CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Sentencia 30437 de julio 1º de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SUBORDINACIÓN LABORAL

En ningún caso le corresponde probarla a quien prestó el servicio.

EXTRACTOS: «El tribunal asentó:

“... si bien la relación laboral de que se ocupa la legislación del trabajo se estructura por la prestación personal de un servicio en forma continuada, subordinada y remunerada, sin que, por regla general, sea menester probar la subordinación, como de vieja data lo ha señalado la jurisprudencia, no en todos los casos el prestador de servicios queda relevado de esta carga probatoria. Por lo general, está exonerado de ella, pero cuando su labor se desarrolla en ejecución de un contrato de índole ajena a la laboral, como ocurre con el contrato de prestación de servicios, debe acreditarse la subordinación, si pretende derivar los efectos de las normas del derecho del trabajo por razón de esa actividad”.

Como es fácil advertir, para el juez de la alzada el prestador de servicios personales queda relevado, en principio, de la carga de la subordinación, con lo que podría pensarse que tuvo en cuenta la presunción de que toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo. Pero como fundó ese aserto en la jurisprudencia y no en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, resulta procedente la denuncia de la infracción directa de esa disposición, pues, en estricto sentido, el fallador no la tomó en consideración, tanto así que no la mencionó dentro de aquellas que sirvieron de fundamento a su decisión.

Como surge del aparte de su fallo arriba transcrito, ante la evidencia de que las partes celebraron un contrato de prestación de servicios, que supone independencia y autonomía de quien ejecuta la labor, el tribunal consideró que habría de acreditarse la subordinación jurídica propia del contrato de trabajo, en la perspectiva de atraer la aplicación de las normas que disciplinan la relación de trabajo subordinada.

Para la Corte, ese raciocinio jurídico, que es el que controvierte adecuadamente el cargo, es por completo equivocado, pues el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece que “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo” y no establece excepción respecto de ningún tipo de acto, de tal suerte que debe entenderse que, independientemente del contrato o negocio jurídico que dé origen a la prestación del servicio (que es en realidad a lo que se refiere la norma cuando alude a la relación de trabajo personal), la efectiva prueba de esa actividad laboral dará lugar a que surja la presunción legal.

Por esa razón, como con acierto lo argumenta el recurrente, en ningún caso quien presta un servicio está obligado a probar que lo hizo bajo continuada dependencia y subordinación para que la relación surgida pueda entenderse gobernada por un contrato de trabajo.

Y aunque esa posibilidad sí fue contemplada por el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó al 24 del Código Sustantivo del Trabajo, aquel precepto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-665 de 1998, precisamente por considerar lo que a continuación se transcribe:

“Como ya se advirtió, la Carta Política establece en cabeza de todos los trabajadores, sin discriminación alguna, una especial protección del Estado, y les garantiza el ejercicio pleno y efectivo de un trabajo en condiciones dignas y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, cuando a un reducido sector de trabajadores que prestan sus servicios personales remunerados en forma habitual, en desarrollo de un contrato civil o comercial, y pretenden alegar la subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de la subordinación, se produce ciertamente, dentro del criterio de la prevalencia de la realidad sobre la forma, una discriminación en relación con el resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en una situación más desfavorable frente al empleador, no obstante que la Constitución exige para todos un trato igual (C.P., art. 13).

Cabe advertir que conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fundamental, el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica como lo ha sostenido esta corporación, un reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades.

Y si la realidad demuestra que quien ejerce una profesión liberal o desarrolla un contrato aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el sometimiento de una subordinación o dependencia con respecto a la persona natural o jurídica hacia la cual se presta el servicio, se configura la existencia de una evidente relación laboral, resultando por consiguiente inequitativo y discriminatorio que quien ante dicha situación ostente la calidad de trabajador, tenga que ser este quien deba demostrar la subordinación jurídica.

Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inc. 1º de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empresario.

El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (C.P., art. 53), quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción.

Esto, desde luego, no significa que desaparezcan las posibilidades de contratos civiles o comerciales, o con profesionales liberales, desde luego, mientras no constituyan apenas una fórmula usada por quien en realidad es patrono y no contratante para burlar los derechos reconocidos en la Constitución y la ley a los trabajadores.

Ahora bien, como lo que establece el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, es una presunción de origen legal, la cual para estos efectos, rige solamente en materia laboral, y no civil o comercial o proveniente del ejercicio de una profesión liberal en forma aislada, presunción que puede ser desvirtuada por el empleador ante el juez del trabajo, quien determinará finalmente, si en realidad se configura o no la referida subordinación a efecto de adoptar las medidas concernientes a las consecuencias de orden laboral o por el contrario, a los que se deriven de la mera prestación de servicios independientes”.

Así las cosas, forzoso resulta concluir que incurrió el tribunal en el quebranto normativo que se le atribuye, porque, desde sus orígenes, ha explicado esta Sala de la Corte que, como cabal desarrollo del carácter tuitivo de las normas sobre trabajo humano, para darle seguridad a las relaciones laborales y garantizar la plena protección de los derechos laborales del trabajador, el citado artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una importante ventaja probatoria para quien alegue su condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración de la prestación del servicio a una persona natural o jurídica se presume, iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea necesario probar la subordinación o dependencia laboral.

De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien se alegue esa calidad, desvirtuar dicha subordinación o dependencia.

Importa por ello citar, como ejemplo de lo que ha sido la abundante jurisprudencia de la Sala sobre el tema, lo que se expuso en la sentencia de la extinta Sección Primera del 25 de marzo de 1977 (G.J. 2396, págs. 559 a 565), en los siguientes términos:

“Se ve claro, por lo anterior, que el sentenciador entendió de manera correcta el aludido precepto legal, pues fijó su alcance en el sentido de que el hecho indicador o básico de la presunción lo constituye la prestación de un servicio personal, y que el indicado o presumido es el contrato de trabajo. O sea que si el demandante logra demostrar que prestó un servicio personal en provecho o beneficio de otra persona o entidad, debe entenderse que esa actividad se ejecutó en virtud de un vínculo de la expresada naturaleza. Pero advirtió también que la cuestionada regla tiene el carácter de presunción legal y que, por lo tanto, admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada o destruida por el presunto patrono mediante la demostración de que el trabajo se realizó en forma independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral. Dejó sentado, pues, —como lo tienen admitido la doctrina y la jurisprudencia— que la carga de la prueba del hecho que destruya la presunción corresponde a la parte beneficiaria de los servicios”.

Importa destacar, como surge de la sentencia arriba transcrita, que también ha explicado la jurisprudencia laboral que la presunción que consagra el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se puede desvirtuar, por manera que si las pruebas aportadas al proceso demuestran que la relación que hubo entre los contendientes no fue de índole laboral por no haber existido subordinación o por no estar regida por un contrato de trabajo, así habrá de declararse.

En desarrollo de ese criterio, se ha señalado que si en verdad con el análisis de las pruebas del proceso se demuestra que no hubo subordinación laboral y que la actividad laboral de quien alegó su calidad de trabajador se prestó de manera totalmente autónoma e independiente, esto es, libre de cualquier sujeción laboral respecto del beneficiario del servicio, carece de incidencia determinar a quién incumbía la carga probatoria, por ser sabido que averiguar a cuál de las partes le correspondía sólo interesa si el hecho no fue probado en el juicio, porque cuando los hechos relevantes del litigio se encuentran debidamente establecidos, es del todo indiferente que la prueba provenga del demandante o del demandado, o que haya sido producto de la actividad inquisitiva del juez o fruto de una presunción legal desvirtuable.

Y se trae a la palestra el anterior criterio, porque en este asunto el tribunal concluyó que la prueba testimonial que analizó “... ilustra la forma como el actor prestaba sus servicios a la demandada en el Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja Rafael Henao Toro que lo hacen ver como que tales servicios se daban de una manera independiente y no subordinada...” de donde, en principio, podría concluirse que encontró elementos de juicio que permitirían considerar desvirtuada la presunción del artículo 24 en comento, de haber tenido en cuenta esa disposición.

Pero en verdad ello no es así porque previamente ese fallador había señalado, refiriéndose a los testigos, que “... ninguno de ellos arroja claridad sobre el tema de la subordinación, dado que se limitan a referir sobre los turnos de disponibilidad” y luego añadió que “... de la prueba testimonial referenciada y por la manera sui generis como prestaba los servicios el actor, no ve la Sala la subordinación a la accionada”; raciocinios que indican que se dio a la tarea de buscar la prueba de la subordinación, a pesar de que, estando probado que el actor prestó un servicio personal, debía tenerse ella por presumida. Todo lo cual corrobora que infringió directamente el precepto legal que consagra la presunción de existencia del contrato de trabajo.

En efecto, establecido el hecho de la actividad laboral del trabajador demandante, en lugar de inferir de allí la existencia presunta del contrato de trabajo y analizar las pruebas con el propósito de establecer si ellas eran suficientes para desvirtuar la presunción legal, por acreditar que el trabajo lo llevó a cabo el demandante de manera independiente, es decir, sin estar sujeto al cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo o sometido a reglamentos, optó por el equivocado camino de la búsqueda de la prueba de la subordinación, con la exigencia de su aportación por parte del trabajador, con lo que, sin duda, hizo nugatorios los efectos de la presunción legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que, así las cosas, se insiste, fue ignorado.

Como es suficientemente sabido, y lo han señalado tanto la doctrina como la jurisprudencia, la consecuencia que producen las presunciones legales, como la aquí debatida, es la de eliminar el hecho presumido de los presupuestos de hecho para que se produzcan los efectos jurídicos perseguidos por quien invoca a su favor la presunción, lo que, desde luego, impone a la otra parte la carga de probar el hecho contrario, o la inexistencia del hecho indicador, que da pie a la presunción.

En tratándose de la presunción del contrato de trabajo, es claro que, de los elementos necesarios para la configuración de ese contrato, el artículo 24 presume, en realidad y como quedo dicho, la existencia de la subordinación laboral, lo que trae como consecuencia que se libera o dispensa de esa carga a quien alegue su calidad de trabajador. Por lo tanto, no tiene sentido que a quien la ley lo ha dispensado de la prueba de ese hecho, se le exija por parte del juez que lo acredite, como equivocadamente en este asunto lo hizo el tribunal.

Por consiguiente, el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia en los términos pedidos en el alcance de la impugnación».

(Sentencia de casación, 1º de julio de 2009. Radicación 30437. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza).

Salvamento de voto

Con el respeto acostumbrado discrepo de las consideraciones de la sentencia proferida por la Sala en el proceso de la referencia y en lo que concierne a considerar que el tribunal se equivocó al estimar el alcance de la presunción de subordinación de quien presta servicios personales.

A mi aviso la sentencia no adolece del error que le señala la providencia de la que me aparto, pues el tribunal entendió perfectamente la previsión del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, e hizo correcto análisis probatorio de los testimonios —luego de haber hecho lo propio respecto al contrato de prestación de servicios médicos celebrado entre las partes—, tendiente, según lo hace explícito, a demostrar la subordinación.

La presunción de unos hechos y la carga probatoria son figuras procesales a las que se acude ante la ausencia de prueba, para suplir su deficiencia; la falta de la prueba conduce a que no se desvirtúe el hecho presumido, o derivar las consecuencias negativas de no dar por demostrado un supuesto normativo respecto a quien tenía la carga de aportar la respectiva prueba.

En un proceso provisto de pruebas, luego de su valoración se concluyen en si se dieron o no los elementos fácticos relevantes para el derecho pretendido; si lo demostrado es lo que se presume, el mayor grado de certeza de lo primero hace inane lo segundo; si por el contrario, las pruebas arrojan que el hecho bajo presunción no existió, la presunción deja de obrar por desvirtuación.

De esta manera, mal puede señalarse error en la aplicación de la presunción de la subordinación, si de la valoración del conjunto probatorio se concluyó que el objeto del contrato fue realizado con independencia o autonomía; por lo demás, no es posible hacer una indagación sobre ella sin hacerlo sobre la subordinación; finalmente son dos caras del mismo fenómeno.

Lo que a mi aviso está sancionando la Sala al asentar error en el planteamiento del tribunal, cuando señalaba lo que buscaba en los testimonios, es no haberse sujetado a unas supuestas reglas sobre el itinerario mental que ha de seguir el juez en la valoración probatoria cuando se está frente al fenómeno de la presunción; pero es una pretensión vana pretender fijar derrotero sobre cómo debe razonar el juzgador en cualquiera de sus ejercicio mentales.

Eduardo López Villegas 

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