Sentencia 3041 de febrero 6 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONTRALOR MUNICIPAL

ELECCIÓN DE QUIEN DESEMPEÑA CARGO EN LA RAMA JUDICIAL

EXTRACTOS: «Segundo cargo. Lo hacen consistir los demandantes en que el señor Óscar Giraldo Jiménez ocupaba el cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquía desde el 11 de agosto de 2000, y en su condición de tal ejerció jurisdicción como empleado público, circunstancia que lo inhabilitaba para ser elegido Contralor de Medellín, como lo fue el 9 de enero de 2001 por el Concejo de ese municipio.

La elección del señor Giraldo Jiménez, dijeron los demandantes, es violatoria del artículo 95, numeral 2º, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, disposición según la cual no puede ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público jurisdicción en el respectivo municipio, aplicable a los contralores municipales por remisión del artículo 163, literal c, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 9º de la Ley 177 de 1994, según el cual no puede ser elegido contralor quien esté incurso en las inhabilidades señaladas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en lo que sea aplicable.

Ya se dijo que mediante la sentencia C-367 de 14 de agosto de 1996 la Corte Constitucional declaró exequible el literal c del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 9º de la Ley 177 del mismo año. Y se dijo también que de la Corte Constitucional obligan las decisiones adoptadas mediante sus providencias, referidas al caso de que se trate, las cuales tienen toda la fuerza de la cosa juzgada.

Siendo así, y sin perjuicio del criterio expuesto precedentemente, debe ser aplicado el literal c del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 9º de la Ley 177 del mismo año; y consecuentemente el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, según fue modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en lo que sea aplicable.

Pues bien, según el artículo 272 de la Constitución no puede ser elegido contralor departamental, distrital o municipal quien en el último año haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia. Ello quiere decir que no puede ser contralor departamental quien en el último año haya ocupado cargo público del orden departamental, ni contralor distrital quien haya ocupado cargo público del orden distrital, ni contralor municipal quien haya ocupado cargo público del orden municipal, en el respectivo departamento, distrito o municipio, como se dijo en sentencia de 4 de diciembre de 1995 (12) y se reitera en esta oportunidad, salvo en lo concerniente a los contralores departamentales, porque mediante el artículo 6º, literal c, de la Ley 330 de 1996, “por la cual se [...] dictan otras disposiciones relativas a las contralorías departamentales”, se estableció que no podía ser elegido contralor departamental quien durante el último año hubiera ocupado cargo público, y no sólo del orden departamental, sino también “distrital o municipal, salvo la docencia”, y esa disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-509 de 9 de octubre de 1997 (13) .

(12) Expediente 1441.

(13) Dijo la Corte: “...1 el contenido normativo de la anterior disposición, en el segmento demandado [“distrital o municipal”], versa sobre la limitación al acceso de un cargo público, con un campo de aplicación que comprende no sólo a quienes se hayan desempeñado en el año anterior como servidores públicos dentro del mismo departamento, sino también para aquellos que hubiesen servido en ámbitos territoriales distintos, como el distrital y el municipal, dada la incorporación de las expresiones legales específicamente demandadas. / [...] el interrogante que surge para aclarar, es si resulta constitucionalmente viable la remisión que la causal de inhabilidad en estudio hace a otros órdenes territoriales distintos del departamental [...]. / Pues bien, se tiene que, de un lado, el artículo 272 de la Carta Fundamental en sus incisos primero y segundo consagra la función pública de la vigilancia de la gestión fiscal en los distintos órdenes territoriales, en la siguiente forma: / “La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. / La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales”. / De lo anterior se destaca que cuando un municipio no cuenta con contraloría propia, la labor de control fiscal le compete a las del orden departamental, de manera que si alguien que ha ocupado un cargo público en el nivel municipal resulta elegido contralor departamental, terminaría controlando su propia gestión fiscal respecto de los bienes y recursos públicos, en virtud del mandato constitucional que ordena realizar dicho control en forma “posterior y selectiva”. Adicionalmente, el inciso octavo del mismo artículo 272 de la Constitución Política preceptúa que: / “No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia”. / Con dicho precepto se establece una inhabilidad constitucional que justifica la exequibilidad de la norma demandada, puesto que nadie que haya ocupado un cargo público en un departamento, distrito o municipio durante el último año antes de postularse al cargo de contralor departamental, podrá ser elegido para desempeñar esa función. / De esta forma, se deduce que la razón para restringir el acceso al desempeño como contralor departamental, por haber ejercido el candidato funciones públicas con anterioridad a la postulación, en los órdenes territoriales mencionados y en el año inmediatamente anterior a la elección que efectúa la correspondiente asamblea departamental (C.P., art. 272), está dirigida a impedir el ingreso de personas que, de alguna forma, tuvieron la oportunidad, los medios y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones públicas, para incidir en su favor en una elección o nominación posterior, con clara violación del principio de igualdad de condiciones entre los demás postulantes (C.P., art. 13), y en detrimento de la prestación eficaz, moral, imparcial y pública de la función administrativa (C.P., art. 209), así como neutralizar la posibilidad de que se produzca un autocontrol de la gestión fiscal realizada” (exp. D-1633).

Siendo así las cosas, la inhabilidad establecida en el artículo 95, numeral 2º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 —según el cual no puede ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal quien como empleado público, sin distingos, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido jurisdicción en el respectivo municipio—, no es inhabilidad para ser contralor municipal, en lo que pugna con el artículo 272, inciso séptimo, de la Constitución, según el cual, conforme al criterio expresado, no puede ser elegido contralor municipal quien en el último año haya ocupado cargo público del orden municipal, salvo la docencia.

Y los cargos de los órganos judiciales son del orden nacional, en tanto pertenecientes a la rama judicial del poder público, como resulta de lo establecido en los artículos 113, 116 y 228 de la Constitución y 1º, 11 y 12 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, especialmente.

Entonces, el cargo de magistrado que el señor Óscar Giraldo Jiménez desempeñó en el Tribunal Administrativo de Antioquía, que es del orden nacional, no lo inhabilitaba para ser elegido contralor del municipio de Medellín, según lo expuesto».

(Sentencia de 6 de febrero de 2003. Radicación interna 3041. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

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