehículo; más adelante interceptaron un campero Willis rojo de Trans-Salónica, con el número 20, bajaron a sus ocupantes y se fueron con el conductor para Trujillo, a quien más adelante obligaron a bajar, y entonces el testigo Arcila condujo el automotor, pero posteriormente lo abandonaron y se fueron para la hacienda (Las Violetas, se precisa), a donde llegó el mayor Urueña por la noche y junto con otros individuos comenzaron a torturar al guerrillero amenazando con quemarlo con un soplete, motivo por el cual les suministró la información requerida.

Afirmó que le mostraron al torturado un listado y este dijo que todos los que allí aparecían eran guerrilleros, “entonces el mayor Urueña y uno de los que dirigen las operaciones de las autodefensas empezaron a montar el plan para subir a La Sonora, y reunieron de veinte a veinticinco hombres y a mí me dijeron que para que manejara la camioneta, una Chevrolet 300 carpada de estacas, en la que subieron ocho, en la cabina se subió un sargento”, detrás iba el Toyota y una camioneta Ford Ranger color rojo de platón y con vidrios polarizados, donde se transportaban soldados y personal civil.

Acto seguido señaló que fueron en los vehículos a Playa Alta, a donde ya había llamado el mayor Urueña al grupo de contraguerrilla, a quienes entregaron al guerrillero para que los guiara “y ya se procedió ahí mismo, a un lado empezaron a sacar a un señor Ramiro N., lo sacó (sic) los de la autodefensa, todos, rodearon la casa y entraron y lo sacaron, después de eso sacaron a otros tres más de tres casas de arriba. Volvimos hasta el poblado de La Sonora, donde recogieron al dueño de la tienda, que porque le vendía remesas a la guerrilla, no sé cómo se llama ese señor, no sé los nombres, más abajo cogieron la viejita que decían que era la enfermera de la guerrilla, de más abajo el chofer del Willis, a ese creo que le tumbaron la puerta y al inspector de El Tabor, a ese le quitaron una pistola y no más, y luego de eso nos dirigimos a la hacienda otra vez, estaba lloviendo mucho esa noche, como yo estaba manejando la camioneta donde recogían los campesinos cuando salían por alguno, uno de ellos se quedaba conmigo, tal vez con miedo de que me fuera a ir, me decían apague la luz, a ellos los iban sacando y les iban amarrando las manos, pasamos por Trujillo como a las dos y media o tres de la mañana y llegamos a la hacienda a las cuatro y media de la mañana y ya los hicieron bajar de la camioneta y los metieron a una bodega donde se guarda abono, hasta que se amaneció, a las siete de la mañana llegó el mayor Noreña o Urueña y entonces los iba a empezar a torturar (…) les dijeron a los campesinos que pasaran todos los documentos de identidad, alhajas, relojes y plata y cada uno me va diciendo qué entregaba (…) después de eso les metieron los cuerpos en un costal grande, pero amarrados de las manos y vendados los ojos, entonces los llevaron para la peladora y allá los tiraron al suelo y el mayor Urueña le echó mano a una manguera de agua y les colocaba ese chorro de agua en la boca y nariz, entonces ellos empezaron a gritar y así a todos los fueron torturando con ese chorro en la boca y todos comenzaron a decir que colaboraban con la guerrilla pero de obligados, entonces los amontonaron a todos en la peladora y dijeron que traigan el soplete y la motosierra, el soplete para torturarlos y la motosierra para matarlos (…) les cortaban la cabeza y por la mitad para dejarlos desangrando ese día, para botarlos por la noche, entonces los echaron ya por la noche en una volqueta y luego los vaciaron en el Cauca”.

Expuso el declarante que al otro día “como a eso de las ocho de la mañana, se desplazaron en otras dos camionetas blancas, una Luv 300 blanca y una Mazda V2000 color hueso (…) y entre ellos recogieron a los hermanos Vargas de Trujillo, es decir, a ellos los llevaron de Trujillo a la hacienda, completaron cinco, a quienes también comenzaron a torturar con las mangueras y entonces cuando los estaban torturando el mayor Urueña les preguntaba que quién movía las acciones de la guerrilla en Trujillo y uno de ellos dijo que Juan Giraldo y demás familia Giraldo y quien era el que había sacado unos pasquines y ese dijo que el Padre Tiberio y que de dónde sacaban eso, y dijo que de la Casa Cural y que en la alcaldía, que eso lo sacaba el registrador de la Alcaldía, que quien más colaboraba con la guerrilla en Trujillo y dijo que los dos alcaldes, que el que estaba y el entrante, el que entra se llama Rubén Darío, que Fernando Londoño que es concejal, José Noé Giraldo, Fredy Rivillas, aclaro Rodríguez Giraldo, Julián Giraldo, hijo de Juan Giraldo, uno que le dicen ‘Tórtola’ hijo de Juan Giraldo, Rogelio Rodríguez, un chofer que tiene un Suzuky Rojo, no sé cómo se llama, doña Matilde N., un maestro de construcción que le dicen ‘Chamiso’, no sé más (…)”.

Señaló como jefes de la organización paramilitar a “Diego Montoya, Henry Loaiza alias ‘Foraica’, otro que le dicen ‘El Tío’, ellos estaban con el mayor cuando estaban torturando a esa gente: uno que el dicen ‘El Chato’, ese no es cabecilla, alias ‘Fercho’ que perdió los documentos cuando le quitaron el Willis Nº 20 (…)”.

(iv) En ampliación de declaración rendida por Daniel Arcila Cardona el 18 de mayo de 1990 ante el Juzgado Tercero de Orden Público en la ciudad de Tuluá, explicó que llegó a Trujillo luego de que el 1º de febrero del mismo año sicarios causaran la muerte a su hermano Rubiel Antonio en Pereira, cuando caminaban por la calle llevando una motocicleta varada, amén de que también a él le dispararon hiriéndolo en un brazo, cuya cicatriz exhibió.

Destacó que su consanguíneo trabajaba en el S-2 del Ejército Nacional y que la banda de Olmedo Campo lo mató porque los conocía, de manera que una vez sepultaron a su hermano se trasladó a Trujillo donde se encontraba su padre y días después se presentó con el mayor Urueña.

Aseveró que como a Diego Montoya “la guerrilla le había exigido cien millones de pesos, entonces él seguramente le comentó al mayor y se pusieron a buscar guerrilleros por intermedio de sus grupos de autodefensa”.

De igual forma relató que interrogaron a una mujer de edad de quien se decía era la enfermera de la guerrilla (Esther Cayapu de Arboleda, se precisa), “el mayor Urueña le echaba mano y la tiraba al suelo con violencia y otro le tenía los pies y ahí le colocaba la manguera por encima del costal, por boca y nariz. La anciana como se estaba ahogando con el agua decía ‘ustedes tienen hijos’, le preguntaba el mayor Urueña a la viejita que si ella colaboraba con la guerrilla, porque como el guerrillero dijo que era la enfermera, y ella dijo que sí porque ellos llegaban a su casa y la obligaban a salir”.

De otra parte expuso: “Yo vi los cadáveres fue cuando los estaban echando a la volqueta, estaban dentro de los costales, eran como doce costalados, en un costal echaban los troncos y en el otro echaban las cabezas”.

(v) En ampliación de su testimonio, dijo el mencionado ciudadano el 24 de mayo de 1990 ante el Juzgado Tercero de Orden Público en el municipio de Tuluá que la hacienda donde ocurrieron los hechos investigados fue posteriormente modificada y pintada, pero que debajo de la pintura se encontraban los colores señalados por él en sus primeras declaraciones y señaló que luego de salir de la hacienda en compañía de algunos oficiales vio a Garcés, quien también era miembro de las autodefensas, mató a Jesús Sánchez, alias “Miconegro” conductor del Willis, así como a Alberto Ortiz, y señaló a los Vargas y a los Arias para que los sacaran de su casa en Trujillo, motivo por el cual fue capturado.

Sobre Rodríguez Vásquez dijo que siempre andaba con Garcés, vivía en una pieza en Trujillo cerca al Teatro Santander, estaba en la finca el día de los hechos y se encargaba de ubicar en Trujillo a las personas que figuraban en la lista, amén de que participó en los mismos delitos cometidos por Garcés, esto es, la muerte de Jesús Sánchez y Alberto Ortiz.

(vi) Posteriormente en otra ampliación de su testimonio ante la Procuraduría General de la Nación, realizada el 6 de junio de 1990, el declarante Arcila Cardona precisó que el mayor Urueña no participó en la retención de los campesinos, pero dio las órdenes a personal civil y del Ejército para que procediera de tal manera, y se quedó en la hacienda con soldados y miembros de las autodefensas.

Una vez citados los apartes de las declaraciones rendidas por Daniel Arcila Cardona, es necesario rememorar que la defensa solicitó se le practicara un examen psiquiátrico en el Instituto de Medicina Legal, al cual concurrió en calidad de observador el médico Alejandro Pinzón Rincón, profesional universitario de la sección técnico científica de la Procuraduría General de la Nación, quien en declaración rendida el 15 de noviembre de 1990 ante el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá, refirió que participó como observador en la práctica del referido examen psiquiátrico realizado el 12 de julio del mismo año en el Instituto de Medicina Legal, donde pudo constatar que su “estado de salud mental era normal o sea presentaba un estado de salud mental sano (…) tiene un estado mental dentro de parámetros normales”.

(b) Luego, en ampliación de tal declaración precisó: “En primer lugar reitero que con los elementos de juicio como han sido el dictamen del perito y las declaraciones ya señaladas (de Roberto Arcila Vargas y Gabriel Santa Cardona, padre y primo de Daniel Arcila Cardona, se aclara) no encuentro los elementos suficientes para hablar o establecer un diagnóstico de enfermedad siquiátrica, los aspectos tocados en su pregunta son circunstancias del desarrollo humano y entre ellos de la personalidad, sin embargo no pudieren llegar a ser determinantes en el tipo definitivo de personalidad que se establezca (…) no hay los elementos suficientes que indiquen que el señor ARDILA (sic) Cardona presentara una enfermedad mental”.

Para concluir este acápite se impone destacar que luego de rendir las referidas declaraciones ante las autoridades penales y disciplinarias, amén de ser examinado psiquiátricamente, Daniel Arcila retornó a Trujillo, donde el 5 de mayo de 1991 fue detenido en el parque principal por hombres uniformados y armados, sin que volviera a saberse de su paradero.

De los anteriores medios probatorios encuentra la Sala que asiste razón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al hacer suya la conclusión de la comisión de investigación, referida a “que el Estado colombiano es responsable porque sus instancias judiciales y disciplinarias se abstuvieron de recaudar pruebas pertinentes, fallaron en contra de la realidad procesal y cometieron otras graves irregularidades que impidieron la identificación y sanción de los autores” (resaltado fuera de texto), toda vez que sin mayor hondura se procedió a dar aplicación al principio in dubio pro reo a partir de establecer inconsistencias insustanciales en el testimonio de Daniel Arcila, amén de otros cotejos probatorios, cuando lo cierto es que la experiencia judicial señala que la apreciación de las pruebas en tan cruentos sucesos precisa de mayor ponderación y cuidado, pues no se trata de hechos corrientes, sino que por su grado de crueldad y atrocidad solo son generalmente conocidos por quienes intervienen directamente en ellos, además de que los testigos y las víctimas sobrevivientes son objeto de amenazas por las mismas organizaciones criminales.

No hay duda que lo ideal en la investigación y juzgamiento de hechos como los que aquí nos ocupan sería encontrar abundante prueba de toda índole para esclarecer qué ocurrió, y en particular cómo ocurrió, por qué y quiénes lo hicieron, pero la verdad es que en tales casos corresponde a la judicatura echar mano de los exiguos medios de convicción recaudados, en punto de sacar el mayor provecho informativo de su contenido, sin que intrascendentes incongruencias conduzcan, sin más, a su descalificación.

Es oportuno señalar que sobre la aplicación del principio in dubio pro reo, con base en el cual se profirieron los fallos absolutorios cuya revisión se demanda, ha dicho la Sala que la certidumbre requerida para proferir sentencia de condena corresponde a una “certeza racional(13) y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto aprehendido, de modo que solo cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad y existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad y suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del acusado”(14) (resaltado fuera de texto).

Una vez advertido lo anterior, encuentra la Sala que si bien a través del examen psiquiátrico practicado al testigo Daniel Arcila Cardona se estableció que tenía “una personalidad de componente paranoide, sociopática y dependiente”, es claro que tal circunstancia no basta para desechar la credibilidad de su relato, especialmente en cuanto suministró precisos detalles sobre los antecedentes, esto es, sobre el enfrentamiento entre miembros del ELN y el Ejército Nacional, del cual resultaron muertos siete militares, así como de la actividad ulterior de los servidores públicos en alianza con grupos de autodefensa, orientada a sacar por la fuerza de sus casas a varias personas del municipio de Trujillo, así como del corregimiento La Sonora, en razón de sus supuestos o reales vínculos con la referida organización guerrillera.

De otra parte se tiene que se dio a la declaración del padre del citado testigo un alcance del cual carece, pues si dijo que desde pequeño era mentiroso, ello por sí solo no cuenta con virtud suficiente para concluir que todo cuanto dijera Daniel Arcila carecía de verdad, máxime si su relato es consonante con los hechos acaecidos antes de la masacre, coetáneamente con ella y después de la misma.

Igualmente se constata que fue sobredimensionada la inspección judicial realizada a la Finca Las Violetas, pues el hecho de no hallar los elementos con los cuales dijo el testigo de excepción que se cometieron las torturas y las desmembraciones, esto es, una manguera de agua, un soplete y una motosierra, no permite, sin más, descartar su relato, como que resultaba bastante sencillo ocultar tales objetos para cuando se realizó la citada diligencia.

A su vez, sobre las consideraciones del ad quem pueden efectuarse las siguientes observaciones:

(A) En el proceso de adecuación típica de las conductas por las que se procede no se tuvo en cuenta la comisión de los delitos de tortura y lesiones de los cuales fueron víctimas las personas ilegalmente retenidas, previo a su ejecución.

(B) Acertó el tribunal al decir que el examen psiquiátrico practicado a Daniel Arcila Cardona, en el cual se estableció que tenía una personalidad paranoide, sociopática y dependiente, no es suficiente para descalificar su exposición; también acertó al señalar que el relato de Arcila coincide con lo declarado por José Antonio García Valencia, conductor del Jeep Willis Nº 20 de Trans Salónica, en cuanto se refiere a que un día en las horas de la tarde se encontró con unas personas al parecer del Ejército, quienes se movilizaban en un Toyota y le dijeron que los llevara hasta la base.

No erró el tribunal al decir que la declaración de Arcila Cardona coincide con lo dicho por Guillermo Antonio Bermúdez Vinasco, en cuanto se refiere a que a la estación de gasolina Brisas del Río Trujillo llegaron tres vehículos para ser tanqueados, se trataba de un Toyota habano, una camioneta Ford o Dodge 350 como gris y la otra camioneta Ranger roja, en los cuales se desplazaban como diez hombres, antes de la desaparición de la gente del Tabor y del Padre Tiberio Fernández Mafla.

Igualmente se ajustó a la realidad probatoria el ad quem al advertir coincidencia en lo dicho por Arcila Cardona en el sentido de que se golpeó una rodilla cuando recogió los cadáveres de los militares luego del enfrentamiento con la guerrilla del ELN en La Sonora, y lo expuesto al respecto por Matilde Pérez, al decir que por la época de los hechos vio cojo a Daniel, quien le dijo que se había caído, amén de que en su declaración se dejó constancia de la citada lesión.

Pese a lo expuesto, aquella corporación comenzó a descalificar el testimonio de Arcila diciendo que fue desmentido por el testigo Arnulfo Zamora acerca de que el día de ocurrencia de los sucesos transportó en su vehículo a cuatro guerrilleros y los dejó a un kilómetro de La Sonora, circunstancia que aún si fuera cierta, carece de trascendencia en la descripción que del cuadro conjunto de atrocidades expuso de manera coherente el ya mencionado declarante.

También pueden aquí efectuarse las mismas glosas realizadas con relación al fallo de primer grado, esto es, que la declaración de Roberto Arcila Vargas, acerca de que su hijo Daniel desde pequeño era mentiroso, carecía de la fuerza suficiente para descalificar su pormenorizado testimonio.

Adicionalmente se tiene que si Matilde Pérez tildó a Arcila Cardona de “tramador” y Arnulfo Zamora refirió que este decía “parte de verdad y parte de mentira”, tales expresiones no podían desconocer el minucioso relato de aquel, es decir, no podía desvirtuarse su dicho con base en esas exposiciones que no pasan de ser comentarios y pareceres subjetivos de quienes así lo informaron, de manera que si bien es cierto no era procedente otorgarle absoluta credibilidad a lo relatado por Daniel Arcila, lo pertinente era escudriñar con atención los aspectos fundamentales de su declaración, y no, proceder a descartarla, como en efecto ocurrió.

En tal sentido está bien rememorar que el Ministerio Público al rendir concepto sobre el recurso de apelación interpuesto contra el fallo absolutorio de primer grado dijo:

“Observa la Fiscalía que en el fondo, la sentencia recurrida contiene como base de su determinación, el análisis de las características psíquicas del testigo Daniel Arcila Cardona, y no un pormenorizado examen de sus afirmaciones, confrontándolas con los demás medios de prueba, para que con base en ese análisis y las reglas de la sana crítica testimonial, llegar a la conclusión de que ofrece o no elementos de convicción o certeza sobre la responsabilidad o inocencia de los procesados”.

“Considera la Fiscalía de la corporación que algo rotundo para establecer el grado de veracidad de las aseveraciones del mencionado testigo, el hecho de que a pesar de haber sido catalogado como un individuo de ‘inteligencia media baja, juicio ajustado a la realidad, memoria normal y sin ideación delirante’, hubiese podido en su declaración informar sobre el acaecimiento de tantas cosas en forma tan detallada, coherente y clara. Esto indica que necesariamente ha debido presenciar los acontecimientos y por ello los relató en la forma como lo hizo” (resaltado fuera de texto).

(C) En cuanto se refiere al alibi invocado por el mayor Urueña y aceptado sin mayor fondo por el tribunal, encuentra esta corporación que se imponía encontrar elementos de juicio diferentes a las declaraciones del teniente coronel Contreras Peña y de los sargentos Silvio Sánchez Miranda, Gabriel Álvarez Valencia, César Augusto Corredor Cetina, Carlos Arturo Ruiz Tocora, Noé Ricardo Grandas Duarte y del teniente Luis Fernando Castro Rojas, acerca de que en los días de ocurrencia de los hechos no se retiró de su puesto de mando, pues las relaciones militares de subordinación o una eventual solidaridad de cuerpo podrían descartar el soporte que tales testigos dieron a la coartada expuesta por el mayor en su injurada.

Tampoco advierte la Sala especial trascendencia en la incorrección relatada por el ad quem, referida a que el testigo Arcila Cardona dijo inicialmente que se trataba del mayor Noreña, pero luego precisó que se trataba del mayor Urueña, pues lo claro es que siempre se refirió a la misma persona, sin que dentro de la actuación emerja duda acerca de la eventual existencia de un tercero diverso, al cual aludiera el declarante, es decir, los desmanes sucintamente relatados por Daniel, fueron endilgados al mayor del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Artillería Nº 3 Palacé Alirio Antonio Urueña Jaramillo, y no a otro, de modo que la inconsistencia en el apellido deviene insustancial.

Con relación a que en la diligencia de inspección judicial practicada a la Finca Las Violetas pudo constatarse que existía un gran beneficiadero de café, sin que a él se refiriera Arcila Cardona en sus intervenciones, una vez más considera la Sala, de una parte, que como bien se dice en el informe final, en las regiones del Viejo Caldas y el Valle, no se utiliza la palabra beneficiadero, pues se le llama “peladora”, a la cual se refirió constantemente Daniel en sus declaraciones.

Y de otra, que tal observación comporta una inmerecida descalificación del testimonio de cargo, quien por el contrario, fue preciso y detallado, tanto en los tiempos como en los sitios y las personas, al señalar la forma como operó la cruenta reacción de miembros del Ejército, en asocio con paramilitares, al adoptar las medidas de retaliación contra presuntos guerrilleros o auxiliadores del ELN, por la muerte de siete militares el 23 de marzo de 1990, en La Sonora, corregimiento del municipio de Trujillo (Valle), específicamente en la vereda Playa Alta, cuando tuvo lugar un enfrentamiento con unidades del Batallón Palacé.

Similares consideraciones a las precedentes pueden realizarse acerca de la inconsistencia advertida por el tribunal sobre la boleta de citación con membrete del Ejército Nacional en la cual figura el nombre de Daniel Arcila, la cual fue aportada por este a la actuación, pues si el mayor Urueña laboraba en la oficina del S-3, y no en la del S-2 que allí figura, o si no aparece la firma de quien autoriza el ingreso al batallón, ello no descarta de manera alguna el relato del referido testigo sobre los hechos que fueron objeto de investigación y por los cuales se absolvió a los procesados.

Las razones expuestas emergen como suficientes para concluir que en verdad, el ad quem no adelantó una debida ponderación de las pruebas obrantes en la actuación, y por el contrario, procedió a dar aplicación al principio in dubio pro reo respecto del mayor Urueña, sin que se encontraran satisfechas las exigencias legales para proceder de tal manera.

No en vano, en la tercera conclusión del informe final de la comisión de investigación, adoptada también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estableció:

“La comisión tiene suficientes elementos de convicción sobre la participación directa del por ese entonces mayor del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña Jaramillo en los sucesos violentos de Trujillo, en tanto que las pruebas de esa participación tienen una fuerza demostrativa mucho mayor que la de las pruebas de descargo” (resaltado fuera de texto).

(D) Acerca de la situación de Diego León Montoya, considera la Sala que el tribunal tuvo como veraz, sin más comprobación, lo expuesto por los trabajadores de la Finca Las Violetas, desatendiendo que por tener vínculos de dependencia laboral con quien ostentaba la condición de procesado y en atención a la crueldad misma de los hechos, podrían faltar a la verdad, circunstancia que ameritaba el recaudo de otros elementos de juicio suficientes para excluir su responsabilidad penal, esto es, desvirtuar lo dicho por Daniel Arcila.

Con fundamento en lo expuesto, encuentra la Sala que asiste razón a la comisión de investigación al concluir que “las instancias judiciales (…) se abstuvieron de recaudar pruebas pertinentes, fallaron en contra de la realidad procesal y cometieron otras graves irregularidades que impidieron la identificación y sanción de los autores de los sucesos violentos de Trujillo”.

(E) Sobre la responsabilidad de Henry Loaiza Ceballos observa esta colegiatura que tal como ocurrió con el procesado mencionado en precedencia, las autoridades judiciales se conformaron con dar total credibilidad a cuanto expuso en su indagatoria, amén de que orientaron su esfuerzo a dar pábulo a sus dicho escuchando en declaración a los amigos que mencionó en apoyo de su coartada de lugar, esto es, acreditando que durante los días en los cuales se desarrollaron los hechos se encontraba de pesca, pues salió de Buenaventura, pasó por Gorgona y llegó a Cali el 6 de abril.

También se evidencia que el tribunal desechó el testimonio de Daniel Arcila respecto del compromiso de responsabilidad penal de Henry Loaiza, por tratarse de un testigo único, cuando lo cierto es que, como ya se advirtió, en situaciones tan atroces como la que motivó dicho diligenciamiento, no es la cantidad de medios probatorios aportados la que permite la reconstrucción conjunta del suceso, pues menester resulta ponderar sus circunstancias cualitativas, esto es, la fuente de su dicho, la oportunidad de haber podido presenciar las conductas, su coherencia e ilación en lo expuesto, y todos aquellos demás factores orientados a concluir que pese a tratarse de un testigo único, sus excepcionales condiciones facilitaron su observación, como ocurre en este asunto con Daniel Arcila, quien presenció directamente los hechos, en cuanto tenía la condición de informante del Ejército Nacional y se desplazó por los lugares donde ocurrieron las referidas conductas.

Para concluir se tiene que en punto de la responsabilidad de Diego Rodríguez Vásquez, el tribunal confió en la absoluta credibilidad de cuanto expuso en su indagatoria, y una vez más descartó el testimonio de Daniel Arcila por ser único, proceder que como ya se dijo, no se aviene con la ponderación probatoria judicial propia de una investigación rodeada de las dificultades derivadas de la misma crueldad de los sucesos, con ocasión de los cuales los aparatos organizados criminalmente no solo cometen los desmanes, sino que ulteriormente orientan su labor a asegurar su impunidad por vía de las amenazas y la intimidación, de modo que ni siquiera basta creer en lo dicho por los testigos cuando afirman no conocer a los victimarios o cuando suministran una descripción física, seguramente por el miedo y el interés que les asiste en proteger sus vidas, como puede ocurrir en este caso con la declaración del concejal Fernando Londoño, al decir que quien lo atacó era un forastero.

Acerca de ello es oportuno señalar que en el informe final de la comisión de investigación, cuyas conclusiones y recomendaciones adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dice en la conclusión décimo primera:

“La comisión expresa su preocupación por las amenazas e intimidaciones que, según testimonios, se siguen ejerciendo contra los testigos sobrevivientes y por la persistencia de las organizaciones del narcotráfico, de los llamados en Colombia grupos paramilitares y de los grupos de sicarios en la región de Trujillo” (resaltado fuera de texto).

A su vez, la comisión recomendó:

“SÉPTIMO: A la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, incluir en sus programas de protección de testigos, de manera preferente e inmediata a las personas que hayan colaborado o pudieren colaborar en el esclarecimiento judicial y disciplinario de los sucesos violentos de Trujillo”.

Efectuado el anterior análisis de las decisiones objeto de revisión, encuentra la Sala que también asiste razón a la comisión al concluir que “los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias que constituyen los sucesos violentos de Trujillo permanecen en la impunidad, con violación del derecho a la justicia que asiste a las víctimas”, pues las fallas advertidas tanto en la instrucción del proceso, como en el proferimiento de los fallos absolutorios, permite concluir que se estructura con suficiencia y a cabalidad la causal de revisión invocada por la demandante.

Sobre lo expuesto impera recordar que la posibilidad de remover una decisión con fuerza de cosa juzgada dictada en procesos relacionados con violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario tiene como sustento la especial obligación a cargo del Estado de garantizar a las víctimas sus derechos a la reparación, verdad y justicia, porque en esos casos le corresponde adelantar una investigación seria e imparcial, en orden a sancionar a los responsables de tales violaciones y a obtener, en lo posible, las respectivas reparaciones para las víctimas.

En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-004 de 2003:

“La Corte concluye entonces que existe una afectación particularmente intensa de los derechos de las víctimas (C.P., art. 229), que obstaculiza gravemente la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º), cuando existe impunidad en casos de afectaciones a los derechos humanos o de violaciones graves al derecho internacional humanitario. Esta impunidad es aún más grave si ella puede ser atribuida al hecho de que el Estado colombiano incumplió con su deber de investigar, en forma seria e imparcial, esas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a fin de sancionar a los responsables” (resaltado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto a la Sala no le queda diverso al de declarar acreditados los presupuestos de la causal de revisión invocada, y por tanto, dejará sin valor los fallos absolutorios proferidos el 4 de enero de 1991 por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá y el 20 de septiembre del mismo año por el tribunal superior de la referida especialidad, a favor de Henry Loaiza Ceballos (a. el Alacrán o Foraica), Diego Montoya Sánchez (a. Don Diego), Alirio Urueña Jaramillo, Carlos Alberto Garcés Giraldo y Diego Rodríguez Vásquez por el concurso de delitos de homicidio con fines terroristas, secuestro y conformación de grupos de sicarios y autodefensa (D. 1194/89, art. 2º), en uno de los episodios que conforman el caso conocido como “La masacre de Trujillo”.

Es pertinente señalar que como en vigencia de la normativa procesal que gobernó el trámite cuya revisión se demanda, se definía la situación jurídica de los incriminados —como en este caso sucedió—, pero no existía un momento procesal para calificar el mérito del sumario, pues se surtía traslado a los sujetos procesales y luego era dictado el fallo correspondiente, para preservar los derechos de aquellos se dispone retrotraer la actuación a la fase de instrucción, siendo del resorte de la Fiscalía a la cual corresponda conocer de este asunto, ordenar la práctica de pruebas o declarar clausurada la investigación, conforme a su criterio, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000.

Así las cosas, se ordenará remitir la presente actuación a la Fiscalía General de la Nación, para que dentro de su autonomía funcional y administrativa, y teniendo en cuenta la segunda recomendación formulada en el informe final de la Comisión de Investigación de los Trágicos Sucesos de Trujillo, según la cual, las actuaciones deben ser remitidas a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a su vez la envíe a la delegada que lo considere pertinente dentro de la órbita legalmente reglada de sus facultades, a fin de que asuma el conocimiento de este asunto y continúe la investigación correspondiente, según se precisó en precedencia.

Es necesario señalar, tal como ya lo ha hecho esta colegiatura en otras oportunidades(15), que si “el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque: a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas; b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo estatuto; d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales” (resaltado fuera de texto)(16), no hay duda que la situación fáctica tratada en los fallos absolutorios cuya revisión se demanda configura un conjunto de delitos de lesa humanidad.

Por tal razón, pese a que Colombia no ha suscrito la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, firmada el 26 de noviembre de 1968 y con entrada en vigor mundial el 11 de noviembre de 1970, es evidente que tal normativa integra la más amplia noción de ius cogens [conjunto de preceptos inderogables, imperativos (no dispositivos) e indisponibles, con vocación universal, cuya no adhesión por parte de un Estado no lo sustrae de su cumplimiento como compromiso erga omnes adquirido para prevenir y erradicar graves violaciones a los derechos humanos que desconocen la humanidad y su dignidad](17), amén de que nuestro país si suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el cual se establece la imprescriptibilidad de las conductas delictivas sometidas a su jurisdicción, entre ellas, los delitos de lesa humanidad, de manera que carecería de sentido aducir que tales comportamientos tienen tal connotación por su gravedad, pero a su vez, se estime que son prescriptibles.

En suma, considera la Sala que, retomando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(18) en cuanto a que la prescripción de la acción penal no puede operar válidamente para generar impunidad en los delitos de lesa humanidad, además de que dar validez a las normas internas sobre prescripción en estos casos comporta una violación de la obligación del Estado, se impone declarar que respecto de los hechos definidos en esta actuación, por corresponder a crímenes de lesa humanidad, no opera a favor de los autores o partícipes el fenómeno de la prescripción, pues se trata de comportamientos imprescriptibles.

Respuesta a los alegatos

Con relación a las alegaciones de la Fiscalía, encuentra la Sala que le asiste razón al considerar que se configura la causal tercera de revisión, de conformidad con el alcance fijado por la Corte Constitucional en Sentencia de Constitucionalidad C-004 de 2003, procedente cuando se trata de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, aún sin que sea necesaria la presencia de hechos o pruebas nuevas, en cuanto media un pronunciamiento de una instancia de supervisión internacional en la cual se da cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado en punto de la investigación de tales sucesos.

También acierta al señalar que en las sentencias absolutorias se dio indebida aplicación al principio in dubio pro reo, pues la declaración de Daniel Arcila confrontada con los demás medios probatorios, permitía establecer la realidad de cómo ocurrieron los hechos.

Igualmente se acepta que como en la actuación objeto de revisión no existía el cierre de investigación, la acción debe retrotraerse a tal momento procesal.

Sobre los alegatos del Ministerio Público coincide la Sala al considerar que se impone la revisión de las sentencias absolutorias proferidas por las instancias judiciales nacionales, pues con fundamento en las sentencias C-228 de 2002, en la cual se habló de los derechos a las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, y la C-004 de 2003, referida al alcance de la causal tercera de revisión cuando se trata de violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, previo pronunciamiento de una instancia de supervisión en la cual se declare el incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano en la investigación y juzgamiento de tales conductas, es claro que en este asunto se presentan tales supuestos.

No obstante, a diferencia de lo deprecado por el Procurador, considera la Sala que no es viable remitir la actuación a un juzgado penal del circuito especializado de esta ciudad, pues como para la época en que se surtió el averiguatorio, no existía la figura de la acusación en razón de los delitos investigados, sino que una vez cerrada la fase de instrucción, se surtía traslado a los sujetos procesales y se profería fallo, para garantizar el derecho a la defensa de los sindicados se impone retrotraer la actuación a la fase del sumario, con el propósito de que la Fiscalía de conformidad con su criterio y las exigencias legales, decida si dispone la práctica de pruebas, o clausura la investigación para ulteriormente calificarla.

Acerca de los alegatos del defensor de Henry Loaiza Ceballos encuentra la Sala que dado el carácter progresivo del proceso penal, debe entenderse ya dilucidada la temática referida a que no se consiguió en su totalidad la actuación que culminó con los fallos de absolución aquí cuestionados, así como la predicable de que no fueron decretadas las pruebas solicitadas por la defensa, pues en decisiones anteriores la corporación tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el particular.

En punto de que consiguió demostrarse la ausencia de Henry Loaiza del teatro de los acontecimientos, baste señalar que tal como fue precisado en el informe final de la comisión de investigación, así como en esta decisión, existe una indebida apreciación judicial del testimonio de Daniel Arcila descartándosele por ser único, además de una indebida apreciación de la indagatoria y los testigos de defensa.

Sobre la imposibilidad de aplicar retroactivamente la normativa de la Ley 906 de 2004 por ser desfavorable al ciudadano absuelto, impera señalar que ya la Corte Constitucional en Sentencia C-004 de 2003 se pronunció al respecto, dando alcance a la causal tercera de revisión contenida en la Ley 600 de 2000, según en su momento se precisó en este proveído.

En cuanto atañe a las irregularidades que dice ha cometido la Fiscalía con su procurado, se recuerda que no es este el escenario para denunciarlas, pues le corresponde acudir a los respectivos trámites judiciales y ante las autoridades penales o disciplinarias competentes.

Como el defensor alude al salvamento parcial de voto suscrito por la magistrada ponente en este caso, dentro del radicado 26077, en el cual se “defiende la irretroactividad de la ley penal”, es pertinente señalar que en aquella oportunidad se precisó:

“Encuentro que si de manera ineludible Colombia está llamada a guardar los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos y, en aras de conseguir la justicia material en el caso examinado, era procedente, en primer término, atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues pese a carecer de la condición de decisión judicial y, por tanto, no resultar imperativo y vinculante su acatamiento, aluden directamente a falencias en la administración de justicia en el curso del trámite adelantado contra el patrullero Tulcán Vallejos”.

“En segundo lugar, se imponía ordenar la revisión del proceso, pero no con base en el citado precepto de la Ley 906 de 2004, sino a partir de la normativa del bloque de constitucionalidad, esto es, con fundamento en las normas de las leyes aprobatorias de tratados internacionales sobre derechos humanos (…)” (resaltado fuera de texto).

Entonces, sin dificultad se advierte que no hay inconsistencia alguna en lo expuesto en dicho salvamento parcial, y la decisión que ahora se adopta, pues resulta clara y evidente la procedencia de la revisión deprecada por la Fiscalía.

Es pertinente señalar que como ya se advirtió, procede la invalidación de los fallos cuya revisión se depreca, de conformidad con el alcance que a la causal referida a la aparición de pruebas nuevas dio la Corte Constitucional en el fallo C-004 de 2003.

Debe reiterársele al defensor, que si bien es cierto, la resolución en el 88 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, por medio del cual hace propias las recomendaciones y conclusiones contenidas en el informe final de la comisión de investigación, no constituye una decisión judicial, si es un pronunciamiento de una instancia internacional cuya competencia ha aceptado Colombia, y en esa medida tiene los alcances que en el curso de esta providencia se le dieron.

Acerca del reclamo de la indebida aplicación retroactiva de la legislación procesal penal, baste señalar que ya la Sala(19) ha tenido la oportunidad de señalar que lo importante en punto de tal planteamiento no es la legislación vigente al momento de los hechos, pues en virtud del inciso 1º del artículo 93 de la Constitución Política de 1991, según el cual, “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno” se concreta el bloque de constitucionalidad.

Por tanto, si la Convención Americana de Derechos Humanos fue aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 16 de 1972, instrumento internacional ratificado el 31 de julio de 1973, palmario resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada en dicha convención hace parte del bloque de constitucionalidad, resultando obligatoria en el orden interno, pues sus disposiciones estaban vigentes para los meses de marzo y abril de 1990, época para la cual tuvieron lugar los hechos que motivaron el diligenciamiento cuyos fallos absolutorios se solicita revisar.

Respecto de los alegatos presentados por el defensor de Alirio Antonio Urueña Jaramillo considera la Sala que la valoración de las pruebas obrantes en la actuación inicial corresponde al alcance que a la causal tercera de revisión dio la Corte Constitucional en el ya mencionado fallo C-004 de 2003, al señalar:

“Esta corporación considera que en los casos de negligencia protuberante del Estado en brindar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para que proceda la revisión, sin que aparezca un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo del proceso, es necesario que exista una declaración de una instancia competente que constate que el Estado incumplió en forma protuberante con la obligación de investigar seriamente esa violación. A fin de asegurar una adecuada protección a la persona absuelta, la constatación de esa omisión de las autoridades deberá ser adelantada por un organismo imparcial e independiente, y por ello, en el plano interno, dicha declaración solo puede ser llevada a cabo por una autoridad judicial”.

“En los eventos de violaciones a los derechos humanos y violaciones graves a los derechos humanos, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo del proceso, la acción de revisión procede frente a la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento o la sentencia absolutoria, siempre y cuando una decisión judicial interna, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar, en forma seria e imparcial, las mencionadas violaciones. Esa decisión judicial interna o de una instancia internacional de supervisión de derechos humanos que constata la omisión del deber estatal de impartir justicia es entonces el elemento que justifica dejar sin efecto la decisión absolutoria que había hecho formalmente tránsito a cosa juzgada, pues pone en evidencia que la cosa juzgada era en realidad aparente” (resaltado fuera de texto).

Es pertinente recordar que como ya se dijo en esta decisión, no se debate aquí la responsabilidad de las personas favorecidas con los fallos absolutorios, sino que se constata el incumplimiento ostensible de las obligaciones del Estado en punto de investigar seria e imparcialmente el asunto, para lo cual, desde luego, era preciso emprender el análisis de las pruebas obrantes, de modo que nada impide para cuando se rehaga el trámite, que la defensa aportes sus elementos de convicción orientados a desvirtuar los medios probatorios de cargo, como ocurre en cualquier otro diligenciamiento.

En cuanto atañe a las alegaciones ofrecidas por el defensor de Diego León Montoya Sánchez, considera la Sala que no es este el escenario para examinar y censurar la decisión de la Corte Constitucional en el fallo 004 de 2003, menos aún si esta Sala comparte en su integridad los planteamientos que en tal providencia se efectuaron, amén de que la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad referida por la defensa tiene lugar en caso de incompatibilidad entre la ley y la Carta Política, no respecto de las interpretaciones de la Corte Constitucional, las cuales se rigen por lo dispuesto en el artículo 243 de la normativa fundamental, en virtud del cual “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.

Respecto de que no media un pronunciamiento de instancia internacional, baste señalar que como ya se ha dicho, en resolución proferida por la Comisión Interamericana en el 88 periodo de sesiones, adoptó como suyas las recomendaciones y conclusiones establecidas en el informe final de la comisión de investigación, amén de que Colombia aceptó la competencia de tal organismo internacional al suscribir y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica.

Acerca de la ausencia de hechos o pruebas nuevas para sustentar la causal de revisión, recuerda una vez más la Sala que conforme al alcance dado a aquella por la Corte Constitucional en Sentencia C-004 de 2003, tratándose de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no se precisa de tales elementos novedosos, sino de la acreditación del incumplimiento estatal en punto de la investigación seria e imparcial, situación que fue reconocida en el informe final, avalada por la Comisión Interamericana y establecida al analizar las pruebas con fundamento en las cuales se dio indebida aplicación al principio in dubio pro reo.

Como el defensor echa de menos una decisión de fondo de una instancia internacional, impera señalar que no es necesario un pronunciamiento de tales condiciones, sino, como lo dijo la Corte Constitucional, de “una declaración de una instancia competente que constate que el Estado incumplió en forma protuberante con la obligación de investigar seriamente esa violación”, con la cual se cuenta en este asunto.

Con relación a que no obra la referida resolución de la Corte Interamericana, constata la Sala que a ella alude la directora de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores y la misma se encuentra incluida en el documento remitido por dicha funcionaria (fl. 76 c.o. Nº 4), de modo que inquirir por su idioma original o por su traducción, como lo hace la defensa, resulta manifiestamente intrascendente en punto de su valía dentro de este trámite.

De otra parte se tiene que si el defensor cuestiona la legalidad del Decreto 2271 de 1994, por medio del cual el Presidente de la República creó la comisión especial de investigación, cuyo informe final fue adoptado por la Comisión Interamericana, advierte esta colegiatura que tal debate no corresponde librarlo en este escenario, sino en el apropiado para ello.

En punto de las decisiones inhibitorias, preclusivas de la investigación o de archivo proferidas a favor del Juez Tercero de Orden Público de Bogotá en razón de la sentencia absolutoria dictada, y el médico Lisandro Antonio Durán Robles con ocasión de su actuación como perito al dictaminar sobre el estado de salud mental de Daniel Arcila, considera la Sala que ello en nada desnaturaliza la decisión aquí adoptada de dejar sin efecto los fallos absolutorios, para proceder a revisar el diligenciamiento.

Las razones expuestas, además de lo dicho a lo largo del fallo de revisión, resultan suficientes para despachar desfavorablemente las solicitudes de los defensores.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO ACCEDER a la declaratoria de nulidad deprecada por el defensor de Henry Loaiza Ceballos.

2. DECLARAR FUNDADA la causal de revisión invocada por la Fiscalía Diecisiete de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

3. DECLARAR SIN VALOR los fallos absolutorios proferidos el 4 de enero de 1991 por el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá y el 20 de septiembre del mismo año por el tribunal superior de la referida especialidad, a favor de Henry Loaiza Ceballos, Diego Montoya Sánchez, Alirio Urueña Jaramillo y Diego Rodríguez Vásquez por el concurso de delitos de homicidio con fines terroristas y conformación de grupos de sicarios y autodefensa (D. 1194/89, art. 2º).

4. ORDENAR la remisión del diligenciamiento a la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto que siempre he profesado por las decisiones de la Sala, estimo necesario aclarar voto respecto de lo decidido en el presente asunto, en el punto específico de la prescripción de la acción penal.

En efecto, aunque en líneas generales comparto el análisis que se hace en torno de los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad, creo necesario precisar que la afirmación efectuada debe matizarse, pues, ese criterio no puede operar generalizado y abstracto.

Ello, por cuanto ya la Sala ha tenido oportunidad de precisar el asunto, advirtiendo que respecto de personas identificadas y vinculadas legalmente al proceso, no es posible predicar indefinido el término dentro del cual la actividad judicial puede tomar una decisión definitiva.

Específicamente, esto señaló la Corte en el proceso con radicación 32022(20):

“En consecuencia, efectivamente el delito en sí mismo es imprescriptible, dice la Corte Constitucional, lo que faculta la posibilidad de investigarlo en cualquier tiempo.

Empero, añade, precisamente por ocasión de la necesaria ponderación entre las finalidades de la imprescriptibilidad y los derechos de los procesados, en los casos en los cuales la justicia ya ha individualizado y vinculado (a través de indagatoria o declaratoria de persona ausente, o, agrega la Sala, para los casos regulados por la Ley 906 de 2004, de la formulación de imputación) a los partícipes o intervinientes en los hechos, sí debe atenderse a las normas que regulan la prescripción, pues, la persona, ya sometida al imperio de la justicia, no puede permanecer indefinidamente en condición sub iudice.

En concreto, esto dijo el tribunal constitucional:

“Sin embargo, el interés estatal en proteger a las personas contra la desaparición forzada no puede hacer nugatorio el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. Por lo tanto, cuando el Estado ya ha iniciado la investigación, ha identificado e individualizado a los presuntos responsables, y los ha vinculado al proceso a través de indagatoria o de declaratoria de persona ausente, la situación resulta distinta. Por un lado, porque en tal evento está de por medio la posibilidad de privarlos de la libertad a través de medios coercitivos, y además, porque no resulta razonable que una vez vinculados al proceso, los acusados queden sujetos a una espera indefinida debida a la inoperancia de los órganos de investigación y juzgamiento del Estado.

“En tales eventos, el resultado de la ponderación favorece la libertad personal. En particular, el interés de la persona vinculada a un proceso penal de definir su situación frente a medidas a través de las cuales el Estado puede privarlo materialmente de la libertad. Por lo anterior, la imprescriptibilidad de la acción penal resulta conforme a la Carta Política, siempre y cuando no se haya vinculado a la persona al proceso a través de indagatoria. Cuando el acusado ya ha sido vinculado, empezarán a correr los términos de prescripción de la acción penal, si el delito está consumado.

“Así, como conclusión del análisis precedente, la Corte establece que la regla de imprescriptibilidad de la acción penal por el delito de desaparición forzada, contenida en el inciso primero del artículo 7º de la convención, no resulta contraria a la Carta Política. El legislador, al adecuar el ordenamiento interno al presente tratado, puede establecer la imprescriptibilidad de la acción para dicho delito. Sin embargo, si el delito está consumado, los términos de prescripción de la acción empezarán a correr una vez el acusado haya sido vinculado al proceso.

“Entre tanto, en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de la pena, deberá aplicarse el inciso segundo que dispone que la prescripción de la pena será igual a la del delito más grave previsto en la legislación interna”.

Tres son, entonces, las conclusiones que se extraen de lo dicho por la Corte Constitucional:

i) Acorde con nuestra Carta constitucional, en ningún caso puede predicarse imprescriptibilidad de la pena impuesta; ni siquiera en tratándose de delitos de lesa humanidad.

ii) Es perfectamente factible que algunos delitos, particularmente los de lesa humanidad, gocen de la posibilidad de que su investigación sea imprescriptible.

iii) Empero, cuando respecto de esos hechos ya existe una persona individualizada y formalmente vinculada al proceso (no basta con el cumplimiento de una sola condición, vale decir, se tienen que conjugar la individualización y la formal vinculación, para que se repute existente el derecho del procesado), respecto de ella no opera la imprescriptibilidad”.

Con todo respeto,

Sigifredo Espinosa Pérez 

(2) Sentencia del 15 de diciembre de 1999. Radicación 11504.

(3) La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible mediante fallo C-979 de 2005.

(4) Cfr. Sentencia del 3 de marzo de 2008. Radicación 26703.

(5) Cfr. Sentencia del 1º de noviembre de 2007. Radicación 26077.

(6) En este sentido auto del 17 de junio de 2009 dentro de esta actuación.

(7) Auto del 23 de abril de 2009.

(8) Fallo de revisión del 1º de noviembre de 2007. Radicación 26077.

(9) Cfr. Sentencias del 6 de marzo de 2008 (Rad. 26703), 1º de noviembre de 2007 (Rad. 26077 y 14 de octubre de 2009 (Rad. 30849).

(10) Caso Caballero Delgado y Santana contra Colombia.

(11) Cfr. Rodrigo Uprimny. Derechos humanos, democracia y desarrollo en América Latina, Bogotá. 1993.

(12) Sentencia del 15 de septiembre de 2005, en la caso de la “Masacre de Mapiripán”.

(13) En este sentido Sentencia C-609 del 13 de noviembre de 1999.

(14) Fallo de casación del 4 de febrero de 2009. Radicación 30043.

(15) Auto del 13 de mayo de 2010. Radicación 33118.

(16) Providencia de segunda instancia del 21 de septiembre de 2009. Radicación 32022.

(17) Cfr. Sentencia C-225 de 1995.

(18) Fallo del 15 de septiembre de 2005. Caso Masacre de Mapiripán versus Colombia.

(19) Cfr. Sentencia del 1º de noviembre de 2007. Radicación 26077.

(20) Auto del 21 de septiembre de 2009.